Mientras el Gobierno nacional avanza con su proyecto de reforma laboral y busca apoyos en las provincias, el sindicalismo despliega una estrategia federal para frenar una iniciativa que, según advierten, amenaza conquistas históricas, debilita la organización colectiva y profundiza la precarización del empleo.

La reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei se convirtió en uno de los principales ejes de conflicto político y social del inicio del año. Lejos de un debate técnico, el proyecto abrió una pulseada de alcance federal en la que el Poder Ejecutivo busca sumar respaldo de los gobernadores, mientras el movimiento obrero organiza su propia contraofensiva territorial para bloquear su avance.

En ese marco, Marcelo Mena, titular nacional de ASIJEMIN, expresó una postura categórica: la iniciativa oficial no representa una modernización del sistema laboral, sino “un retroceso estructural” que impacta de lleno sobre los trabajadores y las organizaciones sindicales. “Ataca directamente a las conquistas laborales, al derecho colectivo y a las instituciones que defienden el trabajo”, sostuvo.

La lectura que predomina en amplios sectores del sindicalismo es que la reforma, tal como está planteada, no generará empleo genuino ni mayor productividad, sino que favorecerá a un núcleo reducido de capital concentrado. “No va a generar absolutamente nada positivo. Beneficia a un capital muy pequeño y debilita el entramado laboral”, advirtió Mena, en sintonía con la posición que atraviesa a gran parte de la CGT y de las organizaciones gremiales del país.

La respuesta sindical no se limita al plano discursivo. La Confederación General del Trabajo ya confirmó un paro nacional con movilización para el próximo 10 de febrero, una medida que cuenta con amplio consenso en la mesa sindical y que promete tener impacto en todo el territorio. “Estamos en sintonía. El movimiento obrero entiende que, si no defendemos nuestras conquistas y el derecho laboral, vamos a perder mucho más que una reforma”, remarcó el dirigente.

El conflicto se inscribe, además, en un contexto económico complejo. Aunque el Gobierno exhibe indicadores de inflación en descenso, persisten tensiones en rubros sensibles como transporte, energía y servicios, con un fuerte impacto sobre el poder adquisitivo. Según distintos estudios, una porción creciente de la población quedó excluida incluso de consumos básicos como el descanso o las vacaciones.

Desde el sector energético y minero, Mena aportó una mirada que combina realismo y advertencia. En el petróleo se registró una caída del empleo, mientras que la minería metalífera atraviesa una meseta sin crecimiento. “No hubo expansión. Estamos esperando inversiones que no terminan de llegar, en un escenario internacional cada vez más complejo”, explicó, aludiendo también a la volatilidad de los precios y a los condicionantes geopolíticos.

Lejos de encapsularse en su propia realidad sectorial, el dirigente subrayó la necesidad de una solidaridad activa dentro del movimiento obrero. “Tener estabilidad laboral no nos exime de ser solidarios con quienes no la tienen. Somos trabajadores y seres humanos que aspiran a un país con empleo y desarrollo”, afirmó.

La disputa por la reforma laboral excede largamente el contenido de un proyecto legislativo. Lo que está en juego, advierte el sindicalismo, es el modelo de relaciones laborales, el rol de las organizaciones colectivas y la capacidad del país para sostener un desarrollo con inclusión.

Frente a una ofensiva que prioriza la rentabilidad de pocos, el movimiento obrero apuesta a la movilización, al diálogo con las provincias y a la defensa integral de los derechos conquistados. El 10 de febrero asoma, así, como una fecha clave en una confrontación que definirá mucho más que una reforma: el rumbo del trabajo en la Argentina.

El presunto “equilibrio fiscal” que exhibe el gobierno de Javier Milei se sostiene sobre un ajuste profundo y altamente selectivo. La eliminación de la obra pública, el recorte a las universidades, el deterioro de jubilaciones, baja en salarios a estatales y el ahogo financiero a las provincias conforman una deuda social creciente que empieza a mostrar límites económicos y políticos.

