La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) se prepara para ingresar en una línea de investigación que todavía cuenta con pocos desarrollos a nivel mundial: el estudio del ADN presente en el aire para reconstruir información sobre las personas y organismos que estuvieron en un determinado lugar. Los primeros ensayos están previstos para comienzos de 2027.

El nuevo laboratorio de Biología Molecular contará con equipamiento obtenido a través de un proyecto de la Unión Europea, en el que participan la UNSJ y otras 13 universidades europeas. La institución sanjuanina es, además, la representante argentina de la iniciativa.

La investigación estará encabezada por el biólogo e investigador del CONICET Leonardo Díaz Nieto, quien explicó que el aire contiene pequeñas partículas biológicas que pueden ser recuperadas y analizadas. Escamas de piel, pelos, células y pequeñas gotas de saliva liberadas al hablar, respirar o estornudar pueden permanecer suspendidas y convertirse en material de estudio.

El objetivo es extraer ese material genético, obtener fragmentos, secuenciarlos y determinar su procedencia. En una investigación forense, la metodología podría aportar información para establecer cuántas personas estuvieron en un lugar o identificar características biológicas de quienes pasaron por allí.

La propuesta incorpora una dimensión todavía más novedosa: no limitarse al ADN humano. El equipo buscará analizar también microorganismos y otros rastros biológicos presentes en el ambiente. Cada persona transporta una microbiota asociada con los lugares que frecuenta, por lo que esa combinación podría aportar una suerte de huella biológica ambiental.

Para interpretar las muestras será fundamental la bioinformática. El proyecto cuenta con especialistas extranjeros en secuenciación masiva y análisis de genomas, además de una investigadora que llegó a la Argentina mediante una beca María Curie.

Los primeros experimentos están previstos para comienzos de 2027. Antes, el equipo deberá completar la revisión bibliográfica, diseñar protocolos y realizar ensayos en ambientes controlados. La investigación requerirá distintas etapas de prueba y validación antes de determinar si la metodología puede trasladarse a una investigación judicial real.

En ese punto será importante el vínculo que la UNSJ mantiene con la Corte de Justicia de San Juan. La universidad ya trabaja con el Poder Judicial en entomología forense, mediante estudios de insectos asociados con cuerpos para aportar información en investigaciones sobre fallecimientos. Ese convenio podría facilitar, en una etapa posterior, el acceso a casos reales para evaluar la eficacia del análisis de ADN ambiental.

La particularidad del nuevo laboratorio no reside solamente en su equipamiento. San Juan ya dispone de tecnología de Biología Molecular, como equipos de PCR en tiempo real utilizados en el sistema sanitario. La diferencia estará en disponer de infraestructura propia para desarrollar investigaciones de secuenciación y nuevas aplicaciones.

El espacio tampoco quedará reservado exclusivamente al proyecto de ADN del aire. Podrá ser utilizado por investigadores, estudiantes de grado y posgrado y otros grupos de la universidad. También permitirá ampliar trabajos vinculados con microorganismos, control biológico de plagas y otras investigaciones de interés provincial, además de ofrecer eventualmente servicios de secuenciación.

Para la UNSJ, la incorporación representa además una oportunidad para profundizar la cooperación científica internacional. En un momento de fuertes restricciones para la investigación y de dificultades para incorporar nuevos científicos al sistema público, los proyectos con universidades extranjeras adquieren un peso creciente para sostener líneas de trabajo y acceder a equipamiento de alta complejidad.

Si los primeros ensayos avanzan según lo previsto, San Juan podría convertirse en uno de los primeros puntos de la región en desarrollar una metodología capaz de transformar partículas invisibles del aire en información útil para la ciencia y, eventualmente, para la Justicia.

El Gobierno de San Juan abrirá el 2 de septiembre las ofertas para construir un puesto único de control sobre la Ruta Nacional 40. La obra permitirá eliminar el puesto de San Carlos y concentrar en una misma infraestructura las verificaciones de ambas provincias, con lectura de patentes y reconocimiento facial.

San Juan y Mendoza avanzan hacia una modificación sustancial del sistema de controles sobre la Ruta Nacional 40. El Ejecutivo sanjuanino abrirá el próximo 2 de septiembre los sobres de la licitación para construir un puesto unificado que reemplazará los controles consecutivos que actualmente deben atravesar quienes ingresan o salen de ambas provincias.

El secretario de Seguridad de San Juan, Enrique Delgado, confirmó que el proyecto se encuentra en su etapa final y que, tras la apertura de las ofertas, comenzará el proceso de evaluación para seleccionar a la empresa que ejecutará los trabajos. La posterior adjudicación será el paso necesario para iniciar la obra.

La iniciativa surgió de un acuerdo firmado en 2024 por los gobernadores Marcelo Orrego, Alfredo Cornejo y Claudio Poggi, orientado a fortalecer la coordinación en materia de seguridad entre San Juan, Mendoza y San Luis. Posteriormente, San Juan y Mendoza suscribieron un convenio específico que estableció cinco etapas para concretar el nuevo sistema. La licitación constituye la última instancia de ese proceso.

