Con la inminente sanción de la reforma impulsada por el presidente Milei, las centrales sindicales anticipan una batería de presentaciones judiciales. Especialistas en derecho laboral y constitucional advierten sobre un escenario complejo: la disputa podría fragmentarse en litigios individuales y recorrer un largo derrotero hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin garantías de un fallo con efectos generales.

Apenas la ley sea promulgada, la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) acudirán a los tribunales. Así lo confirmaron sus dirigentes, entre ellos Jorge Sola y el diputado sindical Hugo Yasky, quienes anticiparon que la estrategia combinará planteos por inconstitucionalidad, afectación de derechos individuales y vulneración de derechos colectivos.

El cuestionamiento central se apoya en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional —que consagra el principio protectorio del trabajo— y en tratados internacionales con jerarquía constitucional, incluidos los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Según los especialistas consultados por distintos medios, la reforma introduciría una regresión en estándares mínimos de tutela laboral, lo que chocaría con el principio de progresividad de los derechos sociales.

1. Amparo colectivo en la Justicia del Trabajo
   La primera vía probable es la presentación de un amparo colectivo ante la Justicia Nacional del Trabajo. Esta herramienta permitiría impugnar la constitucionalidad de la norma en su conjunto o de artículos específicos —como los vinculados al banco de horas, la fragmentación de vacaciones o el Fondo de Asistencia Laboral— con el objetivo de obtener una declaración de invalidez general.
   Sin embargo, el antecedente del DNU 70/2023 dejó una señal ambigua. Si bien la Cámara Nacional del Trabajo declaró la inconstitucionalidad del capítulo laboral, la cuestión terminó diluyéndose en un laberinto procesal que reforzó la tendencia a analizar cada conflicto en forma individual. La clave será si los jueces reconocen legitimación amplia a las centrales sindicales o restringen la discusión a casos concretos.
2. Demandas individuales “caso por caso”
   Aquí aparece la principal apuesta del oficialismo: que cualquier controversia se dirima únicamente cuando exista un trabajador afectado en un conflicto específico —por ejemplo, ante un despido o la aplicación de una jornada extendida—.
   En ese escenario, la discusión se atomiza. Cada trabajador debería iniciar su propio juicio, atravesar primera y segunda instancia, eventualmente llegar a una corte provincial y recién después aspirar a la revisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El proceso sería largo, costoso y con efectos limitados al caso particular.
   El riesgo señalado por constitucionalistas es evidente: aun cuando un artículo sea declarado inconstitucional en un expediente puntual, la estructura general de la ley seguiría vigente para el resto de las relaciones laborales.
3. Fuero Contencioso Administrativo
   Otra alternativa es accionar en el fuero Contencioso Administrativo Federal, sobre todo si se cuestionan actos reglamentarios del Poder Ejecutivo o la validez formal del proceso legislativo. Esta vía podría habilitar planteos más amplios, aunque también enfrenta el escollo de la legitimación y la posible fragmentación de criterios entre tribunales.
4. Planteos sectoriales y derechos colectivos
   Sindicatos específicos ya analizan acciones focalizadas. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), por ejemplo, prepara un planteo por la derogación del Estatuto del Periodista, alegando regresividad e irrazonabilidad normativa. La estrategia apunta a defender derechos colectivos como la negociación paritaria, la huelga y la libertad sindical.
   En estos casos, la discusión podría adquirir mayor densidad constitucional, ya que involucra garantías que trascienden la esfera individual y afectan la estructura de representación gremial.
   El factor Corte y el nuevo mapa judicial
   Un elemento adicional complejiza el panorama: tras el precedente “Levinas”, el tribunal revisor de la Cámara Nacional del Trabajo pasó a ser el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires antes de la eventual intervención de la Corte nacional. Este rediseño institucional altera la dinámica tradicional y podría influir en los tiempos y alcances de los fallos.
   En la práctica, cualquier definición de fondo podría tardar años en consolidarse. Y aun así, el máximo tribunal podría optar por resolver únicamente sobre el caso concreto, sin invalidar la norma en abstracto.
   Un conflicto de fondo
   La discusión judicial no será meramente técnica. En juego está la tensión entre el principio protectorio del derecho laboral y la potestad del Congreso para redefinir el marco normativo de las relaciones de trabajo.
   Para el movimiento obrero, la reforma implica una regresión estructural incompatible con el mandato constitucional. Para el oficialismo, en cambio, se trata de modernizar un esquema que consideran rígido y disfuncional.
   
   Las vías judiciales existen y ya están en preparación. Amparos colectivos, demandas individuales y planteos sectoriales conformarán una ofensiva legal que buscará frenar o al menos limitar la aplicación de la reforma laboral. Sin embargo, el escenario es incierto.
   Si los tribunales optan por el “caso por caso”, la disputa se fragmentará y se extenderá en el tiempo, reduciendo el impacto general de cualquier fallo favorable a los trabajadores. El desenlace dependerá, en última instancia, de cómo el Poder Judicial interprete su rol frente a una ley que redefine —y para muchos recorta— el alcance de los derechos consagrados en el artículo 14 bis.

Tras las modificaciones introducidas por Diputados —entre ellas la eliminación del artículo 44 sobre licencias médicas—, la iniciativa volvió al Senado para su definición final. El oficialismo confía en reunir los votos necesarios y cerrar el trámite parlamentario antes de fin de mes.

El Senado afronta en los próximos días una instancia clave para el futuro de la reforma laboral. Luego de que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto con cambios sustanciales, el texto regresó a la Cámara alta, que ahora debe optar entre aceptar las modificaciones o insistir con su redacción original.

