El desarrollo del proyecto minero Calcatreu abrió una nueva instancia de articulación institucional entre ASIJEMIN y el Gobierno de Río Negro. Representantes del sindicato que nuclea al personal jerárquico, profesional y técnico de la actividad minera mantuvieron una reunión con autoridades provinciales para presentar su estructura de trabajo, abordar las perspectivas de la minería rionegrina y avanzar en una agenda de encuentros con distintos actores de la industria.

La iniciativa apunta a consolidar la participación gremial en las discusiones vinculadas con el crecimiento de la actividad, especialmente en aquellos aspectos que involucran las condiciones laborales, la seguridad, la capacitación y la representación de los trabajadores especializados. En ese marco, la institucion gremial presentó la documentación institucional y expuso las distintas áreas desde las cuales desarrolla su intervención sindical.

Durante la reunión se detallaron las acciones en materia gremial y de género, el funcionamiento de las brigadas de emergencia y los cuerpos voluntarios, además de las tareas relacionadas con inspecciones, salud y seguridad en el trabajo. También se expusieron los programas de formación, acción social y deportes, junto con el funcionamiento de las delegaciones regionales.

La presentación buscó mostrar el alcance de una estructura sindical que no limita su actividad a la representación convencional, sino que también interviene en cuestiones vinculadas con la prevención de riesgos, la preparación ante emergencias y el fortalecimiento profesional de quienes se desempeñan en la minería.

El encuentro contó con la participación de los referentes sindicales Marcelo Mena Muñoz (secretario general), Roberto Ovando (secretario gremial nacional) y Oscar Romillo (director regional Sur). Por el Ejecutivo rionegrino estuvieron presentes Joaquín Aberastain Oro (Minería), Milagros Calvo (Juventud) y otros funcionarios provinciales.

La jornada también incorporó una dimensión vinculada con la generación de oportunidades laborales. ASIJEMIN participó de la presentación del programa Empleo Joven, impulsado por la Secretaría de Trabajo de Río Negro, que busca facilitar el acceso de jóvenes de la provincia a su primera experiencia laboral mediante acuerdos destinados a promover su incorporación al mercado de trabajo.

El vínculo entre el avance de la minería y la formación laboral se posiciona como una prioridad en la agenda. Garantizar empleo para la comunidad local exige articular capacitación, apoyo y contacto con las empresas, anticipando los perfiles que demandará cada fase de los emprendimientos.

En ese sentido, Calcatreu constituye una referencia importante para la expansión minera rionegrina y plantea la necesidad de establecer canales de diálogo entre el Estado, las compañías, las organizaciones sindicales y las comunidades involucradas. La participación de ASIJEMIN busca incorporar la perspectiva de los trabajadores jerárquicos, profesionales y técnicos en las decisiones que inciden sobre el funcionamiento de los proyectos y la calidad del empleo.

El sindicato resolvió esperar hasta el lunes 16 de noviembre una respuesta de las empresas por las diferencias salariales de mayo a agosto. Si no hay un acuerdo, los choferes podrían iniciar nuevas medidas de fuerza el martes 17, con impacto directo en miles de usuarios.

La posibilidad de un nuevo paro de colectivos volvió a instalarse en San Juan. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) fijó el lunes 16 de noviembre como plazo definitivo para que las empresas del transporte público presenten una respuesta satisfactoria al reclamo salarial de los choferes. Si no se alcanza un entendimiento, el gremio podría retomar las medidas de fuerza desde el martes 17, con consecuencias sobre la prestación del servicio de la Red Tulum.

La decisión fue adoptada durante una reunión de delegados realizada el miércoles 11, que se extendió hasta cerca de la medianoche. Tras analizar la falta de avances en las negociaciones con la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), los representantes sindicales resolvieron conceder una última instancia de diálogo antes de avanzar con una nueva protesta. La advertencia fue confirmada por un representante gremial a Diario Móvil.

