Los docentes universitarios de San Juan se plegarán este lunes 3 de agosto a la medida de fuerza convocada a nivel nacional. La protesta, que también contará con la adhesión de los principales gremios docentes provinciales, reclama una recomposición salarial, mayor financiamiento para las universidades y la restitución de fondos educativos.

Los docentes universitarios iniciarán este lunes el segundo cuatrimestre con una jornada de paro docente. Los gremios confirmaron su participación a la medida nacional, por lo que el dictado de clases y buena parte de las actividades académicas quedarán afectadas durante toda la jornada.

La protesta forma parte del plan de lucha impulsado por las federaciones docentes universitarias, que denuncian el deterioro salarial, reclaman la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y exigen un incremento del presupuesto destinado a las casas de altos estudios. También advierten sobre las dificultades que enfrentan las universidades para sostener su funcionamiento y las tareas de investigación y extensión.

En San Juan, la Asociación de Docentes, Investigadores y Creadores de la Universidad Nacional de San Juan (ADICUS) confirmó que la modalidad será sin asistencia a los lugares de trabajo, mientras que el Sindicato de Docentes Universitarios de San Juan (SIDUNSJ) también ratificó su participación en la huelga.

La convocatoria no se limitará al ámbito universitario. Los principales sindicatos docentes de la provincia —UDAP, UDA y AMET— anunciaron que acompañarán el paro nacional impulsado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), lo que amplía el alcance de la protesta al conjunto del sistema educativo.

Entre los reclamos compartidos por las organizaciones sindicales figuran la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la reactivación de la Paritaria Nacional Docente y Universitaria, el fortalecimiento del financiamiento educativo y el rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa promovido por el Gobierno nacional.

En el caso de AMET, el gremio también incorporó a su plataforma de demandas la recuperación de los recursos destinados a la educación técnica y mejores condiciones laborales para los trabajadores del sistema educativo.

Durante el primer semestre, el conflicto universitario estuvo signado por sucesivos paros de 24, 48 y hasta 72 horas, y por semanas completas de reclamo clases públicas, jornadas de visibilización y la realización de una Marcha Federal Universitaria que reunió a docentes, estudiantes, nodocentes y autoridades académicas en defensa de la educación pública.

Con este cuadro, el Ministerio de Capital Humano informó que este lunes desplegará operativos de supervisión en establecimientos educativos de distintas provincias para verificar el cumplimiento de la Ley 27.802, que declara a la educación como servicio esencial. Según indicó la cartera que conduce Sandra Pettovello, las inspecciones buscarán constatar que se garantice la prestación mínima del 75% del servicio educativo cuando corresponda, y advirtió que, en caso de detectarse incumplimientos, podrán iniciarse los procedimientos administrativos previstos por la normativa vigente.

Con la adhesión de los gremios universitarios y de los principales sindicatos docentes provinciales, San Juan volverá a ser parte de una protesta nacional que coloca en el centro del debate el financiamiento de la educación pública, la recomposición salarial y las condiciones para el funcionamiento de las universidades nacionales.

Las concesionarias registraron 43.758 patentamientos durante julio, un 30,3% menos que un año atrás. En los primeros siete meses de 2026 la caída acumulada alcanza el 12,8%, aunque el sector apuesta a la ampliación de la oferta, la financiación y el crecimiento de la electromovilidad para sostener la demanda.

El mercado argentino de vehículos nuevos volvió a mostrar signos de debilidad durante julio. De acuerdo con el informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), se patentaron 43.758 unidades en todo el país, un volumen que representa una contracción del 30,3% frente a las 62.818 registradas en igual mes de 2025.

La comparación mensual tampoco arrojó resultados positivos. Frente a junio, cuando se habían inscripto 47.415 vehículos, el descenso fue del 7,7%, lo que confirma la desaceleración de la demanda al inicio del segundo semestre.

El balance anual también refleja una merma. Entre enero y julio se patentaron 339.359 unidades, cifra que se ubica un 12,8% por debajo de las 389.367 registradas en el mismo período del año pasado.

Pese al retroceso de los indicadores, desde ACARA sostienen que el negocio atraviesa una etapa de transformación impulsada por una mayor diversidad de productos, una competencia cada vez más intensa entre fabricantes y mejores condiciones de financiamiento ofrecidas tanto por bancos como por las terminales automotrices.

El presidente de la entidad, Sebastián Beato, señaló que las marcas tradicionales continúan ampliando sus catálogos mientras los fabricantes chinos mantienen una fuerte política comercial, lo que incrementa la variedad de modelos y precios disponibles para el consumidor.
También remarcó el avance de la electromovilidad, cuya participación ya representa cerca del 15% de las operaciones. Según explicó, el crecimiento de este segmento dependerá en gran medida de la expansión de la infraestructura de carga, condición necesaria para acelerar la incorporación de vehículos electrificados al mercado.

