La Legislatura provincial declaró de interés educativo, científico, cultural y social la implementación de la carrera de Medicina en la Universidad Nacional de San Juan. La primera cohorte comenzará en 2027 con 50 estudiantes y una inversión superior a los $2.250 millones.

La Cámara de Diputados de San Juan brindó un nuevo respaldo institucional a la creación de la carrera de Medicina en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), al aprobar una declaración de interés educativo, científico, cultural y social durante la Séptima Sesión Ordinaria del cuerpo legislativo.

La iniciativa, promovida por el diputado Pedro Albagli, reconoce el alcance académico y social de una propuesta largamente esperada por la comunidad sanjuanina. La carrera funcionará en la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, ubicada en el departamento Albardón, y permitirá que estudiantes de la provincia puedan acceder a la formación médica sin necesidad de trasladarse a otros centros universitarios del país.

Esta decisión se conoció pocos días después de que la UNSJ confirmara la obtención del financiamiento nacional necesario para poner en marcha la carrera, luego de que la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) aprobara el proyecto académico.

De acuerdo con el cronograma oficial, las inscripciones se habilitarán en septiembre de este año, mientras que el curso de ingreso comenzará en octubre. El inicio de clases está previsto para el ciclo lectivo 2027, con una primera cohorte de 50 estudiantes, conforme a las condiciones establecidas en la acreditación.

La implementación demandará una inversión superior a los 2.250 millones de pesos, recursos que estarán destinados principalmente a la creación y financiamiento de los cargos docentes necesarios para garantizar el funcionamiento de la nueva carrera.

En este sentido, la universidad prevé ampliar la infraestructura de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud mediante la construcción de aulas híbridas y un nuevo bloque sanitario, con el propósito de acompañar el crecimiento de la oferta académica y fortalecer las condiciones de enseñanza.

El proyecto también genera expectativas por su impacto económico. El arribo de jóvenes universitarios foráneos dinamizará la economía local, estimulando el consumo y el requerimiento de vivienda, transporte y servicios.

Con esta declaración, la Legislatura sanjuuaninal consolidó el respaldo político e institucional a una iniciativa considerada histórica para la educación superior y para el fortalecimiento del sistema de salud, al ampliar la capacidad de formación de futuros médicos en la provincia.

La cadena cerró su sucursal de Río Gallegos y despidió a toda la plantilla. La decisión afectó a más de 30 empleados directos y puso en riesgo otros 40 puestos vinculados a servicios tercerizados, en un marco de fuerte caída del consumo.

El cierre definitivo de la sucursal Carrefour Market de Río Gallegos, en Santa Cruz, volvió a reflejar el deterioro que atraviesa el comercio minorista en distintos puntos del país. La empresa resolvió cesar las operaciones del establecimiento y desvincular a la totalidad de sus trabajadores, una medida que dejó sin empleo a más de 30 personas y generó inquietud entre el personal de la cadena en otras provincias.

La decisión fue comunicada de forma intempestiva. Al presentarse a trabajar en el local de la avenida Néstor Kirchner 742, los empleados encontraron el establecimiento cerrado, mientras directivos llegados desde Buenos Aires, acompañados por un escribano público, les entregaban los telegramas de despido. «Vinieron, nos reunieron y nos echaron», resumió uno de los trabajadores afectados al relatar cómo se desarrolló la reunión.

Entre los despedidos hubo empleados que se encontraban de vacaciones al momento de la notificación. Según señalaron, durante el encuentro no recibieron precisiones sobre una eventual reubicación en otras dependencias de la empresa, aunque permanece la expectativa de que algunos puedan ser incorporados al hipermercado que Carrefour posee en la capital santacruceña.

La compañía informó que abonará las indemnizaciones previstas por la legislación laboral vigente. No obstante, el impacto excede al personal propio. El secretario general del Centro de Empleados de Comercio de Río Gallegos, Claudio Silva, explicó que la firma atribuyó el cierre a la persistente retracción del consumo y al complejo panorama económico. Además de los más de 30 trabajadores directos, la medida compromete alrededor de otros 40 empleos vinculados a empresas de seguridad, limpieza y servicios de verdulería que operaban en el establecimiento.

