El Ejecutivo recurrió la resolución del juez Martín Cormick, que declaró inconstitucional el Decreto 759/2025 y ordenó aplicar de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario. Los gremios docentes y nodocentes celebraron el fallo y ratificaron la movilización del 15 de octubre.

La sentencia había hecho lugar al amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA) y ordenado al Poder Ejecutivo dictar las normas necesarias para ejecutar la legislación. El pronunciamiento alcanza a las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades y a la recomposición de los salarios docentes y nodocentes.

El gobierno nacional sostiene que la aplicación integral de la norma tendría un impacto sobre las cuentas públicas y, además de la apelación, analiza alternativas jurídicas para evitar que la sentencia derive en una ejecución inmediata del gasto. La Oficina de Presupuesto del Congreso había estimado que el costo fiscal cuantificable de la ley equivaldría a 0,23% del PBI.

El fallo de Cormick cuestionó específicamente el mecanismo utilizado por el Gobierno para condicionar la aplicación de una ley que había sido ratificada por el Congreso luego del veto presidencial. El magistrado sostuvo que el Decreto 759/2025 no superaba un estándar mínimo de razonabilidad porque permitía suspender la aplicación de una norma aprobada con las mayorías legislativas requeridas.

La apelación vuelve a trasladar la disputa a la instancia superior de la Justicia Federal, mientras el financiamiento universitario continúa vinculado a la discusión salarial y presupuestaria de las casas de estudio. El Gobierno, en tanto, procura sostener su política de equilibrio fiscal y evitar que la aplicación de la ley genere una erogación inmediata.

La reacción de los gremios

Las organizaciones docentes y nodocentes celebraron la decisión judicial. Desde FATUN, que representa a los trabajadores nodocentes, señalaron que el fallo reconoce la voluntad expresada por el Congreso y lo consideraron un paso en defensa de las universidades nacionales y de sus trabajadores.

En FEDUBA, su secretario general, Pablo Perazzi, calificó la resolución como una victoria para la comunidad universitaria y sostuvo que el Poder Ejecutivo no puede suspender por decreto la aplicación de una ley ratificada por el Congreso.

En la misma línea, el dirigente de CONADU Federico Montero afirmó que el fallo constituye una herramienta para reclamar el cumplimiento de la normativa y convocó a participar de la Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre, movilización que también cuenta con el respaldo de otras organizaciones del sistema universitario.

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) profundizó su plan de lucha y convocó a un paro nacional de 24 horas para este viernes 9 de octubre, luego de las jornadas de protesta realizadas en tribunales de todo el país y de la movilización del Fuero Nacional del Trabajo frente a la Cámara de Apelaciones. El gremio reclama una recomposición del 10% desde septiembre, la incorporación de representantes sindicales a la Obra Social del Poder Judicial y rechaza modificaciones sobre la estructura de la Justicia Nacional.

En materia salarial, la UEJN presentó una nota al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, en la que solicitó un incremento del 10% retroactivo al 1° de septiembre. La UEJN sostiene que los haberes acumulan una pérdida de poder adquisitivo desde diciembre de 2023 y reclama una actualización que permita comenzar a recuperar esa diferencia.

La conducción sindical recordó además que durante reuniones mantenidas a comienzos de año la Presidencia de la Corte había planteado la posibilidad de avanzar con una recomposición durante el segundo semestre. Por eso, reclamó que se instrumenten las partidas necesarias para concretar el incremento.

El conflicto también alcanza a la obra social. La UEJN cuestiona que, transcurridos casi diez meses, todavía no se haya resuelto la designación de sus representantes en el directorio de la OSPJN. El gremio reclama que la Corte defina la terna presentada y garantice la representación de los trabajadores en el organismo encargado de administrar su cobertura de salud.

El tercer punto está relacionado con la estructura de la Justicia Nacional. El sindicato rechazó cualquier modificación que implique el traspaso de competencias o el desplazamiento de fueros nacionales y reivindicó el carácter federal de la administración de justicia. En ese sentido, consideró que recientes decisiones judiciales constituyen antecedentes para preservar las competencias actualmente vigentes.

La UEJN sostuvo que las jornadas de protesta realizadas en los últimos días expresaron un alto nivel de adhesión y ratificó la continuidad de sus medidas. El paro del viernes será, de esta manera, una nueva instancia de presión sobre la Corte y el Gobierno en una disputa que combina recomposición salarial, representación institucional y defensa de la estructura judicial nacional.

El Gobierno nacional confirmó el inicio de las obras correspondientes a la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, que comprende más de 3.900 kilómetros y atraviesa 11 provincias. Sumadas las tres etapas del programa, las rutas concesionadas superan los 9.000 kilómetros y conectan centros productivos, puertos y pasos fronterizos.

La finalización de la firma y el traspaso de esta etapa completa una nueva instancia del programa de concesiones viales impulsado por el Ejecutivo. El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien anticipó que el proceso continuará con nuevos corredores.

La tercera etapa abarca rutas ubicadas en Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Misiones y Chaco. Se trata de corredores que cumplen un papel central en el traslado de producción, el acceso a puertos y la conexión con pasos internacionales.

Dentro de esta etapa quedaron incluidos ocho corredores. El Tramo Centro comprende 681 kilómetros de las rutas nacionales 9, 19 y 34 entre Santa Fe y Córdoba. El Mesopotámico suma 276 kilómetros de las RN 12 y 18 en Entre Ríos, mientras que el Centro-Norte incorpora 536 kilómetros de la RN 34 entre Santa Fe y Santiago del Estero.

El Tramo Noroeste, con 596 kilómetros, alcanza las RN 9, 34, 66, 1V66 y A-016 y conecta Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy. El Litoral comprende 547 kilómetros de las RN 12 y 16 en Corrientes y Chaco, mientras que el Noreste suma 456 kilómetros de las RN 12 y 105 en Corrientes y Misiones.

Completan la etapa el Tramo Chaco-Santa Fe, con 497 kilómetros de la RN 11, y el Tramo Cuyo, que incorpora 329 kilómetros de la RN 7 en Mendoza. En conjunto, esta fase extiende el modelo de concesiones hacia algunos de los principales corredores de circulación del país.

La RFC ya había incorporado en sus dos primeras etapas otros corredores de importancia. La Etapa I incluyó el Tramo Oriental, integrado por las RN 12, 14, 135, A015 y 117, además del puente Rosario-Victoria, correspondiente a la RN 174.

La Etapa II, en tanto, comprendió el Tramo Pampa, con las RN 5 y 35, y el corredor Sur-Atlántico-Acceso Sur, integrado por las RN 3, 205 y 226 y las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery.

Entre las tres etapas, el programa alcanza más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales bajo concesión. El Gobierno sostiene que el esquema permitirá trasladar al capital privado parte de las inversiones necesarias para conservar, rehabilitar y modernizar una red fundamental para el transporte de cargas y la integración territorial.

Caputo planteó que la política continuará con nuevas concesiones y una mayor participación privada en infraestructura. La definición abre ahora una nueva etapa para los corredores transferidos, con obras cuya ejecución quedará vinculada al cumplimiento de las obligaciones asumidas por los concesionarios.

La magnitud del programa convierte a la Red Federal de Concesiones en una de las principales transformaciones de la administración nacional sobre la red vial: más de 9.000 kilómetros pasan a administrarse mediante contratos con privados, con impacto directo sobre las rutas utilizadas para la producción, el comercio y la logística interprovincial.