Una resolución de la Justicia de La Rioja dispuso la suspensión por 30 días de las actividades vinculadas al proyecto minero Josemaría. La medida obliga a la empresa a presentar estudios ambientales en territorio riojano y genera incertidumbre sobre uno de los desarrollos extractivos más relevantes del país.

Una decisión judicial adoptada en La Rioja alteró el curso de uno de los emprendimientos mineros más ambiciosos de la región cuyana. La jueza María Greta Decker ordenó la paralización por 30 días de las tareas vinculadas al proyecto Josemaría, a partir de una presentación impulsada por el gobierno riojano.

La resolución alcanza a la firma operadora Vicuña S.A. y establece como condición indispensable la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental que contemple las implicancias del emprendimiento sobre territorio de la provincia vecina. Sin ese requisito aprobado, no podrán retomarse las actividades.

El fallo se apoya en el principio preventivo y se instrumentó mediante una medida autosatisfactiva, una herramienta jurídica que permite actuar con rapidez frente a la posibilidad de daños ambientales. Desde la administración riojana argumentaron que la empresa no cumplió con requerimientos previos vinculados al uso de infraestructura local, especialmente el corredor vial que conecta con el yacimiento.

El secretario de Ambiente de esa provincia, Santiago Azulay, sostuvo que los efectos del proyecto exceden los límites geográficos y podrían impactar en comunidades como Guandacol y Villa Unión. Entre los puntos señalados figuran el tránsito intensivo de vehículos pesados, la dispersión de partículas y la contaminación sonora.

La medida judicial también dispuso restricciones sobre el camino de Guandacol, principal vía logística hacia el emprendimiento, actualmente bajo control policial. Esta limitación genera un cuello de botella operativo que afecta la planificación de obras y el movimiento de equipos.

Un proyecto estratégico bajo presión

El desarrollo de Josemaría forma parte del denominado distrito Vicuña, un conglomerado minero de escala internacional que incluye también el yacimiento Filo del Sol. Ubicado en San Juan, el proyecto prevé inversiones millonarias y una proyección productiva significativa en cobre, oro y plata durante varias décadas.

Para San Juan, la paralización representa un contratiempo relevante en términos económicos y de generación de empleo, dado el peso estratégico que la actividad minera tiene en su matriz productiva. A su vez, la decisión introduce un elemento de complejidad institucional al involucrar competencias ambientales de distintas jurisdicciones.

Desde La Rioja no descartan avanzar hacia instancias judiciales superiores en caso de incumplimiento, lo que podría derivar en la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.

La suspensión dispuesta por la Justicia riojana reconfigura el futuro inmediato de un proyecto central para la minería argentina. Más allá del plazo fijado, el episodio instala un debate de fondo sobre la coordinación interprovincial en materia ambiental y la necesidad de reglas claras para emprendimientos de gran escala. El desenlace de este proceso no solo definirá el avance de Josemaría, sino que también sentará precedentes sobre el equilibrio entre desarrollo productivo y resguardo ambiental en el país.

La Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones ratificó el estado de alerta y movilización, reclamó la reapertura urgente de las negociaciones salariales y exigió el pago de un bono de $840.000. La empresa alega limitaciones para responder y la lucha se proyecta en ascenso.

El conflicto en el Correo Argentino suma un nuevo capítulo con la decisión de la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT) de sostener y profundizar su plan de acción en todo el país. Tras una audiencia con la Secretaría de Trabajo, el sindicato conducido por Alberto Cejas ratificó su estado de alerta, asamblea y movilización, al tiempo que buscó despejar versiones sobre una interrupción total del servicio.

La organización gremial puso el foco en la recomposición de los ingresos, señalando que la pérdida del poder adquisitivo se ha acentuado en los últimos meses. En ese aspecto, reclamó la reapertura inmediata de la negociación colectiva y cuestionó los ajustes salariales definidos fuera del ámbito paritario, al considerarlos insuficientes y carentes de legitimidad.

Como parte de su pliego de demandas, FOECYT solicitó el pago de un bono extraordinario de $840.000, a liquidarse en cuatro tramos, con el objetivo de amortiguar el impacto de la inflación sobre los sueldos. La exigencia se inscribe en una estrategia más amplia orientada a recuperar capacidad de compra y reordenar las condiciones laborales dentro de la empresa.

Desde el sector empleador, en tanto, se argumentó la imposibilidad de avanzar con definiciones concretas en materia salarial. Según lo expuesto durante la audiencia, la conducción del Correo Argentino carecería de autorización para negociar incrementos y señaló además la ausencia de otras representaciones sindicales como un obstáculo adicional para destrabar el diálogo.

La falta de avances alimenta un clima de creciente malestar entre los trabajadores, quienes advierten sobre un deterioro sostenido de sus condiciones laborales. El gremio también cuestionó decisiones empresariales adoptadas de manera unilateral y alertó sobre un rumbo que, a su juicio, profundiza la pérdida de derechos dentro de la actividad postal.

Docentes y no docentes universitarios cumplen una nueva semana de paro en todo el país. Denuncian el incumplimiento de la Ley de Financiamiento y una pérdida sostenida del poder adquisitivo, mientras el Gobierno impulsa un esquema alternativo rechazado por las universidades.

El sistema universitario argentino atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años. Desde este lunes y hasta el sábado, docentes de todo el país llevan adelante una nueva medida de fuerza convocada por la CONADU Histórica y respaldada por la AGD-UBA, en reclamo por la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

El eje del conflicto radica en la ausencia de actualización salarial prevista en la normativa, sancionada por el Congreso y aún sin ejecución tras más de cinco meses. Los gremios sostienen que, desde diciembre de 2023, los ingresos del sector perdieron cerca de un tercio de su valor real, lo que motivó el pedido de una recomposición del 50% para recuperar el poder adquisitivo.

Frente a este reclamo, el Ejecutivo dispuso incrementos del 6,7% distribuidos en tres tramos durante el primer trimestre del año. Para los representantes sindicales, la propuesta no solo resulta insuficiente, sino que además quedó por debajo de la evolución de los precios, lo que profundizó el deterioro de los salarios. “El aumento fue tan bajo que muchos docentes ni siquiera lo percibieron”, advirtieron desde las organizaciones.

A esta disputa salarial se suma un componente institucional. La Cámara Contencioso Administrativo Federal ordenó al Gobierno aplicar de manera inmediata los artículos centrales de la ley, vinculados a la actualización de haberes. El fallo cuestionó los argumentos oficiales para postergar su implementación, aunque hasta el momento no se registraron avances concretos en ese sentido.

En este sentido, el Ejecutivo presentó en el Congreso una iniciativa propia de financiamiento universitario que propone subas escalonadas del 4,1% hasta septiembre y elimina mecanismos de actualización automática por inflación. La propuesta fue rechazada por el Consejo Interuniversitario Nacional, que reclamó la plena vigencia de la ley aprobada.

El deterioro salarial comienza a impactar de manera directa en el funcionamiento del sistema. Según datos gremiales, cerca de 10 mil docentes dejaron sus cargos en los últimos meses, en muchos casos obligados a buscar ingresos alternativos fuera del ámbito académico. Desde el sector advierten que esta tendencia erosiona la calidad educativa y debilita la estructura universitaria.

En esta situación, los sindicatos plantean que la interrupción de actividades es la consecuencia de un problema previo. “Las clases ya estaban afectadas cuando los docentes tuvieron que salir a buscar otros trabajos para sostenerse”, remarcaron desde las organizaciones, al tiempo que impulsan la convocatoria a una nueva movilización nacional en defensa de la universidad pública.