La disputa por el financiamiento de la COVIAR escaló en las últimas horas y dejó expuesta una fractura profunda dentro del universo vitivinícola argentino. La decisión de la entidad de acudir a la Justicia para intentar restablecer el aporte obligatorio que sostenía su estructura institucional encontró en San Juan un rechazo prácticamente unificado entre el Gobierno provincial, las cámaras empresarias y las organizaciones de productores.

La controversia se desató luego de que la entidad presentara un recurso de amparo ante el Juzgado Federal N°2 de Mendoza contra la Resolución 55/2026 de la Secretaría de Agricultura de la Nación, normativa que eliminó el cobro compulsivo que debían afrontar bodegas y actores del sector para financiar el funcionamiento de la entidad creada por ley.

Sin embargo, lejos de consolidar apoyos, la avanzada judicial profundizó el malestar de numerosos referentes de la actividad, especialmente en San Juan, donde desde hace años distintos sectores cuestionan el esquema de contribuciones obligatorias y reclaman una revisión integral del modelo institucional que rige a la vitivinicultura nacional.

El primer posicionamiento político llegó desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación de la provincia, que respaldó públicamente la decisión del Gobierno nacional y tomó distancia de la estrategia impulsada por la corporación.

Desde la cartera productiva ratificaron que la promoción y el sostenimiento de la actividad vitivinícola deben construirse sobre mecanismos de adhesión voluntaria y no mediante aportes compulsivos destinados a sostener entidades privadas. Además, sostuvieron que la postura oficial coincide con el pensamiento mayoritario de los actores productivos sanjuaninos.

Aunque el Ejecutivo provincial reconoció que el organismo tuvo participación en distintos procesos de promoción sectorial, también advirtió que el esquema vigente terminó alimentando divisiones internas y dificultando la construcción de consensos estratégicos en una actividad golpeada por la caída del consumo, la pérdida de rentabilidad y el incremento sostenido de costos.

El rechazo también se replicó con fuerza entre las entidades empresarias. Desde CACEX cuestionaron la continuidad del sistema compulsivo y señalaron que cualquier estructura institucional vinculada al desarrollo vitivinícola debe sostenerse exclusivamente a partir de aportes voluntarios.

En la misma línea se expresó la Cámara Bodeguera de San Juan, donde insistieron en la histórica oposición del sector al financiamiento obligatorio y defendieron un esquema basado en consensos genuinos y participación libre.

La denominada Mesa Vitícola calificó la eliminación del aporte como un “alivio fiscal inmediato” para productores y bodegas, en un presente económico particularmente delicado para las economías regionales. Además, advirtió que reinstalar el mecanismo implicaría volver a cargar sobre la actividad costos que muchos consideran injustificados.

Buena parte de las críticas apuntaron además contra la continuidad del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI), diseñado originalmente con horizonte en 2020 y cuya vigencia extendida se convirtió en uno de los principales focos de cuestionamiento dentro del sector.

Las objeciones más duras llegaron desde la Federación de Viñateros y la Asociación de Viñateros Independientes, donde dirigentes históricos acusaron a la entidad de no haber cumplido las metas comprometidas y de sostener un esquema que terminó perjudicando al productor primario.

Entre los principales cuestionamientos aparecen la caída del consumo interno de vino, el deterioro de las exportaciones y la falta de resultados concretos pese a los años de financiamiento obligatorio. También surgieron reclamos vinculados a la transparencia y al destino de los fondos administrados durante las últimas dos décadas.

El conflicto sumó además un nuevo capítulo judicial luego de que el juzgado federal mendocino rechazara habilitar la vía rápida solicitada por la corporación y otorgara al Estado nacional un plazo de tres días para responder formalmente y defender la legalidad de la resolución cuestionada.

La discusión vuelve a colocar bajo análisis el papel institucional de la COVIAR, creada a partir de la Ley 25.849, en medio de una creciente demanda del sector por menores cargas, reducción de costos estructurales y políticas orientadas a recuperar competitividad en los mercados interno y externo.

Detrás del debate jurídico subyace una discusión mucho más profunda: quién debe financiar la representación sectorial y bajo qué mecanismos puede sostenerse una actividad que atraviesa uno de los períodos más complejos de las últimas décadas. En San Juan, al menos por ahora, la respuesta parece haber alcanzado un consenso poco frecuente entre el Estado provincial, las bodegas y los viñateros.

