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Según datos difundidos por el ministerio de Trabajo, el empleo registrado privado creció nuevamente en marzo de 2023. El informe, basado en el Sistema Integrado de Previsional Argentino (SIPA-AFIP), da cuenta de la creación neta de 12.160 puestos de trabajo registrados entre marzo y abril de este año.

La tendencia acumula 32 meses consecutivos de crecimiento desde mayo de 2020 cuando el empleo registrado cayó a un piso histórico producto de las restricciones sanitarias creadas en el marco de la pandemia. En el período, según el informe de la cartera laboral, se crearon 1.353.687 que implican un crecimiento del 11,5% del empleo registrado.

En relación a la situación de marzo de 2022, el registro de la AFIP da cuenta de la creación neta de 538.553 puestos de trabajo, un crecimiento del 4,3% en apenas un año. A la hora de comparar con la situación previa a la pandemia surge que, desde marzo de 2019, se crearon más de 960 mil puestos de trabajo con un crecimiento acumulado del 8%.

Allí sin embargo, se incluyen diversas formas de empleo con modalidades de contratación diferentes. El informe discrimina entre el empleo registrado creado por el sector privado, el sector público, el empleo en casas particulares y las diversas formas de registración de trabajadores independientes como los trabajadores autónomos, los monotributistas tradicionales y los inscriptos en el monotributo social.

Según el propio informe el sector privado generó en el último año 252 mil empleos y el sector público fue el responsable de generar 74.500 empleos. Se trata de un crecimiento del 4,1% y el 2,2% respectivamente que contrastan con el crecimiento del 37,4% que registró el monotributo social responsable de la creación de 163.800 puestos de trabajo “registrados” del total de casi 540 mil que se generaron en un año.

Los monotributistas sociales son aquellos trabajadores que perciben un ingreso mensual bruto inferior a una jubilación mínima hoy en poco más de $70 mil o integran una cooperativa y, por ese motivo, reciben un subsidio del 100% del componente impositivo y previsional y del 50% en el componente de la obra social.

Si se analizara el desagregado en la creación de empleo registrado en los 32 meses de crecimiento acumulado, la tendencia a la precarización es todavía más profunda.

De hecho, del 1.353.700 puestos registrados creados desde mayo de 2020 solo 594 mil fueron creados por el sector privado que implican un crecimiento del 10,3% mientras que el empleo del sector público creció un 6,2%. El monotributo social se incrementó en 249.300 trabajadores independientes que implican un salto del 70,6% y el monotributo tradicional creció un 20,8% con 322 mil nuevos inscriptos bajo esa modalidad.

De esta forma la destrucción de empleo provocada por las restricciones propias de la pandemia sirvieron para profundizar un proceso de precarización del empleo bajo la forma del monotributismo, mecanismo utilizado muchas veces para encubrir una relación de dependencia encubierta.

Una década de deterioro

El proceso que se aceleró en los últimos tres años, sin embargo, se sostiene desde hace ya más de una década. Desde marzo de 2012 el empleo registrado creció un 19,2% pero en el sector privado apenas lo hizo en un 4,2%. El empleo en el sector público creció en un 30,5% y el empleo en casa particulares un 18,5%. El monotributo común creció en once años un 42,5% y el monotributo social en un 254,1%. Este último pasó de representar un 1,5% del total del trabajo registrado en marzo de 2012 hasta el 4,6% en la actualidad. El monotributo común pasó de representar el 12% del total del trabajo registrado hasta el 14,3% en la actualidad.

Más servicios, menos industria

Pero el deterioro de la calidad del empleo también se refleja al interior del empleo privado.

Mientras que en marzo de 2013 el empleo industrial representaba un 20,7% del total del empleo privado en la actualidad perdió dos puntos de representación cayendo hasta un 18,7%. La merma del sector que genera empleos de mejor calidad y mejor remunerados se dio en favor del comercio que ganó un punto porcentual de representación, los servicios sociales y de salud que mejoraron su participación en 0,7 puntos y la educación privada que avanzó 0,7 puntos.

