La Cámara de Diputados reunió los dos tercios necesarios para insistir con la Ley de Financiamiento Universitario y la Emergencia Pediátrica, desoyendo el veto del presidente Javier Milei. Con 174 votos afirmativos, la oposición alcanzó la mayoría especial de dos tercios y le propinó un nuevo revés al Ejecutivo, en un contexto de fuerte tensión social y presupuestaria.

La Federación de Docentes de las Universidades Nacionales (FEDUN), que conduce Daniel Ricci, celebró el resultado y lo calificó como un “día histórico”. En un comunicado, el gremio remarcó que la decisión de los legisladores reflejó la voluntad popular expresada en la “marcha federal multitudinaria” en defensa de la educación pública realizada días atrás.

“El financiamiento universitario es clave no solo para garantizar el funcionamiento de las instituciones, que hoy atraviesan un ajuste inconmensurable, sino también para recomponer los salarios de sus trabajadores”, sostuvo la entidad.

Ricci, expresó que el triunfo en Diputados representa un paso fundamental, aunque advirtió que el proceso legislativo aún no terminó: “La lucha continúa. Ahora esperamos que el Senado insista con la Ley y rechace definitivamente el veto presidencial”.

El proyecto, impulsado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA), ya había sido aprobado por el Congreso, pero vetado por el Poder Ejecutivo. La decisión de Diputados no solo recompone las expectativas del sistema universitario, sino que también marca un quiebre en la agenda del Gobierno, que esta misma semana presentó el Presupuesto 2026 con fuertes recortes en educación y salud.

En paralelo, la ley de emergencia pediátrica también obtuvo la insistencia de la Cámara Baja, lo que extiende la pulseada política al Senado. Allí se definirá si los vetos de Milei son rechazados en forma definitiva, consolidando un triunfo opositor de amplio alcance.

El rechazo de los vetos presidenciales en Diputados se transformó en un símbolo de resistencia frente al ajuste impulsado por Javier Milei. Para el movimiento universitario, la media sanción de insistencia no solo representa una conquista coyuntural, sino un respaldo social y político que trasciende las aulas. El Senado será el escenario decisivo, pero el mensaje ya quedó claro: la educación pública cuenta con una defensa activa que une a docentes, estudiantes y legisladores frente a los intentos de desfinanciarla.

En una sesión cargada de tensión política y acompañada por masivas movilizaciones en todo el país, la Cámara de Diputados rechazó los vetos de Javier Milei a las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario. Con amplio respaldo opositor, la iniciativa vuelve ahora al Senado, que deberá ratificar la decisión para su promulgación definitiva.

La Cámara de Diputados protagonizó este miércoles una jornada de alto voltaje político al rechazar los vetos del presidente Javier Milei contra dos leyes consideradas centrales para sectores estratégicos: la Emergencia Pediátrica y el Financiamiento Universitario. La votación marcó un nuevo revés para el oficialismo, que no logró evitar que la oposición reuniera las voluntades necesarias para recomponer y sostener políticas de salud y educación, áreas que la sociedad reclama como prioritarias.

El rechazo al veto de la Ley de Emergencia Pediátrica se aprobó con 181 votos afirmativos, 60 negativos y una abstención, mientras que la Ley de Financiamiento Universitario consiguió 174 votos afirmativos, 77 negativos y dos abstenciones. Ambas resoluciones fueron celebradas en el recinto y en las calles, donde miles de personas se movilizaron en defensa de hospitales y universidades públicas.

El Gobierno, sin embargo, había argumentado lo contrario. A través del Decreto 647/2025, Milei vetó la Emergencia Pediátrica alegando que generaba un gasto “desproporcionado” que ponía en riesgo el equilibrio fiscal. Algo similar sostuvo para la Ley de Financiamiento Universitario, vetada por el Decreto 651/2025, bajo la advertencia de que implicaba un costo excesivo que amenazaba el superávit primario, eje central de su programa económico. Desde la Casa Rosada se insistió en que ambas normas carecían de financiamiento real y que su implementación sólo podría sostenerse mediante emisión monetaria, lo que, a su criterio, profundizaría la inflación.

No obstante, la Cámara Baja consideró indispensable la aplicación de estas políticas. La Ley de Financiamiento Universitario garantiza un piso mínimo de presupuesto ajustado por inflación, la recuperación del salario docente y no docente, la creación de un fondo para carreras estratégicas de ciencia y tecnología, la ampliación de becas e inclusión estudiantil, partidas para obras e infraestructura, y un incremento gradual que lleve el presupuesto universitario al 1,5 % del PBI en 2031.

Por su parte, la Ley de Emergencia Pediátrica crea un Sistema Nacional de Emergencia Pediátrica, asegura atención prioritaria y gratuita a todos los niños en situaciones críticas, establece un Fondo Especial para equipamiento e infraestructura hospitalaria, y obliga a la capacitación en emergencias pediátricas de todo el personal sanitario. El objetivo es garantizar la cobertura universal y reducir los tiempos de atención en casos de urgencia.

