La UTA San Juan elevará un pedido formal a la cámara empresaria para que los colectivos de la Red Tulum dejen de circular mientras se dispute la final entre Argentina y España. La iniciativa surgió luego de los graves incidentes registrados tras la clasificación del seleccionado nacional y ahora deberá ser evaluada por ATAP y la Secretaría de Tránsito y Transporte.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) de San Juan impulsará una solicitud para que el servicio de colectivos de la Red Tulum sea suspendido de manera preventiva durante la final del Mundial que disputarán Argentina y España el próximo domingo. La iniciativa responde a los episodios de violencia y descontrol registrados tras la victoria del seleccionado argentino frente a Inglaterra, cuando numerosas unidades quedaron rodeadas por una multitud que puso en riesgo la integridad de choferes y pasajeros.

El planteo será presentado ante la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), entidad que representa a las empresas prestatarias del servicio urbano. La propuesta contempla que los colectivos interrumpan su circulación desde el inicio del encuentro, previsto para las 16, y retomen los recorridos aproximadamente una hora después del pitazo final, cuando disminuya la concentración de personas en las calles.

No obstante, la presentación del gremio no implica la aplicación automática de la medida. La decisión final dependerá del análisis que realicen tanto ATAP como la Secretaría de Tránsito y Transporte de San Juan, organismos que deberán ponderar el equilibrio entre la prestación de un servicio público esencial y la necesidad de resguardar la seguridad de trabajadores y usuarios.

La nota formal, que aún se encuentra en elaboración, será remitida antes del viernes para permitir que las autoridades dispongan del tiempo suficiente para evaluar alternativas operativas y definir el esquema de funcionamiento del transporte durante la jornada deportiva.

Desde la conducción sindical explicaron que el objetivo es evitar que se repitan los desbordes observados tras la semifinal, cuando decenas de personas viajaron colgadas de las ventanillas, sobre los estribos e incluso en los techos de las unidades, exponiéndose a accidentes de extrema gravedad y dificultando la conducción de los vehículos en distintos puntos de la capital sanjuanina.

El episodio más grave afectó a un conductor de la empresa Mayo, quien fue atacado mientras cumplía su recorrido. Según denunciaron desde el gremio, varios individuos ingresaron por la ventanilla de la cabina, lo agredieron físicamente y le sustrajeron sus pertenencias, un hecho que incrementó la preocupación por las condiciones en las que debieron desempeñar sus tareas los trabajadores del transporte.

Los festejos también generaron una fuerte demanda sobre el operativo de seguridad desplegado en el microcentro. De acuerdo con datos oficiales, unas 30.000 personas se concentraron en inmediaciones de la Plaza 25 de Mayo para celebrar el pase a la final. Como saldo de la jornada, la Policía demoró a 24 personas por distintos hechos vinculados con disturbios, consumo de alcohol en la vía pública, intentos de robo y conducción bajo los efectos del alcohol.

La eventual suspensión del servicio durante acontecimientos deportivos de alta convocatoria constituye una medida excepcional, ya que el transporte público es considerado un servicio esencial para garantizar la movilidad urbana. Sin embargo, los antecedentes de incidentes registrados en celebraciones masivas llevaron al sindicato a priorizar la prevención frente al riesgo de nuevos episodios de violencia.

En las próximas horas, las autoridades provinciales definirán si hacen lugar al planteo de la UTA o mantienen el cronograma habitual de la Red Tulum. La resolución no solo impactará en miles de usuarios que utilizan diariamente el transporte público, sino que también marcará el criterio con el que San Juan afrontará futuros eventos multitudinarios en los que la seguridad vial y la protección de trabajadores vuelven a ocupar el centro del debate.

La negociación paritaria de los trabajadores del Correo Argentino volvió a concluir sin resultados. La Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT) rechazó la propuesta salarial presentada por Correo Oficial de la República Argentina S.A. (CORASA), denunció que la empresa mantuvo la misma oferta que ya había sido desestimada en encuentros anteriores y decidió no suscribir el acta de la audiencia. La distancia entre las partes mantiene abierto un conflicto que amenaza con prolongarse.

La audiencia convocada para reanudar la discusión correspondiente al trimestre junio-agosto de 2026 concluyó sin avances luego de que la empresa ratificara la propuesta salarial presentada semanas atrás, considerada insuficiente por la representación sindical.

La reunión se desarrolló tras el cuarto intermedio acordado en la instancia previa, período durante el cual la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT) elaboró una contrapropuesta destinada a acercar posiciones. Sin embargo, la conducción gremial sostuvo que la empresa no introdujo modificaciones en su planteo inicial, motivo por el cual resolvió retirarse de la negociación sin firmar el acta correspondiente.

La organización sindical, encabezada por Alberto Cejas, sostiene un reclamo estructurado sobre tres puntos centrales: la incorporación de la totalidad de las sumas no remunerativas al salario básico, el incremento del adicional por antigüedad hasta el 4% y una recomposición salarial del 15% para el período comprendido entre junio y agosto.

Desde el gremio señalaron que la propuesta empresaria continúa muy por debajo de la pérdida acumulada del poder adquisitivo y cuestionaron que la empresa mantuviera inalterables los porcentajes ofrecidos en la apertura de la negociación. En ese sentido, calificaron el ofrecimiento como insuficiente para responder al incremento del costo de vida y sostuvieron que aceptar esas condiciones implicaría consolidar una nueva pérdida del salario real.

