El juez Martín Cormick rechazó el planteo del Poder Ejecutivo contra la intimación anterior y volvió a otorgarle cinco días para cumplir con la medida cautelar vinculada a la Ley 27.795. La resolución alcanza la actualización de salarios docentes y no docentes y la recomposición de las becas estudiantiles.

El juez federal en lo Contencioso Administrativo Martín Cormick volvió a intimar este miércoles al Gobierno nacional para que cumpla con la medida cautelar que ordena aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. El magistrado rechazó el planteo presentado por el Poder Ejecutivo contra la intimación anterior y fijó nuevamente un plazo de cinco días para acreditar el cumplimiento.

La resolución establece que el Estado deberá avanzar con la actualización de los salarios de docentes y no docentes de las universidades nacionales y con la recomposición de los programas de becas estudiantiles. En caso de persistir la demora, Cormick advirtió que podrá aplicar astreintes, es decir, multas económicas por cada día de incumplimiento.

El nuevo pronunciamiento se produjo después de que el Gobierno cuestionara la intimación dictada el 22 de septiembre y sostuviera que ya había cumplido con las obligaciones alcanzadas por la cautelar. El Ejecutivo acompañó documentación para respaldar esa posición y pidió dejar sin efecto la posibilidad de aplicar sanciones.

Cormick mantuvo, sin embargo, el criterio de que el cumplimiento acreditado hasta ahora no resulta integral. La cautelar original había sido dictada en diciembre de 2025 a partir de una presentación impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y posteriormente fue confirmada por la Cámara de Apelaciones. El recurso extraordinario presentado ante la Corte Suprema tampoco modificó su vigencia.

El conflicto judicial se concentra particularmente en los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. Mientras el primero establece mecanismos de actualización para los ingresos del personal docente y no docente, el segundo contempla la recomposición de los programas de asistencia estudiantil. El reclamo universitario también incluye la recuperación del poder adquisitivo perdido por los salarios desde diciembre de 2023.

El debate coincide con el litigio salarial entre las universidades nacionales y los gremios. Mientras el Ejecutivo afirma haber respondido a los reclamos y cuestiona el fallo judicial que ve insuficiente su postura, la disputa sigue abierta y bajo un nuevo límite de tiempo impuesto por la Justicia.

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) confirmó un paro nacional de 24 horas para este viernes 2 de octubre, en una nueva escalada de su plan de lucha. La medida alcanzará a los tribunales de todo el país y estará precedida este jueves por una jornada de cese de tareas y movilización en el Fuero Nacional del Trabajo.

El reclamo sindical reúne tres demandas: recuperación salarial, respuestas ante los problemas de la obra social y rechazo al traspaso de competencias de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires. El secretario general de la UEJN, Julio Piumato, ratificó la continuidad de las protestas y sostuvo que el gremio defenderá tanto las condiciones laborales de sus afiliados como la estructura de la Justicia Nacional.

La protesta de este jueves tendrá como epicentro la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, donde los trabajadores realizarán un cese de actividades y una movilización. La UEJN reclama a los camaristas que asuman una posición activa frente al proceso de transferencia del fuero.

El conflicto por la Justicia Laboral también se juega en los tribunales. En marzo, el Juzgado Nacional del Trabajo N°30 frenó temporalmente el acuerdo de transferencia entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires (anexo de la Ley 27.802). Sin embargo, esta decisión fue revocada por el fuero Contencioso Administrativo Federal, al determinar que la disputa debía resolverse en su propia jurisdicción.

La UEJN sostiene que el traspaso genera interrogantes sobre la continuidad y las condiciones laborales de los trabajadores del fuero. El sindicato también extendió su rechazo a otras áreas de la Justicia Nacional y menciona al fuero Penal y al de Menores entre las competencias que pretende preservar bajo jurisdicción nacional.

En simultaneo, Piumato viene denunciando una pérdida del poder adquisitivo de los empleados judiciales. En septiembre, el dirigente había estimado en 24,7% la caída salarial acumulada desde el inicio de la actual gestión nacional, una cifra que forma parte de los argumentos gremiales para reclamar una recomposición.

Médicos de cabecera y odontólogos iniciaron este miércoles una huelga nacional de 72 horas contra el esquema de remuneración vigente y reclaman una recomposición de sus ingresos. APPAMIA sostiene que los cambios implementados desde abril deterioraron los honorarios y elevaron los costos de sostener los consultorios. En San Juan, los profesionales no adhirieron y la atención continúa con normalidad.

La protesta, convocada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA), se extenderá hasta el viernes 2 de octubre. La organización sostiene que el conflicto se profundizó a partir de los cambios introducidos por PAMI en el esquema de remuneración y que los valores actuales no permiten afrontar los costos de funcionamiento de los consultorios.

Según explicó el secretario adjunto de APPAMIA, Manuel Eugenio Lago Rodríguez, la modificación instrumentada en abril mediante la Resolución 1107/2026 concentró la remuneración en un sistema por cápita. El dirigente afirmó que ese cambio redujo de manera significativa los ingresos de los profesionales y cuestionó que se haya aplicado mientras continuaban las negociaciones con el organismo.

La discusión volvió a trabarse con la última propuesta de PAMI. De acuerdo con APPAMIA, el organismo ofreció llevar a $3.000 la cápita mensual por paciente a partir de octubre. Para los profesionales, ese valor continúa siendo insuficiente frente a los gastos de alquiler, personal administrativo, insumos y mantenimiento que requiere un consultorio. Otras publicaciones recientes también consignan el reclamo por el valor de la cápita y el impacto del nuevo esquema.

Lago Rodríguez graficó el reclamo con el caso de un médico que atiende a 700 afiliados: con una cápita de $3.000, percibiría $2,1 millones mensuales, monto que —según el dirigente— prácticamente se consume en el funcionamiento del consultorio. APPAMIA sostiene que antes de la modificación los ingresos combinaban las cápitas con consultas y otras prestaciones, lo que permitía alcanzar montos superiores.

La protesta contempla, sin embargo, un esquema de atención para evitar que los afiliados queden sin asistencia esencial. Los profesionales adheridos prevén mantener la prescripción de medicamentos y responder demandas espontáneas y urgencias, mientras que los turnos programados serán reprogramados. En odontología se mantendrá la atención de urgencias.

La medida tampoco implica el cierre de las dependencias de PAMI ni la interrupción de todas sus prestaciones: alcanza específicamente a los médicos de cabecera y odontólogos que adhieren a la protesta. El propio PAMI mantiene al médico de cabecera como la puerta de entrada a sus prestaciones, entre ellas la prescripción de medicamentos, derivaciones y solicitud de estudios.

Qué ocurre en San Juan

En la provincia, la situación es distinta del panorama nacional. Fuentes vinculadas a la atención de PAMI y representantes de la Asociación de Médicos de Cabecera de San Juan confirmaron que la adhesión al paro es prácticamente nula y que los profesionales continúan atendiendo con normalidad. También se informó que la Clínica Santa Clara mantiene su funcionamiento habitual.

Por ese motivo, los afiliados que tengan turnos programados deberán concurrir normalmente, salvo que reciban una comunicación particular de su médico. La diferencia entre la adhesión nacional y la realidad provincial hace que, en San Juan, el reclamo no se traduzca por ahora en una interrupción general de las consultas.