Más de 158,7 millones de electores están habilitados para votar este domingo 25 de octubre. Tras la ventaja de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta, Lula busca retener la Presidencia con el respaldo de sus bases populares y sindicales, en una disputa con consecuencias para la política económica, los derechos laborales y las relaciones internacionales.

Brasil afronta este domingo una de las elecciones más trascendentes de su historia reciente. Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 años, y el senador Flávio Bolsonaro, de 45, se enfrentan en una segunda vuelta que definirá no solo quién gobernará la mayor economía de América Latina, sino también qué orientación adoptará el país en materia social, laboral y diplomática.

La primera ronda dejó al candidato del Partido Liberal (PL) en ventaja, con el 47,03% de los votos válidos frente al 45,16% obtenido por el actual presidente, del Partido de los Trabajadores (PT). La diferencia obliga a Lula a ampliar su base electoral, mientras Bolsonaro procura convertir el respaldo conservador en una mayoría definitiva. La Justicia Electoral contabiliza más de 158,7 millones de personas habilitadas para participar.

La disputa se desarrolla en un país atravesado por preocupaciones sobre el costo de vida, la inseguridad y el alcance de las políticas sociales. El resultado también tendrá repercusiones regionales: Brasil es una potencia agrícola, industrial y energética, con un peso determinante en el Mercosur y en las relaciones comerciales de América del Sur.

Dos proyectos para la economía y el trabajo

Para el movimiento obrero, la elección tiene una dimensión inmediata. Lula construyó su trayectoria política desde el sindicalismo metalúrgico del cordón industrial del ABC paulista, donde encabezó huelgas obreras a fines de la década de 1970, durante la dictadura militar. Su historia personal continúa siendo uno de los principales activos simbólicos del PT entre trabajadores y organizaciones populares.

Durante sus primeros mandatos, entre 2003 y 2010, su gobierno impulsó programas sociales como Bolsa Família y políticas orientadas a reducir la pobreza. Ahora busca defender ese legado y sostener el papel del Estado en la protección de los ingresos y la inclusión social, aunque enfrenta cuestionamientos por el costo de vida, la aprobación de su gestión y las controversias políticas que marcaron su trayectoria.

Flávio Bolsonaro, por su parte, propone una agenda conservadora centrada en el endurecimiento de las políticas de seguridad, la reducción de la edad de responsabilidad penal y un mayor respaldo a las fuerzas de seguridad. Su candidatura también está atravesada por la situación judicial de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por su participación en un intento de golpe de Estado. Flávio prometió impulsar medidas para beneficiarlo, incluida una amnistía.

La discusión laboral constituye otro punto de contraste. Los sindicatos observan con preocupación la posibilidad de que un gobierno alineado con el bolsonarismo profundice las reformas flexibilizadoras, en un país que ya atravesó una amplia modificación de su legislación laboral en 2017, durante la presidencia de Michel Temer. Para las organizaciones gremiales, el desenlace determinará buena parte de su capacidad de negociación en los próximos años.

Una elección con impacto internacional

La política exterior también divide a los candidatos. Lula reivindica el multilateralismo, la autonomía diplomática y los vínculos comerciales con China, principal socio comercial de Brasil. Su gobierno mantiene, al mismo tiempo, diferencias con la administración estadounidense de Donald Trump, especialmente por los aranceles aplicados a productos brasileños.

Flávio Bolsonaro plantea una relación más estrecha con Washington y comparte afinidades políticas con el presidente estadounidense. Un eventual triunfo reforzaría la influencia conservadora en América Latina y podría modificar las prioridades brasileñas en los organismos internacionales y en la integración regional.

Independientemente del resultado electoral, la nueva gestión asumirá el reto de gobernar un país polarizado y gestionar crisis socioeconómicas latentes. Este desenlace no solo definirá el futuro de Brasil, sino que también reconfigurará el mapa geopolítico de la región.

Desde el jueves 22 de octubre, la Dirección Provincial de Vialidad incorporó un turno de 1 a 7 para trabajar sin interrupciones en el anillo interno, con cuadrillas que operan durante las 24 horas para ampliar el ritmo de ejecución y reducir los plazos de intervención.

La obra, ejecutada por el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía a través de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), contempla una renovación integral de la calzada y de sus sistemas de contención. Además del tendido de una nueva carpeta asfáltica, incluye reparaciones estructurales, limpieza de los tramos intervenidos y adecuación de las defensas metálicas.

En el anillo interno, uno de los trabajos de mayor extensión será la colocación de aproximadamente 9.000 postes nuevos. Para instalarlos es necesario excavar hasta un metro de profundidad, una tarea que se complica por la presencia de piedra y que, en determinados puntos, exige completar los pozos manualmente o con herramientas específicas.

La altura de cada poste debe ajustarse al nivel definitivo de la calzada para garantizar que las barandas queden a 70 centímetros sobre el pavimento terminado. Las defensas que se encuentran en buenas condiciones se mantienen, mientras que los componentes dañados se reemplazan.

Reparaciones debajo del pavimento

Durante los trabajos se detectó un socavón bajo la losa de aproximación del puente de calle España, causado por una filtración de agua que hundió 30 metros de pavimento.»

