Jaime Barcelona, dirigente de Adicus, realizó un balance negativo de 2025 para los docentes universitarios y anticipó un escenario de fuerte conflictividad para el próximo año. Salarios deteriorados, paritarias clausuradas y un presupuesto que recorta la inversión educativa configuran, advierte, un rumbo que amenaza el futuro de la universidad pública y del desarrollo nacional.

El cierre de 2025 encuentra a la docencia universitaria atravesada por un clima de profunda preocupación. Así lo expresó Jaime Barcelona, al realizar un balance del año y proyectar los desafíos que se avecinan. “Ha sido un año negativo para todos los trabajadores”, sintetizó, al señalar que los docentes universitarios no escaparon al deterioro general provocado por la combinación de inflación, caída salarial y un ajuste que definió como “brutal”.

Según explicó, el impacto no se limita a la pérdida del poder adquisitivo. A la degradación de los ingresos se suma una amenaza persistente sobre el financiamiento de las universidades, que compromete el normal funcionamiento del sistema educativo superior. “El gobierno mantiene una política de desfinanciamiento que pone en riesgo la continuidad de nuestro trabajo”, advirtió.

La preocupación se profundiza ante la aprobación del Presupuesto 2026, que fue duramente cuestionado por los gremios universitarios, científicos y estatales. Barcelona reveló que el sector recibió un instructivo de liquidación salarial con aumentos del 1% mensual para todo el próximo año, con apenas algunas excepciones del 2,5%. “Esto consolida la pérdida del poder adquisitivo y profundiza el ajuste sobre los trabajadores universitarios”, afirmó, al tiempo que denunció la decisión oficial de no convocar a paritarias y fijar aumentos por decreto.

En ese contexto, anticipó que el inicio del ciclo lectivo 2026 estará atravesado por la conflictividad. “Estamos discutiendo con las bases cómo continuar, porque este escenario no deja margen”, señaló.

Para el dirigente sindical, la aprobación del presupuesto representa un quiebre histórico. Por primera vez en décadas, el Estado se desliga del compromiso de destinar un porcentaje mínimo del PBI a la educación y deja las actualizaciones salariales libradas a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. “Es un golpe directo y profundo al sistema educativo argentino”, sostuvo.

Barcelona fue más allá y vinculó estas decisiones con un modelo de país que, a su entender, renuncia al desarrollo industrial y científico. “Este gobierno no apuesta a la educación, la ciencia ni la técnica porque su proyecto es un país primarizado, exportador de commodities”, afirmó. En esa lógica, la universidad pública y el sistema científico resultan prescindibles.

Uno de los puntos más cuestionados es la eliminación, a través del artículo 30 del presupuesto, del histórico piso del 6% del PBI para educación. Para el dirigente, se trata de uno de los retrocesos más graves desde la recuperación democrática. “Los países que piensan su desarrollo invierten en educación e industria. Este es un modelo retrógrado que nos devuelve a la Argentina posterior a la generación del 80”, comparó, al advertir que incluso se desandan conquistas previas al impulso educativo promovido por Sarmiento.

El diagnóstico de Jaime Barcelona dibuja un escenario inquietante para la universidad pública y el conjunto de los trabajadores. Con salarios en retroceso, paritarias cerradas y un presupuesto que consolida el ajuste, el conflicto aparece como una consecuencia inevitable. “La pelea va a ser por el presupuesto, por la educación y por la reapertura de paritarias, y se va a dar en la calle”, anticipó.

En una situación de creciente tensión social, el debate trasciende lo sectorial y vuelve a plantear una discusión de fondo: qué modelo de país se construye cuando la educación, la ciencia y el conocimiento dejan de ser una prioridad estratégica. Para los docentes universitarios, la respuesta no admite neutralidad y el 2026 se perfila como un año decisivo en esa disputa.

El cierre de cada año habilita un ejercicio inevitable: mirar hacia atrás, evaluar lo recorrido y proyectar lo que viene. Para el movimiento sindical, ese balance adquiere una densidad particular cuando el contexto económico y social se vuelve adverso. Así lo expresó Víctor Menéndez, referente gremial de los trabajadores de estaciones de servicio, playas, lavaderos, gomerías y actividades afines de Cuyo, al analizar un 2025 que definió sin rodeos como “difícil y muy complicado”.

