Un informe legislativo señala que el Estado nacional no habría transferido los fondos del impuesto a los combustibles destinados por ley al mantenimiento de rutas. La acusación reaviva el debate sobre el deterioro vial y el impacto económico en el interior del país.

El deterioro de la red vial nacional volvió a instalarse en el centro del debate público tras una denuncia impulsada por un grupo de legisladores de la oposición, que apunta al manejo de los recursos destinados a infraestructura. Según el informe, el Estado nacional habría retenido más de $1,1 billones provenientes del impuesto a los combustibles que, de acuerdo con la normativa vigente, deben asignarse al mantenimiento y mejora de rutas en todo el país.

El núcleo de la controversia reside en la aplicación de la ley que regula este tributo, la cual establece que el 28,58% de lo recaudado debe ser transferido al Sistema Vial Integrado (Sisvial). Los diputados sostienen que esa obligación no se cumplió, lo que explicaría, al menos en parte, el progresivo deterioro de caminos estratégicos para la producción y la circulación.

El relevamiento legislativo detalla una evolución significativa en la recaudación del impuesto en los últimos años. Entre 2023 y 2024, el incremento habría alcanzado el 378%, generando más de $354.000 millones que debían destinarse a obras viales. En 2025, el crecimiento fue del 92%, con otros $688.000 millones en discusión, mientras que en los primeros meses de 2026 se sumaron más de $122.000 millones bajo el mismo esquema. Para los firmantes del informe, estas cifras reflejan no sólo un incumplimiento legal, sino también una política de asignación de recursos que impacta directamente en la calidad de la infraestructura.

“El problema ya no admite dilaciones”, señalaron desde el ámbito legislativo, al tiempo que cuestionaron la falta de respuestas oficiales a los pedidos de informes cursados al área económica. La ausencia de explicaciones formales alimenta la controversia y profundiza el debate sobre la administración de los fondos públicos.

El impacto se percibe con mayor intensidad en las provincias, donde intendentes y autoridades locales vienen alertando sobre el estado crítico de las rutas nacionales. Banquinas deterioradas, señalización insuficiente y tramos con alto nivel de desgaste configuran un escenario que eleva los riesgos para la circulación y afecta la logística productiva. La situación genera, además, una sobrecarga en los gobiernos municipales, que carecen de competencias y recursos para intervenir en corredores bajo jurisdicción nacional.

El malestar también se extiende a las administraciones provinciales, que analizan estrategias conjuntas frente a la combinación de menores transferencias y la falta de ejecución de partidas específicas. En este aspecto, la infraestructura vial se convierte en un punto de fricción entre distintos niveles del Estado, con derivaciones políticas y económicas de alcance federal.

Otro aspecto que concentra cuestionamientos es el destino de los recursos no transferidos. El informe legislativo sugiere que parte de esos fondos habría sido orientada a instrumentos financieros, en línea con la estrategia oficial de consolidación fiscal. Esta hipótesis alimenta la crítica opositora, que advierte que el superávit se estaría construyendo mediante la postergación de inversiones esenciales.

El Ejecutivo provincial presentó una nueva propuesta salarial, pero los gremios la consideraron insuficiente. La discusión pasó a cuarto intermedio mientras se aguarda una reformulación.

La negociación salarial entre el Gobierno de San Juan y los gremios docentes volvió a transitar un punto de inflexión tras una nueva oferta oficial que no logró conformar a las representaciones sindicales. En la décima reunión paritaria, realizada en el Ministerio de Educación, las partes intercambiaron posiciones en un clima marcado por la urgencia de recomponer ingresos frente al deterioro del poder adquisitivo.

Del encuentro participaron funcionarios del Ejecutivo provincial junto a dirigentes de UDAP, UDA y AMET, quienes plantearon una agenda amplia que excede lo estrictamente salarial. La propuesta oficial, presentada este lunes, se estructuró en tramos y combinó sumas fijas, incrementos porcentuales y ajustes en distintos ítems del nomenclador docente.

