El intendente Emiliano Durand y el secretario general de ASIJEMIN, Marcelo Mena Muñoz, firmaron un acuerdo para promover cursos, talleres y diplomados destinados a fortalecer la capacitación técnica y profesional vinculada con la minería.

La Municipalidad de Salta y ASIJEMIN acordaron avanzar en una agenda de formación orientada a acompañar el crecimiento de la minería y ampliar las oportunidades de capacitación para trabajadores y vecinos interesados en incorporarse a la industria.

El entendimiento quedó formalizado mediante un acta suscripta por el intendente Emiliano Durand y el secretario general de la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN), Marcelo Mena Muñoz.

La propuesta contempla el diseño de cursos, talleres, diplomados y otras instancias educativas destinadas a incorporar conocimientos técnicos y profesionales requeridos por la minería. La iniciativa procura, además, fortalecer la preparación de trabajadores que ya se desempeñan en la industria y facilitar el acceso a herramientas de formación para personas que buscan ingresar a ella.

Durante el encuentro también participaron Roberto Velázquez, de la Delegación Regional NOA; Humberto Coria, director de la Delegación Regional Centro; y Roque Balmaceda, secretario de Acción Social y Turismo de ASIJEMIN.

La Secretaría Técnico-Profesional y de Formación, encabezada por Fabián Gasco, tendrá un papel central en el desarrollo de las futuras propuestas, con el objetivo de orientar los contenidos hacia las necesidades profesionales y técnicas que demanda la minería.

El acuerdo adquiere relevancia en una provincia integrada a uno de los corredores mineros del NOA, donde la expansión de proyectos extractivos requiere perfiles con formación específica en áreas técnicas, profesionales y operativas.

Para ASIJEMIN, la capacitación constituye además una herramienta para mejorar las competencias de los trabajadores y ampliar las posibilidades de incorporación de nuevos recursos humanos. La apertura de propuestas educativas hacia la comunidad busca vincular la formación laboral con las oportunidades que genera el desarrollo minero.

El titular de ADICUS, Jaime Barcelona, cuestionó en Mundo Laboral San Juan la propuesta salarial del Gobierno nacional y sostuvo que el incremento del 3% para septiembre no permite recuperar el poder adquisitivo perdido. El dirigente denunció además el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, respaldó el paro del 8 de septiembre y anticipó nuevas acciones gremiales, incluida una nueva Marcha Federal Universitaria.

El conflicto vuelve a profundizarse después del fracaso de la última negociación salarial entre el Gobierno nacional y las organizaciones gremiales.

El Frente Sindical Universitario convocó a un paro nacional de 24 horas para este martes 8 de septiembre, luego de rechazar la propuesta oficial de incrementar un 3% los salarios en septiembre. La oferta fue considerada insuficiente por las federaciones, que reclaman una recomposición mucho mayor para comenzar a recuperar el poder adquisitivo perdido frente a la inflación.

En diálogo con Mundo Laboral San Juan, Jaime Barcelona explicó que el rechazo no responde solamente al porcentaje ofrecido, sino también a la forma en que el Gobierno presenta ese incremento dentro del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El dirigente de ADICUS remarcó que el otro 3% correspondiente a octubre ya formaba parte de un entendimiento anterior. Por eso, desde la perspectiva sindical, no se trata de un nuevo aumento acumulado del 6%, sino de una mejora efectiva del 3% para septiembre.

“Ese 3% es totalmente insuficiente”, sostuvo Barcelona, quien advirtió que la propuesta no modifica sustancialmente el deterioro salarial acumulado por los docentes y nodocentes universitarios.

La diferencia entre la interpretación oficial y la sindical constituye uno de los principales puntos de conflicto. Mientras el Gobierno presenta los incrementos como parte de una actualización trimestral, los gremios sostienen que una parte de ese porcentaje ya estaba acordada y que, por lo tanto, no representa una nueva recomposición.

La discusión salarial está directamente vinculada con la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, sancionada por el Congreso en 2025. La norma establece mecanismos para recomponer salarios y garantizar recursos para las universidades públicas.

De acuerdo con las declaraciones del referente de ADICUS, los gremios de la universidad aguardaban un planteamiento firme por parte del Gobierno central para cumplir con las obligaciones fijadas por la legislación. No obstante, recibieron a cambio una propuesta de ajuste salarial diferente que, a juicio de los sindicatos, resulta insuficiente para solucionar la crisis de raíz.

El dirigente cuestionó que el Ejecutivo pretenda presentar los aumentos ya acordados como parte del cumplimiento de la legislación, cuando —según señaló— las resoluciones judiciales establecieron que aquel acuerdo no implicaba por sí mismo la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento.

