La Superintendencia de Servicios de Salud retiró del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga a 18 empresas, mutuales y cooperativas. Las auditorías detectaron falta de actividad efectiva, ausencia de afiliados y documentación incompleta. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, las exclusiones ya superan las 180.

La medida alcanza a empresas de medicina prepaga, mutuales y cooperativas de distintas provincias. Entre las entidades excluidas figuran Plan Odontológico Integral S.A., Cámara de Tabaco de Misiones, Armiento S.A., Instituto Materno Infantil S.A. y Sociedad Médica Universitaria S.A., además de Asociación Mutual Intercooperativa, AMI S.R.L., Huinca Salud S.A. y Cooperativa Cuenca del Salado Ltda.

También quedaron fuera del registro Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay, EMPY S.R.L., Policlínico Lomas Medicina Prepaga S.A. y Timely Medical, entre otras organizaciones alcanzadas por el proceso de fiscalización.

Según explicó el organismo, las inspecciones permitieron establecer que varias de estas entidades no registraban actividad efectiva, no contaban con beneficiarios activos o no habían presentado la información requerida por la normativa vigente. Antes de disponer las bajas, la Superintendencia las intimó a regularizar su situación.

La falta de respuesta suficiente derivó finalmente en la exclusión del registro. El procedimiento forma parte de una revisión más amplia impulsada por el Gobierno para depurar el padrón de entidades que formalmente figuran como prestadoras de medicina prepaga, pero que no acreditan una operatoria efectiva.

Con esta nueva resolución, más de 180 entidades fueron excluidas desde el comienzo de la gestión de Javier Milei, en un proceso que la Superintendencia anticipó que continuará mediante nuevas auditorías.

El organismo sostuvo además que las bajas no deberían generar perjuicios para los usuarios, debido a que las entidades alcanzadas no registraban afiliados activos ni prestaciones en curso al momento de las verificaciones.

La depuración apunta a que el registro oficial quede integrado por organizaciones que acrediten existencia operativa, beneficiarios y cumplimiento de las obligaciones exigidas. La Superintendencia mantendrá las fiscalizaciones y podrá disponer nuevas exclusiones cuando se detecten incumplimientos similares.

Los gremios docentes iniciaron una nueva semana de paro y movilizaciones para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La protesta se extenderá hasta el sábado y combina huelgas, carpas y marchas en distintas universidades del país.

Los docentes de las universidades nacionales volvieron esta semana a las medidas de fuerza para reclamar al Gobierno de Javier Milei la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada en 2025 y todavía pendiente de implementación, según denuncian las organizaciones gremiales.

La nueva protesta comenzó ayer martes 18 de agosto y se extenderá, en principio, hasta el sábado 22, luego del paro nacional realizado el pasado 12 de agosto. Los sindicatos aseguran que la adhesión volvió a ser elevada en las distintas casas de estudio y anticiparon la continuidad de las acciones mientras persistan los incumplimientos que atribuyen al Gobierno.

Una de las principales expresiones de la protesta se instaló frente al Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación de la Nación. La Conadu montó allí una carpa que permanecerá hasta el viernes 21 y organizó actividades bajo la consigna “Carpas por la universidad y la soberanía”.

La iniciativa también se replicará en distintos puntos del país, junto con una movilización convocada para este miércoles al mediodía. Las federaciones buscan mantener visible el conflicto y reclamar una recomposición salarial que, según sostienen, continúa pendiente.

El reclamo salarial

Los gremios afirman que los haberes correspondientes a julio, percibidos en agosto, volvieron a evidenciar el incumplimiento de la norma. Reclaman una recomposición del 31,2%, además del pago retroactivo correspondiente al período transcurrido desde la entrada en vigencia de la ley.

A esa demanda se suman la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), recursos para capacitación y actualización y la recuperación de la garantía salarial para los trabajadores universitarios.

La Conadu Histórica resolvió el 5 de agosto mantener las medidas de fuerza y planteó incluso la posibilidad de avanzar hacia un paro por tiempo indeterminado hasta obtener el cumplimiento integral de la legislación.

Desde Feduba, su secretario general, Pablo Perazzi, sostuvo que el conflicto difícilmente pueda resolverse mediante una negociación salarial aislada. “No habrá solución para las universidades en la negociación sectorial con este gobierno”, afirmó, y planteó que será necesario modificar el rumbo económico y construir una alternativa política.

Una disputa que excede los salarios

Las organizaciones universitarias sostienen que la discusión abarca tanto los ingresos de docentes y no docentes como el financiamiento general de las instituciones públicas.
El conflicto se mantiene abierto pese a que la Corte Suprema de Justicia intervino en la disputa por la aplicación de la ley, un antecedente que los gremios utilizan para reforzar su reclamo ante el Poder Ejecutivo.

Con paros, movilizaciones y carpas instaladas en universidades de distintas provincias, la comunidad académica busca sostener la presión sobre el Gobierno. La continuidad de las medidas dependerá ahora de la respuesta oficial y de la posibilidad de alcanzar una salida que permita recomponer los salarios y garantizar los recursos previstos por la legislación vigente.

La CGT, las dos CTA y la UTEP se movilizarán este jueves al Ministerio de Economía para reclamar medidas frente al crecimiento de las deudas familiares. Denuncian que millones de hogares recurren al crédito para cubrir gastos esenciales y anticipan nuevas marchas. La concentración comenzará a las 14 en Paseo Colón e Independencia.

La protesta fue anunciada este miércoles en la sede de la CGT y tendrá como principal reclamo la necesidad de que el Gobierno adopte medidas frente a un fenómeno que las organizaciones vinculan directamente con la pérdida del poder adquisitivo.

Según datos recientes del Banco Central, 5,8 millones de personas registraron créditos impagos o atrasos graves durante el último año. A su vez, un relevamiento de la Defensoría del Pueblo bonaerense indicó que el 56,6% de los hogares tomó algún crédito en ese período y que, dentro de ese grupo, el 73,5% todavía mantiene deudas.

Las centrales sostienen que una parte importante de esos préstamos no se destina a consumos extraordinarios, sino a cubrir alquiler, alimentos, electricidad y gas. Para la secretaria adjunta de la UTEP, Norma Morales, se trata de una deuda que excede las decisiones individuales: “La deuda no es un tema individual, es una deuda colectiva”.

El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, vinculó el endeudamiento con el deterioro de los ingresos y denunció la destrucción de unos 340.000 empleos formales y el cierre de cerca de 30.000 empresas, según sus estimaciones.

Desde la CGT, Cristian Jerónimo cuestionó la postura del Gobierno, que considera el endeudamiento una cuestión entre particulares. “Cuando la deuda es para poder comer es un problema social, un problema de economía y un problema de gobierno”, afirmó.

La movilización se inscribe en una sucesión de protestas sindicales y sociales que incluyó la marcha de San Cayetano y el acompañamiento a los reclamos de jubilados frente al Congreso. Jerónimo anticipó que la jornada del jueves no será el cierre de las medidas y advirtió que el movimiento obrero continuará con su plan de lucha.

El reclamo sindical coincidirá además con una movilización de entidades pyme frente a la Casa Rosada, convocada desde las 9 para reclamar una ley de emergencia productiva. El jueves concentrará así dos reclamos vinculados por un mismo problema: familias con menor capacidad de compra y empresas que enfrentan un mercado interno debilitado.