La conducción renovada de la Confederación General del Trabajo inicia una semana decisiva, con una reunión exclusiva para analizar la reforma laboral que impulsa la Casa Rosada. Tras un encuentro informal con el ministro del Interior, Diego Santilli, la central obrera evalúa su estrategia política y sindical, y no descarta presionar a gobernadores para bloquear un proyecto que consideran regresivo.

El encuentro se da apenas días después de una conversación informal entre el triunvirato y el ministro del Interior, Diego Santilli. Allí, según deslizaron fuentes gremiales, el funcionario garantizó que el proyecto oficial “no incluirá los puntos más extremos” que circularon en borradores atribuidos al Ejecutivo y que generaron alarma en la CGT. Para la central obrera, esa señal fue recibida con cautela: celebran el gesto, pero sospechan que la Casa Rosada busca desactivar resistencias para avanzar con un texto que consideran riesgoso para la estructura sindical.

Un sindicalismo que busca anticiparse al Congreso

La reunión de hoy tiene un objetivo concreto: fijar una estrategia común antes de que el Gobierno formalice la convocatoria a negociación, algo que Santilli sugirió que ocurrirá antes de la presentación legislativa de la reforma. La CGT quiere llegar a esa mesa con una postura sólida y con propuestas propias, evitando quedar encorsetada en un diálogo que pueda ser usado como legitimación política del proyecto oficial.

Cristian Jerónimo, una de las nuevas caras del triunvirato, lo sintetizó con claridad: “Estamos dispuestos a sentarnos en una mesa. Nosotros también tenemos propuestas”. Sin embargo, advirtió que la conducción no permitirá que el Gobierno marque los tiempos sin abrir la discusión real: “No vamos a negociar a ciegas”.

La preocupación cegetista se concentra en dos ejes que consideran estructurales:

1. Ultractividad de los convenios colectivos

El Gobierno evaluaría limitar la vigencia automática de los convenios una vez vencidos. Para la CGT, esto implicaría poner en riesgo décadas de protección normativa y obligaría a renegociaciones permanentes, usualmente en escenarios desfavorables para los trabajadores.

2. Jerarquía entre convenios empresariales y sectoriales

Otro de los artículos en estudio favorecería acuerdos empresa por empresa por encima de los convenios sectoriales. La central obrera advierte que esto fragmentaría la negociación colectiva, debilitaría el poder de representación de los gremios y abriría la puerta a mayor precarización.

Ambos puntos son considerados “líneas rojas” por la conducción renovada.

Presión política: gobernadores en la mira

La estrategia no se agota en el diálogo con el Ejecutivo. Dirigentes de peso dentro de la CGT ya impulsan abrir conversaciones con gobernadores provinciales para evitar que sus legisladores acompañen una reforma que consideran “antisindical”. El mapa político del Congreso será clave, y la central entiende que cada voto podría definirse fuera de las fronteras del recinto.

Un clima de tensión en medio de una transición interna

La CGT encara esta discusión mientras todavía ordena su propia renovación. El nuevo triunvirato asume el desafío de sostener unidad interna en un escenario donde conviven expectativas de diálogo y un creciente malestar por la posibilidad de que el Gobierno mantenga artículos restrictivos sobre derechos laborales e institucionales.

Aunque la Casa Rosada busca mostrar voluntad de consenso al convocar a la central antes de presentar el proyecto, la dirigencia sindical sospecha que el Gobierno pretende avanzar con cambios estructurales que podrían alterar el equilibrio histórico de fuerzas entre el Estado, los empleadores y el movimiento obrero.

La CGT llega a esta etapa con un equilibrio delicado: abierta al diálogo, pero determinada a resistir modificaciones que afecten la negociación colectiva y la arquitectura sindical. El Gobierno, por su parte, necesita construir legitimidad política para una reforma que sabe conflictiva. La reunión de hoy será el primer test de cohesión interna para la nueva conducción cegetista y, al mismo tiempo, el punto de partida de una negociación que marcará el rumbo de las relaciones laborales en la Argentina de los próximos años.