El balance fiscal que el Gobierno presenta como uno de sus principales logros económicos se apoya, según los datos oficiales, en un recorte histórico del gasto público. De acuerdo con el último informe de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), el Gasto Total de la Administración Pública Nacional en 2025 se contrajo un 28,1% en términos reales respecto de 2023. Sin embargo, más allá de la magnitud del ajuste, lo verdaderamente revelador es su composición: la “motosierra” no fue pareja, sino quirúrgica, concentrada en áreas clave para el desarrollo, la cohesión federal y la protección social.

El caso más extremo es el del Gasto de Capital, es decir, la inversión nacional en infraestructura. En apenas dos años, este rubro sufrió un recorte del 79,4% real, como consecuencia directa de la decisión política de suspender casi por completo la obra pública. El impacto va mucho más allá del plano contable: rutas paralizadas, obras inconclusas, deterioro de servicios básicos y una destrucción masiva de empleo en el sector de la construcción, uno de los mayores generadores de trabajo formal e indirecto en el país.

El segundo ajuste más significativo fue el de las Transferencias Corrientes a las provincias, que cayeron un 60,5% real entre 2023 y 2025. Se trata, en su mayoría, de fondos “no automáticos” destinados a sostener programas de salud, educación, transporte y obra pública local. El recorte puso a las administraciones provinciales contra las cuerdas, obligándolas a reducir gastos, frenar inversiones, endeudarse o aumentar impuestos locales. Este ahogo financiero explica buena parte de la creciente tensión política entre la Casa Rosada y los gobernadores, incluso aquellos inicialmente alineados con La Libertad Avanza, y está en la base de las recientes derrotas legislativas del oficialismo, que debió retroceder y modificar aspectos clave de sus proyectos de reforma.

En tercer lugar aparece el recorte a las Transferencias a Empresas Públicas y Fondos Fiduciarios, que se redujeron un 39,6% en términos reales. Este ajuste se tradujo en una drástica reducción de subsidios al transporte y la energía, con el objetivo explícito de eliminarlos por completo. El resultado fue un brutal aumento de tarifas que impactó de lleno en el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, prácticamente congelados frente a la inflación, y un fuerte desfinanciamiento de empresas estatales estratégicas, hoy sometidas a planes de “saneamiento”, recortes de personal o directamente procesos de privatización.

El ajuste también alcanzó de lleno a los ingresos laborales y al sistema universitario. Los salarios de los trabajadores de la administración pública nacional perdieron un 27,3% de su poder adquisitivo real respecto de 2023, una caída prácticamente idéntica a la sufrida por las universidades nacionales, cuyo presupuesto se redujo un 27,7% real en el mismo período. Este recorte explica el conflicto persistente con el sistema científico y educativo, y el intento del Gobierno de vetar o derogar leyes de financiamiento universitario bajo el argumento del “equilibrio fiscal”.

Sin embargo, incluso bajo este esquema de ajuste severo, los resultados fiscales comienzan a mostrar señales de fragilidad. El cierre del último ejercicio anual reveló que diciembre fue el cuarto mes consecutivo con una brecha negativa entre el crecimiento de los ingresos y el de los gastos. Mientras los ingresos cayeron un 4,6% interanual, el gasto creció un 3,1%, evidenciando un deterioro en las cuentas públicas que pone en cuestión la sostenibilidad del modelo.

El equilibrio fiscal que exhibe el Gobierno de Javier Milei no es neutro ni gratuito: se construye sobre la paralización de la obra pública, el desfinanciamiento educativo, el deterioro de jubilaciones y salarios y el ahogo de las provincias. Los datos muestran que el ajuste ya alcanzó un límite económico y social, mientras los números fiscales empiezan a tensionarse. De cara a 2026, el Ejecutivo enfrenta una disyuntiva cada vez más clara: profundizar un ajuste que recae sobre una sociedad exhausta o admitir que el dogma del superávit permanente choca con la realidad de una deuda social que sigue creciendo.

La eliminación de aranceles a la importación de celulares dispuesta por el gobierno de Javier Milei generó un fuerte rechazo en Tierra del Fuego, donde se concentra la mayor parte de la producción nacional de electrónica. Autoridades provinciales, municipales y gremiales advierten que la medida podría provocar entre 2.000 y 2.500 despidos directos, con impacto en toda la economía regional.

