Con el respaldo de más de dos tercios de las seccionales del país, el Consejo Directivo de la Unión Obrera Metalúrgica resolvió avanzar con una reorganización interna para sostener la actividad institucional y las negociaciones salariales tras la intervención judicial dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. El sindicato declaró además el estado de alerta y movilización permanente.

La conducción nacional de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) endureció este martes su respuesta política y sindical frente a la intervención judicial que dejó sin efecto las autoridades electas del gremio y resolvió avanzar con una estructura transitoria destinada a preservar el funcionamiento institucional de la organización.

La definición surgió de una reunión extraordinaria del Consejo Directivo realizada en la sede central del sindicato, donde participaron representantes de más de dos tercios de las seccionales metalúrgicas del país. Allí, la organización resolvió rechazar formalmente la decisión adoptada por la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y declaró el “estado de alerta, movilización y sesión permanente” en todo el territorio nacional.

La central metalúrgica sostuvo que las medidas adoptadas apuntan a garantizar la continuidad administrativa, gremial y convencional de la entidad mientras se desarrolla la disputa judicial abierta tras el fallo que anuló los comicios de la seccional Campana y extendió sus efectos sobre la conducción nacional encabezada por Abel Furlán.

En ese punto, el Consejo Directivo designó a Daniel Daporta —actual secretario general adjunto y dirigente de la seccional Avellaneda— como Delegado Administrador nacional de la organización. La resolución le otorga facultades para asegurar el desenvolvimiento institucional del sindicato y coordinar las tareas necesarias hasta tanto se resuelva la situación de fondo.

La estructura transitoria también incluyó la designación de Emiliano Gallo, titular de la seccional Vicente López, como Delegado Administrador en Campana, distrito donde se originó la controversia judicial que derivó en la intervención del gremio.

La reorganización interna no se limitó al plano administrativo. En un contexto de marcada tensión económica y negociación salarial compleja para el sector industrial, la UOM resolvió además conformar un nuevo esquema de representación paritaria con el objetivo de impedir una paralización de las discusiones salariales.

Para esa tarea fueron designados Daniel Daporta, Emiliano Gallo, Óscar Anselmo Martínez, Osvaldo Lobato, Esteban Cabello, Diego Sebastián Espeche, Rubén Urbano, Pablo Molina, Roberto Daniel Gómez y Antonio Ricardo Donello, quienes tendrán la responsabilidad de sostener las negociaciones convencionales y representar al gremio frente a las cámaras empresarias.

Desde la organización remarcaron que la disputa excede una cuestión interna y se vincula directamente con la defensa de la autonomía sindical y la legitimidad de las organizaciones gremiales para elegir a sus autoridades sin interferencias externas.

Como parte del plan de acción, el sindicato también resolvió convocar a asambleas en fábricas, talleres y establecimientos metalúrgicos de todo el país para informar a los trabajadores sobre los alcances de la resolución judicial y debatir los próximos pasos del conflicto.

Con este panorama, la UOM intenta preservar capacidad operativa, sostener la representación paritaria y evitar un vacío institucional que afecte tanto la negociación salarial como el funcionamiento cotidiano de una de las organizaciones industriales más importantes del país.

La medida de fuerza de 96 horas impulsada por docentes y no docentes universitarios registró un importante nivel de adhesión en la Universidad Nacional de San Juan. Desde ADICUS advirtieron sobre la profundización del deterioro salarial, el abandono de cargos y el riesgo de complicaciones en el inicio del segundo cuatrimestre.

El conflicto salarial en las universidades nacionales volvió a escalar y expuso con crudeza el deterioro económico que atraviesa buena parte del sistema educativo superior. Con un elevado nivel de adhesión en distintas facultades e institutos preuniversitarios, comenzó este martes el paro de 96 horas convocado por los gremios docentes y no docentes, en una medida que impacta de lleno en el funcionamiento académico de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

La representante de ADICUS, Edith Liquitay, describió un panorama marcado por la pérdida del poder adquisitivo, la sobrecarga laboral y la dificultad de numerosos docentes para sostener económicamente su actividad profesional.

“Hay compañeros que manejan Uber, venden comida los fines de semana o realizan emprendimientos artesanales para poder complementar ingresos”, señaló la dirigente sindical al reflejar el escenario que atraviesan numerosos trabajadores universitarios.

Según explicó, el nivel de adhesión a la protesta evidencia la profundidad del malestar acumulado en el sector. De acuerdo con el relevamiento realizado por el gremio, en la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento el acatamiento rondó el 70%, mientras que en el Colegio Central Universitario osciló entre el 40% y el 50%, condicionado por mesas de evaluación y actividades académicas programadas. En tanto, en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes la actividad fue prácticamente nula durante la jornada.

Liquitay sostuvo que dentro del espacio gremial existieron sectores que promovían avanzar con medidas aún más severas, incluso con un paro por tiempo indeterminado. Sin embargo, las federaciones universitarias acordaron una instancia intermedia ante la necesidad de sostener la visibilidad del conflicto sin interrumpir completamente el calendario académico.

“La situación es extremadamente delicada y se viene agravando desde hace meses”, afirmó Liquitay, quien además cuestionó la ausencia de respuestas concretas por parte del Gobierno nacional luego de las masivas movilizaciones universitarias realizadas en distintos puntos del país.

