La negociación salarial entre el Gobierno de San Juan y los gremios docentes volvió a quedar en punto muerto luego de que UDAP, UDA y AMET no asistieran a la sexta reunión paritaria convocada para este martes en el Ministerio de Educación. El Ejecutivo provincial insistía en presentar una nueva propuesta salarial, pero la ausencia sindical dejó sin avances el diálogo y consolidó el escenario de conflicto, con un paro de 48 horas confirmado para esta semana.

La paritaria docente en San Juan atraviesa uno de sus momentos más complejos del año. Este martes, la sexta reunión de negociación salarial convocada por el Gobierno provincial quedó frustrada luego de que los tres gremios del sector —UDAP, UDA y AMET— decidieran no concurrir al encuentro previsto para las 14 en el Ministerio de Educación, en el Centro Cívico.

La ausencia sindical dejó sin posibilidad de avanzar en una negociación que ya acumula varias semanas sin acuerdo y que ahora se encamina hacia una escalada del conflicto. Funcionarios del Ejecutivo provincial sí se presentaron al encuentro cerca de las 13:30. En el segundo piso del edificio permanecieron la ministra de Educación, Silvia Fuentes; el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez; y el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem.

Ante la falta de representantes gremiales, las autoridades evaluaron labrar un acta formal para dejar constancia de la situación y analizar los pasos a seguir en el marco de una negociación que permanece abierta, aunque cada vez más tensionada.

Un paro que se vuelve inevitable

El conflicto salarial tiene como telón de fondo el paro docente de 48 horas convocado para el miércoles 11 y jueves 12 de marzo. La medida de fuerza fue anunciada inicialmente por UDAP y luego acompañada por AMET, mientras que aún persistían dudas sobre la postura de UDA en la provincia.

Desde el gremio que conduce Patricia Quiroga ya habían adelantado que, en el ámbito de la protesta, no asistirían a la reunión convocada por el Ejecutivo. En las últimas horas, AMET confirmó la misma decisión.

“La reunión es a las 14:00, pero nosotros estamos en paro, así que no nos vamos a presentar. La paritaria está prácticamente caída y seguimos rechazando lo que ha propuesto el Gobierno”, señalaron desde el sindicato técnico.

La decisión sindical frustró las expectativas oficiales, ya que tanto el Ministerio de Educación como la cartera de Economía apostaban a ese encuentro para intentar evitar la medida de fuerza o, al menos, abrir un canal de negociación que permitiera encauzar el conflicto.

La propuesta oficial bajo discusión

El Gobierno provincial sostiene que la oferta presentada en la mesa salarial es superadora y contempla incrementos por encima de la inflación. Según explicó el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, la propuesta incluye un aumento del 5% sobre el valor índice de diciembre de 2025 para toda la administración pública.

En el caso específico de los docentes, el esquema suma además seis puntos adicionales al código A01 y cuatro puntos al código E60, con el objetivo de mejorar particularmente el salario de las maestras de grado, históricamente rezagado dentro de la estructura salarial del sector.

El funcionario también defendió el esquema de incrementos al señalar que el salario docente en la provincia quedó completamente “en blanco”, es decir, compuesto por sumas remunerativas y bonificables, lo que —según sostuvo— representa un avance importante alcanzado mediante acuerdos previos con los sindicatos.

Achem agregó que el Gobierno mantiene abierta la posibilidad de introducir mejoras en la propuesta, siempre dentro de los márgenes del equilibrio fiscal provincial.

El punto más cuestionado por los gremios

Sin embargo, la estructura del ofrecimiento oficial generó un fuerte rechazo entre los sindicatos docentes. La principal objeción gira en torno a la evolución salarial de los meses siguientes.

Según el esquema propuesto por el Ejecutivo, el incremento de marzo sería seguido por un mes de abril sin aumentos generales, mientras que en mayo se incorporaría un incremento adicional que, según los gremios, resultaría mínimo —alrededor de $2.916— dentro del salario total.

Desde las organizaciones sindicales consideran que ese diseño salarial no acompaña el ritmo inflacionario y profundiza la pérdida de poder adquisitivo acumulada en los últimos años.

Descuentos y servicio mínimo durante el paro

En simultaneo al conflicto salarial, el Gobierno provincial ratificó que aplicará descuentos a los docentes que adhieran a la medida de fuerza.

“El día se va a descontar exclusivamente a quienes hagan paro. Día trabajado, día pagado”, afirmó Achem, al explicar que los directivos escolares deberán informar en el parte diario qué docentes se presentaron a trabajar.

Además, desde la Subsecretaría de Trabajo recordaron que la normativa laboral vigente establece que, al tratarse la educación de una actividad considerada esencial, debe garantizarse al menos el 75% del servicio durante las medidas de fuerza.