El local funcionaba sobre una de las principales arterias comerciales de Río Gallegos y ocupaba un inmueble históricamente asociado a la venta de productos de consumo masivo, por lo que su cierre representa un fuerte golpe para la economía de la ciudad.

La repercusión del caso trascendió el ámbito provincial debido al peso de Carrefour dentro del mercado argentino. La multinacional, con presencia en más de 40 países y una extensa red de sucursales en el país, concentra miles de puestos de trabajo, por lo que la decisión alimentó la preocupación entre sus empleados y el movimiento sindical ante la persistencia de la caída de las ventas y el deterioro del consumo.

Mientras avanza el proceso de desvinculación, no existen confirmaciones oficiales sobre posibles reubicaciones del personal. La incertidumbre se mantiene entre los trabajadores, en un momento en que el comercio continúa enfrentando uno de los períodos más complejos de los últimos años.

La Corporación Vitivinícola Argentina cuestionó el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para eliminar el organismo y modificar la Ley General de Vinos. Su presidente, Fabián Ruggeri, advirtió que la iniciativa podría alterar la identidad de los vinos argentinos, permitir mezclas con productos importados y debilitar la representación institucional de la actividad.

La Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) profundizó su rechazo al proyecto promovido por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que propone la disolución de la entidad y modifica aspectos centrales de la Ley General de Vinos. Para el presidente de la institución, Fabián Ruggeri, la iniciativa representa una amenaza tanto para la organización del sector como para la identidad de uno de los productos emblemáticos del país.

El dirigente recordó que la disputa comenzó en mayo, cuando el Gobierno dictó la Resolución 55 con el objetivo de dejar sin efecto las funciones de la corporación. Frente a esa decisión, COVIAR presentó un amparo judicial y obtuvo una medida cautelar que suspendió los efectos de la resolución hasta que exista una definición sobre el fondo del conflicto.

Sin embargo, Ruggeri aseguró que ahora el Ejecutivo avanzó con un nuevo borrador de ley que insiste con la eliminación del organismo. Según explicó, el proyecto establece un plazo de apenas un mes para elaborar un informe final y proceder a la liquidación de sus actividades.

La mayor preocupación, señaló, no pasa únicamente por la desaparición de COVIAR, sino por las modificaciones que el texto introduce en la legislación vitivinícola. Entre los cambios mencionó la sustitución del concepto de «uva fresca» por el de «mosto de uva» en la definición legal del vino, una modificación que, a su entender, permitiría utilizar mostos concentrados o sulfitados e incluso materia prima proveniente de otras regiones.

También advirtió que la iniciativa abriría la posibilidad de comercializar vinos importados sin identificar claramente su origen y permitiría mezclarlos con vinos nacionales, una práctica que actualmente se encuentra prohibida.

Ruggeri cuestionó además la visión que, según afirmó, inspira el proyecto oficial. «El vino no es un commodity. Puede mezclarse trigo de distintos productores y seguirá siendo trigo, pero el vino tiene identidad, historia y características propias. Es cultura y tradición», sostuvo.
En ese sentido, defendió el papel que COVIAR desempeña desde su creación como organismo de articulación entre el sector público y privado, destacando que permitió impulsar políticas comunes y consolidar un plan de desarrollo de largo plazo para la vitivinicultura argentina.

San Juan, entre las provincias involucradas

El titular de COVIAR destacó que San Juan es una de las provincias que más se benefició con los programas impulsados por la corporación. Como ejemplo mencionó el desarrollo alcanzado por la industria de la pasa de uva a través del programa PROVIAR, al tiempo que reconoció que muchas veces esos resultados no llegan a ser conocidos por todos los productores y bodegueros que realizan aportes al organismo.

Finalmente, Ruggeri sostuvo que la discusión trasciende la continuidad de la compañía y consideró que la iniciativa oficial implica un cuestionamiento a la institucionalidad construida durante años por la vitivinicultura argentina. Según afirmó, eliminar ese ámbito de representación significaría perder una herramienta clave para defender los intereses de una economía regional de fuerte impacto en provincias productoras como San Juan y Mendoza.