La vicepresidenta Victoria Villarruel llegó este martes a San Juan para cumplir una intensa agenda institucional y productiva, pero su desembarco en la provincia estuvo marcado desde el comienzo por las diferencias que mantiene con la conducción de La Libertad Avanza y con el entorno político del presidente Javier Milei.

Villarruel arribó poco antes de las 10 al Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento y evitó realizar declaraciones a la prensa. Ningún dirigente sanjuanino identificado con el oficialismo nacional estuvo presente en la recepción, una ausencia que adquirió particular relevancia por la disputa que desde hace más de un año enfrenta a la vicepresidenta con distintos referentes del espacio libertario.

El conflicto más reciente se centró en los sueldos del Senado. A partir del nuevo acuerdo salarial para los trabajadores legislativos, los haberes de los senadores nacionales superarán los $13 millones brutos mensuales desde enero de 2027. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, cuestionó ese nivel de remuneraciones y planteó que las dietas de ambas cámaras deberían equipararse.

Menem también volvió a marcar distancia con Villarruel al cuestionar su orientación política y sostener que la vicepresidenta mantiene una agenda diferente de la que, según su interpretación, respaldaron los votantes que llevaron a Milei a la Presidencia.

Con esa disputa como telón de fondo, Villarruel despliega en San Juan una agenda alejada de la discusión parlamentaria y concentrada en áreas de fuerte interés para la provincia. El recorrido incluye encuentros con autoridades, empresarios, proveedores mineros, investigadores y representantes de instituciones productivas.

La primera escala se centra en Casa de Gobierno, donde mantendrá reuniones protocolares. Luego está previsto un encuentro con proveedores mineros y un conversatorio organizado por CAPRIMSA en Las Tapias, Albardón, además de una visita a la empresa MTZ.

La recorrida continuará en la Universidad Católica de Cuyo, donde conocerá el laboratorio CRESA, dedicado a la evaluación sensorial de aceite de oliva y otros alimentos. Posteriormente viajará a San Martín para recorrer la sede local del INTA y el Banco de Germoplasma de Olivo, destinado a preservar y estudiar variedades de ese cultivo.

El itinerario incluye además una visita a la planta de Arcor, en una visita que busca mostrar distintas capacidades productivas de San Juan y vincularlas con la agenda nacional.

La presencia de Villarruel adquiere así una doble dimensión. Esta visita institucional de la segunda autoridad del país resalta el protagonismo minero, agroindustrial y científico de la provincia. En el terreno político, su llegada sin representantes del espacio libertario alineado con Milei vuelve a exhibir las diferencias que atraviesan al oficialismo nacional.

San Juan se convierte, por unas horas, en el punto de encuentro entre dos agendas que avanzan en paralelo: la proyección productiva que la provincia busca consolidar y una disputa interna del oficialismo que continúa sin encontrar una instancia de recomposición.

La morosidad de los hogares pasó del 12,77% al 12,94% en julio, según datos de la Central de Deudores del Banco Central analizados por la consultora 1816. Casi seis millones de personas acumulan atrasos superiores a 90 días. Mientras el oficialismo relativiza el fenómeno y rechaza una intervención estatal, la Iglesia reclamó medidas frente a las deudas que considera abusivas.

El incremento puede parecer acotado en términos porcentuales, pero adquiere otra dimensión cuando se lo proyecta sobre la cantidad de personas alcanzadas. Se estima que casi seis millones de argentinos acumulan atrasos superiores a 90 días dentro de un universo de 20,8 millones de deudores. En octubre de 2024, la morosidad general se ubicaba en torno al 2,5%.

La evolución tampoco fue uniforme entre los distintos actores del sistema financiero. Mientras la mora empresarial avanzó del 3,50% al 3,61%, las deudas de los hogares aumentaron en 23 de las 30 principales entidades relevadas. La mayor fragilidad aparece en las billeteras virtuales y entidades financieras no tradicionales, donde el índice trepó al 33,69%.

El dato adquiere especial relevancia porque se conoce mientras el Congreso debate iniciativas destinadas a brindar algún tipo de alivio a quienes acumularon compromisos financieros. La oposición logró reunir 133 diputados para impulsar el tratamiento de proyectos vinculados con los hogares endeudados, aunque el oficialismo busca postergar la discusión.

