Desde diciembre de 2023, el sector de ciencia y tecnología perdió 5.143 empleos, según un informe del Grupo EPC-CIICTI. El CONICET, el INTI y el INTA concentran la mayor reducción de personal, mientras que empresas públicas estratégicas como FADEA, NASA y ARSAT también sufrieron recortes. Especialistas advierten que el sistema científico argentino atraviesa su peor crisis desde el retorno de la democracia.

La cifra refleja un proceso de desarticulación sostenida del aparato estatal dedicado a la producción de conocimiento, afectando tanto a organismos públicos como a empresas estatales estratégicas. El documento revela que 4.481 empleos se perdieron en organismos dependientes de la Administración Pública Nacional, mientras que 711 correspondieron a empresas del sector.

CONICET, INTI e INTA: los más golpeados por el ajuste

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) encabeza la lista de organismos más afectados, con 1.912 trabajadores menos en los últimos 24 meses. Le siguen el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), ambos con reducciones significativas en sus plantillas.

Según el informe, los organismos transversales del sistema —como la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICT) y la Agencia I+D+i— perdieron el 40% de su personal, un dato que evidencia el alcance de los recortes.

El impacto también se trasladó al ámbito empresarial. FADEA, la Fábrica Argentina de Aviones, redujo su planta en 220 trabajadores, mientras que la Nucleoeléctrica Argentina (NASA) despidió 221 empleados. En ARSAT, la empresa de telecomunicaciones del Estado, la merma alcanzó los 124 puestos.

El deterioro del CONICET: becas y carreras científicas en retroceso

El Grupo EPC-CIICTI realizó un análisis desestacionalizado que muestra la magnitud del deterioro dentro del CONICET. Desde septiembre de 2023, se eliminaron 1.502 becas de investigación y 585 cargos de investigadores de carrera, lo que equivale a 2.087 empleos menos en dos años.

El recorte no solo implica una reducción de personal, sino una pérdida de capacidades científicas y tecnológicas acumuladas durante décadas. Los programas de becas son la base de la renovación generacional del sistema, y su caída afecta de manera directa la continuidad de líneas de investigación en universidades y centros científicos de todo el país.

Un sistema científico que pierde escala

El estudio también incorpora un análisis comparativo con otros países. Según el Grupo EPC-CIICTI, “cualquier comparación internacional —por ejemplo, referida a los datos de la OCDE— demuestra que el sistema científico argentino sufre por falta de escala y por la persistente ausencia de inversión privada en I+D”.

En ese sentido, el informe destaca que Argentina cuenta con apenas tres investigadores cada mil habitantes, mientras que “los países desarrollados a los que el Presidente dice aspirar, llegan a tener hasta diecisiete”.

La brecha, señalan los especialistas, no solo refleja la falta de recursos, sino también una pérdida de visión estratégica respecto al papel del conocimiento científico como motor de desarrollo económico, tecnológico y social.

Contexto y consecuencias: el impacto del ajuste sobre el futuro

La contracción del empleo en el sector de ciencia y tecnología se enmarca en una política de ajuste fiscal y reducción del gasto público impulsada por el gobierno de Milei. La decisión de congelar ingresos, suspender becas y paralizar proyectos tiene efectos que trascienden lo inmediato: muchos científicos emigran o buscan alternativas en el sector privado, mientras las instituciones pierden capacidad operativa.

Para los especialistas, el proceso actual no solo debilita la estructura científica, sino que rompe el tejido institucional que sostiene la producción de conocimiento en el país. “El sistema está siendo desmantelado por goteo. Cada renuncia o despido implica una pérdida de saber acumulado que llevará años recuperar”, advirtió un investigador del CONICET consultado por el informe.

Con el impulso político obtenido tras las elecciones legislativas de octubre, el Gobierno nacional acelera la redacción de una reforma laboral que busca ser debatida en sesiones extraordinarias antes de fin de año. Aunque todavía no hay un texto oficial, los borradores que circulan entre laboralistas y dirigentes sindicales despertaron una fuerte preocupación: para muchos especialistas, el anteproyecto pone en riesgo derechos consagrados en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

En los estudios jurídicos ya comenzó el análisis técnico de los puntos más controvertidos. La coincidencia entre los expertos es casi unánime: varias de las modificaciones vulnerarían garantías constitucionales básicas, lo que anticipa una intensa judicialización si el proyecto llega al Congreso tal como está.

