La Dirección Provincial de Vialidad inició la repavimentación integral de la Avenida de Circunvalación con una inversión de $15.700 millones. Los trabajos comenzaron entre Tucumán y Mendoza, demandarán 180 días y contemplan una nueva calzada diseñada para alcanzar una vida útil de al menos 25 años.

La Dirección Provincial de Vialidad comenzó las tareas en el tramo comprendido entre las calles Tucumán y Mendoza, dentro del anillo externo, con una inversión de $15.700 millones y un plazo de ejecución previsto de 180 días corridos.

Los trabajos se desarrollarán durante jornadas diurnas y nocturnas para reducir los tiempos de intervención sobre una de las vías con mayor circulación de San Juan. El director de Vialidad Provincial, Omar Lucero, explicó que las restricciones al tránsito constituyen una afectación temporal necesaria para ejecutar una obra de gran magnitud.

La primera etapa demandaría alrededor de 20 días. Una vez concluida, los equipos avanzarán progresivamente hacia otros tramos de la avenida. Lucero advirtió que cada uno presenta características técnicas particulares, por lo que los tiempos podrán variar según las condiciones encontradas.

Una nueva estructura para la calzada

La obra no se limitará a colocar una nueva capa de pavimento. La intervención contempla ampliar la calzada de 7,5 a 10,5 metros, incorporando las actuales banquinas al espacio destinado a la circulación.

El procedimiento incluye el saneamiento de las losas existentes, la colocación de una capa de arena asfalto de 2,5 centímetros, una geogrilla y finalmente entre cuatro y cinco centímetros de concreto asfáltico. Una vez terminada la obra, la superficie de rodamiento quedará completamente cubierta por la nueva carpeta.

Según explicó Lucero, la estructura fue proyectada con una vida útil estimada de al menos 25 años, una previsión que busca garantizar mayor durabilidad y mejores condiciones para absorber el tránsito vehicular que soporta diariamente la avenida.

Puentes, señalización y seguridad

La intervención también incluye mejoras destinadas a reforzar la seguridad vial. Se reemplazarán postes de las barandas y se renovará la señalización vertical mediante elementos reflectivos. Sobre la calzada se aplicará material termoplástico vibratorio para generar alertas físicas ante determinadas maniobras o desplazamientos.

En los puentes ubicados sobre Mendoza y Tucumán se ejecutarán trabajos de mayor complejidad. Allí será demolido el pavimento existente para garantizar la altura reglamentaria requerida por el tránsito pesado y se reemplazarán las juntas de las estructuras.
Las modificaciones permitirán adecuar la infraestructura a las actuales exigencias de circulación y a una mayor demanda de transporte de cargas.

La metodología prevé que los equipos avancen tramo por tramo hasta completar toda la vía. Al finalizar la intervención, las antiguas losas de hormigón quedarán definitivamente cubiertas por la nueva superficie asfáltica.

El paro nacional de 24 horas convocado por los gremios universitarios registró un 90% de adhesión en San Juan, según informó ADICUS. La medida alcanzó a las facultades de la UNSJ y a los colegios preuniversitarios, en reclamo de una recomposición salarial y de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La jornada de protesta fue convocada por las organizaciones que representan a docentes y trabajadores no docentes de las universidades nacionales, en medio de un conflicto que combina el reclamo por la recuperación de los salarios con la exigencia de que el Gobierno nacional cumpla con las disposiciones de la Ley de Financiamiento Universitario.

En San Juan, la elevada adhesión comunicada por ADICUS reflejó el respaldo de los trabajadores universitarios a la medida de fuerza nacional. La interrupción de las actividades académicas se extendió durante 24 horas y coincidió con el comienzo del segundo cuatrimestre, lo que volvió a colocar el financiamiento de la educación superior en el centro de la discusión.

Salarios y pérdida del poder adquisitivo

El reclamo salarial constituye uno de los principales motivos de la protesta. Los gremios universitarios sostienen que los incrementos otorgados durante el último período no lograron compensar el deterioro acumulado de los ingresos frente a la inflación.

Las organizaciones sindicales cuestionaron particularmente el aumento del 21,3% percibido durante julio, al considerar que resultó insuficiente para recomponer el poder adquisitivo perdido. Desde el Frente Sindical de Universidades Nacionales habían advertido, además, que la diferencia entre los salarios actuales y la evolución de los precios supera el 28%.

La discusión no se limita a la actualización de los haberes. Los sindicatos también reclaman que se instrumenten las disposiciones vinculadas con el financiamiento universitario y que se actualicen los recursos destinados a becas y hospitales universitarios.

Desde la perspectiva gremial, la insuficiencia presupuestaria repercute directamente sobre el funcionamiento de las universidades nacionales y condiciona el desarrollo de las tareas de enseñanza, investigación y extensión.

