La Cámara de Diputados dio media sanción a un nuevo proyecto de Ley de Discapacidad que busca garantizar la continuidad de las prestaciones, proteger los ingresos de los beneficiarios y establecer obligaciones presupuestarias para el Estado nacional. La iniciativa obtuvo 237 votos a favor, nueve en contra y cuatro abstenciones, tras un acuerdo entre bloques parlamentarios y representantes de organizaciones vinculadas con el colectivo.

El texto deberá ser tratado por el Senado y procura sostener las herramientas de financiamiento y protección de derechos frente a los recortes contemplados en el proyecto de Presupuesto 2027 impulsado por el Gobierno de Javier Milei. Sin embargo, desde las organizaciones advierten que la aprobación parlamentaria no resuelve por sí sola la emergencia que atraviesa el sistema.

Uno de los puntos centrales es el artículo 7, que establece que, si los gastos necesarios para cumplir con las prestaciones superan los créditos disponibles en los programas previstos, el excedente deberá cubrirse mediante una compensación presupuestaria con fondos del Tesoro.

La propuesta también dispone que las leyes de presupuesto deberán contemplar recursos suficientes para sostener el sistema y establece que el ingreso por beneficiario no podrá ser inferior, en términos reales, al del ejercicio anterior. Además, faculta a la Jefatura de Gabinete a efectuar las reasignaciones presupuestarias necesarias para asegurar la continuidad de las prestaciones.

Estas obligaciones constituyen uno de los aspectos más sensibles del proyecto, porque condicionan la capacidad del Ejecutivo de reducir los recursos destinados a la atención de las personas con discapacidad. La aplicación efectiva de esas garantías dependerá, de todos modos, de la sanción definitiva de la norma y de su cumplimiento presupuestario.

Pensiones compatibles con el empleo

Otro cambio relevante es la preservación de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad para quienes accedan a un trabajo registrado o se inscriban en los regímenes tributarios general o simplificado.

Según el artículo 9, los beneficiarios podrán conservar la pensión mientras sus ingresos laborales no superen el equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Si exceden ese límite, el pago quedará suspendido durante el período en que se mantenga esa condición.

El designio prevé, además, que la prestación pueda rehabilitarse de manera inmediata cuando termine la relación laboral o los ingresos vuelvan a ubicarse por debajo del límite establecido. El mecanismo busca evitar que el acceso a un empleo formal implique, automáticamente, la pérdida definitiva del beneficio.

La iniciativa también ratifica, según los términos difundidos durante su presentación, la referencia de la pensión al 70% del haber mínimo jubilatorio y contempla mecanismos para preservar su valor real. La aplicación concreta de estas disposiciones deberá analizarse a la luz del texto definitivo que apruebe el Congreso.

Deudas con prestadores y continuidad de la atención

El incorpora obligaciones para regularizar los pagos pendientes a instituciones y profesionales que brindan servicios a personas con discapacidad. Si al momento de la sanción definitiva quedan compensaciones sin completar, el Gobierno deberá presentar un cronograma de cancelación dentro de los 30 días y concluir los pagos en un plazo máximo de 90 días.

También establece la obligación de garantizar las prestaciones médicas básicas, una cuestión clave para centros de atención, transportistas, acompañantes terapéuticos y otros prestadores que sostienen servicios esenciales.

La propósito mantiene, además, herramientas como el nomenclador universal y el arancel unificado, destinadas a establecer referencias comunes para los valores de las prestaciones en todo el país.

Eduardo Maidana, integrante del Foro Permanente de Discapacidad, valoró el consenso alcanzado, aunque advirtió que la emergencia continúa. “No estamos en contra de las auditorías, pero hay que respetar las condiciones de cada persona”, señaló en declaraciones a Medios Rioja, y remarcó que el presupuesto sigue siendo una cuestión pendiente.

La media sanción abre una nueva instancia institucional para definir el financiamiento y las garantías del sistema. La prueba decisiva será que las obligaciones establecidas en la ley se traduzcan en recursos suficientes, pagos regulares y continuidad efectiva de las prestaciones para las personas con discapacidad y sus familias.

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero introdujo una modificación central para su avance legislativo: restableció la vigencia de la Ley de Tierras Rurales, que limita la titularidad extranjera de campos. La iniciativa obtuvo 124 votos afirmativos, 119 negativos y seis abstenciones, y deberá regresar al Senado para completar el trámite parlamentario.

La decisión supone revertir, mediante el proyecto aprobado, la derogación dispuesta por el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. La Ley 26.737, sancionada en 2011, establece límites a la propiedad de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras, con un tope del 15% de la titularidad en los niveles nacional, provincial y municipal.

El capítulo referido a tierras obtuvo un respaldo mucho más amplio que la votación general: reunió 239 votos a favor, cuatro en contra y seis abstenciones. Esa diferencia expuso el consenso alcanzado alrededor de la restitución de la norma, aun entre legisladores que mantuvieron posiciones contrapuestas sobre el resto de la iniciativa.