Para abril, el Gobierno propuso el pago de un bono extraordinario de $120.000, de carácter no remunerativo y no bonificable, a liquidarse el 15 del mes y proporcional según la carga horaria. A esto se sumó un incremento de cinco puntos en los radios 4, 5, 6 y 7, junto con la incorporación del ítem Conectividad al recibo salarial.

El esquema continúa en mayo con un aumento del 2% en el valor índice, calculado sobre la base de marzo de 2026, y una suba de cuatro puntos en el código A01.

En junio, la oferta contempla un nuevo incremento del 3% —tomando como referencia mayo— y la aplicación de una cláusula de revisión, orientada a ajustar los haberes en función de la evolución económica.

Desde el el gobierno la propuesta en las limitaciones financieras actuales, señalando la caída en la recaudación provincial y la merma en los recursos coparticipables provenientes de Nación. Este cuadro condiciona, según explicaron, la capacidad de mejora en los salarios del sector público.

Sin embargo, los gremios docentes manifestaron su disconformidad con los términos planteados. Reclamaron que cualquier recomposición tenga carácter remunerativo y alcance a la totalidad de los cargos y horas cátedra, al considerar que los bonos no resuelven la pérdida sostenida del ingreso real. Además, insistieron en una serie de demandas pendientes: procesos de titularización, situación de docentes de CENS, pago completo de jornadas de paro, resolución de expedientes demorados y mejoras en el sistema de transporte mediante la SUBE docente.

Tras el intercambio, y ante la distancia entre las posiciones, el Gobierno solicitó un cuarto intermedio con el objetivo de revisar la propuesta y acercar alternativas superadoras. La negociación se reanudará el próximo miércoles 15 de abril, en una instancia que será determinante para el cierre o la profundización del conflicto.

Concluida la etapa de fundaciones, el proyecto de los nuevos Consultorios Externos del Hospital Rawson inicia el ensamblaje de su estructura metálica. Se trata de un hito técnico que permitirá acelerar la ejecución de una obra destinada a ampliar la capacidad de atención y optimizar los circuitos asistenciales.

La ampliación del Hospital Rawson ingresa en una instancia determinante. Tras completar los trabajos preliminares de suelo, bases y fundaciones, el proyecto avanza con el montaje de su armazón principal, un sistema metálico de gran escala que define la arquitectura del futuro edificio.

La intervención contempla tres sectores diferenciados: un bloque destinado a atención pediátrica, otro orientado a pacientes adultos y un volumen cilíndrico que albergará servicios complementarios, entre ellos un área de confitería. La ejecución ya registra avances en el sector pediátrico, donde se finalizó la base estructural y se inició la instalación de columnas tubulares de gran porte.

El despliegue logístico requerido es significativo. Las piezas, fabricadas fuera del predio, son trasladadas durante la madrugada para evitar interferencias en la circulación urbana. Una vez en el lugar, el montaje se realiza mediante grúas de alta capacidad, lo que permite garantizar precisión y seguridad en cada maniobra.

Este proceso exige una articulación constante entre la empresa constructora, los equipos técnicos del hospital y los responsables de la supervisión, con el objetivo de sostener un ritmo de obra ordenado y cumplir con los estándares establecidos.

Un edificio pensado para la atención del futuro

El nuevo complejo se emplaza en una superficie de 6.445 metros cuadrados, delimitada por las calles General Paz, Santa Fe, Estados Unidos y la Avenida Rawson. La propuesta arquitectónica incorpora soluciones modernas, con estructuras livianas, cubiertas térmicas y materiales diseñados para optimizar la eficiencia energética.

En el exterior, se prevén terminaciones con tecnología Screenpanel y estética tipo acero corten, mientras que en los espacios interiores se instalarán paneles acústicos y carpinterías de aluminio con vidrios de seguridad. Las instalaciones sanitarias, eléctricas y de protección se ejecutan bajo normativas estrictas, en línea con los requerimientos de un centro de salud de alta complejidad.

El proyecto apunta a mejorar la atención ambulatoria, descongestionar áreas críticas y ofrecer entornos más accesibles tanto para pacientes como para el personal médico. La reorganización de los circuitos permitirá reducir tiempos de espera y elevar la calidad del servicio.