La Federación del Personal de Vialidad Nacional rechazó la ampliación de los límites para la circulación de bi trenes autorizada por el Gobierno nacional. El gremio sostuvo que la medida incrementará el desgaste de la infraestructura vial, elevará los riesgos para la seguridad y encarecerá las futuras reparaciones en una red que, según denunció, atraviesa un profundo proceso de deterioro por la falta de inversión.

La decisión del Gobierno nacional de ampliar las dimensiones permitidas para los camiones de gran porte volvió a encender las críticas de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), que advirtió sobre las consecuencias que tendrá la medida en una red vial afectada por el déficit de mantenimiento.

El cuestionamiento surgió luego de la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia 689/2026, que modificó los límites máximos de longitud para los vehículos de carga. La normativa habilita unidades de hasta 19,60 metros para tractocamiones con semirremolques impulsados por energías limpias —como GNC o electricidad— y extiende hasta 31,25 metros el largo permitido para determinadas configuraciones de bi trenes.

Desde la organización sindical sostienen que la actualización normativa profundiza un proceso de flexibilización iniciado durante 2025 y consideran que resulta incompatible con el estado actual de las rutas nacionales. Según remarcaron, la circulación de unidades que pueden transportar hasta 76 toneladas acelerará el deterioro de los pavimentos y aumentará los riesgos para quienes transitan por los corredores viales.

El secretario Gremial y de Prensa de FEPEVINA, Fabián Cattanzaro, afirmó que la ausencia de conservación de la infraestructura y la reducción de los controles convierten a la nueva disposición en un factor que agrava los problemas existentes. A su entender, lejos de generar eficiencia, el ahorro derivado de la reducción de la inversión terminará multiplicando los costos futuros.

El dirigente explicó que, de acuerdo con estimaciones técnicas del organismo, cada peso que deja de destinarse al mantenimiento preventivo obliga posteriormente a desembolsar entre cinco y siete veces más para recuperar los caminos deteriorados, una erogación que finalmente afronta toda la sociedad.

Riesgos para la seguridad vial

FEPEVINA también vinculó el deterioro de la infraestructura con el incremento de los siniestros de tránsito y sostuvo que la falta de inversión tiene un impacto directo sobre el sistema de salud pública. En ese sentido, Cattanzaro aseguró que los hospitales ubicados sobre corredores nacionales reciben cada vez más víctimas de accidentes, una consecuencia que, según afirmó, no suele incorporarse al análisis económico de las políticas de ajuste.

El sindicalista indicó además que la circulación de bi trenes crece de manera sostenida en los accesos a Vaca Muerta, donde la demanda logística es cada vez mayor, y alertó que esas unidades ya comienzan a utilizar rutas provinciales que, a su juicio, no fueron diseñadas para soportar ese tipo de tránsito pesado.

En ese marco, planteó que el desarrollo energético de la región requiere una política integral de infraestructura, con corredores viales adecuados y una mayor participación del ferrocarril para absorber parte del transporte de cargas.

Reclamo por los fondos del impuesto a los combustibles

Otro de los aspectos del planteo sindical apunta a los recursos provenientes del impuesto a los combustibles líquidos que, por ley, deben financiar a Vialidad Nacional. FEPEVINA denunció que esos fondos permanecen retenidos por el Ministerio de Economía y recordó que presentó dos denuncias penales contra el ministro Luis Caputo y el administrador de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy.

Según Cattanzaro, durante el actual período se habrían retenido alrededor de 1.000 millones de dólares, monto que —afirmó— habría permitido ejecutar tareas de conservación sobre unos 20.000 kilómetros de rutas o construir aproximadamente 4.000 kilómetros de nuevos caminos.

Frente a ese panorama, la federación insistió en que el Congreso declare la emergencia en Vialidad Nacional y reclamó que los recursos previstos por ley sean destinados de manera inmediata al mantenimiento de la infraestructura existente. Para el gremio, mientras la construcción de nuevas obras responde a decisiones de política pública, la conservación de la red vial constituye una obligación legal que el Estado nacional no puede dejar de cumplir.