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Los docentes levantan el paro pero convocan a una marcha de antorchas este miércoles


Los sindicatos UDAP, UDA y AMET suspendieron la huelga de 48 horas tras la intimación oficial que obliga a garantizar el 75% de asistencia en las escuelas. En conferencia de prensa conjunta anunciaron que la protesta continuará este miércoles con una marcha de antorchas por el centro de la ciudad, mientras el conflicto salarial sigue sin resolución.

El conflicto docente en San Juan sumó un nuevo giro este martes luego de que los tres gremios del sector —UDAP, UDA y AMET— confirmaran la suspensión del paro de 48 horas previsto para esta semana. En lugar de la huelga, las organizaciones sindicales resolvieron mantener la protesta mediante una marcha de antorchas que se realizará este miércoles a las 20 horas por las calles céntricas de la capital provincial.

La decisión fue comunicada durante una conferencia de prensa conjunta realizada horas después de que la Subsecretaría de Trabajo notificara formalmente a los sindicatos sobre la obligación de garantizar un mínimo del 75% de asistencia en las escuelas durante cualquier medida de fuerza, en aplicación de la normativa que regula los servicios esenciales.

La secretaria general de UDAP, Patricia Quiroga, explicó que la medida de fuerza fue levantada por una razón operativa y solidaria con los docentes que deberían garantizar la continuidad del servicio educativo.

“En solidaridad con los docentes que deberían cubrir el 75% de asistencia obligatoria, decidimos no realizar el paro para no sobrecargar al personal restante”, sostuvo la dirigente sindical.

Críticas al Gobierno provincial

Durante la conferencia, los representantes sindicales también expresaron fuertes cuestionamientos a la postura del Ejecutivo provincial en el marco de la negociación salarial.

Karina Navarro, secretaria general de UDA, denunció lo que calificó como una actitud de “indiferencia por parte del gobernador frente al conflicto docente” y advirtió que el sector atraviesa un clima de creciente tensión.

“Levantamos la medida, pero esto no significa que el conflicto termine”, remarcó la dirigente, quien además habló de una presunta “persecución” hacia el sector docente.

En la misma línea, Adrián Ruiz, secretario adjunto de AMET, cuestionó la forma en que fue aplicada la normativa laboral que restringe las medidas de fuerza.

Según explicó, la legislación invocada por la Subsecretaría de Trabajo debería contemplar un plazo de cinco días para su implementación, período que —según el gremio— no se habría respetado.

Ruiz también criticó la advertencia del Gobierno provincial de descontar los días de paro a los docentes que participaran de la protesta.

La aplicación de la normativa laboral

La suspensión de la huelga se produjo luego de que la Subsecretaría de Trabajo notificara oficialmente a los sindicatos sobre la obligación de garantizar un nivel mínimo de funcionamiento del sistema educativo durante conflictos laborales.

La disposición se basa en lo establecido en el artículo 24 de la Ley 25.877, modificado por la reciente reforma laboral aprobada por el Congreso de la Nación, iniciativa impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei.

La normativa establece que, en los servicios considerados esenciales, las organizaciones sindicales deben asegurar una prestación mínima durante cualquier medida de fuerza.

Para cumplir con ese requisito, los gremios debían presentar un plan detallado de cobertura, especificando establecimientos, niveles educativos, turnos y docentes designados para garantizar el porcentaje de asistencia exigido.

Las autoridades provinciales advirtieron que la falta de presentación de este esquema o su incumplimiento podría derivar en sanciones legales, lo que finalmente llevó a los sindicatos a reconsiderar la estrategia de protesta.

Protesta en las calles y negociación abierta

Aunque el paro quedó sin efecto, el conflicto docente continúa abierto. La marcha de antorchas prevista para este miércoles se perfila como la primera demostración pública del malestar del sector tras la intervención de la autoridad laboral.

