El sistema de provisión de medicamentos para jubilados atraviesa un momento de extrema fragilidad. Las principales entidades nacionales que representan a la actividad farmacéutica elevaron un reclamo formal al director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguízamo, ante el persistente atraso en los pagos correspondientes al “Convenio de Dispensa de Medicamentos Ambulatorios, Clozapinas y Diabetes”, una situación que, según advierten, amenaza la continuidad de la prestación en todo el territorio nacional.

El reclamo fue difundido públicamente y lleva la firma de referentes centrales del sector: Carlos Villagra, por la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales (AFMSRA); Miguel Lombardo, de la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (FACAF); Alejandra Gómez, del Colegio Farmacéutico (COFA); Damián Sudano, de la Federación Farmacéutica (FEFARA); y Sebastián Ercolessi, de la Asociación de Propietarios de Farmacias (ASOFAR).

Según detallaron, la demora en los pagos se inició el 10 de diciembre de 2025 y se extendió hasta el mes de enero de 2026, afectando compromisos correspondientes a prestaciones realizadas en octubre y noviembre del año pasado. De acuerdo con el documento, algunos de los compromisos más antiguos ya acumulan un mes de atraso, generando un escenario de creciente incertidumbre en las farmacias prestadoras.

Las entidades expresaron “la inquietud e inseguridad” que se vive en el sector, y subrayaron que la viabilidad del convenio depende del cumplimiento estricto de los plazos de pago, especialmente del segmento de anticipos. Ese mecanismo, explicaron, permite a las farmacias cumplir con sus obligaciones frente a las droguerías y sostener la dinámica cotidiana de la prestación a los afiliados del PAMI.

“El funcionamiento del convenio descansa en un delicado equilibrio financiero”, advirtieron, al señalar que los pagos en término no sólo garantizan la reposición de medicamentos, sino que también permiten afrontar los crecientes costos operativos de las farmacias, en un contexto de inflación sostenida y aumento permanente de insumos, servicios y gastos de funcionamiento.

Desde el sector remarcaron que el cumplimiento “altamente satisfactorio” de la provisión de medicamentos a jubilados se construyó sobre la base del respeto a los plazos acordados. En ese marco, alertaron que la actual mora impacta de manera directa en las cuentas con las droguerías, impide en muchos casos la reposición regular de medicamentos y pone en riesgo la próxima dispensa a los afiliados.

El documento también incorpora la preocupación manifestada por la Asociación de Distribuidores de Especialidades Medicinales (ADEM), que advirtió sobre el impacto del atraso en toda la cadena de suministro. Desde esa entidad reclamaron no sólo la regularización inmediata de los pagos, sino también la definición de un cronograma cierto que permita evitar “situaciones de extrema complejidad” en un escenario ya tensionado.

En este sentido, las entidades farmacéuticas advirtieron que comienza a instalarse la posibilidad de suspender la reposición regular de medicamentos a las farmacias de todo el país, una situación que, de concretarse, podría derivar en una crisis sin precedentes en el acceso a tratamientos esenciales para jubilados y pensionados.

El conflicto salarial en el sistema universitario vuelve a escalar tras la decisión del Ejecutivo de aplicar de manera unilateral un aumento del 2% a los salarios de los y las docentes universitarias, sin convocar a la paritaria específica del sector. La medida fue comunicada a través del Instructivo de Liquidación de Salarios, que también establece el pago de bonos extraordinarios por única vez, diferenciados según el tipo de cargo.

De acuerdo con lo dispuesto, los cargos simples percibirán un bono de 12.500 pesos, los semi exclusivos 25.000 pesos y los cargos exclusivos 50.000 pesos. Sin embargo, desde el ámbito universitario señalaron que estos montos no modifican la estructura salarial ni compensan la pérdida acumulada frente a la inflación, al tratarse de sumas no remunerativas y de carácter excepcional.

Las organizaciones docentes cuestionaron con dureza el alcance del incremento. “Está muy lejos de compensar la inflación acumulada”, advirtieron desde la representación gremial, al tiempo que señalaron que el aumento “sigue licuando los ingresos mes a mes”. En un contexto de inflación persistente y suba sostenida del costo de vida, el ajuste del 2% consolida, según los sindicatos, un deterioro que ya se arrastra desde meses anteriores.

Uno de los principales ejes del reclamo es la continuidad del congelamiento de la paritaria universitaria. Los gremios denunciaron que el Ejecutivo mantiene suspendido ese ámbito de negociación de manera “arbitraria e ilegal”, pese a los reiterados reclamos y a la normativa vigente que regula las relaciones laborales en el sector. “El Gobierno insiste en desconocer la paritaria universitaria e imponer aumentos por decreto, como si los salarios docentes fueran una variable de ajuste”, señalaron.