El núcleo de la disputa continúa siendo el pago de diferencias salariales correspondientes a mayo, junio, julio y agosto. Se trata de compromisos que permanecen pendientes y que, pese a las conversaciones mantenidas entre las partes, todavía no encontraron una solución integral. Para la organización sindical, la falta de cumplimiento de esos conceptos prolonga un conflicto que ya tuvo consecuencias concretas sobre la circulación de colectivos en la provincia.

El antecedente más cercano se produjo en octubre, cuando una medida de fuerza de los choferes dejó paralizado el transporte público durante aproximadamente 36 horas. La huelga comenzó el 7 de octubre y recién pudo encaminarse hacia una salida después de una instancia de negociación ante la Subsecretaría de Trabajo.

En aquella oportunidad, el entendimiento alcanzado el 15 de octubre contempló el reconocimiento de una suma extraordinaria de $60.000 no remunerativos. Sin embargo, ese compromiso no permitió cancelar las diferencias acumuladas durante los meses anteriores, por lo que el reclamo permaneció abierto y volvió a tensar la relación entre el sindicato y las empresas.

La conflictividad se profundizó el 4 de noviembre, cuando la UTA declaró el estado de alerta y asamblea permanente. La medida reflejó el malestar de los trabajadores ante la falta de respuestas y abrió una nueva instancia de deliberación gremial para definir los pasos a seguir. La reunión del miércoles terminó con una decisión que posterga momentáneamente las acciones directas, pero mantiene vigente la advertencia de una nueva interrupción del servicio.

El plazo del lunes será determinante. Durante los próximos días, las empresas deberán acercar una propuesta que permita destrabar la discusión y responder a las obligaciones salariales reclamadas por los trabajadores. Si no aparece una alternativa aceptable, el martes 17 podría comenzar otra medida de fuerza, cuyo alcance y modalidad dependerán de las decisiones que adopte el sindicato.

La falta de definiciones afecta directamente a los miles de pasajeros que emplean cotidianamente la Red Tulum para cumplir con sus obligaciones laborales, educativas y sanitarias. Una eventual interrupción del servicio comprometería nuevamente la conectividad provincial y reflejaría las consecuencias de las disputas sectoriales sobre una prestación básica para la ciudadanía.

Por ahora, la UTA mantiene abierta la instancia de negociación, aunque el margen para evitar otra huelga es reducido. La resolución del conflicto dependerá de que las empresas presenten una respuesta concreta sobre las diferencias adeudadas y de que las partes logren convertir el último plazo sindical en un acuerdo efectivo. De lo contrario, San Juan podría enfrentar desde el martes una nueva interrupción del transporte público.

El gremio que conduce Jaime Barcelona acompañará la medida de fuerza convocada por las federaciones nacionales en reclamo de una recomposición salarial, mayores recursos presupuestarios y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La Asociación de Docentes, Investigadores y Creadores de la Universidad Nacional de San Juan (ADICUS) confirmó su adhesión al paro universitario nacional previsto entre el 12 y el 18 de noviembre, en el marco del conflicto que mantienen las organizaciones sindicales con el Gobierno por el deterioro salarial y el financiamiento de la educación superior.

Barcelona, referente del sindicato sanjuanino, ratificó que la entidad acompañará las siete jornadas de protesta impulsadas por las federaciones nacionales. La convocatoria busca exigir una actualización de los haberes que permita recuperar el poder adquisitivo, además de garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento de las universidades públicas.

La medida se suma a una serie de acciones gremiales desarrolladas durante los últimos meses ante la falta de respuestas satisfactorias a las demandas del sector. Los sindicatos advierten que la pérdida de ingresos y las dificultades presupuestarias afectan las condiciones laborales y comprometen el sostenimiento de las tareas académicas, científicas y administrativas.

Otro de los puntos centrales del reclamo es el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, considerada por las organizaciones como una herramienta fundamental para asegurar la estabilidad institucional y atender las necesidades económicas del sistema.

En San Juan, el impacto de la protesta dependerá del nivel de adhesión que registre la Universidad Nacional de San Juan durante las jornadas convocadas. La continuidad del conflicto vuelve a situar en el centro del debate la recomposición de los salarios, la asignación de recursos públicos y las condiciones necesarias para preservar el funcionamiento de la educación superior.