El secretario general del Sindicato de Estaciones de Servicio de San Juan y referente regional de Cuyo, Víctor Menéndez, cuestionó con dureza la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, advirtió sobre su eventual judicialización y denunció el deterioro de los salarios frente al avance del costo de vida. En diálogo con Mundo Laboral SJ, también analizó el impacto de la falta de homologación paritaria y describió el complejo panorama económico que atraviesan los trabajadores.

La demora en la reglamentación de la reforma laboral volvió a encender señales de incertidumbre dentro del movimiento sindical. Mientras el Gobierno nacional posterga definiciones clave sobre la implementación plena de la normativa, distintos sectores gremiales comienzan a advertir sobre las consecuencias jurídicas, económicas y sociales que podría generar su aplicación.

En este sentido, Menéndez, sostuvo que la ley aprobada por el Congreso “nació viciada de inconstitucionalidad” y anticipó que, una vez reglamentada, podría abrir un escenario de fuerte conflictividad judicial.

“La reforma fue diseñada para beneficiar exclusivamente a los grandes grupos empresarios. Hay artículos que inevitablemente van a terminar en amparos y cautelares porque lesionan derechos laborales históricos”, afirmó .

El dirigente consideró que la Casa Rosada demora deliberadamente la reglamentación debido a la fragilidad jurídica de varios puntos incluidos en la norma. “El Gobierno sabe que habrá una catarata de juicios. Por eso todavía no termina de avanzar”, remarcó.

La mirada sindical no se limita únicamente al plano jurídico. Menéndez también vinculó el debate laboral con la pérdida acelerada del poder adquisitivo que atraviesan los trabajadores desde el inicio de la actual gestión económica.

Según explicó, el deterioro salarial ya supera ampliamente el 30 por ciento en términos reales, producto de una inflación que —a su entender— no refleja el verdadero comportamiento de los precios en la economía cotidiana.

“Las estadísticas oficiales no coinciden con lo que vive cualquier familia cuando va al supermercado, a la carnicería o paga una boleta de servicios. El salario quedó muy retrasado frente a la suba real del costo de vida”, sostuvo.

En esa línea, cuestionó las restricciones informales que, según denunció, el Ejecutivo impone sobre las negociaciones salariales mediante la demora en la homologación de acuerdos. “Hay gremios que alcanzan consensos con las cámaras empresarias y la Secretaría de Trabajo no los homologa porque pretende fijar aumentos por debajo de la inflación”, indicó.

Para el dirigente sindical, esa política termina profundizando el deterioro del ingreso de los asalariados y limita la capacidad de recuperación económica de los distintos sectores productivos.“La situación es cada vez más difícil para los trabajadores. No se trata solamente del salario; también hay incertidumbre sobre el empleo, cierres de pymes y caída del consumo”, aseveró.

Paritarias bajo presión e incertidumbre en el sector

Dentro de ese panorama, Menéndez confirmó que el gremio de estaciones de servicio ya inició conversaciones con cámaras empresarias de la región para discutir actualizaciones salariales correspondientes a los próximos meses.

El dirigente explicó que, pese al contexto adverso, existe una relación de diálogo madura con el sector empresario local, particularmente en la región de Cuyo, donde históricamente predominó una convivencia negociadora menos confrontativa que en otros puntos del país.

“Las cámaras conocen perfectamente la realidad económica porque también forman parte de ella. Saben cuánto aumentaron los alimentos, los servicios y el costo operativo diario”, expresó.

No obstante, reconoció que el escenario nacional condiciona cualquier discusión salarial de fondo, especialmente por la falta de previsibilidad macroeconómica y la intervención oficial sobre las homologaciones.

Aun así, destacó que el sector mantiene cierto dinamismo económico en San Juan y valoró las inversiones privadas que continúan generando empleo en medio de un presente complejo.

Mencionó, entre otros proyectos, nuevas estaciones de servicio en construcción y ampliaciones vinculadas al desarrollo del GNC, un rubro que comienza a expandirse nuevamente por el encarecimiento de los combustibles líquidos.

“Que empresarios sigan invirtiendo y generando puestos de trabajo en este contexto es una señal importante. Son decisiones que ayudan a sostener actividad y empleo”, afirmó.

Una reforma cuestionada desde múltiples frentes

Las críticas de Menéndez se suman a las manifestaciones de rechazo que distintos gremios vienen expresando desde la aprobación parlamentaria de la reforma laboral. El eje principal de las objeciones gira alrededor de la flexibilización de condiciones de contratación, los cambios en materia indemnizatoria y las nuevas modalidades de negociación laboral.