“Esperábamos una propuesta concreta, real, para pagarnos lo adeudado”, resumió Barcelona.
De este modo, el problema cobró una relevancia que trasciende el debate paritario. El enfrentamiento actual sumó la participación del Poder Legislativo, el Gobierno, el marco judicial y los gremios que agrupan al personal docente y no docente de las universidades.

La pérdida salarial y la comparación con otros estatales

Uno de los argumentos centrales de ADICUS es la magnitud de la pérdida del poder adquisitivo acumulada durante los últimos años.

Barcelona sostuvo que la propuesta oficial no permite recomponer los salarios y recordó que otros trabajadores estatales recibieron ofertas superiores.

Desde el sindicalismo universitario, distintas federaciones vienen planteando recomposiciones superiores al 30% para comenzar a recuperar lo perdido frente a la inflación. La discusión, por lo tanto, ya no gira exclusivamente alrededor de la inflación mensual, sino sobre una pérdida acumulada que los gremios consideran estructural.

El nuevo plan de lucha nacional incluye esta misma exigencia. La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUBA) plantea como uno de sus objetivos recuperar mediante la negociación salarial lo perdido frente a la inflación y exige, junto con la aplicación de la ley, un presupuesto universitario suficiente.

Paro, clases públicas y movilización

El paro del 8 de septiembre será el próximo capítulo de una escalada que las organizaciones universitarias vienen profundizando desde hace meses.

El cronograma anunciado por el Frente Sindical Universitario incluye, además, una jornada nacional de clases públicas el 15 de septiembre y una movilización frente al Palacio Pizzurno el 17, coincidiendo con la convocatoria a la próxima paritaria docente y nodocente.

Barcelona planteó durante la entrevista que el 17 de septiembre puede convertirse en otra jornada de fuerte visibilización del conflicto y no descartó una movilización hacia el ámbito donde se desarrolle la negociación.

Para ADICUS, la próxima reunión paritaria será una instancia decisiva. La expectativa sindical está puesta en que el Gobierno presente una propuesta diferente que permita avanzar tanto en la recomposición salarial como en la aplicación de la Ley de Financiamiento.

Hacia una nueva Marcha Federal Universitaria

La disputa también comienza a trasladarse nuevamente a las calles.
El movimiento universitario ya trabaja en la organización de una nueva Marcha Federal Universitaria, que en las últimas horas comenzó a tomar forma como una quinta movilización nacional de este tipo.

El Frente Sindical Universitario confirmó que busca realizarla durante la primera semana de octubre, mientras que otras expresiones del sistema universitario habían planteado inicialmente la posibilidad de concretarla entre fines de septiembre y comienzos de octubre.

La movilización sería la continuidad de una secuencia de grandes protestas iniciada en 2024 y sostenida durante 2025 y 2026. El propio Consejo Interuniversitario Nacional participó de las anteriores convocatorias y ha mantenido un reclamo sostenido por el financiamiento de las universidades públicas.

El secretario general del sindicato que representa a los trabajadores telefónicos en San Juan, Marcelo Trujillo, analizó en Mundo Laboral SJ el nuevo acuerdo salarial alcanzado con las grandes compañías de telecomunicaciones, los efectos de los cambios normativos sobre los convenios y el futuro de los empleos frente a la expansión de la fibra óptica, la digitalización y la automatización. También respaldó la nueva conducción de la CGT San Juan y reclamó unidad sindical para afrontar una etapa de profundas transformaciones.

Una paritaria condicionada por la inflación

Los trabajadores telefónicos atraviesan una nueva negociación salarial con Claro, Movistar y Personal, en un escenario marcado por aumentos que buscan recomponer parcialmente el poder adquisitivo frente a la inflación y por modificaciones en las reglas que alcanzan a los convenios colectivos.

Trujillo explicó que el acuerdo contempla incrementos para los próximos meses, además de sumas fijas y componentes vinculados con las condiciones convencionales. Sin embargo, advirtió que la discusión salarial continúa condicionada por la referencia del Índice de Precios al Consumidor (IPC), una dinámica que obliga a las organizaciones sindicales a negociar sobre valores que muchas veces llegan con posterioridad al aumento de los precios.

“Tenemos que jugar con el IPC”, señaló el dirigente, al remarcar que las negociaciones se realizan sobre una inflación ya ocurrida. Para los trabajadores, el desafío continúa siendo evitar que la actualización nominal de los salarios vuelva a quedar por debajo del costo de vida.

Pero la discusión no se limita al porcentaje de aumento. Trujillo puso el foco también sobre las modificaciones introducidas por la normativa laboral en materia de descuentos y conceptos convencionales, cuestiones que obligan a revisar mecanismos que durante años formaron parte de los acuerdos entre empresas y sindicatos.

