En medio de un escenario político y sindical convulsionado, Eduardo Cabello, secretario general de la CGT San Juan, se mostró firme y contundente. En diálogo con Mundo Laboral SJ, abordó los temas más sensibles que preocupan al movimiento obrero: la inconstitucionalidad del DNU que buscaba limitar el derecho a huelga, la reforma laboral y previsional que impulsa el Gobierno nacional, el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad y las consecuencias que eso tendrá para las provincias, los trabajadores y la obra pública.

Cabello no esquivó ninguna pregunta. Con el temple de quien lleva años al frente de la dirigencia sindical, celebró que la justicia haya puesto límites al avance del Poder Ejecutivo, al declarar inválidos los artículos del DNU 340/2025 que pretendían condicionar la posibilidad de hacer huelga, derecho garantizado por la Constitución Nacional. A su entender, se trataba de un intento por imponer una visión autoritaria del mundo del trabajo, sin diálogo ni respeto por la ley. “ Gracias a Dios, nos da tranquilidad que la justicia haya actuado con criterio”, expresó, subrayando que el sindicalismo nunca dejó de actuar dentro del marco legal, incluso en los momentos de mayor tensión.

Para el dirigente, este fallo representa mucho más que una victoria judicial: es una señal de que aún existen contrapesos institucionales que frenan decisiones unilaterales. “Siempre elegimos el camino del consenso, y eso es lo que nos diferencia. El diálogo es la salida, no el atropello”, resumió.

Reforma laboral: el límite es el retroceso

La posibilidad de una reforma laboral y previsional, anunciada recientemente por el presidente Javier Milei, encendió luces de alerta en el sindicalismo. Cabello no ocultó su preocupación. Si bien reconoció que el mundo laboral requiere adaptaciones frente a las nuevas realidades productivas y tecnológicas, fue claro en marcar un límite: no se permitirán retrocesos en materia de derechos ni flexibilizaciones que atenten contra la estabilidad o la dignidad del trabajador.

Advirtió que, detrás de estos anuncios, hay un modelo que no busca mejorar las condiciones laborales, sino eliminar estructuras sindicales y debilitar la representación colectiva. “Algunos quisieran borrar al sindicalismo del mapa. Pero mientras haya trabajadores, va a haber organización, y nosotros vamos a estar ahí”, expresó con convicción.

Cabello señaló que la CGT está dispuesta a discutir, a aportar ideas y a sentarse en una mesa de debate. Pero no desde la imposición ni el recorte. “No le tememos al cambio, pero sí a la injusticia”, resumió.

7 de agosto: se prepara una movilización masiva

La CGT analiza convocar a una gran movilización nacional el próximo 7 de agosto, coincidiendo con la festividad de San Cayetano, tradicional jornada de reclamo por pan, paz y trabajo. Según explicó Cabello, el objetivo es visibilizar el malestar creciente en los distintos sectores sociales y laborales, sin caer en la provocación ni en la violencia.

Insistió en que la movilización debe ser un acto de unidad y de responsabilidad, lejos de la confrontación partidaria. “Queremos mostrar nuestro descontento con respeto, sin que se lo utilice políticamente”, advirtió, al tiempo que remarcó que no se trata de una marcha contra nadie en particular, sino de una expresión legítima del movimiento obrero frente a decisiones que los afectan directamente.

Vialidad Nacional: un golpe a la infraestructura y al federalismo

Uno de los puntos más críticos de la entrevista fue el análisis del cierre de la Dirección Nacional de Vialidad. Para Cabello, esta medida —ejecutada por decreto— representa un despropósito institucional, que va más allá de la pérdida de puestos de trabajo. Denunció que el desmantelamiento del organismo no sólo deja a cientos de familias sin sustento, sino que compromete la ejecución y el mantenimiento de rutas claves para la producción y la conectividad en todo el país.

“Las provincias quedamos a la deriva. Ya no se sabe a quién reclamarle una obra, un pago, un crédito. Cerraron oficinas, paralizaron proyectos. El impacto se va a sentir en la economía real, y en poco tiempo”, detalló. También hizo hincapié en la falta de planificación: ni los gobernadores ni los municipios saben cómo continuar con obras ya iniciadas, muchas de las cuales están vinculadas a la actividad de constructoras locales que también podrían quedar en crisis.

En el caso particular de San Juan, explicó que Vialidad Nacional emplea a más de 200 trabajadores distribuidos en toda la provincia. “Estamos hablando de familias enteras, de compañeros con años de servicio, que hoy no saben qué va a pasar con ellos”, lamentó.