Para resolverlo, los equipos retiraron el asfalto, reconstruyeron la base y rellenaron la cavidad con hormigón. La reposición de la carpeta asfáltica se realizará una vez concluida la preparación de la superficie.

En el anillo externo se reparan las losas de hormigón rotas y se nivelan los accesos a los puentes. En estos puntos se reconstruyen las bases con suelo-cemento y se aplican capas niveladoras con geogrillas para impedir que las fisuras del pavimento viejo pasen a la nueva superficie.

Las tareas concluyen con la sustitución de los elementos de contención deteriorados, así como con la implementación de señalización vertical y marcas viales horizontales en calzadas y banquinas.

Los cortes de circulación abarcan, en el anillo interno, el tramo comprendido entre la salida hacia calle General Acha y el retorno posterior a calle 9 de Julio. En el externo, la intervención se extiende entre la salida hacia calle Mendoza Norte y avenida Libertador.

La incorporación de tareas nocturnas busca aprovechar cada franja horaria para acelerar una obra que combina renovación superficial, reparación de estructuras y mejoras en la seguridad vial. La continuidad de los trabajos deberá optimizar los tiempos de entrega sin comprometer la calidad de las soluciones aplicadas.

El Monitor de la Reforma Laboral del Instituto Argentina Grande registró 36.000 puestos de trabajo registrados menos y 6.905 empresas cerradas desde marzo. Desde noviembre de 2023, la pérdida acumulada de empleo privado formal asciende a 241.200 puestos, mientras el Gobierno posterga la entrada en vigencia del régimen de Fondos de Asistencia Laboral.

El relevamiento, basado en estadísticas oficiales, contradice las expectativas de generación de empleo asociadas con la Ley de Modernización Laboral. La tendencia, sin embargo, precede a su entrada en vigencia: desde noviembre de 2023, el empleo privado registrado acumuló una caída de 241.200 puestos, mientras desaparecieron 32.290 empresas en todo el país, equivalentes al 6,3% del total considerado por el informe.

La contracción también alcanza a actividades vinculadas con la minería, el petróleo y la intermediación financiera, que no quedaron al margen de la pérdida de puestos laborales. El IAG describió una secuencia prolongada de retroceso del trabajo formal, con caídas mensuales consecutivas y un deterioro que atraviesa distintas ramas productivas.

El mapa territorial refleja diferencias pronunciadas. La Rioja registró una reducción del 21,7% en la cantidad de empresas y Tierra del Fuego, del 15,8%, según las cifras difundidas por el instituto. El informe estima que, desde el inicio de la actual gestión, la economía perdió en promedio 276 empleos registrados por día.

Rosario concentra las señales de alarma industrial

El cordón industrial de Rosario se convirtió en uno de los focos de preocupación para el movimiento obrero. El cierre de la planta de Electrolux, que dejó alrededor de 200 trabajadores sin empleo, se sumó a la paralización de una planta de caucho sintético de Pampa Energía, la reducción de operaciones de General Motors y los despidos denunciados en Nación Servicios.

La acumulación de casos profundizó las diferencias dentro de la CGT. Mientras la conducción nacional privilegió movilizaciones y acciones coordinadas sin convocar a una huelga general, la regional rosarina reclamó respuestas más contundentes ante el deterioro industrial.

El secretario general de la CGT Rosario, Miguel Vivas, se reunió con Jorge Sola, integrante de la conducción nacional, para analizar la pérdida de puestos y la situación de las empresas de la región. Tras el encuentro, cuestionó al Presidente por desconocer, según sostuvo, las dificultades que enfrentan los trabajadores para cubrir sus necesidades básicas.

La preocupación gremial apunta tanto a los despidos inmediatos como a las consecuencias sobre las economías familiares y las redes productivas locales. La reducción de las plantillas industriales repercute sobre proveedores, comercios y servicios vinculados con las fábricas.

El régimen de indemnizaciones vuelve a postergarse

A las cifras laborales se suman las demoras en la implementación de algunos componentes centrales de la reforma. El Decreto 1228/2026 postergó del 1 de noviembre al 1 de diciembre de 2026 la entrada en vigencia de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), creados para financiar obligaciones vinculadas con las indemnizaciones por despido.

La norma también amplió de seis a doce meses completos y consecutivos el período de carencia antes de que los fondos puedan atender esas obligaciones. El Gobierno justificó los cambios por la necesidad de completar adecuaciones operativas y tecnológicas y permitir que los instrumentos acumulen recursos suficientes.

En simultaneo, la Secretaría de Trabajo homologó 19 acuerdos colectivos celebrados entre sindicatos y cámaras empresarias. Entre ellos figuran convenios de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores con entidades representativas del campo. La homologación les otorga validez oficial dentro de sus respectivos ámbitos, aunque no constituye por sí misma una evidencia de creación de empleo.

La discusión de fondo permanece abierta: la modificación de las reglas laborales no ha conseguido, hasta ahora, revertir la contracción del trabajo registrado. Los próximos indicadores permitirán evaluar si la reforma logra modificar esa trayectoria o si la recuperación del empleo continúa condicionada por la evolución de la producción, la inversión y el consumo.