El Gobierno relativiza la morosidad

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, minimizó el alcance del fenómeno y sostuvo que existe “un poco de mora” asociado al incremento de las tasas de interés. Según su evaluación, el volumen de deuda representa una magnitud “insignificante” en relación con el Producto Bruto Interno, debido a que buena parte de los compromisos corresponde a montos reducidos.

Menem también afirmó que la morosidad “ya empezó a bajar”, una apreciación que no coincide con el último registro disponible, que muestra un nuevo incremento durante julio. El titular de Diputados insistió además en que el Estado no debería intervenir para resolver las obligaciones contraídas entre particulares.

Esa posición coincide con el criterio expresado por el Gobierno de Javier Milei, que considera el endeudamiento familiar principalmente como una relación entre deudores y acreedores privados. Desde esa perspectiva, no se justificaría una política pública específica de asistencia o refinanciación.

La Iglesia reclama una respuesta

El rechazo a esa postura llegó esta vez desde la Iglesia Católica. El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, reclamó una intervención que permita establecer criterios frente al crecimiento de las obligaciones financieras de los hogares.

El titular de la CEA advirtió sobre la existencia de “deudas leoninas” y planteó la necesidad de discutir límites que contemplen la capacidad real de pago de cada persona. Entre otras alternativas, propuso revisar cuánto del salario puede comprometerse para afrontar créditos y otras obligaciones.

Colombo cuestionó además cualquier respuesta que reduzca el fenómeno a una cuestión exclusivamente privada. “Lo que no se puede es tener una mirada superficial”, sostuvo, al reclamar que las autoridades no se desentiendan de quienes quedaron atrapados por compromisos que ya no pueden afrontar.

La discusión combina así dos datos que avanzan en direcciones diferentes: mientras los registros financieros muestran un nuevo deterioro de la capacidad de pago de los hogares, el Gobierno sostiene que no existe una magnitud suficiente para justificar una intervención pública.

Con casi seis millones de personas con atrasos superiores a 90 días y niveles de mora particularmente elevados en las entidades no tradicionales, el endeudamiento familiar se convirtió en uno de los asuntos que volverán al centro del debate legislativo y económico en los próximos meses.

La administración de Javier Milei busca concretar antes del primer semestre de 2027 nuevos procesos de privatización o concesión sobre al menos cinco compañías estatales. AySA encabeza el cronograma, seguida por Belgrano Cargas, Intercargo, ENARSA y la central termoeléctrica Vuelta de Obligado.

AySA aparece como la operación más inmediata. La apertura de ofertas por el 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos está prevista para el 15 de septiembre. El proceso no contempla un precio base, aunque existe una valuación elaborada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) que funcionará como referencia para las propuestas.

Entre los empresarios mencionados como potenciales interesados figura Mauricio Filiberti, propietario de Transclor y vinculado a Daniel Vila y José Luis Manzano en Edenor. La definición quedará supeditada al proceso licitatorio y a las condiciones establecidas por el Gobierno.

El sistema ferroviario de cargas constituye otra de las apuestas centrales. El Gobierno ya lanzó la licitación para concesionar las vías y los inmuebles asociados a las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza.

La concesión tendrá un plazo de 50 años y requeriría inversiones estimadas en alrededor de US$1.000 millones. Las empresas adjudicatarias podrán acceder además a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El pliego incorpora una condición particular: quedan excluidas las compañías controladas directa o indirectamente por gobiernos extranjeros. Los interesados podrán formular consultas hasta el 28 de octubre y deberán presentar sus ofertas antes del 11 de noviembre a las 9.59.

El Ejecutivo también trabaja sobre Intercargo, la empresa estatal que presta servicios de asistencia en tierra y operaciones de rampa en los aeropuertos. Después de un primer proceso sin resultado definitivo, las autoridades preparan un nuevo llamado antes de fin de año, aunque todavía resta definir la modalidad.

La agenda continúa con ENARSA, compañía dedicada a la exploración, producción, transporte y comercialización de hidrocarburos y a la generación eléctrica. La administración nacional también analiza avanzar sobre los gasoductos que permanecen bajo su órbita.

A estas operaciones se suma la central termoeléctrica Vuelta de Obligado, cuyo proceso está previsto para el primer trimestre de 2027.

La secuencia revela una política sostenida de transferencia de activos y concesiones estatales al capital privado. Con AySA como primera prueba relevante, el Gobierno busca avanzar durante los próximos meses sobre infraestructura sanitaria, transporte ferroviario, servicios aeroportuarios y energía, con el objetivo de reducir la participación directa del Estado en esas áreas.