La reapertura de la negociación había sido obtenida semanas atrás tras una presentación formal realizada por FOECYT ante la Secretaría de Trabajo. En aquella primera audiencia, CORASA propuso una actualización del 6,6%, oferta que fue rechazada de manera inmediata por el sindicato al considerar que no reflejaba la evolución de los precios ni permitía recuperar el deterioro acumulado de los ingresos.

El nuevo encuentro confirmó que las diferencias permanecen prácticamente inalteradas. Mientras la empresa mantiene una política de incrementos moderados, alineada con la pauta salarial impulsada por el Gobierno nacional para contener las negociaciones paritarias, la representación de los trabajadores reclama una recomposición que permita preservar el poder de compra y avanzar en la regularización de conceptos salariales que aún permanecen fuera del básico.

La discusión postal se inscribe en un proceso más amplio que atraviesan numerosas negociaciones colectivas durante 2026. En distintos sectores de la economía, los gremios vienen manifestando dificultades para alcanzar acuerdos debido a las diferencias entre las pretensiones sindicales y los límites salariales promovidos por el Poder Ejecutivo como parte de su estrategia de desaceleración inflacionaria.

La decisión de FOECYT de no firmar el acta constituye una señal política y gremial que busca dejar constancia del rechazo integral a la oferta empresarial y mantener abierta la posibilidad de profundizar las medidas de acción sindical si las conversaciones no registran avances en las próximas convocatorias.

Aunque no se anunciaron medidas de fuerza inmediatas, la Federación ratificó que continuará las negociaciones sin modificar los ejes de su reclamo y advirtió que no convalidará acuerdos que impliquen una nueva pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores postales. La evolución de la paritaria dependerá ahora de una eventual mejora en la propuesta de CORASA o de una nueva intervención de la autoridad laboral para intentar acercar posiciones en un conflicto que, por el momento, permanece sin horizonte de resolución.

La Secretaría de Estado de Seguridad diseña una profunda modernización del sistema provincial de vigilancia. La iniciativa contempla integrar cámaras de particulares al Centro Integral de Seguridad y Emergencias (CISEM), desplegar centros de operaciones móviles equipados con drones y fortalecer el programa Prisma para descentralizar el monitoreo y reducir los tiempos de respuesta policial. El proyecto también incluye cambios en el sistema penitenciario y una reorganización de los recursos humanos de la fuerza.

La seguridad pública atraviesa un proceso de transformación en San Juan. Con la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas y un esquema de vigilancia distribuida, el Gobierno provincial busca ampliar la capacidad preventiva, optimizar la respuesta ante emergencias y fortalecer la articulación entre el Estado y actores privados.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Estado de Seguridad, apunta a consolidar una red integrada de monitoreo mediante la conexión voluntaria de cámaras pertenecientes a barrios privados, comercios, empresas y parques industriales con el Centro Integral de Seguridad y Emergencias (CISEM). El objetivo es ampliar la cobertura territorial sin necesidad de multiplicar la infraestructura pública, aprovechando equipamiento ya instalado en distintos puntos de la provincia.

El secretario de Seguridad, Enrique Delgado, explicó que el acceso a esos dispositivos estará sujeto al consentimiento expreso de sus propietarios y que la autorización podrá otorgarse de manera remota cuando una investigación o un hecho delictivo lo justifique. De esa manera, el sistema preservará la propiedad de las imágenes y permitirá la intervención estatal únicamente ante requerimientos concretos de las autoridades.

En el caso de los parques industriales, la propuesta prevé una integración más permanente de las cámaras exteriores, con conexión directa al sistema provincial de vigilancia. La finalidad es reforzar la protección de los establecimientos productivos y de las zonas residenciales próximas, incorporando esos registros al monitoreo preventivo que realiza la Policía de San Juan.

La modernización no se limitará al seguimiento mediante cámaras fijas. La Secretaría también proyecta incorporar cuatro Centros de Operaciones de Emergencia (COE) móviles, unidades especialmente equipadas para intervenir en operativos de gran magnitud, eventos masivos o contingencias extraordinarias. Cada vehículo dispondría de un centro de comando y dos drones de última generación para ampliar la capacidad de observación aérea y coordinar intervenciones en tiempo real.

Si bien Delgado reconoció que la prioridad presupuestaria continúa siendo la ampliación de la red de videovigilancia tradicional, sostuvo que estas plataformas móviles representan el siguiente paso en la evolución del sistema provincial, permitiendo trasladar capacidades tecnológicas hacia cualquier punto del territorio donde resulte necesario.

Uno de los pilares del nuevo esquema será el fortalecimiento del programa Prisma, concebido como un sistema integral de monitoreo activo que busca descentralizar las tareas que actualmente se concentran en el CISEM. La iniciativa transformará las casillas policiales en centros operativos desde los cuales cada efectivo podrá supervisar entre 15 y 20 cámaras correspondientes a su jurisdicción.

El modelo procura reducir significativamente los tiempos de reacción frente a hechos delictivos, ya que el personal asignado conocerá las particularidades del área bajo su responsabilidad y podrá coordinar de manera inmediata el desplazamiento de móviles policiales. La descentralización también aliviará la carga operativa del centro de monitoreo principal y permitirá una cobertura más eficiente de los distintos departamentos.

La incorporación de estas herramientas exige, además, importantes inversiones en infraestructura informática. Delgado recordó que las imágenes utilizadas como evidencia judicial deben cumplir estrictos protocolos de autenticidad e integridad digital, por lo que el sistema requiere software especializado que garantice la trazabilidad de cada registro y evite cualquier posibilidad de alteración durante su almacenamiento o transmisión.