La red de supermercados atraviesa una de las crisis más profundas de las últimas dos décadas, con una caída abrupta del consumo que en algunos distritos supera el 30% interanual y presiona a las empresas a reducir estructuras de forma acelerada. El grupo chileno Cencosud —propietario de Vea, Jumbo, Disco y Easy— lidera un ajuste de alcance nacional, con más de 200 despidos desde febrero y un mapa de cierres que crece semana a semana. Sobre ese escenario, la posible salida de Carrefour de la Argentina amplifica la incertidumbre: 24.000 trabajadores dependen del resultado de una negociación todavía sin garantías laborales.

En Tucumán, la baja de persianas de tres sucursales de Vea dejó 55 familias sin ingresos. En Mendoza, el cierre de Vea Guaymallén afectó a 14 trabajadores. En el conurbano, las clausuras en Castelar, Moreno y San Pedro elevaron la cifra a cerca de 110 cesantías en apenas dos meses. A esto se suma el cierre del Easy de La Tablada —55 puestos menos— y la alarma que circula en grupos internos sobre posibles ajustes en Necochea, Hurlingham y La Plata, aunque la empresa intenta transmitir calma y desmentir cierres inminentes.

El Sindicato de Empleados de Comercio señala un “déficit operativo sostenido” como argumento empresarial para reconfigurar la red y fortalecer solo las marcas más rentables, como Jumbo y Disco. Sin embargo, para el sindicalismo mercantil la ecuación es más amplia: la recesión, la pérdida de poder adquisitivo y la caída del volumen vendido explican buena parte de la crisis que se despliega de norte a sur del país.

San Juan: un epicentro silencioso del ajuste

En San Juan, Cencosud ya avanzó con un cierre que generó fuerte preocupación gremial: la sucursal de Vea en Villa Krause, estratégica para la zona de Rawson, bajó sus persianas dejando a decenas de trabajadores en estado de vulnerabilidad laboral. La empresa ofreció reubicaciones parciales y negociaciones particulares, pero el impacto fue inmediato, no solo por los puestos perdidos sino por el rol del supermercado en el abastecimiento de un área densamente poblada.

En paralelo, Hipermercado Libertad abrió en la provincia un capítulo especialmente conflictivo: ofreció salidas voluntarias a 80 empleados, pero ninguna fue aceptada. El motivo es contundente: los montos ofrecidos representaban apenas el 40% de la indemnización legal, una cifra que el SEC San Juan rechazó de plano. “No existe incentivo que pueda considerarse voluntario cuando no se respeta la ley”, señalaron desde el gremio. La cadena, que estudia una transición hacia un formato de menor escala, deberá reconfigurar su propuesta si pretende avanzar sin conflicto abierto.

El panorama provincial se completa con un diagnóstico que preocupa a cámaras empresarias y sindicatos por igual: la caída del consumo golpea fuerte en los supermercados locales y en los comercios medianos, con una contracción que ya afecta a proveedores regionales de alimentos, bebidas y productos frescos. Para el SEC San Juan, el riesgo es que la combinación de recesión y reestructuración empresarial produzca “un efecto dominó” en el mercado laboral provincial.

Crisis en Misiones y el avance de los retiros voluntarios

En Posadas, Hipermercado Libertad inició un plan de retiros voluntarios que ya fue aceptado por al menos 20 trabajadores en una reestructuración que modifica su formato “hiper” hacia uno más pequeño. Misiones atraviesa un derrumbe del empleo mercantil: más de 6.800 puestos perdidos en el último año, según el gremio local. La caída de ventas genera cierres cotidianos de comercios y profundiza la fragilidad laboral en toda la cadena de consumo.

El factor Carrefour: 24.000 empleos en vilo

La posible venta de Carrefour —con ofertas de Chango Más, Coto, Cencosud y un grupo adicional— instaló un nivel de alerta sin precedentes. FAECYS exige una mesa de diálogo urgente para garantizar la continuidad de convenios, condiciones laborales y estabilidad general de los 24.000 trabajadores involucrados.

