El programa provincial recorrerá Santa Lucía, 9 de Julio, Chimbas, Rawson, Calingasta y 25 de Mayo entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre. Ya se comercializaron más de 16.000 unidades, frente a las 10.000 de todo 2025.

La próxima semana, los puntos de comercialización estarán distribuidos en Santa Lucía, 9 de Julio, Chimbas, Rawson, Calingasta y 25 de Mayo, con precios de $20.000 para la garrafa de 10 kilos y $30.000 para la de 15 kilos.

La continuidad de la iniciativa responde a la elevada demanda registrada durante los últimos meses. Según datos de la Dirección de Defensa al Consumidor, ya fueron comercializadas más de 16.000 garrafas, mientras que durante todo 2025 se habían vendido unas 10.000 unidades.

El recorrido comenzará el lunes 31 de agosto en Santa Lucía, con atención de 9 a 11 en la Unión Vecinal Villa Balcarce y de 11.30 a 13.30 en el SUM de Villa Alba.

El martes 1 de septiembre será el turno de 9 de Julio, con puestos en la Plaza Chacritas, de 10 a 11, y en la Plaza Independencia de Villa Cabecera, de 11.30 a 12.30.

El miércoles 2, el operativo llegará a Chimbas, con paradas en la Plaza San Cayetano y la Unión Vecinal Villa El Salvador.

Rawson concentrará cuatro puntos de venta el jueves 3 de septiembre: Unión Vecinal Villa San Miguel, calle Florida 174 del barrio Güemes, Plaza Serranías del Sur y Plaza Villa San Damián.

El viernes 4, la propuesta se trasladará a Calingasta, donde habrá cinco puntos de atención entre Villa Calingasta, Tamberías, Sorocayense y Barreal. Ese mismo día, dentro del operativo San Juan Cerca, se venderán garrafas de 11 a 12 en la Escuela Florencia Nightingale de La Chimbera, en 25 de Mayo.

Con la ampliación del cronograma, el Gobierno provincial busca sostener una alternativa de acceso al gas envasado a valores inferiores a los habituales de mercado, mientras la demanda mantiene un ritmo superior al registrado durante el año pasado.

San Juan volverá a ocupar un lugar central en la agenda olivícola internacional con la realización de ArgOliva 2026, que se desarrollará entre el 31 de agosto y el 6 de septiembre. La decimoquinta edición reunirá a productores, empresas, especialistas y compradores en una agenda que combinará promoción comercial, capacitación e innovación tecnológica.

La convocatoria recibió 80 muestras para los concursos de calidad y contará con la participación de 43 empresas. De ese total, 26 son firmas argentinas, que presentaron 49 muestras, mientras que otras nueve compañías de seis países aportaron 13 muestras internacionales. El Concurso Nacional patrocinado por el Consejo Oleícola Internacional (COI) incorporó además producciones de San Juan, Mendoza, La Rioja, Buenos Aires y Córdoba.

La evaluación estará a cargo de jurados especializados y del Panel de Cata de Aceite de Oliva Virgen de la Universidad Católica de Cuyo, en el Laboratorio de Evaluación Sensorial de esa institución.

Uno de los días centrales será el 3 de septiembre, cuando se desarrollarán una ronda internacional de negocios para empresas de alimentos y bebidas, la Mesa Nacional de Olivicultura y el seminario Panorama Internacional, Nuevas Tecnologías para el Olivo. La jornada concluirá con la entrega de premios a los aceites distinguidos.

El 4 de septiembre continuará la ronda comercial y se realizará la Jornada a Campo ArgOliva 2026, con demostraciones de maquinaria y contenidos vinculados con eficiencia hídrica y energética, biotecnología, energías renovables, transformación digital y aprovechamiento de subproductos.

La agenda culminará durante el fin de semana con Expo ArgOliva 2026, los días 5 y 6 de septiembre, en el Centro de Convenciones Barrena Guzmán y los Jardines del Ferro-Urbanístico. La entrada será gratuita y habrá productores, gastronomía, música y propuestas culturales para familias y turistas.

Con esta nueva edición, San Juan consolidará una semana dedicada a mostrar su producción olivícola, fortalecer vínculos comerciales y acercar al público una de las cadenas agroindustriales con mayor presencia en la provincia.

Prestadores y profesionales denuncian que la cadena de pagos permanece interrumpida y que algunos servicios adeudan prestaciones desde mayo. Ante la falta de respuestas, anunciaron la suspensión de tratamientos y una movilización para el lunes 31 de agosto, mientras Diputados postergó hasta septiembre el debate sobre la emergencia del sistema.

La falta de pagos a los prestadores generó una crisis y dejó sin recursos a los centros de atención a personas con discapacidad. Algunos trabajadores aseguran que todavía no cobraron servicios correspondientes a mayo y junio.

La demora se habría producido en el circuito que vincula a las obras sociales, la Superintendencia de Servicios de Salud y ARCA, aunque los prestadores aseguran desconocer en qué punto quedó frenada la transferencia de recursos.

El mecanismo comienza cuando los profesionales facturan sus servicios a las obras sociales. Luego, las prestaciones son presentadas ante la Superintendencia, que interviene en la liquidación de los fondos destinados a discapacidad. La interrupción en alguno de esos pasos terminó paralizando los pagos a quienes brindan directamente los tratamientos.

Ante la falta de respuestas, organizaciones de profesionales anunciaron que desde el lunes 31 de agosto suspenderán tratamientos y realizarán movilizaciones. El reclamo alcanza a terapistas, psicólogos, fonoaudiólogos y otros trabajadores vinculados con la atención de personas con discapacidad.

Un aumento que no alcanza

El conflicto se profundizó pese a que el Gobierno oficializó el martes un incremento del 2,10% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad.

La Resolución 2775/2026, firmada por el secretario Alejandro Alberto Vilches, estableció la actualización correspondiente a agosto en función de la variación del IPC registrada en julio.
Para los prestadores, sin embargo, el aumento pierde efecto frente a la falta de transferencia de los fondos. “Por un lado, te dan un aumento y por otro, no te lo pagan”, cuestionó una profesional consultada sobre la situación.

Desde la Cámara de Prestadores de Discapacidad de la Provincia de Córdoba (Capredis) señalaron que la demora podría estar relacionada con una menor recaudación de ARCA, vinculada a la caída del empleo formal. La entidad advirtió que, si la interrupción persiste, podría quedar comprometida la continuidad de las prestaciones para miles de personas.

Diputados postergó el debate

La crisis también llegó al Congreso. La oposición intentó incorporar el tratamiento de la emergencia en discapacidad durante la sesión del miércoles, pero no consiguió la mayoría necesaria. La propuesta obtuvo 133 votos a favor, 107 en contra y 11 abstenciones.

La Libertad Avanza y el PRO rechazaron el pedido, mientras que la UCR y el MID se abstuvieron. Sin embargo, los bloques opositores sostuvieron que cuentan con los votos necesarios para avanzar posteriormente mediante una sesión especial. El tratamiento quedó previsto para el 9 de septiembre a las 12.

Mientras tanto, el reclamo se extiende por distintas provincias. En Mar del Plata hubo una convocatoria bajo la consigna “Trabajamos, cumplimos, no cobramos”, mientras que en Córdoba los prestadores declararon el estado de alerta.

La suspensión anunciada para el lunes suma presión sobre el Gobierno y vuelve a colocar el financiamiento de las prestaciones para personas con discapacidad en el centro de la discusión, con profesionales que reclaman cobrar por servicios ya brindados y garantías para sostener la atención.