Jornadas de hasta 12 horas: “un retroceso de un siglo”

Uno de los aspectos más sensibles es la posibilidad de extender la jornada laboral de ocho a doce horas diarias. Hoy la legislación vigente establece un máximo de ocho horas por día o 48 semanales, con límites más estrictos para el trabajo nocturno y para menores de edad.

Para los especialistas, la medida colisiona con el principio constitucional de “jornada limitada” y con tratados internacionales incorporados a la Carta Magna. “Sería un retroceso de cien años en materia de derechos laborales”, sintetizó un abogado del fuero laboral. La ampliación horaria, advirtieron, afecta la salud y la seguridad del trabajador, pilares que el derecho del trabajo protege desde principios del siglo XX.

Vacaciones fraccionadas y pagos parciales: el descanso en riesgo

Otro punto bajo observación es la división del período de vacaciones en varios tramos, lo que diluye la finalidad del descanso prolongado. La jurisprudencia argentina ha sostenido que el objetivo del régimen vacacional es la recuperación física y mental del trabajador, un propósito que se perdería con interrupciones o fraccionamientos sucesivos.

Además, los pagos parciales de vacaciones o indemnizaciones —también contemplados en el borrador— serían, según los laboralistas, una forma de precarización encubierta, incompatible con el derecho de propiedad y el principio de integralidad salarial que protege la Constitución.

Indemnizaciones con tope y en cuotas: alivio para empresas, costo para empleados

La iniciativa prevé que las pequeñas y medianas empresas puedan pagar las indemnizaciones en hasta 12 cuotas mensuales, con un tope de 10 sueldos. Este esquema choca de lleno con la LCT, que establece una compensación equivalente a un mes de salario por cada año trabajado, sin límite y con pago íntegro.

“Más allá del argumento de aliviar la carga a las pymes, en los hechos se traslada el costo del despido al trabajador”, explican los abogados laboralistas. Además, el Código Civil y Comercial prohíbe el pago parcial de deudas si el acreedor no lo acepta, lo que sumaría otro conflicto jurídico.

Banco de horas: flexibilidad con pérdida salarial

El borrador introduce la figura del “banco de horas”, un sistema que permitiría compensar horas extras con días de descanso, eliminando el pago con recargo. El Gobierno lo presenta como una herramienta de “modernización”, pero desde el sindicalismo advierten que, en la práctica, implica una reducción del salario real y una mayor disponibilidad horaria sin retribución económica.

Actualmente, la LCT establece un recargo del 50% o del 100% según el día y horario de las horas extras, un esquema que protege al trabajador de los abusos en la carga laboral.

El regreso de los “tickets canasta”: la sombra de los 90

Entre los puntos más polémicos figura el posible retorno de los vales de comida o “tickets canasta”, eliminados en 2007. Este sistema, característico de la flexibilización laboral de los años 90, fue declarado de carácter salarial por la Corte Suprema en 2009, al reconocer que debía integrarse a los aportes y contribuciones.

De reinstaurarse, advierten los especialistas, se excluiría parte del salario de los aportes jubilatorios y del cálculo de indemnizaciones, lo que debilitaría la protección social del trabajador y reproduciría esquemas ya superados.

Fin de la ultraactividad: golpe a la negociación colectiva

La propuesta también contempla eliminar la ultraactividad de los convenios colectivos, es decir, su vigencia automática hasta que se firme un nuevo acuerdo. Para los expertos, esta decisión desequilibra las relaciones laborales y debilita el poder de negociación sindical, en abierta contradicción con los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que tienen jerarquía constitucional en Argentina.

“Quitar la ultraactividad es desconocer los compromisos internacionales del país y retroceder en materia de libertad sindical”, alertaron fuentes gremiales.