El debate en el recinto estuvo atravesado por discursos encendidos. Desde la oposición, se remarcó que “la salud de los niños y la educación universitaria no pueden quedar a merced del ajuste fiscal”. En tanto, los diputados oficialistas alertaron sobre los riesgos de aprobar gastos sin financiamiento, insistiendo en que las leyes son “populistas e irresponsables”.

Mientras tanto, en las afueras del Congreso y en distintas ciudades del país, miles de manifestantes respaldaron la restitución de las normas. Movimientos estudiantiles, gremios docentes, organizaciones médicas y sociales celebraron lo que calificaron como un triunfo de la sociedad frente al recorte de derechos.

Ahora será el Senado de la Nación el que deba ratificar lo decidido en Diputados. Si la Cámara Alta acompaña con mayoría especial, las leyes quedarán promulgadas automáticamente, pese a la resistencia del Poder Ejecutivo.

El rechazo de los vetos presidenciales en Diputados configura un fuerte desafío político para el Gobierno de Javier Milei. La oposición logró unificar posiciones en torno a la defensa de la salud y la educación como pilares estratégicos del desarrollo nacional, mientras que la sociedad civil acompañó con una movilización masiva. El desenlace en el Senado será determinante, pero lo ocurrido este miércoles ya se inscribe como un hito en la disputa entre ajuste fiscal y políticas públicas inclusivas.

El Gobierno anunció que venderá el 44% de Nucleoeléctrica Argentina S.A. mediante licitación nacional e internacional. El Estado mantendrá el 51% y destinará un 5% a los trabajadores. Aunque el Ejecutivo defiende la medida como un paso para financiar proyectos estratégicos, surgen críticas por la cesión de participación en una empresa rentable y clave para la soberanía energética.

El Gobierno nacional confirmó este martes que avanzará con la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la empresa que administra las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. La decisión se enmarca dentro de la Ley Bases de 2024 y fue oficializada en paralelo a la presentación del Presupuesto 2026.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que el proceso consistirá en la venta del 44% de las acciones a través de una licitación nacional e internacional, mientras que un 5% será destinado a los trabajadores mediante un programa de propiedad participada. De esta manera, el Estado conservará el 51% accionario para garantizar la mayoría. Actualmente, la participación está distribuida entre el Ministerio de Economía (79%), la Comisión Nacional de Energía Atómica (20%) y Energía Argentina (ENARSA).

La resolución llega en un momento en que Nucleoeléctrica exhibe resultados financieros positivos. En el primer semestre de 2025 obtuvo un resultado operativo superior a $103.267 millones, y durante el primer trimestre registró un superávit financiero de $17.234 millones. Para este año, el Ministerio de Economía proyecta un resultado económico favorable de $23.389 millones y una inversión de $239.000 millones en obras estratégicas. Entre ellas se encuentran la extensión de vida de Atucha I, prevista para 2027, y la construcción del Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II (ASECG II).

El Ejecutivo justifica la apertura al capital privado como un paso para “promover la inversión en el sector nuclear” y financiar el primer reactor modular argentino, además de extender la vida útil de las centrales y relanzar la minería de uranio. “Cabe recordar que todas las empresas públicas están sometidas a un proceso de irremediable privatización”, sostuvo Adorni. Desde la Casa Rosada remarcan que NASA ya no depende de aportes estatales: mientras en 2023 recibió transferencias por unos u$s 2 millones, en 2024 no necesitó asistencia del Tesoro.

En cuanto a la valuación de la compañía, estimaciones realizadas en 2024 ubican su valor entre u$s 560 millones y u$s 1.000 millones, cifra que marcará el piso y techo de la licitación.

La decisión genera cuestionamientos en distintos sectores. Para los gremios, la privatización parcial implica “ceder soberanía energética a intereses privados”. Académicos especializados en energía nuclear señalan que, más allá de los balances, el valor estratégico de NASA radica en su capacidad técnica, el know-how acumulado y su rol en la investigación. Desde la oposición acusan al Gobierno de “vender una empresa superavitaria” en lugar de discutir un modelo energético de largo plazo.

La privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina expone el dilema entre la necesidad de inversión para sostener proyectos estratégicos y el resguardo de un sector clave para la soberanía nacional. Para el Gobierno, la medida es una señal de confianza hacia el mercado y una vía para potenciar la autosustentabilidad del sistema nuclear. Para críticos y opositores, significa abrir la puerta a la pérdida de control sobre un activo que no representa déficit y que concentra conocimientos estratégicos únicos.

El desenlace dependerá de cómo se concrete la licitación y de si el ingreso de capital privado logra traducirse en nuevas obras y desarrollos, o si la operación quedará en la historia como un paso más dentro de un plan de privatizaciones sin consenso social ni político.