El referente metalúrgico Martín Solazzo cuestionó con dureza el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional. Alertó sobre la pérdida de derechos conquistados, la ausencia de beneficios reales para el empleo y convocó a un debate abierto en San Juan para informar y dar voz a los trabajadores antes del tratamiento legislativo.

La reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei, volvió a encender la alarma en el movimiento obrero. En San Juan, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) se sumó con firmeza al rechazo sindical y advirtió que el proyecto oficial no solo carece de incentivos reales para la generación de empleo, sino que avanza sobre derechos históricos conquistados a lo largo de décadas.

Martín Solazzo, Secretario general del gremio metalúrgico en la provincia, fue categórico al analizar el escenario actual. “En el contexto político y laboral que estamos viviendo, no sobra nadie. La división no es el camino: la unidad es una necesidad”, sostuvo, al tiempo que valoró el proceso de acercamiento entre sindicatos frente a una iniciativa que consideran regresiva.

El dirigente explicó que, tras un reciente congreso gremial con asesoramiento de abogados especializados, el diagnóstico fue unánime: el proyecto no presenta un solo punto favorable para los trabajadores. “No encontramos ningún beneficio real. Lo que vemos es una avanzada que implica resignar derechos que costaron años de lucha”, señaló.

Desde la mirada sindical, la reforma no está orientada a dinamizar la producción ni a fortalecer la industria nacional. Por el contrario, Solazzo advirtió que el esquema propuesto podría derivar en una reducción del empleo. “Si una empresa puede extender la jornada laboral sin límites claros, ¿para qué sostener más personal? Es una contradicción que nadie explica”, cuestionó.

En ese sentido, apuntó también contra el relato oficial que presenta la iniciativa como una herramienta de modernización. “La quieren disfrazar, pero es una ley pensada para facilitar despidos, no para crear trabajo ni fortalecer la mano de obra calificada”, afirmó, y alertó sobre las consecuencias a mediano y largo plazo para el entramado productivo del país.

El gremialista valoró especialmente el endurecimiento de la postura de la CGT y el despliegue político que se está llevando adelante en el Congreso para frenar el tratamiento del proyecto. “Celebramos la unidad sindical y el trabajo que se está haciendo en Diputados y el Senado. Vamos a necesitar todos los aliados posibles para impedir que esta reforma avance”, remarcó.

En este aspecto, desde la UOM San Juan decidieron abrir el debate hacia la base trabajadora. El próximo sábado 7 de febrero, a las 19 horas, el sindicato realizará un encuentro abierto en su sede provincial. La convocatoria está dirigida no solo a afiliados metalúrgicos, sino también a trabajadores de otros sectores, estudiantes y público en general.

“El problema es que muchos trabajadores no están bien informados. Parte de los medios distorsionan el contenido de la ley y eso genera confusión”, explicó Solazzo. Por ese motivo, el encuentro contará con la participación de abogados especializados que abordarán el contenido técnico de la reforma, comparando los derechos vigentes con las modificaciones propuestas.

El dirigente fue enfático en aclarar que no se trata de una instancia de adoctrinamiento político. “Queremos explicar qué dice la ley, artículo por artículo, para que cada trabajador saque sus propias conclusiones. Hoy, paradójicamente, el trabajador es el gran ausente en esta discusión”, sostuvo.

Con este escenario, el sindicalismo metalúrgico busca disputar no solo el voto parlamentario, sino también el sentido del debate público. Frente a una reforma que consideran regresiva, la estrategia combina unidad gremial, presión institucional y participación directa de los trabajadores.

La convocatoria en San Juan se inscribe en esa lógica: informar, debatir y devolverle la voz a quienes, según advierten desde la UOM, serían los principales afectados. En un clima de alta tirantez social y política, el futuro de la reforma laboral aparece cada vez más atado a la capacidad del movimiento obrero de sostener cohesión, argumentos y presencia en la escena pública.

El triunvirato cegetista inicia una gira por el interior para influir en el voto de senadores y gobernadores frente a la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Córdoba será la primera parada, en un escenario atravesado por tensiones fiscales, internas sindicales y negociaciones reservadas con el oficialismo.

La Confederación General del Trabajo (CGT) pondrá en marcha este martes en Córdoba su primera ofensiva territorial para intentar frenar la sanción de la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional y que comenzará a debatirse en el Senado a partir del 11 de febrero. La elección de la provincia no es casual: el gobernador Martín Llaryora aparece como uno de los mandatarios que, al menos en público, expresó reparos tanto al recorte de derechos laborales como al impacto fiscal del proyecto sobre las provincias.