La movilización buscará visibilizar el reclamo salarial y presionar al Gobierno provincial en medio de negociaciones que, hasta ahora, no lograron acercar posiciones entre las partes.

La suspensión del paro docente desactivó momentáneamente el riesgo de una interrupción masiva de clases en San Juan, pero el conflicto está lejos de resolverse. Con una marcha de antorchas como nueva forma de protesta y las paritarias aún sin acuerdo, el escenario educativo provincial sigue marcado por la tensión entre sindicatos y Gobierno, en un marco atravesado además por las nuevas reglas laborales que regulan las medidas de fuerza en servicios esenciales.

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El Gobierno aplica la reforma laboral y frena el paro docente en San Juan

La Subsecretaría de Trabajo intimó a los gremios docentes a garantizar un mínimo del 75% de prestación del servicio educativo, en aplicación de la normativa nacional que regula las medidas de fuerza en servicios esenciales. Tras la notificación oficial, UDAP dejó sin efecto el paro previsto para este miércoles y jueves, mientras crece la expectativa por la posición que adoptarán los sindicatos UDA y AMET.

El conflicto docente en San Juan sumó este martes un nuevo episodio luego de que la Subsecretaría de Trabajo provincial intimara formalmente a los gremios a garantizar la continuidad del servicio educativo durante cualquier medida de fuerza. La decisión oficial, basada en la aplicación de la normativa nacional sobre servicios esenciales, obligó al sindicato UDAP a suspender el paro de 48 horas que estaba previsto para los días miércoles 11 y jueves 12 de marzo.

La resolución fue formalizada mediante la Resolución Nº 041-ST 2026, firmada por el subsecretario de Trabajo, Franco Marchese, dentro del expediente administrativo Nº 208-000907-2026-EXP. El documento exige a las organizaciones sindicales del sector docente asegurar la prestación mínima del servicio educativo, estableciendo que al menos el 75% de las clases deben garantizarse durante una eventual medida de fuerza.

La notificación fue emitida desde la sede de la Subsecretaría de Trabajo, ubicada en calle Santa Fe 52 Oeste, y fue entregada a los gremios mediante cédula oficial este martes al mediodía.

En el texto, el organismo laboral recuerda la vigencia del artículo 24 de la Ley Nº 25.877, modificado por el artículo 101 de la Ley Nº 27.802, que regula el funcionamiento de los servicios esenciales durante conflictos laborales. Bajo ese marco legal, las entidades sindicales deben presentar un plan detallado de prestación mínima que incluya establecimientos afectados, niveles educativos, turnos y personal designado para garantizar el servicio.

La resolución también advierte que el incumplimiento de estas disposiciones podría derivar en sanciones, según lo previsto en la legislación vigente.

El paro que finalmente no fue

La huelga docente había sido anunciada días atrás en el marco de las negociaciones salariales entre el Gobierno provincial y los tres gremios que representan al sector: UDAP, UDA y AMET. La medida consistía en un paro de 48 horas que buscaba presionar por una mejora en la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo.

Sin embargo, tras recibir la intimación oficial, UDAP decidió suspender la protesta. La secretaria general del gremio, Patricia Quiroga, confirmó la decisión en declaraciones periodísticas y señaló que la medida de fuerza quedaba sin efecto ante el nuevo escenario legal.

La suspensión del paro fue comunicada pocas horas antes de una conferencia de prensa que los sindicatos habían convocado frente al Centro Cívico para informar las acciones a seguir.

Advertencia oficial y tirantez en la negociación

En este sentido, el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, había advertido que el Ejecutivo provincial descontaría el día a los docentes que se plegaran a la huelga, una señal clara del endurecimiento de la postura oficial frente al conflicto.