En Mar del Plata, el SECZA reiteró ante la empresa un acuerdo internacional firmado con UNI Global Unión, en el que Carrefour reconoce obligaciones de transparencia, comunicación previa y resguardo del empleo. “Son 240 familias que sostuvieron el crecimiento de la empresa por años”, expresó el gremio marplatense, que anticipa acciones coordinadas con otras delegaciones si no hay garantías concretas.

El temor en todo el país es uniforme: una operación de compra sin compromiso de absorción puede derivar en miles de despidos silenciosos encubiertos bajo reestructuraciones o cierres escalonados.

El comercio minorista atraviesa un verdadero terremoto. La combinación de recesión, caída histórica del consumo y crisis estructural del sector empuja a las principales cadenas a un ajuste profundo con consecuencias laborales directas. Cencosud avanza en cierres y despidos, Libertad reconfigura su estructura y Carrefour encara un proceso de venta que mantiene en vilo a 24.000 familias.

San Juan, lejos de ser un caso menor, se ha convertido en un punto sensible del mapa: el cierre en Villa Krause y las ofertas de retiros por debajo de la ley en Libertad revelan una fragilidad que podría extenderse si no se articulan políticas activas de protección laboral. El sindicalismo mercantil, en estado de alerta nacional, se prepara para una escalada de conflictos en un escenario donde —una vez más— los trabajadores se transforman en la principal variable de ajuste.

Del 17 al 22 de noviembre ASIJEMIN celebrará sus comicios nacionales para renovar la comisión directiva, la comisión revisora de cuentas y las representaciones regionales. Con lista única encabezada por Marcelo Mena, el proceso —certificado por la Secretaría de Trabajo y veedores— concentra el debate no sólo sobre la conducción gremial sino sobre la relación de la actividad minera con las comunidades rurales, con puntas de conflicto y propuestas concretas como la posible industrialización del mineral en la planta de Casposo y la búsqueda de alternativas viales en Calingasta.

Cada cuatro años la organización sindical jerárquica de la minería somete su estructura a la validación de las bases. En 2025 ese ritual institucional adquiere una dimensión ampliada: además de la renovación de la conducción nacional, se definen las delegaciones regionales, las comisiones internas y los delegados de base en yacimientos que van desde Veladero y Gualcamayo hasta Cerro Vanguardia, Cerro Negro y otras sedes provinciales. El operativo electoral —que involucra puntos de votación en Salta, Olavarría, Puerto San Julián, Santa Cruz, San Juan y otros emplazamientos— se desplegará en jornadas sucesivas a lo largo de seis días para garantizar la concurrencia de turnos, faenas y planteles distribuidos en multitud de complejos productivos.

La elección llega con una particularidad organizativa: la lista única —la “azul”, encabezada por Marcelo Mena— presenta una oferta cerrada que abarca desde el secretariado nacional hasta las delegaciones regionales del centro y sur. Esa unidad formal, anunciada públicamente en asambleas y ratificada ante la junta electoral recientemente constituida, transmite un mensaje de cohesión interna y busca validar una continuidad en la conducción. Pero la existencia de lista única no elimina el valor simbólico y político del acto electoral: las urnas servirán para medir el nivel de adhesión real entre los trabajadores, el grado de legitimidad de la conducción y la capacidad del sindicato para representar intereses laborales en escenarios de creciente complejidad económica y social.

La certificación del proceso por parte de la Secretaría de Trabajo y la presencia de veedores amplifican la formalidad del procedimiento y reducen el margen de cuestionamientos jurídicos o administrativos. Al mismo tiempo, la extensión temporal de los comicios responde a una realidad práctica: los yacimientos no son un único centro urbano con electorado concentrado, sino una red de sitios productivos que obligan a escalonar la votación para asegurar que quienes están en turno tengan la posibilidad de emitir su voto sin afectar la operativa minera.

Fuera del calendario estrictamente electoral, la intervención pública del secretario general subraya dos ejes que cruzan la agenda del sindicato: la preservación de la licencia social y la importancia de integrar a la comunidad en la hoja de ruta de la minería. En Calingasta —donde la disputa sobre accesos y puentes ha puesto en tensión el uso de infraestructura cercana a la villa cabecera— ASIJEMIN propone una lectura conciliadora: la minería debe avanzar “de la mano” con la sociedad local, priorizando soluciones que minimicen la conflictividad y maximicen oportunidades productivas y turísticas. En ese sentido, la sugerencia de evitar el uso de la actual entrada turística de la villa para tránsito pesado, proponiendo vías alternativas, es un ejemplo de propuesta técnica pensada para preservar tejido social y economías locales.