Uno de los puntos que mencionó es el tratamiento de determinadas sumas convencionales y su eventual consideración como conceptos mensuales y habituales. Allí aparece una cuestión particularmente sensible: el aguinaldo, que por definición se abona dos veces al año.

El dirigente sostuvo que los sindicatos deberán encontrar junto con las empresas mecanismos que permitan preservar esos derechos y evitar que las nuevas disposiciones terminen afectando ingresos que los trabajadores ya tenían incorporados.

La discusión se extiende además a los convenios colectivos. Según explicó Trujillo, mientras algunos continúan vigentes, en distintas ramas comenzaron a plantearse modificaciones o renegociaciones a partir del vencimiento de acuerdos anteriores.

De la telefonía fija a un mundo conectado

Más allá de la paritaria, el cambio más profundo que atraviesa a los trabajadores telefónicos está relacionado con la propia transformación de las telecomunicaciones.

El represntante gremial sostuvo que la reconversión comenzó mucho antes de la actual expansión de la inteligencia artificial y la automatización. Para los trabajadores telefónicos, el proceso se inició con las privatizaciones y continuó con la incorporación progresiva de nuevas tecnologías.

La comparación permite dimensionar la magnitud del cambio. Décadas atrás, el trabajo estaba asociado fundamentalmente al teléfono fijo y las redes de cobre. Luego llegó el ADSL, más tarde la fibra óptica y, con ella, una infraestructura capaz de transportar internet, aplicaciones y una multiplicidad de servicios digitales.

“El módem puede terminar manejando todo”, explicó Trujillo, al describir una realidad que ya dejó de pertenecer al terreno de la ciencia ficción: cámaras de seguridad, televisores, electrodomésticos y otros dispositivos conectados a una misma red.

A ese proceso se suma ahora la expansión de nuevas tecnologías, automatización y sistemas cada vez más sofisticados. Para el dirigente, esa evolución obliga a los trabajadores a capacitarse y modificar sus conocimientos de manera permanente.

“Somos la profesión que más se ha ido adaptando a los nuevos tiempos y a las nuevas tecnologías”, afirmó.

La transformación también tiene un costo laboral. El gremialista reconoció que las empresas ya no tienen las mismas dotaciones de personal que tenían antes de las privatizaciones y que la reducción de puestos se ha producido de manera sostenida.

Frente a ese proceso, la organización sindical busca combinar la defensa de los puestos existentes con la reconversión de trabajadores hacia nuevas funciones.

“No somos la misma cantidad desde las privatizaciones”, admitió. Al mismo tiempo, señaló que la tarea sindical consiste en procurar recuperar parte del empleo perdido, capacitar a quienes permanecen y encontrar nuevas funciones vinculadas con la evolución tecnológica.

El desafío de la CGT después de la reelección de Cabello

La entrevista también tuvo como protagonista a la CGT Regional San Juan, que acaba de renovar su conducción con Eduardo Cabello al frente y con un fuerte respaldo de las organizaciones sindicales que participaron de la elección.

Trujillo destacó que la conducción no debe entenderse exclusivamente a partir de quien ocupa la Secretaría General. Para el dirigente telefónico, la central obrera representa al conjunto de sindicatos que la integran y su fortaleza depende de la capacidad de cada organización para defender a sus trabajadores.

Según precisó, de los 64 gremios que integran la estructura, 54 estuvieron en condiciones de participar de la votación y respaldar la nueva conducción.

“La CGT es la conjunción de todos los gremios”, sostuvo, y remarcó que la representación colectiva adquiere mayor fuerza cuando cada sindicato cumple con su propia responsabilidad.

Definir esto es fundamental hoy, cuando se discuten los salarios, cambian las relaciones de trabajo y se reforman los derechos de los convenios.

Unidad sindical y diálogo interno

Trujillo también respaldó el llamado de Cabello a mantener abierta la puerta al diálogo con otros espacios sindicales.

Para el dirigente telefónico, las diferencias internas forman parte de cualquier estructura gremial, pero no deberían impedir la construcción de acuerdos cuando existe voluntad de diálogo y respeto.

“Las ropitas se lavan en casa”, graficó al referirse a las discusiones internas, y sostuvo que la unidad sindical no implica ausencia de diferencias, sino capacidad para procesarlas dentro de las propias organizaciones.

El objetivo común, planteó, debe estar por encima de las diferencias personales: defender el empleo, preservar los derechos laborales y evitar que las modificaciones impulsadas en materia normativa terminen debilitando las conquistas obtenidas durante décadas, concluyó.