La visita del papa León XIV a la Argentina tuvo una representación institucional de San Juan en el acto oficial realizado en el Palacio Libertad. El gobernador Marcelo Orrego, acompañado por su esposa, Eliana Albornoz, participó del encuentro en el que el Pontífice pronunció su primer discurso en suelo argentino ante las máximas autoridades nacionales.

Tras la ceremonia, el mandatario provincial puso el foco en el contenido social de las palabras del Santo Padre y destacó la responsabilidad que implica ejercer una función pública. En particular, valoró las referencias al cuidado de la vida, la protección de las familias, la promoción del trabajo digno y la generación de oportunidades para las nuevas generaciones.

Orrego expresó su emoción por haber participado de la convocatoria en representación de los sanjuaninos y consideró que se trató de una experiencia significativa. También manifestó coincidencias con los principios planteados por León XIV y sostuvo que deben orientar la tarea de quienes tienen responsabilidades de gobierno.

“Como gobernador y también como creyente, comparto plenamente su mirada sobre la responsabilidad que tenemos quienes ejercemos una función pública: cuidar y respetar la vida desde la concepción, proteger a las familias, promover el trabajo digno y generar oportunidades para que nuestros jóvenes puedan crecer y construir su futuro en la tierra donde nacieron”, afirmó.

El titular del Ejecutivo sanjuanino señaló que esos objetivos forman parte de las prioridades que procura sostener junto con su equipo de gestión. En ese sentido, planteó que las decisiones gubernamentales deben mantener como referencia las necesidades de las personas y las condiciones necesarias para que cada generación pueda desarrollar su proyecto de vida en su lugar de origen.

Otro de los aspectos que destacó fue el llamado papal a fortalecer la unidad y el diálogo, incluso frente a diferencias políticas, sociales o institucionales. Para Orrego, la posibilidad de construir acuerdos constituye una condición indispensable para avanzar hacia objetivos compartidos y evitar que las divisiones se conviertan en un obstáculo para el desarrollo colectivo.

“Creo profundamente que, aun con cualquier tipo de diferencias, siempre tenemos que ser capaces de encontrarnos y trabajar por el bien común”, sostuvo.

«La presencia del gobernador en el Palacio Libertad superó el mero marco protocolar. Al analizar el mensaje del papa León XIV, el mandatario remarcó que los valores de solidaridad y responsabilidad social deben materializarse en políticas públicas efectivas, transformando el llamado a la unidad en acciones concretas para la sociedad.»

Ocho empresas participaron de la licitación, pero solo cuatro superaron la evaluación administrativa. La propuesta económica más baja fue de $87.860 millones, por encima del presupuesto oficial de $84.942 millones. El proyecto contempla cuatro carriles, colectoras, intercambiadores y nuevos puentes, con un plazo de ejecución de 30 meses.

La licitación, correspondiente al tramo que conecta Chimbas con Albardón, convocó inicialmente a ocho oferentes. Sin embargo, cuatro quedaron excluidos tras la revisión de la documentación administrativa y el cumplimiento de las condiciones establecidas en los pliegos. La apertura y evaluación de las propuestas demandó más de seis horas, debido a la complejidad técnica y legal del procedimiento.

La oferta de menor valor correspondió a la unión transitoria integrada por Sigma y LLP Pietroboni, que cotizó los trabajos en $87.860 millones. Detrás se ubicó la firma sanjuanina Mapal, con una propuesta de $89.015 millones. La asociación entre Terusi y BBC presentó una cotización de $93.286 millones, mientras que Vialagro, de Buenos Aires, completó la nómina con $94.768 millones.

Entre las compañías que no avanzaron a la instancia siguiente figuran Pablo Federico e Hijos, Federico Hermanos junto con Chediak, Construcciones Ivica y A. Dumandzic, y la unión conformada por Armegom y BWT.

El presupuesto oficial fue fijado en $84.942 millones, con financiamiento proveniente del fideicomiso minero Vicuña. La diferencia entre ese cálculo y las propuestas recibidas será uno de los aspectos que deberán considerar las autoridades antes de resolver la adjudicación.