Relacionado con la dimensión productiva, la posibilidad de procesar mineral en la planta de Casposo fue explicitada como una alternativa para mejorar la integración de cadenas y dar valor agregado regionalmente. La propuesta implica desafíos técnicos, ambientales y de gobernanza: requerirá evaluaciones de impacto, acuerdos con comunidades, inversión y esquemas claros de responsabilidad social empresarial y sindical. Para ASIJEMIN esa apuesta combina la defensa del empleo y la promoción de actividad industrial en jurisdicciones que reclaman dinamismo económico, pero se la presentará siempre como compatible con exigencias de orden y mitigación ambiental para evitar fricciones que dañen la legitimidad de la minería.

El gremio de los jerárquicos mineros también se mantiene atento al escenario nacional más amplio: la posibilidad de una convocatoria de la CGT por parte del Gobierno para discutir políticas laborales aparece en el horizonte y, aunque hasta el momento no hubo una invitación formal, la Mesa sindical y las organizaciones mayoritarias monitorean la situación. La eventual participación de ASIJEMIN en mesas de coordinación intersindical sería coherente con su inserción en la mesa sindical nacional y con la necesidad de asegurar que las transformaciones del sector minero —fiscales, regulatorias y laborales— se discutan con voz organizada.

Desde una mirada crítica, el proceso electoral sindical y las declaraciones de su conducción plantean varias preguntas de fondo. La unidad expresada por una lista única puede ser leída como estabilidad y consenso, pero también como una oportunidad perdida para un debate plural que ponga en discusión estrategias frente a externalidades crecientes: economía regional, mitigación de impactos, reparto de beneficios y mecanismos de control ciudadano. Más aún, la gestión de la relación con comunidades como Calingasta requiere no sólo declaraciones de buena voluntad, sino institucionalidades concretas: mesas de diálogo permanentes, protocolos para obras de infraestructura, transparencia en los convenios de empleo local y auditorías independientes sobre efectos ambientales y sociales.

En términos prácticos, la elección será además un termómetro de gobernabilidad interna: un resultado favorable a la lista que encabeza Mena consolidará su capacidad de interlocución frente a empresas y gobierno; un resultado débil, aun con lista única, podría estimular reclamos por representatividad o activar espacios de negociación interna sobre prioridades. Para las comunidades, el desenlace sindical definirá cuánto peso tendrán los reclamos locales al momento de negociar inversiones, obras y planteos de infraestructura.

Finalmente, el rol de la Secretaría de Trabajo como garante técnico del proceso y la previsión de veedores confieren al comicio una transparencia formal que debería reducir conflictos post-electorales. Sin embargo, la verdadera prueba de la legitimidad sindical no termina en el escrutinio: empezará al día siguiente, cuando la conducción renovada deba demostrar capacidad para traducir la representación en políticas concretas que garanticen empleo de calidad, condiciones de seguridad y una minería que conserve —y no erosione— la licencia social que tanto subrayan sus dirigentes.

Las elecciones de ASIJEMIN, convocadas del 17 al 22 de noviembre, van más allá de la mera renovación de cargos: son una oportunidad para medir la fortaleza interna del sindicato, su legitimidad ante los trabajadores y su capacidad de liderazgo en una industria que exige equilibrio entre productividad y responsabilidad social. Con la lista única de Marcelo Mena en la cabecera, la contienda será tanto un plebiscito de confianza como el punto de partida para enfrentar desafíos concretos que demandan acuerdos técnicos, transparencia y diálogo permanente con las comunidades. El resultado, y sobre todo la gestión que le siga, definirá si la conducción se limita a administrar la estabilidad o si logra transformar esa estabilidad en políticas inclusivas que sostengan la minería como motor de desarrollo regional.