El proyecto contempla la eliminación del puesto de San Carlos y la modificación del control ubicado actualmente en territorio mendocino. Ambos serán reemplazados por una infraestructura común, equipada con cabinas para los ingresos y egresos y espacios destinados a las distintas verificaciones.

La distribución de responsabilidades también quedará definida. Mendoza controlará las salidas de San Juan, mientras que San Juan tendrá a su cargo los ingresos a la provincia. De esta manera, los conductores podrán completar las verificaciones de ambas jurisdicciones en una única detención.

El nuevo puesto permitirá centralizar controles sobre personas, vehículos, patentes, cargas y transporte. Además, incorporará lectores automáticos de matrículas y sistemas de reconocimiento facial, herramientas destinadas tanto a agilizar el tránsito como a reforzar la identificación de quienes circulan por uno de los principales corredores terrestres de Cuyo.

Delgado estimó que, si el proceso de licitación y adjudicación avanza de acuerdo con los plazos previstos, el control podría comenzar a operar antes de finalizar 2026. “Esperemos que antes del fin de año este control unificado ya sea una realidad”, señaló el funcionario.

La experiencia también podría extenderse al límite con San Luis. San Juan analiza avanzar hacia un mecanismo similar para concentrar los controles en un único punto, aunque todavía no existe un convenio específico entre ambas provincias. Esa alternativa deberá ser acordada por Orrego y Poggi una vez concluida la implementación del sistema con Mendoza.

La obra representa un cambio tanto operativo como tecnológico para uno de los corredores más importantes de la región. La eliminación de controles duplicados busca reducir demoras para transportistas y particulares, mientras la incorporación de herramientas digitales permitirá fortalecer las tareas de seguridad y fiscalización.

La apertura de sobres del 2 de septiembre marcará así el inicio de la etapa decisiva para convertir el acuerdo interprovincial en una infraestructura concreta sobre la Ruta 40.

La Corte de Justicia de San Juan notificó formalmente al Consejo de la Magistratura la existencia de seis vacantes que deberán ser cubiertas mediante concursos públicos. La nómina comprende tres cargos de jueces y otros tres correspondientes al Ministerio Público Fiscal, con funciones distribuidas entre la Primera y Segunda Circunscripción Judicial.

El presidente del máximo tribunal, Daniel Olivares Yapur, confirmó la comunicación al organismo encargado de seleccionar a los futuros magistrados. A partir de ahora, el Consejo de la Magistratura deberá establecer el cronograma para poner en marcha los concursos y avanzar con la cobertura de los puestos.

Entre los cargos disponibles figuran dos juzgados de Familia correspondientes a la Primera Circunscripción y un tercer juzgado para la Segunda Circunscripción, con competencia sobre Jáchal e Iglesia. La ampliación apunta a reforzar uno de los fueros con mayor demanda dentro de la Justicia provincial.

Las otras tres vacantes corresponden al Ministerio Público Fiscal. Se trata de una Fiscalía Civil y Laboral de primera instancia, una Fiscalía de Cámara ante el Tribunal de Impugnación y una Asesoría Oficial de Menores e Incapaces destinada al norte sanjuanino.

El origen de las vacantes

No todas las plazas tienen el mismo origen. La Fiscalía Civil y Laboral quedó disponible tras la jubilación de Beatriz Gil, lo que generó la necesidad de iniciar el proceso para designar a su reemplazante.

La Fiscalía de Cámara ante el Tribunal de Impugnación responde a otra circunstancia. Se trata de un cargo previsto por la legislación que instauró el sistema acusatorio y que permanecía sin cobertura. Su incorporación al proceso de selección fue solicitada por el fiscal General de la provincia, Guillermo Baigorrí.

La función tiene relevancia dentro del esquema acusatorio, ya que esos fiscales intervienen en defensa de las acusaciones cuando las resoluciones son apeladas ante el Tribunal de Impugnación.

En cuanto a los nuevos juzgados de Familia, el juzgado de la Segunda Circunscripción y la Asesoría Oficial de Menores e Incapaces, fueron creados por la Cámara de Diputados a partir de un proyecto impulsado por la Corte de Justicia con respaldo del gobernador Marcelo Orrego.

El proyecto original también contemplaba la creación de un nuevo Juzgado de Paz para Caucete, pero esa incorporación fue postergada luego de un acuerdo entre el Poder Judicial y el Ejecutivo provincial.

La apertura de estas seis vacantes inicia ahora una nueva etapa administrativa: el Consejo de la Magistratura deberá organizar los concursos y evaluar a los postulantes. La cobertura de los cargos permitirá reforzar áreas con alta demanda y ampliar la capacidad de respuesta de la Justicia provincial, particularmente en materia de Familia y protección de menores.