El comercio minorista de San Juan atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años. La retracción del consumo, el encarecimiento de los costos operativos y la pérdida de capacidad adquisitiva de los hogares configuran un panorama que compromete la rentabilidad de numerosos establecimientos y alimenta la incertidumbre en un sector que continúa sin encontrar señales firmes de recuperación.

Un relevamiento elaborado por la Cámara de Comercio Comerciantes Unidos de San Juan reflejó la magnitud del problema. Durante mayo, las unidades comercializadas registraron una disminución del 15% respecto del mismo período del año anterior, mientras que los márgenes de ganancia exhibieron una contracción cercana al 20%.

Los indicadores mensuales tampoco aportan alivio. En comparación con abril, la actividad comercial volvió a retroceder, con una merma del 10% en el volumen de ventas y una reducción del 15% en los niveles de rentabilidad. La tendencia confirma que la desaceleración inflacionaria aún no logra traducirse en una mejora efectiva del consumo.

Desde la entidad empresaria sostienen que la principal dificultad radica en la creciente fragilidad financiera de las familias. El peso de los servicios, los compromisos crediticios y los gastos corrientes absorbe una porción cada vez mayor de los ingresos, limitando la capacidad de compra y desplazando decisiones de consumo que anteriormente formaban parte de la dinámica habitual de los hogares.

A esta realidad se suma la presión que enfrentan los comerciantes para sostener sus estructuras. Tarifas, alquileres, cargas impositivas y costos de funcionamiento continúan avanzando a un ritmo que dificulta la sustentabilidad de numerosos emprendimientos, especialmente entre los pequeños y medianos negocios.

El estudio también expone una transformación en las modalidades de pago. Las tarjetas de crédito concentran actualmente la mitad de las operaciones realizadas, mientras que las billeteras virtuales representan un 30%. El efectivo y las tarjetas de débito quedaron relegados al 20% restante. El ticket promedio alcanzó los 80.000 pesos, un dato que refleja tanto la inflación acumulada como la necesidad de financiar compras cada vez más frecuentes.

La situación presenta diferencias según la actividad. Farmacias y perfumerías lograron sostener cierto dinamismo e incluso registraron una leve mejora, mientras que rubros vinculados a bienes durables, como muebles y decoración, figuran entre los más afectados por la caída de la demanda.

El comportamiento también varía de acuerdo con la ubicación geográfica. Mientras la Capital mantiene una ocupación comercial relativamente elevada, Rawson evidencia mayores dificultades, con locales vacíos y cierres que comienzan a modificar la fisonomía tradicional de algunos corredores comerciales.

Pese a este escenario adverso, el sector conserva expectativas moderadas de cara a junio. El Día del Padre aparece como una de las principales oportunidades para estimular las ventas, acompañado por el movimiento económico asociado a eventos deportivos de gran convocatoria y promociones especiales impulsadas por los comercios.

Los empresarios coinciden en que las próximas semanas serán determinantes. Una mejora en la actividad permitiría aliviar compromisos financieros, preservar puestos de trabajo y recuperar parte del terreno perdido durante los últimos meses. Sin embargo, reconocen que cualquier recuperación dependerá, en última instancia, de una variable que continúa condicionando a toda la economía: la capacidad real de consumo de los argentinos.

Durante una visita a la planta ubicada en 9 de Julio, el gobernador Marcelo Orrego destacó la trayectoria de Taranto, una de las firmas autopartistas más importantes del país, y remarcó la necesidad de acompañar a los sectores productivos que impulsan el empleo, la innovación y la diversificación económica en la provincia.

La consolidación del entramado industrial sanjuanino sumó este viernes un nuevo episodio con la visita del gobernador Marcelo Orrego a la planta de Taranto, ubicada en el departamento 9 de Julio. La recorrida permitió conocer de primera mano la evolución de una de las compañías autopartistas de mayor relevancia del país, cuya presencia en la provincia se traduce en generación de puestos de trabajo, incorporación de tecnología y permanentes desembolsos destinados a ampliar su capacidad productiva.

Acompañado por el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, y funcionarios del área económica, el mandatario provincial fue recibido por el empresario Norberto Taranto, quien encabezó el recorrido por los distintos sectores de la fábrica. Durante la visita, las autoridades pudieron interiorizarse sobre los procesos industriales que se desarrollan en el establecimiento y dialogar con los trabajadores que integran una plantilla cercana a las 300 personas.

En ese marco, Orrego resaltó la importancia de respaldar a quienes eligen producir en la provincia y sostienen proyectos de largo plazo. El gobernador remarcó que San Juan dispone de recursos humanos capacitados, experiencia industrial y condiciones favorables para continuar ampliando su perfil productivo, factores que —afirmó— permiten proyectar nuevas oportunidades de crecimiento.

El mandatario también destacó la decisión de la empresa de incorporar infraestructura vinculada a la generación de energía solar, una iniciativa que se alinea con el perfil energético que la provincia ha desarrollado en los últimos años. Según señaló, este tipo de inversiones contribuyen a fortalecer la competitividad de las industrias y consolidan una visión de desarrollo asociada a la innovación y la sustentabilidad.

