En una reunión clave realizada en la sede de Azopardo, la conducción de la CGT se reunió con los diputados nacionales de extracción sindical para analizar los alcances de la reforma laboral impulsada por el Gobierno y definir un plan de acción conjunto. El triunvirato integrado por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello advirtió que la central solo aceptará un debate que implique “más derechos” y reclamó ser convocada de manera formal a discutir cualquier modificación en la legislación vigente.

La conducción encabezada por el renovado triunvirato —Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros)— recibió en la histórica sede de Azopardo a los diputados nacionales de extracción sindical. El objetivo: trazar un frente común en el Congreso y avanzar en la elaboración de un contraproyecto “progresivo e inclusivo”, que se posicione como alternativa a las iniciativas oficiales que, según la central, ponen en riesgo “conquistas históricas del movimiento obrero”.

La previa de la reunión ya había demostrado el peso político de la cita: en la mesa chica participaron figuras de gran influencia interna como Hugo Moyano, Héctor Daer, José Luis Lingeri y Andrés Rodríguez, quienes coincidieron en que “cualquier intento de flexibilización deberá contar con la respuesta coordinada de todo el sindicalismo”.

La presencia de los legisladores y la lógica parlamentaria

Entre los diputados presentes estuvieron Hugo Moyano (h), Vanesa Siley, Sergio Palazzo (Bancarios), Mario “Paco” Manrique (SMATA) y Hugo Yasky (CTA-T), todos integrantes del bloque Unión por la Patria. Los legisladores ofrecieron un diagnóstico del escenario parlamentario y detallaron las posibles vías para resistir el avance de un proyecto que el oficialismo presenta como “modernización”, pero que para el sindicalismo implica un retroceso en materia de estabilidad, registración y protección laboral.

Palazzo sintetizó el espíritu de la convocatoria: “Nos reunió la CGT para analizar estrategias y construir proyectos superadores. Lo que el país necesita es una reforma laboral progresiva, no un recorte de derechos como pretende el Presidente”.

La articulación legislativa será clave en un Congreso fragmentado, donde el oficialismo necesita alianzas para lograr mayorías. La metáfora que circuló en Azopardo fue elocuente: “Ninguna reforma estructural pasará sin que la CGT haga oír su peso político”.

Las advertencias del triunvirato: diálogo sí, retrocesos no

A la salida del encuentro, el primer triunviro, Jorge Sola, expuso una postura firme pero abierta al debate: la CGT está dispuesta a discutir la modernización laboral, pero no bajo condicionamientos que “reduzcan derechos o debiliten la relación laboral”.

Sola además trazó un diagnóstico inquietante:

el país atraviesa una recesión profunda,

se multiplican los cierres de pymes,

cae el empleo formal,

y el Gobierno “carece de una visión productiva”.

En ese marco, Sola lanzó una advertencia directa: “Si no nos llaman, chocarán con la pared de siempre”.

También reprochó el discurso reciente del ministro de Economía, Luis Caputo, ante la UIA, señalando que “no mencionó ni una vez la palabra industria”, un gesto que para la CGT revela la orientación del programa económico.

Por su parte, Cristian Jerónimo, secretario general del Vidrio y uno de los nuevos integrantes del triunvirato, marcó un punto clave en la interna gremial:

“Si quieren discutir, discutamos todo. Una negociación laboral con más derechos, no con menos. Y discutamos también el reparto de ganancias”.

El planteo ubica a la CGT en una posición ofensiva: no sólo rechaza retrocesos, sino que propone avanzar en debates que históricamente incomodan al sector empresario.

Octavio Argüello, representante de Camioneros, acompañó la línea de sus pares y afirmó que la modernización laboral “ya ocurre en cada convenio colectivo”, dejando en claro que no se necesita una reforma de flexibilización generalizada para adaptar la normativa a los cambios productivos.

La cumbre en Azopardo dejó una señal clara: la CGT no solo pretende resistir la reforma laboral, sino también condicionar su contenido y exigir un lugar formal en la mesa de negociaciones. La coordinación con los diputados gremiales refuerza el músculo político de la central obrera y abre la puerta a la presentación de un contraproyecto propio, alineado con la idea de que la “modernización” debe traducirse en más derechos, mayor productividad y un modelo de relaciones laborales equilibrado.

El Gobierno, que necesita avanzar en una reforma estructural para sostener su programa económico, deberá decidir si incluye al sindicalismo en la discusión o enfrenta un escenario de resistencia creciente en el Congreso y en las calles. La advertencia del triunvirato fue explícita y contundente: “Sin diálogo real, chocarán con la pared”.

La Cámara Minera de San Juan respaldó la intención del Gobierno nacional de revisar o “aclarar” la Ley de Glaciares, en una postura que reabre la tensión entre inversión minera y preservación ambiental. Aunque el sector habla de necesidad de seguridad jurídica, especialistas advierten que la iniciativa puede debilitar uno de los marcos de protección hídrica más importantes del país.