La decisión del Gobierno nacional de avanzar con el arancel cero para la importación de teléfonos celulares encendió todas las alarmas en Tierra del Fuego, provincia que desde hace décadas sostiene uno de los polos industriales más importantes del país. Allí se concentra la mayor parte de la producción nacional de electrónica, un sector que emplea de manera directa a 7.569 trabajadores, de los cuales el 83% está vinculado a la fabricación de celulares y dispositivos tecnológicos.

Según estimaciones oficiales y sindicales, la medida pone en riesgo inmediato entre 2.000 y 2.500 puestos de trabajo directos. Pero el impacto no se limita a las plantas fabriles: la caída de la actividad amenaza también a miles de empleos indirectos en comercio, transporte, logística, servicios técnicos y proveedores, que dependen del funcionamiento del entramado industrial fueguino.

El gobernador Gustavo Melella fue contundente al cuestionar la decisión del Ejecutivo nacional. “No hay nada que festejar”, afirmó, al advertir que detrás de cada incremento de importaciones se esconde una pérdida concreta de empleo local. “Tras cada aumento de importaciones hay un trabajo argentino menos. Mejor dicho: un trabajador argentino menos. Una familia más en problemas”, expresó.

Melella contextualizó la medida dentro de un escenario laboral ya deteriorado. Según datos de la Encuesta de Indicadores Laborales, el empleo formal cayó un 2,8% a nivel nacional desde fines de 2023, mientras que en Tierra del Fuego la contracción alcanza el 9,6%. En términos absolutos, esto implica 176.908 puestos de trabajo destruidos en todo el país, una cifra que refuerza la preocupación por nuevas políticas de apertura sin protección productiva.

Pese al diagnóstico crítico, el gobernador ratificó el compromiso de la provincia con el empleo y la producción. “Junto a los municipios, a cada trabajador y trabajadora, a cada familia fueguina, seguiremos construyendo oportunidades reales para nuestra provincia. Con más producción y más trabajo, seguiremos adelante”, sostuvo.

En la misma línea se pronunció el intendente de Río Grande, Martín Pérez, quien cuestionó el argumento oficial de que la quita de aranceles se traducirá en una baja significativa de precios para los consumidores. “Nos venden desde Buenos Aires que esto es para bajar precios”, señaló, y recordó experiencias recientes que desmienten esa promesa.

Pérez mencionó el antecedente de la apertura de importaciones durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando se habilitó el ingreso irrestricto de notebooks y otros productos electrónicos. “No bajaron los precios, pero sí se perdieron miles de puestos de trabajo”, afirmó.

Para el jefe comunal, la competencia es desigual cuando el propio Estado decide favorecer productos importados por sobre los fabricados en el país. “No se trata de privilegios. Se trata de defender producción nacional, empleo argentino y el trabajo de miles de familias fueguinas”, remarcó.

Desde la Secretaría de Industria provincial, la advertencia fue aún más cruda. La titular del área, Alejandra Man, afirmó que con la eliminación de aranceles “es imposible competir contra China”, principal origen de los celulares importados. La funcionaria explicó que la industria local no cuenta con condiciones equivalentes para enfrentar la escala, los costos y el financiamiento de la producción asiática.

La medida, que entró en vigencia de forma inmediata y sin instancias de transición ni políticas de acompañamiento, deja a la industria fueguina expuesta a una apertura total del mercado. Para las autoridades locales, esta decisión compromete la sostenibilidad de un sector clave que no solo genera empleo formal, sino que estructura gran parte de la economía provincial.

La eliminación del arancel a la importación de celulares vuelve a poner en discusión el modelo productivo argentino y el rol del Estado en la protección del empleo. En Tierra del Fuego, la decisión no se vive como una oportunidad, sino como una amenaza concreta a miles de puestos de trabajo y al entramado industrial construido durante décadas. Sin medidas compensatorias ni una estrategia de desarrollo, la apertura comercial aparece, una vez más, como un ajuste silencioso que se traduce en fábricas paralizadas, familias en incertidumbre y economías regionales al borde de una nueva crisis.