La delegación cegetista estará encabezada por los integrantes del triunvirato —Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello—, quienes definieron a comienzos de mes una estrategia de contactos directos con gobernadores y senadores para condicionar el tratamiento parlamentario de la iniciativa oficial. El objetivo inmediato es claro: impedir que la reforma sea sancionada en sesiones extraordinarias y forzar su discusión en el período ordinario, ganando tiempo en un contexto económico y político todavía inestable para el Ejecutivo.

En Córdoba, la CGT buscará comprometer a Llaryora para que los legisladores de su provincia no acompañen el proyecto. El gobernador ya había marcado distancia al plantear la necesidad de debatir nuevas modalidades laborales sin retroceder en derechos adquiridos. “Me parece importante discutir las nuevas modalidades de trabajo, dar un marco de seguridad jurídica privilegiando a las pymes, pero no volver para atrás ni un milímetro con los derechos de los trabajadores”, sostuvo durante el inicio del Festival de Cosquín, en una definición que fue leída con atención por el sindicalismo.

El itinerario original de la central obrera incluía visitas a Tucumán, Salta, Catamarca y Santa Fe, y luego a Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Sin embargo, hasta ahora, la agenda aparece raleada: Córdoba es el único encuentro confirmado. Desde la CGT reconocen malestar por la falta de respuestas de tres gobernadores —Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil—, a quienes acusan de dilatar o directamente esquivar las reuniones. Para la conducción sindical, esa actitud refuerza la sospecha de que una mayoría de mandatarios podría terminar alineándose con el Gobierno en el Congreso.

El trasfondo fiscal profundiza las tensiones. El capítulo impositivo de la reforma laboral, que reduce los fondos coparticipables derivados del Impuesto a las Ganancias, genera resistencia en varias provincias. Aun así, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantiene una posición inflexible frente a cualquier esquema de compensación, lo que introduce dudas sobre la solidez del respaldo provincial al proyecto.

Cristian Jerónimo, cotitular de la CGT, buscó relativizar la idea de un apoyo automático de los gobernadores. “No están dispuestos a firmar a libro cerrado una medida como este proyecto de ley”, afirmó, y agregó que la central viene “generando conciencia con cada gobernador y con cada senador”, en un intento por sostener una vía de presión política más institucional.

Con este panorama, la CGT despliega una estrategia de negociación múltiple dentro del oficialismo. Mantiene contactos reservados con el asesor presidencial Santiago Caputo; con el sector que orbitan Martín y “Lule” Menem, en articulación con el ministro del Interior Diego Santilli; y con Patricia Bullrich, desde el Senado, donde funciona una comisión técnica que analiza modificaciones al texto original. En ese marco, Federico Sturzenegger quedó marginado de las conversaciones, una señal de que el Gobierno prioriza preservar canales de diálogo con la central obrera.

Sin embargo, en la CGT predomina la cautela. Aunque admiten una “buena predisposición” oficial para introducir cambios, aseguran que todavía no hubo decisiones concretas. “Nadie bajó el martillo”, repiten en voz baja.

El plan moderado de la conducción cegetista convive, además, con una creciente presión interna. Sectores sindicales más duros, junto con las dos CTA, avanzaron esta semana en un plan de lucha propio. En un encuentro realizado en la UOM, resolvieron movilizaciones en Córdoba el 5 de febrero y en Rosario el 10, además de paros y protestas el día en que el Congreso trate la reforma.

El dirigente de ATE, Rodolfo Aguiar, fue uno de los más explícitos: llamó a “exponer a los gobernadores” que acompañen el proyecto y advirtió que la reforma “termina por desfinanciar y fundir a las provincias”. Sus declaraciones reflejan el clima de creciente conflictividad que rodea el debate.

La CGT juega una partida compleja y de alto riesgo. Mientras apuesta a una táctica federal para erosionar el respaldo político a la reforma laboral, enfrenta la desconfianza de algunos gobernadores, la dureza fiscal del Gobierno y la presión de un sindicalismo que exige respuestas más contundentes. Córdoba será el primer test de una ofensiva que busca ganar tiempo y modificar el equilibrio de fuerzas en el Congreso. Si fracasa, el escenario que se abre es el de una confrontación abierta entre el Ejecutivo y el movimiento obrero, con consecuencias políticas y sociales que podrían extenderse mucho más allá del debate legislativo.

La combinación de apertura indiscriminada de importaciones, derrumbe del consumo interno y aumento de costos productivos desató en enero una nueva ola de despidos y conflictos laborales en todo el país. La industria manufacturera concentra el mayor impacto, mientras crece la tensión social ante la inminencia de una reforma laboral sin consensos.

Argentina atraviesa uno de los momentos más delicados de su mercado laboral desde la crisis de 2001. El inicio de 2026 consolidó una tendencia que se venía profundizando durante el último trimestre del año pasado: despidos masivos, suspensiones, cierres de plantas y una conflictividad sindical en ascenso que se extiendió de manera federal.