La caracterización no es retórica. Menéndez inscribió el año que termina en un escenario de deterioro sostenido del poder adquisitivo, donde la recomposición salarial quedó sistemáticamente rezagada frente al aumento del costo de vida. “Los salarios han ido por la escalera y los precios por el ascensor”, sintetizó, al tiempo que enumeró los rubros que más golpearon a los trabajadores: alimentos, tarifas y bienes de consumo básico. Un fenómeno que, según remarcó, no solo afectó a la clase trabajadora activa, sino también a jubilados, sectores pasivos, pymes e industrias.

En ese marco, uno de los focos de mayor preocupación durante el año fue el avance del autoservicio en estaciones de combustible, una modalidad que, advirtió, responde a una lógica de reducción de costos empresariales donde “el eslabón más fino siempre termina siendo el trabajador”. Aunque en San Juan su implementación avanzó de manera más lenta que en otros puntos del país, el dirigente reconoció que generó temor e incertidumbre en el personal.

Frente a ese escenario, destacó el rol de la negociación preventiva con las cámaras empresarias y la búsqueda de alternativas para evitar despidos masivos. “Fuimos anticipándonos, dialogando, y logramos que los compañeros pudieran ser reubicados dentro de las mismas estaciones, en nuevos servicios, sin perder su pertenencia gremial”, explicó. Una estrategia defensiva que, aclaró, no elimina el riesgo a futuro, pero sí permite llegar “preparados y atentos” a los cambios que puedan profundizarse.

Más allá de la coyuntura laboral, Menéndez subrayó el esfuerzo institucional sostenido por el gremio en un escenario de recursos escasos y costos elevados. A contramano del parate económico, enumeró una serie de obras y servicios concretados con fondos propios, sin endeudamiento bancario, como la inauguración de una nueva sede en Villa Mercedes, San Luis, con infraestructura integral para los afiliados. “Hacer obras en tiempos difíciles, administrando bien la institución, es un motivo de orgullo”, afirmó.

La proyección para 2026 incluye nuevos desafíos, entre ellos la construcción de una sede en Media Agua, orientada a fortalecer la presencia gremial en el sur sanjuanino, así como la continuidad de políticas sociales, educativas y recreativas: entrega de útiles escolares, apoyo a estudiantes desde nivel inicial hasta secundario, viajes recreativos y campeonatos deportivos regionales y provinciales.

El plano político-sindical ocupa un lugar central en su análisis. Menéndez fue categórico al referirse a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, cuyo tratamiento se prevé para los primeros meses de 2026. Si bien aclaró que el sindicalismo no se opone a una modernización de los convenios colectivos, advirtió que cualquier actualización debe surgir del diálogo y no implicar la pérdida de derechos históricos. “No estamos dispuestos a entregar conquistas que costaron décadas de lucha”, sentenció.

En ese sentido, cuestionó el enfoque de la reforma, a la que definió como redactada “por y para las grandes corporaciones”, y puso en duda su capacidad para generar empleo genuino. Como argumento, recordó que el mayor crecimiento del trabajo registrado en Argentina se produjo entre 2007 y 2015, incluso con herramientas como la doble indemnización vigentes. “El trabajo no se crea flexibilizando derechos, sino poniendo al país a producir”, sostuvo.

El dirigente también vinculó la discusión laboral con el debate presupuestario 2026, al advertir que el ajuste sobre áreas sensibles como salud, educación y seguridad profundiza la desigualdad y debilita el entramado social. “Achicar el Estado a costa de los que menos tienen es una película que ya vimos”, alertó, haciendo comparaciones con experiencias anteriores.

El balance que deja Víctor Menéndez no se limita a un repaso gremial de fin de año: funciona como una advertencia política y social. En un momento de ajuste, reformas estructurales y creciente presión sobre el trabajo, la defensa del empleo, la unidad sindical y la preservación de los derechos aparecen como ejes irrenunciables. Con un 2026 cargado de desafíos, el mensaje es claro: modernizar no puede ser sinónimo de retroceder, y el futuro del trabajo dependerá, una vez más, de la capacidad colectiva para resistir, negociar y construir alternativas en un escenario adverso.