Un conflicto que volvió a las aulas

La protesta se produjo en un momento especialmente sensible para las universidades, con el inicio del segundo cuatrimestre y sin un acuerdo que permita cerrar la disputa salarial.

Para los gremios, la convocatoria a la huelga constituye una nueva instancia de presión frente a la falta de respuestas a sus demandas. La elevada adhesión registrada en San Juan, según ADICUS, mostró que el reclamo excedió a una unidad académica puntual y alcanzó a las distintas estructuras educativas dependientes de la UNSJ.

La acción también expuso nuevamente la distancia entre las organizaciones sindicales y el Gobierno nacional respecto del financiamiento de las universidades públicas.

La respuesta del Gobierno

El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, rechazó los argumentos sindicales y cuestionó la legitimidad de la medida de fuerza. Desde el Gobierno sostuvieron que las transferencias correspondientes a las universidades se encuentran al día de acuerdo con los compromisos asumidos y rechazaron que exista un incumplimiento de sus obligaciones.

Además, el Ejecutivo convocó a una reunión paritaria para el 1 de septiembre, fecha que los gremios deberán evaluar mientras mantienen abierto el reclamo por una recomposición salarial.

El paro de este miércoles dejó así una señal concreta en San Juan: con un 90% de adhesión informado por ADICUS, la discusión universitaria volvió a interrumpir las clases y mostró que la pugna salarial y presupuestaria permanece sin una resolución definitiva.

La continuidad de las demandas estará condicionada por las respuestas en la mesa paritaria y la asignación de los fondos universitarios. Al mismo tiempo, la comunidad académica mantiene un litigio que trasciende los sueldos y repercute en las actividades cotidianas de la educación superior.

La pérdida de empleos registrados y el encarecimiento de las coberturas privadas modificaron de manera significativa el mapa de acceso a la salud en Argentina. Desde noviembre de 2023, las obras sociales nacionales perdieron 1.028.412 beneficiarios, según datos de la Superintendencia de Servicios de Salud relevados por el Instituto Argentina Grande (IAG).

El retroceso se trasladó también al sistema público. De acuerdo con datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), entre el cuarto trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2026 aumentó en 1.246.285 la cantidad de personas que no tenían obra social, prepaga ni mutual. El universo pasó de 9.428.131 a 10.674.416 personas, con un incremento de la proporción sobre la población del 32% al 35,6%.

La merma de afiliados tuvo una relación directa con la evolución del empleo. En el período analizado desaparecieron más de 235.000 puestos privados registrados y otros 73.000 empleos públicos, reduciendo no solo la cobertura del trabajador sino también la correspondiente a su grupo familiar.

Entre las principales obras sociales, OSECAC, vinculada a Comercio, redujo un 20,2% sus beneficiarios; OSPRERA, que reúne a trabajadores rurales, cayó 15,9%, y OSPCN, correspondiente a empleados estatales, perdió 19,1%. La construcción registró uno de los mayores retrocesos: OSPeCon disminuyó 25,4% y la obra social petrolera, OSPe, perdió 5,1%.

La evolución de esas entidades guarda relación con la contracción del empleo registrado. Desde noviembre de 2023 hasta abril de 2026, la construcción perdió 60.646 puestos, equivalentes al 13,8%; Comercio redujo su dotación en 9.413 trabajadores y el empleo petrolero cayó en 8.282. Entre los estatales, la reducción alcanzó a 73.052 puestos.

La principal excepción fue OSDEPYM, vinculada a los monotributistas, que incrementó 154% su cantidad de afiliados durante el mismo período, acompañando el crecimiento del 7,4% en la cantidad de inscriptos en ese régimen.

A la privación de cobertura derivada del empleo se sumó el aumento de las cuotas de medicina prepaga. Según los datos difundidos en el informe, desde la desregulación las tarifas acumularon una suba del 460%, frente a una inflación del 320%. El incremento redujo la capacidad de numerosos hogares para sostener una cobertura privada.

El impacto es particularmente fuerte entre los jóvenes. En el grupo de 15 a 29 años, el 49,9% no contaba con obra social, prepaga ni mutual y dependía exclusivamente del sistema público durante el primer trimestre de 2026. Son 438.790 jóvenes más en esa condición respecto del cuarto trimestre de 2023, un aumento del 15,3%.

El desplazamiento de afiliados hacia hospitales y centros sanitarios estatales agrega presión sobre una estructura que debe absorber una demanda en aumento. La combinación entre menor empleo registrado, pérdida de afiliaciones y mayores costos de la medicina privada deja así una consecuencia concreta: cada vez más argentinos dependen del sistema público para acceder a atención médica.