La advertencia se produjo en un clima en el que las negociaciones paritarias continúan sin acuerdo. Este mismo martes estaba prevista una nueva reunión entre el Gobierno y los gremios docentes, encuentro que finalmente no se concretó.

Desde el Ejecutivo provincial adelantaron que se trabaja en una propuesta salarial superadora, con el objetivo de destrabar la negociación y garantizar la continuidad del ciclo lectivo sin nuevas medidas de fuerza.

Expectativa por la postura de los otros gremios

Aunque UDAP ya confirmó la suspensión del paro, la atención del conflicto se traslada ahora a la posición que adoptarán los otros dos sindicatos docentes que participan de la negociación: UDA y AMET.

Ambas organizaciones habían acompañado inicialmente la convocatoria a la medida de fuerza, por lo que se espera que en las próximas horas definan si siguen la misma línea de UDAP o si impulsan otra estrategia sindical frente a la intimación oficial.

La aplicación de la normativa sobre servicios esenciales marca un punto de inflexión en el conflicto docente sanjuanino. La exigencia de garantizar un alto nivel de prestación mínima —en este caso el 75%— limita significativamente la capacidad de los gremios para sostener medidas de fuerza de alto impacto.

Al mismo tiempo, la decisión del Gobierno provincial se inscribe en el nuevo escenario que abre la reforma laboral impulsada a nivel nacional, donde se busca restringir la afectación de servicios considerados estratégicos.

A este respecto, la disputa salarial sigue abierta y el conflicto podría trasladarse ahora al terreno político y judicial, mientras los sindicatos analizan cómo reorganizar su estrategia frente a un marco legal más restrictivo para las huelgas en el sector educativo.

La suspensión del paro docente deja momentáneamente en pausa la escalada del conflicto en San Juan, pero no resuelve el fondo del problema: la negociación salarial entre el Gobierno provincial y los gremios continúa sin acuerdo. En un escenario marcado por nuevas reglas laborales y mayor presión institucional, el desenlace dependerá de la capacidad de ambas partes para alcanzar un entendimiento que permita recomponer ingresos sin poner en riesgo la continuidad del ciclo lectivo.

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Paritaria docente empantanada en San Juan: sindicatos ausentes y un conflicto que escala

La negociación salarial entre el Gobierno de San Juan y los gremios docentes volvió a quedar en punto muerto luego de que UDAP, UDA y AMET no asistieran a la sexta reunión paritaria convocada para este martes en el Ministerio de Educación. El Ejecutivo provincial insistía en presentar una nueva propuesta salarial, pero la ausencia sindical dejó sin avances el diálogo y consolidó el escenario de conflicto, con un paro de 48 horas confirmado para esta semana.

La paritaria docente en San Juan atraviesa uno de sus momentos más complejos del año. Este martes, la sexta reunión de negociación salarial convocada por el Gobierno provincial quedó frustrada luego de que los tres gremios del sector —UDAP, UDA y AMET— decidieran no concurrir al encuentro previsto para las 14 en el Ministerio de Educación, en el Centro Cívico.

La ausencia sindical dejó sin posibilidad de avanzar en una negociación que ya acumula varias semanas sin acuerdo y que ahora se encamina hacia una escalada del conflicto. Funcionarios del Ejecutivo provincial sí se presentaron al encuentro cerca de las 13:30. En el segundo piso del edificio permanecieron la ministra de Educación, Silvia Fuentes; el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez; y el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem.

Ante la falta de representantes gremiales, las autoridades evaluaron labrar un acta formal para dejar constancia de la situación y analizar los pasos a seguir en el marco de una negociación que permanece abierta, aunque cada vez más tensionada.

Un paro que se vuelve inevitable

El conflicto salarial tiene como telón de fondo el paro docente de 48 horas convocado para el miércoles 11 y jueves 12 de marzo. La medida de fuerza fue anunciada inicialmente por UDAP y luego acompañada por AMET, mientras que aún persistían dudas sobre la postura de UDA en la provincia.