Los datos oficiales confirman la gravedad del escenario. Solo en octubre de 2025 se perdieron más de 33.000 puestos de trabajo registrados en el sector privado, mientras que desde el inicio del actual gobierno ya se acumulan alrededor de 270.000 empleos destruidos. Lejos de desacelerarse, la dinámica se intensificó en enero, especialmente en la industria manufacturera, donde más de 60.000 trabajadores quedaron fuera del sistema en los últimos dos años.

La caída abrupta del consumo interno, el encarecimiento de tarifas energéticas, las elevadas cargas financieras y, sobre todo, la apertura de importaciones sin mecanismos de protección para la producción local, aparecen como factores centrales del deterioro. El ingreso masivo de productos asiáticos a precios sensiblemente más bajos profundizó una competencia desigual que golpea de lleno a las economías regionales y a los polos industriales del país.

Importaciones letales: el derrumbe del entramado textil

El sector textil se convirtió en uno de los símbolos más claros del ajuste. En Tucumán, Hilados SA (TN & Platex) paralizó su planta hasta febrero de 2026 y suspendió a 190 trabajadores, en un contexto de desplome de ventas y duplicación de importaciones de indumentaria desde China. En La Rioja, la misma firma cerró otra fábrica y dejó sin empleo a 70 operarios, profundizando la crisis social en una provincia altamente dependiente de la industria.

La situación se replica en Santiago del Estero, donde Coteminas Argentina SA anunció 57 despidos recientes, acumulando 112 cesantías en apenas dos meses, mientras que en el Nordeste, la histórica Emilio Alal SACIFI, con más de un siglo de actividad, bajó definitivamente sus persianas en Corrientes y Chaco, afectando a 260 familias. En todos los casos, el diagnóstico se repite: importaciones masivas, costos crecientes, financiamiento inaccesible y un consumo interno en retroceso.

Más allá del textil: despidos que atraviesan toda la industria

La crisis laboral no se limita a un solo sector. En la industria alimenticia, el cierre de la planta de Lamb Weston en Munro dejó 100 trabajadores en la calle, mientras que el gremio STIA denunció un proceso de “industricidio” vinculado a la desprotección del mercado interno. En el sector avícola, Granja Tres Arroyos y WADE enfrentan paros y protestas por incumplimientos salariales que afectan a más de 1.000 empleados.

El escenario se agrava en la industria frigorífica: el establecimiento productor de la marca Paty suspendió a 450 operarios, y en Santa Fe, los trabajadores del Frigorífico Euro ocupan la planta desde noviembre tras meses sin cobrar, en medio de denuncias por vaciamiento empresario.

Una crisis federal que se extiende y se profundiza

Desde la minería hasta el comercio, los conflictos se multiplican en todo el país. En San Luis, más de 50 mineros de Master Lajas mantienen un acampe por abandono patronal; en Córdoba, despidos en metalúrgicas reavivan protestas; en Rosario, Fornax SRL cerró sin previo aviso; y en Tierra del Fuego, la eliminación de aranceles a celulares amenaza 2.500 empleos en la industria electrónica local.

La lista continúa: despidos en supermercados de Misiones, vigiladores sin trabajo en San Juan, 8.000 puestos perdidos en Chubut tras el repliegue de YPF, conflictos en la industria automotriz, petroquímica y de seguros, y un deterioro generalizado de las condiciones laborales que empuja a miles de familias a la incertidumbre.

Análisis: ajuste, reforma laboral y un horizonte de mayor conflictividad

La respuesta de los trabajadores no se hizo esperar. Paros, asambleas, ocupaciones de plantas y denuncias sindicales marcan un clima de creciente tensión social. La caída de la capacidad instalada industrial, registrada nuevamente en noviembre de 2025, anticipa que el escenario podría agravarse en los próximos meses.

El telón de fondo es político y económico. El Gobierno insiste en avanzar con la reforma laboral sin un canal de diálogo efectivo con los sindicatos, lo que eleva el riesgo de una escalada de conflictos. La posibilidad de un plan de lucha nacional, con paro general y movilizaciones, comienza a ganar fuerza en el movimiento obrero.

El “enero negro” del empleo no es un fenómeno aislado ni coyuntural: es la expresión más cruda de un modelo económico que, al priorizar el ajuste y la apertura sin regulaciones, desarticula el entramado productivo y profundiza la precarización laboral. Mientras miles de trabajadores pierden su sustento y la industria nacional retrocede, el país ingresa en un febrero cargado de tensión social, con un futuro inmediato marcado por la incertidumbre y el conflicto.