El texto también incluye modificaciones sobre expropiaciones, desalojos y el Registro de la Propiedad Inmueble. Sin embargo, la incorporación del capítulo sobre tierras alteró la versión que había recibido media sanción en la Cámara alta, por lo que el Senado deberá pronunciarse nuevamente antes de que la iniciativa pueda convertirse en ley.

Una negociación con alcance político

La incorporación de la Ley de Tierras se produjo después de que el proyecto permaneciera sin avances en Diputados y en medio de una disputa parlamentaria en torno al DNU 70/2023.

Distintas coberturas periodísticas señalaron que el oficialismo buscó ampliar sus apoyos legislativos y reducir el margen de la oposición para impulsar iniciativas propias contra el decreto.

Las seis abstenciones de la votación general —cinco correspondientes a diputados vinculados al cordobesismo y una al legislador del PRO Álvaro González— resultaron determinantes para que la propuesta alcanzara la mayoría necesaria.

La sesión continuó con el tratamiento de iniciativas vinculadas con la discapacidad y el endeudamiento familiar. En ese marco, la aprobación de la reforma de propiedad privada dejó en evidencia que el avance de la agenda oficialista dependió de acuerdos entre bloques y de concesiones sobre uno de los puntos más discutidos de la política de desregulación impulsada por el Gobierno.

Una resolución del Ministerio de Salud redujo de 128 a seis los principios activos contemplados en el listado de referencia del programa nacional. Quedaron afuera medicamentos habituales para la diabetes, el hipotiroidismo, las infecciones y las enfermedades respiratorias, mientras el presupuesto cayó un 72% en términos reales entre 2023 y 2026.

El Gobierno nacional redujo de 128 a seis los principios activos incluidos en el listado de referencia del programa Remediar, una modificación que restringe la cobertura farmacológica contemplada en esta política de acceso gratuito y aumenta la presión sobre las provincias para garantizar tratamientos que quedaron fuera de la nómina.

El cambio quedó establecido en la Resolución 1447/2026 del Ministerio de Salud, publicada el 15 de octubre en el Boletín Oficial. La norma, firmada por el ministro Mario Lugones, sustituyó el listado aprobado en 2021 y orientó la selección hacia la prevención y el tratamiento de enfermedades cardiovasculares.

Los seis medicamentos que permanecen son ácido acetilsalicílico —aspirina—, atorvastatina, candesartán, hidroclorotiazida, ramipril y rosuvastatina. Se utilizan principalmente para controlar la presión arterial, reducir el colesterol y prevenir complicaciones cardíacas y vasculares.

La nueva nómina deja de contemplar numerosos fármacos de uso frecuente, entre ellos metformina para la diabetes tipo 2, levotiroxina para el hipotiroidismo, amoxicilina para infecciones bacterianas y salbutamol para afecciones respiratorias como el asma. También excluye medicamentos como loratadina y fluconazol, además de distintos anticonceptivos.

La modificación tiene especial relevancia para quienes dependen de la atención pública y necesitan tratamientos continuos. También puede repercutir en la atención de infecciones agudas y en los controles de niños y embarazadas. La médica de familia e investigadora Camila Volij advirtió sobre los riesgos que implica reducir la disponibilidad de medicamentos para enfermedades crónicas, afecciones respiratorias e infecciones.

Un programa bajo ajuste presupuestario

Creado en 2002, después de la crisis económica y social, Remediar llegó a abastecer a más de 8.000 establecimientos sanitarios de todo el país. Su propósito fue facilitar el acceso a tratamientos esenciales sin costo para pacientes sin obra social ni cobertura privada.

La reducción del listado se suma al ajuste presupuestario que el programa acumuló durante los últimos años. Según datos de la Subsecretaría de Presupuesto de la Nación, los recursos destinados a Remediar disminuyeron un 72% en términos reales entre 2023 y 2026. Para este año, la asignación rondó los $36.000 millones.

El Ministerio de Salud justificó la nueva orientación en la necesidad de concentrar recursos en las principales causas de mortalidad. La medida se vincula con el Plan Nacional de Salud Vascular 2026-2030, que apunta a mejorar la detección y el tratamiento de factores de riesgo.

Según las cifras oficiales citadas para fundamentar la política, en 2024 las enfermedades cardiovasculares provocaron 105.130 muertes, equivalentes al 27,9% del total de fallecimientos.

Sin embargo, la medida establece que el listado funciona como referencia para las compras centralizadas, la planificación logística y la provisión nacional, mientras las provincias y la Ciudad de Buenos Aires mantienen sus responsabilidades sanitarias respecto de las enfermedades no incluidas.

Ese criterio adquiere especial importancia frente a la estimación del Centro de Implementación e Innovación en Políticas de Salud del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, según la cual alrededor de 16,3 millones de argentinos dependen exclusivamente del sistema público.