Para el sindicalismo, el proyecto no apunta a generar empleo genuino sino a reducir costos laborales y debilitar la capacidad de organización de los trabajadores.

“Todo está pensado para darle mayor libertad al empleador a la hora de despedir o precarizar condiciones laborales”, sostuvo el dirigente sanjuanino.

Además, cuestionó el discurso oficial sobre la desaceleración inflacionaria y aseguró que la economía real continúa mostrando aumentos sostenidos en bienes esenciales.

“El trabajador percibe otra realidad completamente distinta a la que muestran los números oficiales. Esa diferencia termina golpeando directamente en la mesa familiar”, planteó.

Desde San Juan, Víctor Menéndez sintetizó esa inquietud con una advertencia que atraviesa hoy buena parte del universo sindical: “No se puede construir estabilidad económica debilitando a los trabajadores. Cuando el salario pierde poder adquisitivo, se resiente el consumo, la producción y toda la economía”.

La discusión sobre la reforma laboral, lejos de agotarse en el Congreso, parece haber ingresado en una nueva etapa donde la conflictividad judicial, la presión gremial y la presión social comenzarán a ocupar un lugar central en la agenda nacional.

Después de casi 27 años de presencia ininterrumpida en la provincia, el histórico Hiper Libertad de San Juan cerró este jueves sus puertas de manera definitiva, marcando el final de uno de los ciclos comerciales más representativos del consumo minorista local desde fines de los años noventa.

El establecimiento, emplazado en el cruce de Avenida Circunvalación y Scalabrini Ortiz, comenzó a exhibir desde las primeras horas posteriores al cierre una imagen completamente distinta a la habitual: sectores vacíos, estructuras desmontadas, carros abandonados y amplias superficies cubiertas con paneles metálicos que anticipan el inicio de una profunda transformación interna.

La salida de la firma cordobesa no implica, sin embargo, el cierre del complejo comercial. El tradicional paseo continuará funcionando bajo la denominación Paseo Libertad, debido a que la operación realizada contempló únicamente la transferencia del fondo de comercio del hipermercado, mientras que la administración de la galería permanecerá en manos de los actuales propietarios.

La modificación más significativa llegará con el desembarco de La Anónima, la cadena de origen patagónico que asumirá el control operativo del espacio y que prevé inaugurar formalmente su nueva sucursal durante la primera quincena de junio. Hasta entonces, el inmueble permanecerá cerrado por tareas de adecuación técnica, instalación de sistemas, reorganización logística y abastecimiento integral de mercadería.

La transición representa además un cambio de peso dentro del mapa comercial sanjuanino. Libertad había desembarcado en la provincia el 29 de septiembre de 1999 y, desde entonces, se consolidó como uno de los polos de mayor movimiento de consumidores del Gran San Juan, acompañando la expansión urbana y el crecimiento del sector comercial en las últimas décadas.

El proceso de reconversión también contempla la continuidad laboral de la mayor parte del plantel. Según se confirmó, alrededor de 80 trabajadores conservarán sus puestos bajo la nueva administración, manteniendo además su antigüedad. simultaneamente, un grupo reducido continuará vinculado a la estructura empresarial encargada de la gestión inmobiliaria y comercial del predio.

Durante los próximos días, el espacio atravesará una etapa de reacondicionamiento integral. En el interior ya comenzaron los desmontajes de señalética y mobiliario, mientras que las áreas de cajas y depósitos serán adaptadas al esquema operativo de la nueva firma.

La llegada de La Anónima forma parte de una estrategia nacional de expansión mediante la adquisición de distintas sucursales operadas anteriormente por Libertad en diversos puntos del país. Con más de un siglo de trayectoria y presencia en decenas de ciudades argentinas, la cadena buscará ahora posicionarse en un enclave comercial históricamente relevante para el mercado sanjuanino.

El cierre de Libertad no representa únicamente una modificación empresarial. Para miles de familias sanjuaninas, el hipermercado formó parte de la vida cotidiana durante casi tres décadas y se convirtió en una referencia habitual del consumo, el empleo y la actividad económica urbana. Su despedida deja atrás una postal característica de fines de los noventa y abre una nueva etapa en uno de los centros comerciales más emblemáticos de la provincia.