Una crítica sin rodeos al Gobierno nacional

En un momento de la entrevista Cabello dejó una de las frases más fuertes. Cuando se le preguntó si creía que estas medidas respondían a una estrategia o a una improvisación, no dudó en criticar con dureza la falta de rumbo del Ejecutivo:

“No sé si están cansados de gobernar, si quieren que los echen para culpar a otros, o si —y perdón la expresión— son tan nabos que no saben lo que están haciendo”.

Con esa frase resumió el desconcierto que, según él, reina entre los trabajadores, las provincias y gran parte de la dirigencia política frente a decisiones que no sólo son impopulares, sino también ineficaces y desordenadas.

Eduardo Cabello dejó en claro que la CGT San Juan está en estado de alerta permanente. No para confrontar por confrontar, sino para defender lo que considera innegociable: el respeto por los derechos laborales, la institucionalidad y la inclusión social. En tiempos donde el ajuste parece ser el único camino planteado desde el poder, el sindicalismo sanjuanino se planta, debate y propone.

Y aunque la incertidumbre reina, una cosa quedó clara: la voz de los trabajadores sigue viva y no piensa callarse, concluyó.

El secretario adjunto de Vialidad Nacional en San Juan, Jorge Pérez, manifestó su preocupación por el cierre del organismo dispuesto por el DNU presidencial, alertó sobre el impacto en los puestos laborales y en el mantenimiento de rutas, y adelantó que se evalúan medidas judiciales y gremiales.

Pérez calificó de “triste” el anuncio oficial de la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, medida incluida en el Decreto 461, y explicó que el proceso de vaciamiento comenzó a evidenciarse a principios de año con la falta de partidas presupuestarias.

“Ya se venía hablando de que los contratados quedarían sin trabajo y los de planta serían pasados a disponibilidad. Es un ajuste que como siempre, recae sobre los trabajadores.”

El gremialista advirtió que no solo está en juego la estabilidad de los 210 trabajadores viales en San Juan, sino también el funcionamiento de la infraestructura vial a nivel nacional: “¿Quién va a mantener las rutas que no sean rentables para concesionar? Las que no tengan peajes no le interesan a las empresas. Ahí es donde trabajamos nosotros.”

Además, alertó sobre la incertidumbre que genera el traspaso del organismo al Ministerio de Economía, dejando atrás su carácter descentralizado.

Medidas judiciales y gremiales en evaluación

El refente gremial confirmó que se está avanzando con una medida cautelar para frenar el decreto, impulsada por el sindicato nacional, y que el gremio se encuentra en estado de alerta y movilización: “Estamos manifestándonos en todo el país, con apoyo de otras organizaciones gremiales y de parte del arco político. La solidaridad ha sido impactante.”

“Nos preocupa qué pasará con nuestras familias, con los trabajadores y con las rutas de San Juan. Las nacionales atraviesan la provincia, no pasan por el costado.”

Finalmente, Pérez agradeció el respaldo de los medios y expresó su compromiso con la defensa de los derechos laborales: “Vamos a seguir reclamando, por nuestras fuentes laborales y por el futuro de Argentina. El desmantelamiento de Vialidad es parte de una política que está destruyendo instituciones públicas en todo el país.”

La subsecretaría de Trabajo convocó a empresarios y choferes de colectivos para este viernes, en busca de un acuerdo que garantice el servicio. La conciliación obligatoria vence el 16 de julio y se busca evitar medidas de fuerza que afecten a los usuarios.

La subsecretaría de Trabajo sigue trabajando para sellar un acuerdo entre empresarios y choferes de colectivos que garantice el servicio en la provincia. Este viernes, se llevará a cabo una nueva reunión entre ATAP y UTA, en el marco del plazo de la conciliación obligatoria que vence el próximo 16 de julio. El subsecretario de Trabajo, Franco Marchese, aseguró que seguirán convocando a reuniones hasta que los trabajadores y la patronal lleguen a un acuerdo y evitar medidas de fuerza.

Los empresarios de colectivos mantienen su postura con respecto a la oferta del incremento salarial, que fue rechazada por UTA. Según Marchese, los empresarios son concesionarios del servicio y deben hacerse cargo de las obligaciones que asumieron. «Si no te dan los números, entonces hacete para un costado», afirmó el subsecretario.

Pese a que el tema es delicado, el clima de la última audiencia no fue «tan tenso». Las tres partes buscan dejar de lado el enojo que puede haber y que la conciliación no fracase para llegar al mejor acuerdo. Marchese afirmó que, si no llegan a un entendimiento este viernes, la subsecretaría de trabajo dispondrá la cantidad de audiencias necesarias hasta el próximo miércoles para llegar a un acuerdo.