Una intervención vial para cambiar la circulación

El proyecto comprende poco más de tres kilómetros entre el Callejón Blanco y la calle Rawson, con una configuración de cuatro carriles destinada a mejorar la circulación y reducir los conflictos de tránsito en uno de los corredores de mayor importancia para el norte del área metropolitana.

La intervención incluye colectoras laterales, bicisendas e intercambiadores a distinto nivel. También prevé cuatro puentes sobre el río San Juan y distintas arterias principales, obras concebidas para ordenar los desplazamientos y facilitar la circulación del transporte pesado.

De acuerdo con las condiciones establecidas por Vialidad Provincial, el plazo de ejecución será de 30 meses. La magnitud de la inversión y la infraestructura prevista convierten a esta intervención en una pieza relevante para la conectividad entre Chimbas y Albardón, además de su incidencia en la circulación regional.

El convenio establece la disponibilidad de cuatro estructuras equipadas con instalación eléctrica y grupos electrógenos, además de personal para su traslado, montaje y desmontaje. Los recursos estarán a disposición de la Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencias hasta el 31 de marzo, sin generar gastos para el Estado.

La Provicncia incorporó nuevos recursos para fortalecer su capacidad de respuesta ante posibles emergencias climáticas. A través de un acuerdo con la empresa minera Caterwest, el Gobierno dispondrá de infraestructura, equipamiento energético y personal especializado para asistir a la población frente a eventuales temporales, inundaciones y situaciones que requieran evacuaciones.

La colaboración se instrumentó en el ámbito de la Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencias (COPRE) y contempla, en una primera etapa, la provisión de cuatro carpas estructurales de 7,5 por 4,5 metros, equipadas con instalación eléctrica y grupos electrógenos. La compañía también tendrá a su cargo las tareas de traslado, armado y desmontaje, de acuerdo con los requerimientos de las autoridades.

El convenio fue suscripto con la participación del ministro de Salud, Amílcar Dobladez, y el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem. Uno de sus aspectos centrales es que la infraestructura y los servicios comprometidos estarán disponibles hasta el 31 de marzo sin representar una erogación para las arcas provinciales. Además, quedó abierta la posibilidad de ampliar la cantidad de estructuras si las necesidades operativas lo justifican.

El equipamiento podrá cumplir distintas funciones durante una contingencia: desde alojar transitoriamente a personas evacuadas hasta funcionar como puestos sanitarios o centros de asistencia. Su utilización dependerá de las características de cada emergencia y de las instrucciones que imparta la COPRE, organismo encargado de coordinar las intervenciones.

Dobladez valoró especialmente la experiencia de Caterwest en la instalación de campamentos mineros en zonas de alta montaña. Esa capacidad operativa, explicó, permite disponer de estructuras con condiciones de seguridad, amplitud y autonomía energética, aptas para ser instaladas en diferentes puntos del territorio de San Juan.

Por su parte, Achem resaltó la importancia de sumar al sector privado a las tareas de prevención y asistencia. Según señaló, el Ejecutivo mantiene contactos con distintas empresas para ampliar los recursos disponibles y fortalecer la respuesta ante episodios que puedan exigir intervenciones rápidas y coordinadas.

La iniciativa adquiere relevancia frente a la necesidad de anticipar posibles consecuencias del fenómeno de El Niño, que podrían traducirse en precipitaciones intensas y complicaciones en distintos departamentos. En ese marco, contar de antemano con espacios cubiertos, suministro eléctrico y equipos preparados para su instalación puede resultar determinante para mejorar las condiciones de atención durante una emergencia.

El acuerdo incorpora capacidades de la actividad minera a la estructura provincial de protección civil y refuerza un esquema de cooperación entre organismos públicos y empresas privadas. Más allá de la disponibilidad de los recursos, el desafío será garantizar una coordinación eficaz para que el equipamiento llegue oportunamente a las zonas afectadas y cumpla una función concreta en la protección de la población.