Iván Grgic, presidente de la entidad, celebró que el tema forme parte de las prioridades del Ejecutivo y sostuvo que la falta de precisión del articulado afecta no sólo a la minería, sino también a otras actividades contempladas por la ley. Desde el sector aseguran que la normativa actual genera “incertidumbre” y trabas para proyectos estratégicos.

Sin embargo, el respaldo empresarial se da en un contexto donde organizaciones ambientales, académicos y especialistas en gestión del agua vienen advirtiendo que una flexibilización del marco legal podría poner en riesgo ecosistemas clave, especialmente en provincias cordilleranas donde el retroceso de glaciares es acelerado y la presión extractivista creciente.

El punto central: la disputa por el alcance normativo

Para la CMSJ, el foco del debate está en definir con exactitud el alcance de la ley: qué se protege, cómo se clasifican los ambientes periglaciares y qué nivel de intervención se permite en zonas sensibles. El sector insiste en que la actualización debe resolverse “sin demoras” para consolidar la seguridad jurídica “necesaria” para proyectos a largo plazo, especialmente los vinculados al cobre y al litio.

Grgic destacó además el rol de la Provincia de San Juan en el proceso. Según el dirigente, es el gobierno provincial el que está llevando los planteos técnicos a la Nación. Pero críticos advierten que esta estrategia —impulsada por una provincia históricamente vinculada al desarrollo minero— puede sesgar el debate hacia los intereses del sector, relegando la protección del ambiente y el recurso hídrico.

Decretos, leyes y competencias: dónde se juega la pulseada

La discusión incluye dos caminos posibles: una nueva ley aprobada por el Congreso o un decreto reglamentario que modifique la interpretación de la norma vigente. El Gobernador de San Juan sugirió que ambas son opciones viables, aunque desde la industria empujan especialmente la idea de una ley “aclaratoria”.

En caso de avanzarse con una nueva norma, la CMSJ plantea tres ejes:

Reafirmar la competencia provincial para definir áreas protegidas.

Revisar con detalle las áreas periglaciares y glaciares de escombros, figuras clave para el resguardo de reservas hídricas.

Precisar el criterio de significancia hídrica, un punto que el sector considera ambiguo.

Pero justamente esos son los puntos donde especialistas ambientales alertan sobre posibles retrocesos. Las áreas periglaciares y los glaciares de escombros son fundamentales para la regulación del agua en zonas áridas; limitar su protección, incluso bajo el argumento de mayor precisión técnica, abriría la puerta a intervenciones industriales en zonas hoy resguardadas.

Un sector alineado, pero con críticas en aumento

La postura de la CMSJ coincide con la de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), lo que refleja un consenso interno del sector para avanzar en cambios. Pero también queda en evidencia un creciente contrapunto: mientras empresarios piden “claridad jurídica”, organizaciones socioambientales interpretan la revisión como un intento de relajar las restricciones ambientales en beneficio de grandes empresas.

En paralelo, la sociedad civil y especialistas en recursos hídricos sostienen que la ley actual —a pesar de sus imperfecciones— constituye uno de los marcos más avanzados de protección de glaciares y ambientes asociados en América Latina, y advierten que abrir su articulado en el actual contexto político puede terminar favoreciendo intereses económicos por encima del resguardo ecosistémico.

El respaldo de la Cámara Minera de San Juan a la revisión de la Ley de Glaciares evidencia una ofensiva coordinada del sector para modificar un marco legal que consideran restrictivo. El Gobierno nacional recoge el guante y abre la puerta a una discusión profunda, pero el riesgo es claro: que en nombre de la seguridad jurídica se avance en un debilitamiento de la protección de las reservas hídricas en uno de los territorios más sensibles del país.

La disputa recién comienza y será una de las más relevantes del nuevo ciclo político: en ella se juega no sólo el futuro de las inversiones mineras, sino también el equilibrio entre desarrollo productivo, autonomía provincial y preservación ambiental en una región clave para el abastecimiento de agua en tiempos de crisis climática.

La ministra de Seguridad denunció penalmente al secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, por declaraciones que calificó como “amenaza contra el orden constitucional”. El dirigente respondió con dureza y apuntó a un intento del Gobierno de “disciplinar la protesta” en el marco del inminente paro contra la reforma laboral. Organismos, sindicatos y referentes sociales expresaron su solidaridad y cuestionaron el accionar oficial.

La tensión entre el Gobierno nacional y los sindicatos estatales sumaron un nuevo capítulo, luego de que el Ministerio de Seguridad —a través del director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales, Fernando Soto— presentara una denuncia penal contra el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar. El escrito acusa al dirigente de “amenaza contra el orden constitucional y la vida democrática” por haber declarado que su rol es “provocar la crisis de este Gobierno”.