El Gobierno nacional anunció la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), cuyas funciones pasarán al Ministerio de Salud. La decisión, presentada como una medida de “orden y transparencia”, se da en un momento de fuerte ajuste sobre el sector, denuncias de corrupción, una causa judicial en curso y la judicialización de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

El Ejecutivo nacional profundizó este martes su política de reestructuración del Estado con el anuncio de la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La medida fue comunicada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa desde Casa Rosada, donde confirmó que el organismo dejará de existir como ente descentralizado y que sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones.

“Tal como la conocemos, la Agencia Nacional de Discapacidad dejará de existir”, afirmó Adorni, quien buscó llevar tranquilidad al aclarar que la decisión “no implica el recorte de pensiones ni de prestaciones”. Sin embargo, el anuncio se produce en un clima de creciente tirantez con el sector, luego de meses de ajustes presupuestarios y de la negativa del Ejecutivo a aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso y vetada posteriormente por el Presidente, una decisión hoy judicializada.

Desde el Gobierno, la eliminación de la Andis fue justificada como una medida orientada a reducir burocracia y combatir irregularidades. Adorni sostuvo que, desde su creación en 2017, el organismo “acumuló capas administrativas incompatibles con una gestión transparente”, lo que habría derivado —según enumeró— en pensiones mal otorgadas, cobros indebidos, avales médicos sin respaldo clínico y organizaciones que facturaban servicios no prestados.

El jefe de Gabinete aseguró que, al pasar a la órbita de Salud, las políticas de discapacidad contarán con “criterios sanitarios, trazabilidad de expedientes y auditorías permanentes”, además de una reducción del 45,7% de la estructura jerárquica, con la eliminación de 16 cargos políticos. “Un sistema eficiente es condición necesaria para que los recursos lleguen a quienes los necesitan”, remarcó.

No obstante, el anuncio dejó zonas de silencio difíciles de ignorar. La Andis se encuentra atravesada por una causa judicial de alto impacto que investiga una presunta red de coimas vinculada a la compra de medicamentos y contrataciones, cuando el organismo era conducido por Diego Spagnuolo, ex funcionario y hombre de estrecha confianza del presidente Javier Milei. La investigación tomó impulso tras la filtración de audios en los que Spagnuolo describía un entramado ilegal y mencionaba a figuras del entorno presidencial, entre ellas la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El fiscal Franco Picardi, a partir del análisis de conversaciones, documentación y anotaciones manuscritas, determinó la existencia de una red con información privilegiada que se repartía clientes, licitaciones y negocios dentro del sistema. Pese a ello, en su exposición pública Adorni evitó toda referencia a ese expediente y centró sus acusaciones exclusivamente en supuestas irregularidades administrativas vinculadas a las pensiones.

La causa judicial continúa avanzando en Comodoro Py. En ese marco, recientemente se negó a declarar Ornella Calvete, ex funcionaria del Ministerio de Economía e hija de Miguel Ángel Calvete, señalado como presunto jefe de la asociación ilícita. Durante un allanamiento a su domicilio, la Justicia secuestró cerca de 700.000 dólares y más de 19 millones de pesos, cuyo origen no fue justificado. En el expediente también figuran conversaciones que refuerzan las sospechas sobre el entramado de lobby y corrupción en torno a la Andis.

En paralelo, el frente judicial por la Ley de Emergencia en Discapacidad sigue abierto. El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, declaró inválido el decreto presidencial que suspendía la norma y ordenó su aplicación inmediata en todo el país, al considerar que la medida resultaba discriminatoria. El Gobierno apeló el fallo, pero la Cámara Federal de San Martín deberá resolver mientras la sentencia sigue vigente.

La eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad no es un hecho aislado ni meramente administrativo. Se inscribe en una estrategia más amplia de reducción del Estado, atravesada por conflictos políticos, cuestionamientos sociales y causas judiciales de alto voltaje. Mientras el Gobierno promete eficiencia y transparencia, el cierre de la Andis deja abiertos interrogantes centrales: cómo se garantizarán los derechos de las personas con discapacidad, qué impacto real tendrá la absorción en Salud y, sobre todo, si la reestructuración servirá para esclarecer responsabilidades o terminará diluyendo un escándalo que aún espera respuestas. En un terreno tan sensible, la forma en que se implementen estas decisiones será tan relevante como el anuncio mismo.