El conflicto salarial se inscribe, además, en un debate más amplio sobre el financiamiento del sistema universitario. Desde el sector docente recordaron que existe un fallo judicial que ordena la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario y subrayaron que su cumplimiento permitiría destrabar de forma inmediata la discusión salarial. “La solución es simple: el Gobierno debe acatar el fallo de la Justicia y garantizar el financiamiento de las universidades”, afirmaron.

La falta de recomposición salarial impacta no sólo en el poder adquisitivo de los docentes, sino también en el funcionamiento cotidiano de las universidades públicas. Los gremios advierten que la precarización de los ingresos afecta la dedicación académica, la investigación y la calidad del sistema educativo, en un contexto de creciente presión presupuestaria sobre las casas de altos estudios.

Frente a este escenario, las organizaciones docentes anticiparon que se encaminan a retomar el plan de lucha en defensa de la universidad pública. Las medidas podrían intensificarse en las próximas semanas si no hay una convocatoria urgente a la paritaria universitaria y una propuesta salarial que contemple una recomposición acorde a la inflación y al costo de vida real.

En un gesto político de alto impacto, los gobernadores Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro coincidieron en la necesidad de modernizar las leyes laborales, pero rechazaron cualquier reforma que implique recorte de derechos o pérdida de recursos coparticipables. El posicionamiento, con guiños a la CGT, reordena el tablero legislativo y vuelve incierto el poroteo en el Senado.

Mientras la Confederación General del Trabajo (CGT) aguarda señales para avanzar con una ronda de reuniones políticas en el interior del país, los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora, y de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, dieron un paso al frente y marcaron límites claros frente al proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei. El encuentro entre ambos mandatarios, realizado en el marco del Festival Nacional de Cosquín, funcionó como una señal política directa hacia la Casa Rosada y como un mensaje al Congreso.

Si bien Llaryora y Pullaro coincidieron en la necesidad de actualizar la legislación laboral y reducir los costos derivados de la litigiosidad, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, dejaron en claro que no acompañarán iniciativas que impliquen un retroceso en derechos adquiridos ni aquellas que afecten las finanzas provinciales mediante la reducción de impuestos coparticipables.

La definición adquiere especial relevancia por el escenario ajustado que enfrenta el oficialismo en el Senado. Con los 28 votos de Unión por la Patria prácticamente alineados con la CGT, el Gobierno necesita sumar al menos nueve voluntades adicionales para avanzar con la reforma. En ese esquema, los senadores que responden a Córdoba y Santa Fe aparecen como piezas clave de un poroteo que aún no arroja certezas.

En esta órbita, la CGT intensificó los contactos con los gobernadores y espera en los próximos días una señal política que habilite visitas formales a ambas provincias. La estrategia de la central obrera apunta a construir acuerdos mínimos que permitan vetar o modificar los artículos más cuestionados del proyecto libertario, en particular aquellos vinculados a la flexibilización de derechos y al impacto fiscal sobre las provincias.

La principal preocupación de los mandatarios provinciales gira en torno a la reducción del Impuesto a las Ganancias para empresas incluida en la iniciativa oficial. Según informes técnicos que circulan entre los gobernadores, la medida podría provocar una merma superior a los 3,1 billones de pesos en la masa coparticipable, con efectos directos sobre los presupuestos provinciales. “Hay que bajar impuestos, pero no sólo los coparticipables”, deslizaron, sugiriendo que el ajuste debería enfocarse en tributos de carácter nacional, como las retenciones o el impuesto al cheque.

Llaryora remarcó la necesidad de incorporar las nuevas modalidades tecnológicas y el impacto de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo, aunque aclaró que los legisladores cordobeses analizarán el proyecto “punto por punto”, reconociendo las divergencias internas y la complejidad del debate. Su postura buscó equilibrar una agenda de modernización con la defensa del entramado productivo y social de la provincia.

Pullaro, en tanto, reivindicó el modelo productivo del interior y marcó distancia del enfoque centralista del Gobierno nacional. “Somos provincias que no esperan planes, lo que piden es trabajo”, afirmó, en una definición que refuerza el perfil federal y productivista que intenta construir Santa Fe frente a la agenda libertaria.

El encuentro también sirvió para ratificar la defensa de los festivales populares y las economías culturales como motores de empleo y actividad económica regional, una postura que contrasta con la mirada fiscalista y de recorte del gasto que promueve el Ejecutivo nacional.