La presentación sostiene que Aguiar habría incurrido en una “amenaza pública” en el contexto del inminente envío al Congreso de un proyecto de reforma laboral impulsado por el Ejecutivo. El Gobierno argumenta que las afirmaciones del gremialista buscan “afectar el ejercicio del mandato popular” del Presidente y obstaculizar su capacidad constitucional para impulsar cambios legislativos.

La acusación llega en un momento político particularmente sensible: a solo dos días del primer paro nacional convocado por ATE contra lo que consideran una reforma laboral regresiva y persecutoria de la organización sindical.

La respuesta de Aguiar: “El que atenta contra la Constitución es este Gobierno”

Minutos después de conocida la denuncia, ATE difundió un contundente comunicado firmado por Aguiar, quien calificó la acción como “temeraria” y denunció una estrategia oficial para acallar la protesta social.

“El que atenta todos los días contra la Constitución y el Estado de Derecho es este Gobierno”, afirmó el dirigente, señalando como prueba el uso del “protocolo anti movilización” y la “represión de todos los miércoles”, en referencia al operativo de Seguridad que se despliega frente al Congreso cuando se tratan proyectos oficiales.

Aguiar también destacó lo que llamó una “doble vara” del Gobierno, recordando declaraciones del propio Presidente en las que aseguró que “va a destruir el Estado”. “¿Qué frase más golpista que esa puede existir?”, cuestionó.

Para el dirigente estatal, la denuncia forma parte de un intento de disciplinamiento sindical:
“Lo de Bullrich es enfermizo y temerario. No es casual que llegue dos días antes del paro. Si alguien cree que el Gobierno se desestabiliza por declaraciones televisivas, está aceptando lo endeble de una gestión que vive pendiendo del hilo de la timba financiera y del dólar.”

Solidaridad creciente del movimiento obrero y organismos sociales

La reacción del campo gremial fue inmediata. En las primeras horas posteriores a la denuncia se multiplicaron los pronunciamientos de apoyo a Aguiar, especialmente desde sectores que perciben en el avance judicial del Ministerio de Seguridad un nuevo capítulo en la confrontación del Gobierno con los movimientos sindicales.

La CTA Autónoma manifestó su “repudio absoluto” a la denuncia y defendió el derecho a la protesta y a la libertad de expresión de los dirigentes gremiales. También lo hizo la Federación Judicial Argentina, que alertó sobre una “tendencia preocupante a criminalizar la actividad sindical”.

Se sumaron además la Seccional Gran Buenos Aires Oeste de la Unión Ferroviaria, el Directorio Obrero del Ente Provincial de Agua y Saneamiento de Neuquén, la Junta Interna de ATE en el EPAS, la Seccional ATE San Pedro (Misiones) y diversas agrupaciones sociales, políticas y de derechos humanos, que advirtieron sobre el riesgo de “judicializar el conflicto social”.

Con el correr de las horas, referentes académicos, dirigentes políticos opositores y especialistas en derecho laboral también se expresaron públicamente, aportando un marco más amplio a la discusión sobre los límites institucionales y la libertad sindical en momentos de reformas estructurales.

Una pulseada que anticipa un escenario de mayor confrontación

La denuncia contra Aguiar no solo agudiza la tensión entre el Gobierno y los trabajadores estatales, sino que funciona como un anticipo del clima que acompañará la discusión de la reforma laboral, un proyecto que promete reconfigurar las relaciones de trabajo y que ha sido duramente cuestionado por la mayoría de las centrales gremiales.

Para los sindicatos, el avance judicial representa un mensaje político: la advertencia de que el Gobierno está dispuesto a llevar la disputa más allá del terreno discursivo y que no dudará en recurrir al sistema penal para contener la protesta.

Para el Gobierno, en cambio, se trata de marcar un límite a lo que considera “discursos desestabilizadores” y de sostener su narrativa de orden en un contexto económico frágil y con creciente conflictividad social.

El enfrentamiento entre Patricia Bullrich y Rodolfo Aguiar se inscribe en una coyuntura de alta sensibilidad política, marcada por la inminente reforma laboral y la reactivación de los mecanismos de protesta sindical. La denuncia no solo profundiza la disputa entre el Ejecutivo y ATE, sino que abre interrogantes sobre el papel de la Justicia en los conflictos sociales, la vigencia del derecho a la protesta y los límites de la confrontación política en un país que atraviesa una crisis económica persistente.

El escenario, lejos de apaciguarse, anuncia semanas de mayor tensión, con un movimiento sindical que promete redoblar la presión y un Gobierno que apuesta a mantener el control a través de la judicialización y el endurecimiento discursivo.