La huelga convocada por CTERA coincidió con el paro de la docencia universitaria y afectó el dictado de clases en todos los niveles educativos. Mientras los sindicatos reclaman una recomposición salarial, la restitución del FONID y mayor financiamiento para la educación pública, el Gobierno desplegó controles para verificar el cumplimiento de la prestación mínima prevista por la legislación vigente.

La educación pública atraviesa este lunes una de las jornadas de mayor conflictividad del año. El paro nacional impulsado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) se desarrolla en simultáneo con la medida de fuerza de la docencia universitaria, lo que dejó sin actividad normal a establecimientos de nivel inicial, primario, secundario y superior en distintas provincias.

La protesta refleja un conflicto que excede la discusión salarial. Las organizaciones sindicales sostienen que el sistema educativo enfrenta un progresivo deterioro producto de la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, la falta de convocatoria a la Paritaria Nacional Docente y la insuficiencia de recursos destinados al funcionamiento de escuelas y universidades.

Entre los principales reclamos figuran la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), una recomposición de los salarios, la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo y mayores partidas para infraestructura escolar, comedores, programas socioeducativos y becas estudiantiles.

Desde CTERA advirtieron que la crisis también compromete el futuro de la profesión docente. La secretaria general del gremio, Sonia Alesso, alertó que la pérdida sostenida del poder adquisitivo y el deterioro de las condiciones laborales desalientan el ingreso de nuevos profesionales al sistema, poniendo en riesgo el recambio generacional de maestros y profesores.

La conducción sindical cuestionó además la ausencia de una instancia de negociación nacional que permita discutir no solo cuestiones salariales, sino también políticas educativas comunes para todas las jurisdicciones. Actualmente, el salario mínimo docente fijado por el Gobierno nacional se ubica en 500.000 pesos para un cargo testigo sin antigüedad, cifra que los gremios consideran insuficiente frente al costo de vida.

Mientras los sindicatos profundizan sus reclamos, el Gobierno nacional endureció su respuesta. El Ministerio de Capital Humano dispuso operativos de fiscalización en establecimientos educativos para verificar el cumplimiento de la prestación mínima prevista por la normativa que regula a la educación como servicio esencial.

La cartera encabezada por Sandra Pettovello anticipó que los controles se realizarán mediante inspecciones muestrales y advirtió que, en caso de detectarse incumplimientos respecto de la cobertura mínima del servicio, podrán iniciarse los procedimientos administrativos y las sanciones contempladas por la legislación vigente.

En la misma línea, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, defendió la aplicación de la Ley de Modernización Laboral y sostuvo que el derecho de huelga debe ejercerse respetando la obligación de garantizar al menos el 75% del servicio educativo. Según explicó, la reglamentación vigente busca compatibilizar el derecho constitucional de los trabajadores a adoptar medidas de fuerza con el derecho de niños, adolescentes y jóvenes a recibir educación.

La protesta también sumó el respaldo de los gremios docentes que integran la CGT. La Unión Docentes Argentinos (UDA), la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) ratificaron su adhesión y anticiparon que en los próximos días presentarán un plan de lucha propio para sostener los reclamos del sector.

En el ámbito universitario, la medida de fuerza volvió a poner en el centro del debate el financiamiento de las casas de altos estudios. Las federaciones docentes, junto con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), insisten en la necesidad de garantizar la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y advierten que la pérdida salarial y las restricciones presupuestarias comprometen el normal funcionamiento de las instituciones.

El conflicto se desencadena tras un primer semestre signado con paros de 24, 48 y 72 horas, semanas de huelga, clases públicas, movilizaciones y una multitudinaria Marcha Federal Universitaria. Lejos de encontrar una instancia de acercamiento, el inicio del segundo cuatrimestre muestra que las diferencias entre el Gobierno y las organizaciones sindicales permanecen abiertas.