Para el resto de 2026, Beato proyectó un comportamiento similar al observado en los primeros meses del semestre, con una competencia cada vez más marcada y una demanda más exigente. Ese escenario, indicó, obliga a concesionarios y terminales a mejorar su eficiencia para sostener la rentabilidad en un mercado donde la oferta supera ampliamente el ritmo de las compras.

En ese sentido, explicó que muchas concesionarias comenzaron a ampliar su propuesta comercial mediante la incorporación de nuevos servicios vinculados a la posventa, el mantenimiento y otros negocios complementarios, al tiempo que insistió en la necesidad de contar con incentivos fiscales que impulsen el consumo y favorezcan la recuperación de la industria.

Los modelos más vendidos de julio

El ranking mensual volvió a estar encabezado por la Toyota Hilux, con 2.812 patentamientos. Completaron los primeros lugares el Fiat Cronos (2.122), la Ford Ranger (1.768), la Ford Territory (1.564) y la Toyota Yaris Cross (1.339).

Entre los diez vehículos más elegidos también se ubicaron el Volkswagen Tera, Peugeot 208, Volkswagen Amarok, Toyota Yaris y Chevrolet Tracker.

Las marcas líderes

En cuanto al desempeño por fabricantes, Toyota volvió a dominar el mercado con 7.102 unidades patentadas durante julio. Detrás se posicionaron Fiat (5.244), Volkswagen (5.073), Ford (4.165) y Chevrolet (3.704).

El lote de las diez principales automotrices se completó con Peugeot, Renault, Citroën, Jeep y Nissan, en un mercado que continúa ampliando la participación de marcas asiáticas y de nuevos jugadores, especialmente en el segmento de vehículos electrificados y utilitarios deportivos.

El Ministerio de Capital Humano intimó a CTERA a garantizar la prestación mínima del servicio educativo durante la huelga prevista para este lunes y advirtió que aplicará sanciones en caso de incumplimiento. El gremio ratificó la medida en reclamo de la reapertura de la paritaria nacional, mejoras salariales y mayor financiamiento para la educación pública.

El conflicto entre el Gobierno nacional y los sindicatos docentes sumó un nuevo episodio en la antesala del paro convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) para este lunes 3 de agosto. A pocas horas del inicio de la protesta, el Ministerio de Capital Humano intimó a la organización sindical a cumplir con las obligaciones previstas para los servicios considerados esenciales y anticipó que recurrirá a las herramientas legales disponibles si no se garantiza la prestación mínima exigida.

Desde la cartera conducida por Sandra Pettovello recordaron que la normativa laboral vigente incorpora a la educación entre las actividades alcanzadas por el régimen de servicios esenciales, por lo que durante una huelga debe mantenerse una cobertura equivalente al 75% del funcionamiento habitual. El comunicado oficial también advierte que cualquier incumplimiento podrá derivar en sanciones contra las entidades sindicales.

Pese a esa advertencia, CTERA confirmó que sostendrá la medida de fuerza aprobada por su congreso nacional. La organización reclama la inmediata convocatoria a la paritaria nacional docente, una recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo perdido, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el tratamiento de una nueva Ley de Financiamiento Educativo.

La secretaria general del gremio, Sonia Alesso, sostuvo que la realidad económica de los trabajadores de la educación se agravó de manera sostenida y afirmó que miles de docentes no logran cubrir sus necesidades básicas. Según explicó, el deterioro de los ingresos empuja a numerosos profesionales a abandonar la carrera y desalienta el ingreso de nuevos estudiantes a los institutos de formación.

«Nos vamos a quedar sin maestros en la Argentina», advirtió la dirigente, al considerar que la pérdida salarial y las dificultades económicas ponen en riesgo el futuro del sistema educativo. También señaló que el endeudamiento de los trabajadores se volvió una constante para afrontar gastos cotidianos.

Alesso cuestionó además la política educativa del Gobierno nacional al asegurar que la ejecución presupuestaria destinada al área se encuentra en uno de los niveles más bajos de las últimas décadas. En esa línea, denunció la paralización de obras de infraestructura escolar, expresó su preocupación por la disminución de la matrícula en los profesorados y rechazó el proyecto oficial de «libertad educativa», al considerar que profundiza el debilitamiento de la enseñanza pública.

La protesta docente coincidirá con el paro nacional convocado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que incluirá una movilización hacia el Ministerio de Economía para reclamar aumentos salariales y denunciar el ajuste sobre la administración pública. A la convocatoria de CTERA también adhirieron las federaciones universitarias CONADU y CONADU Histórica, ampliando el alcance de la jornada de protesta.