Una reforma en conflicto con la Constitución

De aprobarse en los términos actuales, la reforma nacería con serias inconsistencias jurídicas, advierten los especialistas. Las modificaciones afectarían artículos centrales de la LCT sin revisar su estructura general, lo que generaría conflictos de interpretación y posibles planteos de inconstitucionalidad.

“No es una modernización del trabajo, sino una reedición de las recetas de los años 90”, sostienen desde el ámbito sindical. Mientras tanto, en los estudios de abogados laboralistas ya se preparan los argumentos que podrían llevar la disputa a los tribunales.

La pulseada recién comienza, pero el horizonte anticipa una batalla legal que podría redefinir los límites entre la flexibilidad empresarial y los derechos laborales.

En un contexto de persistente pérdida del poder adquisitivo y marcada informalidad laboral, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) aprobó un aumento del 2,7% para las trabajadoras y trabajadores del sector, que se aplicará de forma escalonada entre noviembre y diciembre de 2025. La medida contempla un incremento del 1,4% sobre los haberes de noviembre y un 1,3% adicional en diciembre, calculado sobre los valores ya actualizados del mes anterior.

Además, el organismo ratificó la continuidad del bono extraordinario no remunerativo, una suma fija que se extenderá durante noviembre, diciembre y enero, con el objetivo de reforzar los ingresos y compensar parcialmente la inflación acumulada del año.

Según lo establecido, el monto del bono variará según la carga horaria semanal:

$14.000 para quienes trabajen más de 16 horas semanales,

$9.000 para jornadas de entre 12 y 16 horas,

$6.000 para quienes cumplan hasta 12 horas por semana.

Estas cifras, de carácter no remunerativo, no se incorporarán al salario básico para el cálculo del aguinaldo ni de otros ítems, aunque representan un alivio temporal en los ingresos del sector, que aún permanece entre los más rezagados del mercado laboral argentino.

El acuerdo fue alcanzado por consenso entre representantes de la Secretaría de Trabajo, sindicatos del sector y cámaras empleadoras, y busca mantener un sendero de recomposición gradual mientras continúa la negociación por una mejora más significativa en el primer trimestre de 2026. Voceros gremiales valoraron el entendimiento, aunque remarcaron que la recuperación del salario real todavía se encuentra lejos de los niveles previos a la pandemia y a la aceleración inflacionaria de los últimos años.

Escala salarial actualizada a noviembre de 2025:

Supervisores/as (coordinación y control de tareas)

Por hora (con retiro): $3.734,77

Por hora (sin retiro): $4.090,53

Mensual (con retiro): $465.904,33

Mensual (sin retiro): $518.965,42

Personal para tareas específicas (cocina, mantenimiento calificado, etc.)

Por hora (con retiro): $3.535,82

Por hora (sin retiro): $3.876,43

Mensual (con retiro): $432.851,44

Mensual (sin retiro): $481.837,14

Caseros/as (cuidado general y conservación de la vivienda)

Por hora (sin retiro): $3.340,11

Mensual (sin retiro): $422.316,43

Asistencia y cuidado de personas (adultos mayores, niños, enfermos)

Por hora (con retiro): $3.340,11

Por hora (sin retiro): $3.734,77

Mensual (con retiro): $422.316,43

Mensual (sin retiro): $470.627,40

Personal para tareas generales (limpieza, lavado, cocina diaria, mantenimiento básico)

Por hora (con retiro): $3.095,73

Por hora (sin retiro): $3.340,11

Mensual (con retiro): $379.784,94

Mensual (sin retiro): $422.316,43

El nuevo acuerdo paritario para trabajadoras de casas particulares representa un avance modesto pero necesario dentro de un escenario económico todavía adverso. Con una inflación persistente y márgenes de informalidad elevados, el desafío sigue siendo lograr una mejora estructural del salario real y una mayor formalización del sector, que emplea a más de un millón de personas en todo el país, en su mayoría mujeres.
La continuidad del bono no remunerativo y el aumento escalonado son medidas paliativas, pero la verdadera discusión —advierten los gremios— deberá centrarse en recuperar el valor del trabajo doméstico como un empleo formal, protegido y digno.