Un relevamiento nacional de Zentrix Consultora expone el deterioro de la economía familiar pese a la desaceleración inflacionaria. El 61,9% de los argentinos tomó deuda en los últimos seis meses para afrontar gastos indispensables, el 87,4% sostiene que los salarios siguen perdiendo frente a la inflación y el 86,6% considera insuficiente un solo empleo para sostener el hogar.

La desaceleración de la inflación todavía no logró modificar la percepción económica de los argentinos. Mientras los indicadores oficiales muestran una reducción en el ritmo de aumento de los precios, la mayoría de los hogares continúa sintiendo que el ingreso perdió capacidad de compra y que el endeudamiento pasó a ser una herramienta habitual para sostener el consumo básico.

Esa es la principal conclusión del Monitor de Opinión Pública (MOP), elaborado por Zentrix Consultora, que revela un marcado deterioro de las finanzas familiares. El estudio indica que el 61,9% de los consultados contrajo algún tipo de deuda durante el último semestre y que, lejos de destinar esos recursos a inversiones o compras extraordinarias, los utilizó para afrontar gastos cotidianos como alimentos, servicios públicos y otras obligaciones indispensables.

La encuesta también confirma que la pérdida del poder adquisitivo continúa siendo una de las mayores preocupaciones económicas. El 87,4% de los participantes considera que los salarios siguen rezagados frente al aumento del costo de vida, una percepción que atraviesa distintos niveles de ingresos, edades e identificaciones políticas.

La presión sobre los presupuestos familiares también se refleja en la administración del dinero. Dos de cada tres argentinos reconocen que agotan sus ingresos antes o alrededor del día 20 de cada mes, mientras que apenas el 9,3% afirma finalizar el período con capacidad de ahorro, un dato que evidencia el escaso margen financiero de gran parte de la población.

El informe muestra, además, que los jóvenes enfrentan mayores dificultades. Entre las personas de 18 a 39 años, el 85,5% aseguró quedarse sin recursos antes de concluir el mes. En el segmento de 40 a 59 años, esa proporción desciende al 60,6%, aunque continúa siendo elevada.

Las diferencias también aparecen al analizar las fuentes de financiamiento. El 35,8% de los jóvenes que recurrieron al crédito acudió a financieras o prestamistas informales, mientras que entre los mayores de 60 años esa modalidad representa apenas el 7%, reflejando una mayor exposición de las generaciones más jóvenes a mecanismos de financiamiento de alto costo.

La constante dependencia del crédito comienza, además, a generar dificultades para cumplir con los compromisos asumidos. Entre quienes mantienen deudas vigentes, el 28,9% admite tener serios inconvenientes para afrontar las cuotas; el 12% ya registra atrasos en los pagos y el 6,4% reconoce que directamente no puede cumplir con sus obligaciones.

Esa realidad también impacta en la percepción sobre el sistema financiero. El 55% de los consultados considera que las tasas de interés convierten al crédito en un mecanismo que agrava los problemas económicos de las familias en lugar de ofrecer una solución transitoria.

Un empleo dejó de ser suficiente

El estudio identifica otro cambio de fondo en el mercado laboral. Para el 86,6% de los argentinos, un único trabajo ya no permite cubrir los gastos mensuales del hogar. La evidencia muestra que el presupuesto familiar depende de la pluriactividad y el pluriempleo.

La distancia entre las estadísticas oficiales y la percepción cotidiana también aparece con claridad. El 67,1% sostiene que la inflación medida por el INDEC no refleja el aumento de precios que observa en su vida diaria, mientras que el 29,6% manifiesta confiar en las cifras difundidas por el organismo.

Las preocupaciones económicas dominan igualmente las respuestas cuando se consulta sobre los principales problemas del país. La corrupción encabeza el listado con el 48,8%, seguida por los salarios y los ingresos (46,9%), la incertidumbre económica (41,6%), el desempleo (29,1%) y las tarifas de los servicios públicos (26,8%).