El subsecretario Franco Marchese indicó que los gremios ya fueron notificados de esta obligación y deberán presentar un esquema que permita cumplir con ese nivel mínimo de funcionamiento en las escuelas.

Con la reunión paritaria frustrada y el paro confirmado, el conflicto docente en San Juan se encuentra en un punto de máxima tensión. Mientras el Gobierno insiste en que la propuesta salarial puede mejorarse dentro de los límites fiscales, los gremios mantienen su rechazo y endurecen su postura.

En este contexto, la negociación parece haber ingresado en una etapa de estancamiento en la que las medidas de fuerza, los descuentos salariales y la discusión sobre la prestación mínima del servicio educativo configuran un clima de confrontación ascendente.

Por ahora, sin diálogo en la mesa paritaria y con las aulas a las puertas de un nuevo paro, la solución de controversias permanece incierta.

Organizaciones feministas, sindicales, estudiantiles y políticas protagonizaron una masiva movilización en San Juan en el marco del Día Internacional de la Mujer. La marcha partió desde la Plaza 25 de Mayo y culminó frente a la Legislatura provincial, donde se reafirmaron reclamos por igualdad de derechos, reconocimiento laboral y el fin de las violencias de género.

Las calles del microcentro sanjuanino volvieron a convertirse en escenario de una expresión colectiva de reclamo y visibilización. En el marco del Día Internacional de la Mujer, cientos de mujeres participaron de la tradicional movilización del 8M, una jornada que combinó reivindicación política, memoria y demandas sociales.

La concentración comenzó a las 18 frente a la Catedral, en la Plaza 25 de Mayo, punto histórico de encuentro para las manifestaciones en la provincia. Desde allí, columnas integradas por organizaciones feministas, sociales, sindicales y agrupaciones políticas comenzaron a avanzar por el centro de la ciudad acompañadas por bombos, redoblantes y consignas que marcaron el ritmo de la marcha.

La movilización recorrió distintas arterias céntricas hasta llegar a la intersección de avenida Libertador y General Acha y tuvo su cierre frente a la Legislatura provincial, donde se realizaron intervenciones colectivas y discursos vinculados a la agenda de derechos de las mujeres.

Diversidad de sectores y fuerte presencia organizativa

La convocatoria reunió a una amplia diversidad de sectores sociales. Entre las organizaciones presentes se encontraban Adicus, Sadop, Mujeres Universitarias, la Federación Universitaria de San Juan (FUSJ), Conadu, Sidunsj, DAIA, Profesionales de Apoyo a la Inclusión Educativa, Brigadas Educativas, APDH, ATE, Asijemin, Unión Judicial, el Sindicato Luz y Fuerza, el SEC San Juan y SOIV, entre otros.

También participaron movimientos sociales y agrupaciones políticas como el Movimiento de Mujeres Sanjuaninas, el Movimiento Evita, Barrios de Pie, la CCC, la CTA, la CGT San Juan y la UTEP, además de espacios como La Cámpora, Patria Grande, el Partido Comunista, el Frente Grande, el PTP-PCR y sectores vinculados al Partido Justicialista.

La movilización contó además con la presencia de referentes políticas de la provincia. Entre ellas estuvieron la senadora Celeste Giménez, la intendenta de Chimbas Daniela Rodríguez, la dirigente del PTP Edith Liquitay, la diputada provincial Fernanda Paredes y la legisladora Graciela Seva. Todas coincidieron en destacar la importancia de sostener estos espacios de participación y reflexión colectiva.

Consignas que reflejan demandas históricas

A lo largo del recorrido, las manifestantes exhibieron pancartas y carteles con consignas que sintetizan los reclamos históricos del movimiento de mujeres. Frases como “No volverán a tener la comodidad de nuestro silencio”, “Niñas con libros, no con maridos”, “Mamá, hoy voy a gritar lo que te hicieron callar” o “No queremos flores, queremos derechos” reflejaron tanto denuncias como aspiraciones de transformación social.

Entre los principales reclamos se reiteraron la necesidad de avanzar en políticas públicas que garanticen igualdad de oportunidades, mejores condiciones laborales, salarios dignos y mayor protección frente a las distintas formas de violencia de género.

La presencia de mujeres de distintas edades —desde adultas mayores hasta niñas que marcharon junto a sus familias— evidenció además el carácter transversal de una causa que atraviesa generaciones.

Un reclamo que busca mantenerse en agenda

La jornada transcurrió sin incidentes y dejó una imagen contundente: una multitud ocupando el espacio público para reafirmar una agenda de derechos que continúa vigente. Si bien el Día Internacional de la Mujer se conmemora cada 8 de marzo, en San Juan la movilización se trasladó este año al lunes con el objetivo de facilitar la participación de distintos sectores sociales.