Uno de los aspectos que genera mayor preocupación dentro de la comunidad educativa es la continuidad normal del ciclo lectivo durante la segunda mitad del año. Desde el gremio advirtieron que el conflicto no se limita a una protesta coyuntural, sino que forma parte de un plan de lucha de alcance prolongado frente al deterioro salarial y presupuestario.

“Lo que empieza a ponerse en riesgo es el inicio mismo del segundo cuatrimestre”, alertó la referente de ADICUS, al tiempo que remarcó que las recomposiciones salariales otorgadas hasta el momento quedaron muy por detrás de la inflación acumulada.

En ese sentido, explicó que el último instructivo salarial enviado por Nación contempló apenas un incremento del 1,5%, mientras que la evolución de los precios acumuló una diferencia cada vez más pronunciada respecto de los ingresos universitarios.

“El desfasaje es enorme y ya afecta la permanencia de profesionales altamente formados dentro de las universidades públicas”, sostienen desde el sector gremial, donde también reconocen una notable migración de docentes hacia otras actividades laborales ante la imposibilidad de sostenerse únicamente con el salario académico.

El endurecimiento de la crisis vuelve a colocar a las universidades nacionales en el centro de la discusión pública, en medio de un panorama económico que combina ajuste presupuestario, pérdida salarial e incertidumbre sobre el funcionamiento futuro del sistema de educación superior.

La anulación de los comicios de la Unión Obrera Metalúrgica y la intervención dispuesta por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo generaron una reacción inmediata de las principales centrales obreras y de decenas de organizaciones sindicales. CGT, CTA, FreSU y gremios industriales denunciaron una “intromisión antidemocrática” sobre la autonomía gremial y vincularon la resolución judicial con la ofensiva oficial sobre los derechos laborales.

La decisión de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de dejar sin efecto las elecciones de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y desplazar a la conducción encabezada por Abel Furlán provocó una inmediata escalada política y sindical. En cuestión de horas, las principales organizaciones obreras del país cerraron filas en defensa del sindicato metalúrgico y denunciaron una avanzada institucional destinada a debilitar la representación gremial.

El fallo firmado por los magistrados Víctor Arturo Pesino y María Dora González no sólo impactó sobre una de las estructuras sindicales históricas de la industria argentina, sino que además reactivó un clima de máxima tensión entre el movimiento obrero y la administración de Javier Milei. Buena parte de las organizaciones que se pronunciaron recordaron que ambos jueces habían quedado recientemente en el centro de la polémica tras restablecer aspectos centrales de la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo.

Desde la Confederación General del Trabajo advirtieron que la intervención constituye un precedente de extrema gravedad institucional. La central obrera sostuvo que avanzar sobre la vida interna de una organización sindical representa una vulneración directa al principio de autonomía gremial garantizado por la legislación argentina y por los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo.

En la misma dirección se pronunciaron la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, que calificaron la resolución como un acto de naturaleza política antes que jurídica. Ambas centrales consideraron que el desplazamiento de las autoridades electas desconoce la voluntad expresada por los afiliados metalúrgicos y profundiza un escenario de hostilidad contra las organizaciones obreras.

El rechazo también alcanzó al Frente de Sindicatos Unidos, espacio que reúne a más de un centenar de sindicatos y que interpretó la medida como parte de una estrategia orientada a disciplinar a los sectores gremiales que confrontan con el programa económico oficial. Desde ese sector remarcaron que la UOM se había transformado en uno de los principales núcleos de resistencia sindical frente al DNU 70/23 y las reformas impulsadas por el Gobierno nacional.

Uno de los pronunciamientos más duros provino de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines. La organización aceitera denunció una “persecución política y judicial” contra el sindicalismo industrial y advirtió sobre un deterioro acelerado de las condiciones laborales, marcado por despidos, cierre de pequeñas y medianas empresas y caída del poder adquisitivo.

Incluso, el gremio abrió el debate sobre la posibilidad de avanzar hacia un plan de lucha de alcance nacional con medidas de fuerza de carácter indefinido. El posicionamiento elevó significativamente la tensión interna del movimiento obrero, especialmente por el peso estratégico que el sector aceitero posee dentro del complejo exportador argentino.

La ofensiva judicial sobre la estructura metalúrgica también despertó cuestionamientos dentro de sindicatos marítimos, judiciales, mineros y jerárquicos. Varias organizaciones coincidieron en advertir que el precedente podría habilitar futuras intervenciones sobre otros espacios gremiales en medio de un cuadro económico signado por el ajuste, la caída de la actividad y el deterioro salarial.

En paralelo, comenzaron a multiplicarse las convocatorias de respaldo a la UOM. La conducción sindical llamó a realizar un “abrazo” frente a la sede nacional del gremio, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, en señal de rechazo a lo que definieron como una intervención “arbitraria y antidemocrática”.

El conflicto promete abrir una nueva etapa de confrontación entre el Ejecutivo y buena parte del sindicalismo argentino. La resolución judicial no sólo alteró el tablero interno de uno de los gremios industriales más influyentes del país, sino que además terminó por unificar a sectores sindicales que venían transitando diferencias tácticas frente al Gobierno. En ese punto, la disputa excede la discusión electoral dentro de la UOM y comienza a transformarse en un nuevo episodio de la pelea por el alcance de los derechos laborales y la autonomía sindical en la Argentina.