Miles de manifestantes recorrieron el centro de San Juan para reclamar que el Gobierno de Javier Milei cumpla la Ley de Financiamiento Universitario y garantice los recursos necesarios para sostener la educación superior pública. La quinta Marcha Federal Universitaria congregó a estudiantes, docentes, no docentes, autoridades académicas, gremios, organizaciones sociales y referentes políticos, en una protesta que combinó la defensa presupuestaria con el reclamo por los salarios y las condiciones de funcionamiento de las instituciones.

La movilización comenzó en la plaza 25 de Mayo alrededor de las 17:00 y avanzó por Ignacio de la Roza, Alem, avenida Libertador, Aberastain y Mitre, hasta llegar al Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). Allí se realizó el acto de cierre, con discursos de representantes de la comunidad universitaria.

El decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Marcelo Lucero, reclamó que el Gobierno nacional aplique la normativa aprobada por el Congreso y aseguró que las universidades continuarán movilizadas hasta obtener una respuesta. La exigencia comprende tanto la recomposición de los ingresos del personal como la recuperación de los fondos necesarios para sostener las tareas académicas y científicas.

Durante la marcha también se escucharon testimonios sobre el impacto cotidiano del deterioro presupuestario. Algunos estudiantes apoyaron la movilización y manifestaron que, pese a las medidas de fuerza, algunos profesores mantienen las clases y continúan al frente de sus cursos. El relato puso el foco en el esfuerzo de los docentes para sostener la enseñanza aun cuando las condiciones laborales se deterioran.+

En el acto frente al Rectorado, Tadeo Berenguer endureció sus críticas. Describió un proceso de deterioro que, según afirmó, alcanza al presupuesto, los salarios, el empleo, la infraestructura y los proyectos de investigación. Para el rector, la continuidad de esas restricciones amenaza las capacidades que las universidades necesitan para cumplir sus funciones de enseñanza, producción científica y extensión.

El titular de la UNSJ también se refirió al reclamo de padres de estudiantes de los colegios preuniversitarios por los paros y a la presentación judicial impulsada por algunas familias.

Berenguer defendió la pertenencia de esos establecimientos a la universidad y sostuvo que las autoridades no permanecerán al margen de la disputa. “No somos el problema, sino la solución”, afirmó.

Desde la perspectiva académica, la discusión excede la mera actualización de fondos: afecta directamente la viabilidad de la oferta académica, la permanencia del cuerpo docente y científico, y el futuro de la formación profesional.

La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal aceptó una queja del Ministerio de Capital Humano y suspendió provisoriamente la multa de $100.000 diarios que el juez Martín Cormick había impuesto al jefe de Gabinete, Diego Santilli. La Cámara deberá revisar la apelación del Gobierno, mientras continúa la disputa por la actualización de los salarios universitarios y los fondos para becas.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal suspendió las multas diarias contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión de la Sala III se conoció este jueves, mientras estudiantes, docentes, no docentes y organizaciones sociales participaban de la quinta Marcha Federal Universitaria en distintos puntos del país.

El tribunal hizo lugar a una presentación del Ministerio de Capital Humano y dispuso que la apelación del Gobierno se tramite con efecto suspensivo. De ese modo, quedó temporalmente frenada la aplicación de las astreintes, fijadas en $100.000 por día, hasta que avance la revisión judicial. La resolución no determina que el Ejecutivo haya cumplido con sus obligaciones ni resuelve el fondo de la controversia.

La sanción había sido dispuesta el miércoles por el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11. El magistrado consideró que existía un incumplimiento de la cautelar que ordenaba actualizar los salarios de docentes y no docentes de las universidades nacionales y garantizar los fondos destinados a las becas estudiantiles.

El fallo se había producido después de reiteradas intimaciones al Ejecutivo. El 22 de septiembre, Cormick había otorgado un plazo de cinco días para aplicar la ley bajo apercibimiento de sanciones económicas. Ante la falta de cumplimiento que tuvo por acreditada, el juez hizo efectiva la advertencia y dispuso la multa contra el titular de la Jefatura de Gabinete.

La representación legal del Estado cuestionó esa decisión y sostuvo que la cautelar ya se encontraba íntegramente cumplida. La Sala III, integrada por los jueces Sergio Gustavo Fernández, José Luis López Castiñeira y Jorge Eduardo Morán, admitió el recurso de queja y ordenó tramitar la apelación con efecto suspensivo.

El pronunciamiento modifica, por ahora, el alcance inmediato de la sanción económica, pero no elimina la obligación que originó la cautelar ni cierra la discusión sobre la aplicación de la ley. La controversia judicial continuará con el análisis de los argumentos del Gobierno y de los reclamos vinculados con el financiamiento universitario.

La coincidencia entre la resolución judicial y la protesta visibilizó dos dimensiones de una misma disputa: la exigencia de la comunidad universitaria de contar con recursos y salarios actualizados, y la discusión en los tribunales sobre los mecanismos para hacer cumplir las decisiones judiciales El próximo avance del expediente será determinante para establecer si se mantiene la suspensión de las multas y cómo continúa el reclamo por la ejecución de la ley.

El gobernador se reunió con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, para avanzar en una salida financiera para el tramo II de la Ruta Nacional 40 Sur, paralizado entre Tres Esquinas y Cochagual. La provincia también cuenta con un préstamo de US$160 millones de la CAF para modernizar otros sectores del corredor, pero aún debe resolver cómo continuar los trabajos pendientes.

El gobernador Marcelo Orrego llevó a la Casa Rosada el reclamo por la reactivación del tramo II de la Ruta Nacional 40 Sur, durante una reunión con el jefe de Gabinete, Diego Santilli. El encuentro apuntó a destrabar el financiamiento de una obra paralizada por la interrupción de los desembolsos nacionales y la falta de pago a las empresas contratistas.

La intervención pendiente comprende unos 27 kilómetros entre Tres Esquinas y el acceso a Cochagual, en Sarmiento. Su continuidad es una de las prioridades del Gobierno sanjuanino por la importancia del corredor para la conexión con Mendoza y el transporte de la producción local.

Antes de viajar a Buenos Aires, el mandatario sanjuanino había anticipado que insistiría ante las autoridades nacionales para encontrar una alternativa financiera y avanzar también en las gestiones con Vialidad Nacional. Durante una actividad en el departamento Rawson, el gobernador remarcó que la obra no podía quedar relegada y defendió la necesidad de mantener las negociaciones con la administración central.

“A mí no se me cae ni un anillo”, afirmó al justificar sus gestiones en defensa de los intereses provinciales.

El encuentro con Santilli coincidió con las gestiones de San Juan para articular diversas líneas de crédito y reanudar los proyectos viales pendientes. La provincia consiguió la aprobación de un préstamo de US$160 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF) destinado a modernizar cerca de 50 kilómetros de la Ruta 40, distribuidos en dos sectores. Sin embargo, esos recursos no resuelven automáticamente la continuidad del tramo II, cuya ejecución original dependía de fondos de Nación.

Ambos proyectos difieren en un aspecto clave: el crédito internacional da luz verde a las intervenciones pautadas, mientras que el sector Tres Esquinas – Cochagual depende de una resolución estratégica que destrabe la reanudación de las tareas.

Por consiguiente, la negociación con la Jefatura de Gabinete técnico-política está orientada a canalizar la demanda provincial hacia la reactivación efectiva de la obra. De la viabilidad presupuestaria dependerá el cronograma de reanudación de las tareas en una infraestructura puntual para la logística regional y productiva de la provincia.