La pérdida de poder adquisitivo, la incertidumbre sobre la economía y las dificultades para conseguir empleo concentran las principales preocupaciones de los argentinos, según una encuesta nacional de la consultora Zentrix. El relevamiento, realizado en octubre, también registró un rechazo mayoritario a la gestión de Javier Milei: el 55,5% desaprueba su desempeño, mientras que el 36,2% lo respalda.

La inquietud por el rumbo económico encabeza las respuestas, con el 48,2%. Le siguen los ingresos y salarios, mencionados por el 46,2%, y el desempleo, con el 44,6%. La corrupción ocupa el cuarto lugar, con el 42,9%, mientras que las tarifas de los servicios públicos aparecen en el quinto puesto, con el 28,8%.

La distribución de las respuestas revela el peso de las dificultades materiales en la percepción social: cuatro de las cinco principales preocupaciones están vinculadas directamente con la economía. Además, seis de las diez más mencionadas corresponden a cuestiones relacionadas con los ingresos, el trabajo y el costo de vida.

Un dato significativo es que la inflación quedó por debajo de otras inquietudes. Aunque los precios mantienen una variación mensual cercana al 2%, el aumento del costo de vida ya no aparece como la principal preocupación para la mayoría de los consultados. En cambio, los salarios, el endeudamiento familiar y la posibilidad de perder el empleo ocupan un lugar más relevante.

En cuanto a la evaluación presidencial, la desaprobación alcanza el 55,5%, frente a una aprobación del 36,2%. La diferencia es de 19,3 puntos porcentuales. Si bien el respaldo a Milei registró su tercera suba mensual consecutiva —pasó del 31,4% en julio al 36,2% en octubre—, todavía permanece por debajo del rechazo.

La valoración personal del mandatario ofrece cifras similares, aunque con una brecha más amplia: el 58% manifestó una imagen negativa, mientras que el 35,9% expresó una opinión favorable. La distancia entre ambas posiciones llega a 22,1 puntos.

El estudio se realizó entre el 19 y el 30 de octubre de 2026 mediante una encuesta online de alcance nacional, con 1.278 participantes de las 24 jurisdicciones. La muestra fue ponderada según región, edad y sexo.

Los resultados reflejan una demanda social fuertemente asociada con el poder de compra y la estabilidad laboral. A casi tres años del inicio de la gestión libertaria, la evolución de los salarios, el empleo y los ingresos familiares aparece como un factor central para medir la percepción ciudadana sobre el rumbo económico y el desempeño del Gobierno.

Los hogares argentinos comenzaron noviembre con nuevos aumentos en los servicios de electricidad y gas. Los cuadros tarifarios establecen una suba del 3,57% para la luz en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y del 2,17% para el gas natural en todo el país, aunque la aplicación de descuentos mantiene diferencias importantes entre los usuarios.

El ajuste eléctrico no alcanza directamente a las provincias, donde los valores son determinados por los respectivos entes reguladores. En el AMBA, el incremento podría representar hasta $1.700 adicionales en las facturas, aunque las estimaciones de la Secretaría de Energía ubican el impacto promedio en torno de los $1.150 para tres de cada cuatro usuarios.

La actualización mensual de la electricidad responde a una fórmula que contempla la evolución de los precios mayoristas (IPIM) y del índice de precios al consumidor (IPC). Desde la Secretaría de Energía atribuyeron el aumento de noviembre al encarecimiento de los costos mayoristas, asociado —según explicaron— a los efectos de la guerra en Medio Oriente.

En materia de subsidios, el Gobierno resolvió mantener en 200 kWh mensuales el consumo base bonificable, pese a que el cronograma original contemplaba una reducción a 150 kWh entre septiembre y noviembre. Para los hogares incorporados al régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), continúa una bonificación general del 50%, más un descuento extraordinario del 25%. En conjunto, el beneficio alcanza al 75% del valor de la energía comprendida en el consumo subsidiado.

Para el gas natural también se prorrogó el esquema de descuentos. La bonificación general del 50%, que debía dejar de aplicarse según el cronograma inicial, se mantiene durante noviembre y se suma a un beneficio extraordinario del 24,25%. De esta manera, los usuarios que reúnen las condiciones del programa conservan una reducción total del 74,25%.

Los incrementos se incorporan así a las facturas de noviembre, con un impacto que dependerá de la jurisdicción, el consumo y la condición de cada hogar dentro del régimen de asistencia. La continuidad de las bonificaciones atenúa el costo para los beneficiarios, aunque no modifica el ajuste de los valores tarifarios de referencia.

El proceso de liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) ingresó en una etapa decisiva. Un memorándum firmado el 30 de octubre por su administrador, Gonzalo Secchi, instruyó el inicio de las acciones administrativas para cerrar numerosas dependencias y establecimientos en todo el país, con fecha prevista para el cese de sus operaciones el próximo 30 de noviembre.

La disposición comprende delegaciones de coordinación y provinciales, delegaciones auxiliares, centros de atención al afiliado, auditorías regionales y centros médicos propios. En distintas dependencias, además, comenzaron a llegar notificaciones de despido dirigidas a trabajadores cuyos puestos quedarían alcanzados por la reorganización. La cantidad definitiva de cesantías todavía no fue precisada oficialmente, aunque las estimaciones difundidas anticipan un impacto de cientos de empleos.

El documento establece excepciones para determinadas sedes. Entre las delegaciones que continuarían funcionando figuran las de Tierra del Fuego, AMBA, Neuquén, Santa Cruz, Chubut, Misiones, Salta, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Mar del Plata, Puerto Belgrano y Córdoba. También se exceptúa de la clausura a la Policlínica General Actis y a la Auditoría de Facturación de Prestaciones de Buenos Aires.

La instrucción lleva la firma de Secchi, abogado, contador público y licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires, quien asumió como administrador del organismo el 24 de septiembre, mediante la Resolución 671/2026 del Ministerio de Defensa, en reemplazo del coronel mayor retirado Ariel Guzmán.

La medida se inscribe en la disolución del IOSFA dispuesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia 88/2026, cuya modificación fue publicada el 28 de octubre mediante el DNU 1286/2026. La reorganización contempla la creación de dos entidades: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG).

La última modificación normativa estableció que la transferencia de trabajadores a la nueva OSFA no será automática: su directorio deberá identificar los puestos necesarios y seleccionar al personal que considere indispensable. Quienes no sean incorporados quedarán sujetos a las medidas que disponga el administrador, de acuerdo con el régimen laboral aplicable.

El alcance de los cierres abre, además, interrogantes sobre la atención de los afiliados, especialmente en las localidades donde las dependencias que dejarán de operar constituyen puntos de acceso a consultas, auditorías y prestaciones médicas. Aunque el decreto establece un período de transición y contempla la continuidad de determinados tratamientos que no puedan interrumpirse, la reducción de la red territorial plantea dudas sobre cómo se garantizará la cobertura cotidiana.

Con el 30 de noviembre como fecha fijada para el cierre de las dependencias alcanzadas, la liquidación del IOSFA comienza a traducirse en consecuencias concretas para sus trabajadores y beneficiarios. La reorganización no solo definirá qué estructura institucional reemplazará a la obra social, sino también qué personal conservará sus puestos y cómo se sostendrá la atención sanitaria de quienes dependen de ella.