Los gremios universitarios ratificaron la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el 15 de octubre, luego de que la Justicia ordenara al Gobierno nacional cumplir de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión judicial no modificó la convocatoria y las organizaciones sindicales sostienen que la movilización sigue siendo necesaria ante la falta de certezas sobre la aplicación efectiva de la norma.

El fallo fue dictado por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, quien declaró inconstitucional el Decreto 759/2025 en el tramo que había suspendido la ejecución de la Ley 27.795. La resolución hizo lugar a presentaciones del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), universidades y docentes, incluida la Universidad de Buenos Aires (UBA), y ordenó al Poder Ejecutivo adoptar las medidas necesarias para implementar la legislación.

Sin embargo, el Gobierno volvió a apelar la decisión, por lo que la controversia judicial continúa. Para las organizaciones gremiales, la presentación oficial refuerza la necesidad de sostener las medidas de fuerza hasta que se concrete la recomposición salarial y presupuestaria reclamada.

El secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), Daniel Ricci, confirmó que la marcha se realizará. En la misma línea, la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), que representa al personal nodocente, ratificó la continuidad de su plan de lucha, con paros escalonados en distintas casas de estudio.

La disputa por los fondos y los salarios

La protesta surge de la brecha entre los compromisos estatales que exigen los gremios y los montos ya abonados. De acuerdo con los datos sindicales, solo se ha liquidado el 21,3% de la deuda total. Del porcentaje restante, un 33,4% corresponde a sueldos atrasados y un 20% a becas y partidas presupuestarias pendientes.

La negociación salarial tampoco logró acercar posiciones. En septiembre, la propuesta oficial contempló aumentos del 3% para ese mes y otro 3% para octubre, frente a un reclamo sindical de recomposición del 33,4%.

Garantizar la Ley de Financiamiento Universitario, actualizar los sueldos del sector y recuperar los fondos de funcionamiento operativo serán los ejes de la marcha del 15 de octubre.El conflicto se agudiza por la falta de acuerdos paritarios y un fallo judicial recurrido. Así, el frente universitario da pelea en dos terrenos: el cumplimiento formal de una ley nacional y el reclamo histórico de las federaciones por ingresos que saquen a la actividad académica de la crisis.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió de manera provisoria la derogación de la Ley de Tierras Rurales, dispuesta por el artículo 154 del DNU 70/2023. La decisión respondió a una presentación de la Asociación Civil Árbol de Pie y busca evitar eventuales daños ambientales mientras la Justicia define si corresponde admitir el reclamo.

La medida cautelar interina fue firmada por Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto con los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. Carlos Rosenkrantz votó en disidencia. La resolución no implica un pronunciamiento definitivo sobre la constitucionalidad del decreto: mantendrá suspendidos sus efectos hasta que el Juzgado Federal de Bariloche examine la legitimación de los demandantes y el pedido de protección judicial.

La causa se inició a fines de diciembre de 2023, cuando Árbol de Pie y otros particulares promovieron un amparo colectivo. Sostuvieron que la derogación de la Ley 26.737 podía comprometer el derecho a un ambiente sano, reconocido por el artículo 41 de la Constitución Nacional, y afectar la utilización racional de los recursos naturales y la preservación de la biodiversidad.

El expediente pasó por distintas instancias judiciales sin que se resolvieran esos planteos. El juzgado de Bariloche lo había remitido a la Cámara Federal de La Plata, donde tramitaba otra causa relacionada con la misma disposición, antes de que llegara al máximo tribunal.

La diferencia con el caso CECIM

La Corte distinguió este reclamo del presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM), cuya demanda contra la derogación fue rechazada el 29 de septiembre de 2026 por falta de legitimación activa. En aquel expediente, el planteo se centraba en una presunta afectación de la soberanía nacional; el de Árbol de Pie, en cambio, invoca la protección ambiental.

Ante la falta de una respuesta judicial sobre su presentación, la asociación pidió que se aclarara el alcance del fallo anterior y reiteró la solicitud cautelar. La mayoría entendió que correspondía adoptar una protección provisoria para resguardar el acceso efectivo a la Justicia y prevenir posibles daños irreparables.

Rosenkrantz sostuvo que la Corte no tenía competencia para dictar esa medida en el expediente y consideró que la causa debía regresar a la Justicia federal de Bariloche sin suspender los efectos del decreto.

El fallo posterga la decisión sobre si la derogación de la Ley de Tierras es constitucional o no, dejando el debate abierto. Ahora, el juzgado federal tendrá que resolver si los demandantes tienen legitimación y si se debe mantener la medida cautelar durante la tramitación del amparo.

La CGT movilizó este jueves en la Ciudad de Buenos Aires en defensa de la industria nacional y contra las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei, en una nueva demostración de fuerza de la central obrera. La marcha tuvo como destino el edificio del ex Ministerio de Industria y concluyó con los discursos de los tres integrantes del triunvirato: Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello.

La convocatoria se desarrolló bajo la consigna “Las Malvinas son argentinas, la industria nacional también”, con la industria y las pequeñas y medianas empresas como principales destinatarias del reclamo sindical. La CGT sostiene que la combinación de caída del consumo, menor inversión y dificultades para las empresas está repercutiendo sobre el empleo y los ingresos.

El diagnóstico quedó plasmado también en un documento difundido por el Consejo Directivo Nacional. La central acusó al Gobierno de estar llevando adelante una política económica “monitoreada” por el Fondo Monetario Internacional, orientada —según su interpretación— hacia intereses que no coinciden con los de la economía nacional.

En el texto, la organización sindical afirmó que las políticas oficiales están provocando un deterioro del sistema productivo, con especial impacto sobre las pymes. Enumeró entre los factores que, a su juicio, explican ese retroceso el aumento del desempleo, la pérdida de ingresos, el deterioro de las condiciones laborales, la caída del consumo interno, la recesión, la presión impositiva, el retroceso de la inversión, la falta de financiamiento y los costos de los servicios públicos.

La central sinical también vinculó la situación de las empresas con el funcionamiento de las economías regionales y las cadenas de proveedores. Para la CGT, la pérdida de establecimientos industriales no se limita al cierre de una empresa, sino que repercute sobre trabajadores, proveedores y circuitos comerciales asociados a la producción.