Con una trayectoria que trascendió las fronteras provinciales y nacionales, Taranto se ha convertido en una referencia dentro del sector autopartista argentino. Desde su planta sanjuanina abastece distintos mercados, mientras mantiene operaciones en otras provincias y una red logística que alcanza destinos internacionales, particularmente en América Latina.

La compañía, además, ha diversificado sus actividades hacia la producción agroindustrial mediante emprendimientos vinculados al cultivo y procesamiento de uvas en el departamento San Martín, ampliando así su aporte a la economía local y fortaleciendo distintos eslabones de la cadena productiva.

La visita oficial volvió a poner de relieve la relevancia de la articulación entre el Estado y el sector privado para promover inversiones, generar empleo genuino y sostener el crecimiento económico. En una provincia que busca ampliar su matriz productiva, experiencias empresariales como la de Taranto aparecen como ejemplos de continuidad, expansión y confianza en el potencial de San Juan.

La disputa por el financiamiento de la COVIAR escaló en las últimas horas y dejó expuesta una fractura profunda dentro del universo vitivinícola argentino. La decisión de la entidad de acudir a la Justicia para intentar restablecer el aporte obligatorio que sostenía su estructura institucional encontró en San Juan un rechazo prácticamente unificado entre el Gobierno provincial, las cámaras empresarias y las organizaciones de productores.

La controversia se desató luego de que la entidad presentara un recurso de amparo ante el Juzgado Federal N°2 de Mendoza contra la Resolución 55/2026 de la Secretaría de Agricultura de la Nación, normativa que eliminó el cobro compulsivo que debían afrontar bodegas y actores del sector para financiar el funcionamiento de la entidad creada por ley.

Sin embargo, lejos de consolidar apoyos, la avanzada judicial profundizó el malestar de numerosos referentes de la actividad, especialmente en San Juan, donde desde hace años distintos sectores cuestionan el esquema de contribuciones obligatorias y reclaman una revisión integral del modelo institucional que rige a la vitivinicultura nacional.

El primer posicionamiento político llegó desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación de la provincia, que respaldó públicamente la decisión del Gobierno nacional y tomó distancia de la estrategia impulsada por la corporación.

Desde la cartera productiva ratificaron que la promoción y el sostenimiento de la actividad vitivinícola deben construirse sobre mecanismos de adhesión voluntaria y no mediante aportes compulsivos destinados a sostener entidades privadas. Además, sostuvieron que la postura oficial coincide con el pensamiento mayoritario de los actores productivos sanjuaninos.

Aunque el Ejecutivo provincial reconoció que el organismo tuvo participación en distintos procesos de promoción sectorial, también advirtió que el esquema vigente terminó alimentando divisiones internas y dificultando la construcción de consensos estratégicos en una actividad golpeada por la caída del consumo, la pérdida de rentabilidad y el incremento sostenido de costos.

El rechazo también se replicó con fuerza entre las entidades empresarias. Desde CACEX cuestionaron la continuidad del sistema compulsivo y señalaron que cualquier estructura institucional vinculada al desarrollo vitivinícola debe sostenerse exclusivamente a partir de aportes voluntarios.

En la misma línea se expresó la Cámara Bodeguera de San Juan, donde insistieron en la histórica oposición del sector al financiamiento obligatorio y defendieron un esquema basado en consensos genuinos y participación libre.

La denominada Mesa Vitícola calificó la eliminación del aporte como un “alivio fiscal inmediato” para productores y bodegas, en un presente económico particularmente delicado para las economías regionales. Además, advirtió que reinstalar el mecanismo implicaría volver a cargar sobre la actividad costos que muchos consideran injustificados.

Buena parte de las críticas apuntaron además contra la continuidad del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI), diseñado originalmente con horizonte en 2020 y cuya vigencia extendida se convirtió en uno de los principales focos de cuestionamiento dentro del sector.

Las objeciones más duras llegaron desde la Federación de Viñateros y la Asociación de Viñateros Independientes, donde dirigentes históricos acusaron a la entidad de no haber cumplido las metas comprometidas y de sostener un esquema que terminó perjudicando al productor primario.

Entre los principales cuestionamientos aparecen la caída del consumo interno de vino, el deterioro de las exportaciones y la falta de resultados concretos pese a los años de financiamiento obligatorio. También surgieron reclamos vinculados a la transparencia y al destino de los fondos administrados durante las últimas dos décadas.

El conflicto sumó además un nuevo capítulo judicial luego de que el juzgado federal mendocino rechazara habilitar la vía rápida solicitada por la corporación y otorgara al Estado nacional un plazo de tres días para responder formalmente y defender la legalidad de la resolución cuestionada.

La discusión vuelve a colocar bajo análisis el papel institucional de la COVIAR, creada a partir de la Ley 25.849, en medio de una creciente demanda del sector por menores cargas, reducción de costos estructurales y políticas orientadas a recuperar competitividad en los mercados interno y externo.

Detrás del debate jurídico subyace una discusión mucho más profunda: quién debe financiar la representación sectorial y bajo qué mecanismos puede sostenerse una actividad que atraviesa uno de los períodos más complejos de las últimas décadas. En San Juan, al menos por ahora, la respuesta parece haber alcanzado un consenso poco frecuente entre el Estado provincial, las bodegas y los viñateros.