La marcha volvió así a colocar en el centro del debate cuestiones vinculadas con la igualdad de género, el reconocimiento del trabajo de las mujeres y la necesidad de profundizar políticas que combatan las violencias.

Una movilización que renueva el compromiso

Más allá de su carácter conmemorativo, el 8M en San Juan volvió a funcionar como una instancia de expresión colectiva y de reafirmación política. Las consignas, las intervenciones y la masiva presencia en las calles dejaron en claro que el movimiento de mujeres mantiene una fuerte capacidad de convocatoria y continúa reclamando transformaciones estructurales.

La jornada cerró frente a la Legislatura provincial con un mensaje que se repite cada año pero que conserva plena vigencia: la lucha por la igualdad y por una vida libre de violencias sigue siendo una demanda central en la agenda social.

La administración nacional resolvió aplicar sanciones económicas por miles de millones de pesos contra los sindicatos del transporte por adherir al paro general convocado por la CGT el pasado 19 de febrero. Desde el Ejecutivo sostienen que ambas organizaciones incumplieron conciliaciones obligatorias vigentes, mientras que en el ámbito sindical anticipan que la medida será judicializada.

El Gobierno nacional decidió avanzar con fuertes sanciones económicas contra dos de los principales sindicatos del transporte del país tras su adhesión al paro general del pasado 19 de febrero. La medida alcanza a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y al gremio ferroviario La Fraternidad, a quienes se acusa de haber incumplido conciliaciones obligatorias vigentes al momento de la huelga.

Según trascendió en fuentes oficiales citadas por la agencia Noticias Argentinas, las multas alcanzarían cifras millonarias: cerca de 70 mil millones de pesos para la UTA y 20 mil millones de pesos para La Fraternidad.

La decisión fue impulsada por la administración del presidente Javier Milei, que instruyó a la Secretaría de Transporte —dependiente del Ministerio de Capital Humano— a aplicar las sanciones tras considerar que los sindicatos desoyeron una instancia formal de conciliación laboral.

El argumento del Ejecutivo

Desde el Gobierno sostienen que las organizaciones gremiales vulneraron el proceso de conciliación obligatoria que se encontraba vigente en el marco de los reclamos salariales de cada sector. Según la interpretación oficial, esa instancia impedía legalmente la adhesión a medidas de fuerza mientras durara el período de negociación establecido por la autoridad laboral.

En ese sentido, el Ejecutivo consideró que la participación de ambos sindicatos en el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo constituyó una violación directa de esa disposición.

Fuentes gubernamentales indicaron además que el carácter general de la huelga no modifica la obligación de cada sindicato de respetar las conciliaciones particulares que estaban activas en sus respectivas negociaciones.

La posibilidad de sanciones más duras

En el análisis inicial, el Gobierno evaluó avanzar con una medida aún más severa: la quita de la personería gremial a las organizaciones involucradas. Finalmente, esa alternativa fue descartada en esta etapa y reemplazada por sanciones económicas de gran magnitud.

Sin embargo, desde el gobierno dejaron trascender que las multas representan apenas una primera instancia disciplinaria dentro de una estrategia más amplia para reforzar el cumplimiento de las normas laborales.

En ese aspecto, advirtieron que si los gremios desconocen o se niegan a pagar las penalidades, el Gobierno podría reactivar la posibilidad de retirarles su reconocimiento legal como sindicatos, una medida que abriría un conflicto institucional de gran escala dentro del sistema laboral argentino.

Un conflicto que se trasladará a la Justicia

Todo indica que la disputa no se resolverá en el plano administrativo. En el ámbito sindical anticipan que las multas serán impugnadas judicialmente, al considerar que la adhesión al paro general convocado por la central obrera constituye un derecho sindical que trasciende conflictos sectoriales.

El caso podría convertirse así en un nuevo aumento en la confrontación entre el Gobierno nacional y el movimiento sindical, en un momento político marcado por reformas laborales, conflictos salariales y un endurecimiento de la postura oficial frente a las medidas de fuerza.

Un precedente en la relación con los gremios

Más allá de las consecuencias inmediatas, la decisión del Ejecutivo busca sentar un precedente dentro del sistema de relaciones laborales. La aplicación de sanciones de esta magnitud refleja la voluntad del Gobierno de marcar límites estrictos al accionar sindical cuando considera que se incumplen disposiciones legales.

El desenlace del conflicto —que probablemente se dirima en tribunales— no sólo definirá el alcance de las multas, sino también el equilibrio de poder entre el Estado y las organizaciones gremiales en un escenario político y económico cada vez más tensionado.