Desde el gremio que conduce Patricia Quiroga ya habían adelantado que, en el ámbito de la protesta, no asistirían a la reunión convocada por el Ejecutivo. En las últimas horas, AMET confirmó la misma decisión.

“La reunión es a las 14:00, pero nosotros estamos en paro, así que no nos vamos a presentar. La paritaria está prácticamente caída y seguimos rechazando lo que ha propuesto el Gobierno”, señalaron desde el sindicato técnico.

La decisión sindical frustró las expectativas oficiales, ya que tanto el Ministerio de Educación como la cartera de Economía apostaban a ese encuentro para intentar evitar la medida de fuerza o, al menos, abrir un canal de negociación que permitiera encauzar el conflicto.

La propuesta oficial bajo discusión

El Gobierno provincial sostiene que la oferta presentada en la mesa salarial es superadora y contempla incrementos por encima de la inflación. Según explicó el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, la propuesta incluye un aumento del 5% sobre el valor índice de diciembre de 2025 para toda la administración pública.

En el caso específico de los docentes, el esquema suma además seis puntos adicionales al código A01 y cuatro puntos al código E60, con el objetivo de mejorar particularmente el salario de las maestras de grado, históricamente rezagado dentro de la estructura salarial del sector.

El funcionario también defendió el esquema de incrementos al señalar que el salario docente en la provincia quedó completamente “en blanco”, es decir, compuesto por sumas remunerativas y bonificables, lo que —según sostuvo— representa un avance importante alcanzado mediante acuerdos previos con los sindicatos.

Achem agregó que el Gobierno mantiene abierta la posibilidad de introducir mejoras en la propuesta, siempre dentro de los márgenes del equilibrio fiscal provincial.

El punto más cuestionado por los gremios

Sin embargo, la estructura del ofrecimiento oficial generó un fuerte rechazo entre los sindicatos docentes. La principal objeción gira en torno a la evolución salarial de los meses siguientes.

Según el esquema propuesto por el Ejecutivo, el incremento de marzo sería seguido por un mes de abril sin aumentos generales, mientras que en mayo se incorporaría un incremento adicional que, según los gremios, resultaría mínimo —alrededor de $2.916— dentro del salario total.

Desde las organizaciones sindicales consideran que ese diseño salarial no acompaña el ritmo inflacionario y profundiza la pérdida de poder adquisitivo acumulada en los últimos años.

Descuentos y servicio mínimo durante el paro

En simultaneo al conflicto salarial, el Gobierno provincial ratificó que aplicará descuentos a los docentes que adhieran a la medida de fuerza.

“El día se va a descontar exclusivamente a quienes hagan paro. Día trabajado, día pagado”, afirmó Achem, al explicar que los directivos escolares deberán informar en el parte diario qué docentes se presentaron a trabajar.

Además, desde la Subsecretaría de Trabajo recordaron que la normativa laboral vigente establece que, al tratarse la educación de una actividad considerada esencial, debe garantizarse al menos el 75% del servicio durante las medidas de fuerza.

El subsecretario Franco Marchese indicó que los gremios ya fueron notificados de esta obligación y deberán presentar un esquema que permita cumplir con ese nivel mínimo de funcionamiento en las escuelas.

Con la reunión paritaria frustrada y el paro confirmado, el conflicto docente en San Juan se encuentra en un punto de máxima tensión. Mientras el Gobierno insiste en que la propuesta salarial puede mejorarse dentro de los límites fiscales, los gremios mantienen su rechazo y endurecen su postura.

En este contexto, la negociación parece haber ingresado en una etapa de estancamiento en la que las medidas de fuerza, los descuentos salariales y la discusión sobre la prestación mínima del servicio educativo configuran un clima de confrontación ascendente.

Por ahora, sin diálogo en la mesa paritaria y con las aulas a las puertas de un nuevo paro, la solución de controversias permanece incierta.

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