El procedimiento legislativo es taxativo. Si el Senado convalida los cambios introducidos por Diputados, la ley queda sancionada con esa versión. En cambio, si decide insistir con el texto que había aprobado inicialmente, necesitará reunir la misma mayoría —o una superior— a la alcanzada por la Cámara revisora. De no lograr ese respaldo, prevalecerá la redacción votada en Diputados. El reglamento impide, en esta etapa, rechazar integralmente el proyecto o incorporar nuevas alteraciones.

El oficialismo ya obtuvo dictamen en un plenario de las comisiones de Trabajo y Presupuesto y prevé llevar la iniciativa al recinto el viernes 27 de febrero. Desde la conducción parlamentaria confirmaron que el Senado aceptará la eliminación del artículo 44, una señal que despeja uno de los principales focos de controversia y allana el camino hacia la sanción definitiva.

Ese artículo establecía que el empleador debía abonar durante tres meses el 50% del salario en caso de enfermedad o accidente laboral, o el 75% cuando el trabajador tuviera cargas de familia. Su supresión fue uno de los puntos más debatidos en Diputados y funcionó como gesto político para facilitar acuerdos.

Más allá de ese recorte, el proyecto mantiene cambios estructurales en la Ley de Contrato de Trabajo. Introduce modificaciones en el esquema indemnizatorio, redefine el cálculo de vacaciones y horas extras, revisa aportes patronales y fija nuevas pautas sobre el ejercicio del derecho de huelga en actividades consideradas esenciales. También incorpora el denominado Fondo de Asistencia Laboral, un mecanismo destinado a financiar indemnizaciones con recursos administrados por la Anses, aspecto que abrió una fuerte discusión política.

Durante el debate en comisión se registraron cruces intensos entre senadores del peronismo y de La Libertad Avanza. Desde Unión por la Patria cuestionaron el impacto de la reforma en las condiciones laborales y advirtieron sobre el eventual destino de los fondos involucrados. El oficialismo, por su parte, rechazó irregularidades, defendió la legalidad del procedimiento y sostuvo que la iniciativa moderniza el mercado de trabajo y fomenta la formalización.

En este aspecto el Gobierno aspira a tratar en la misma semana otros expedientes sensibles: el Régimen Penal Juvenil, la reforma de la Ley de Glaciares y el pliego diplomático de Fernando Iglesias, en una agenda que combina reformas estructurales con definiciones políticas de alto voltaje.

Con el dictamen firmado y los votos comprometidos, el oficialismo apuesta a cerrar el capítulo legislativo antes de que concluya febrero. La decisión final quedará en manos del Senado: si acepta las modificaciones, la reforma laboral será ley; si insiste con el texto original sin reunir la mayoría necesaria, prevalecerá la versión de Diputados. En cualquiera de los escenarios, la Cámara alta se dispone a protagonizar una de las votaciones más trascendentes del período extraordinario, con impacto directo sobre el entramado laboral argentino.

La CTERA definió un paro nacional docente para el próximo 2 de marzo, en el marco del no inicio del ciclo lectivo, y anunció la continuidad de un plan de acción que incluirá caravanas, carpas y movilizaciones en todo el país. La decisión fue adoptada durante el Congreso Nacional que la organización realizó este viernes en la Ciudad de Buenos Aires, con la participación de congresales de todas las provincias.

La resolución se inscribe en una escalada del conflicto educativo a nivel federal, atravesado por el reclamo de reapertura de la paritaria nacional docente y por cuestionamientos a las políticas económicas que, según el gremio, impactan de manera directa en los salarios y en el financiamiento del sistema educativo.

Un Congreso con definiciones políticas y gremiales

Durante la jornada se desarrollaron el Congreso Ordinario y el Congreso Extraordinario de la Confederación. En el primero, se aprobó por amplia mayoría la Memoria y Balance del período, donde se detalló el trabajo político, gremial y organizativo realizado en defensa de la educación pública y de los derechos laborales del sector.

En el Congreso Extraordinario, en tanto, se debatió la política gremial y se votó la continuidad del plan de lucha. La secretaria general, Sonia Alesso, presentó un informe político en el que analizó la coyuntura nacional e internacional, el impacto del ajuste en la educación pública y la situación salarial de los trabajadores del sector.

El encuentro fue sesionado bajo el nombre de “Beto Pianelli”, en homenaje a su trayectoria sindical y compromiso con los derechos de los trabajadores.

Paro nacional y plan de acción

El paro del 2 de marzo marcará el no inicio del ciclo lectivo en distintas jurisdicciones y será acompañado por una agenda de acciones que, según se informó, se extenderá durante todo el mes. El plan contempla actividades de visibilización y protesta para informar a la comunidad educativa sobre los reclamos del sector.

Entre los ejes centrales se encuentra la exigencia de convocatoria a la paritaria nacional docente —instancia que fija el salario mínimo del sector y lineamientos generales para las provincias— y la discusión de una nueva Ley de Financiamiento Educativo. Asimismo, el Congreso expresó su rechazo al proyecto denominado “Ley de Libertad Educativa”, al considerar que podría afectar el carácter público y federal del sistema.

Unidad sindical y rechazo a la reforma laboral

La resolución también ratificó la articulación con otras organizaciones sindicales y sociales para movilizar contra la reforma laboral y las políticas de ajuste. En ese marco, CTERA reafirmó su compromiso con la defensa de la escuela pública, el salario docente y las condiciones de enseñanza y aprendizaje.

El paro nacional agrega presión sobre los gobiernos provinciales, que en muchos distritos aún mantienen abiertas las negociaciones salariales. Con el calendario escolar a punto de comenzar, el escenario anticipa un arranque atravesado por la conflictividad gremial y por una disputa que excede lo estrictamente salarial para instalar un debate más amplio sobre el modelo educativo y el financiamiento del sistema.