La pérdida de empleo y el aumento de los costos médicos están generando una fuerte presión sobre las finanzas de las obras sociales sindicales. La advertencia llegó al Ministerio de Salud de la Nación a través de Roberto Fernández, titular de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) y presidente de la obra social de los conductores del transporte colectivo de pasajeros, quien alertó al ministro Mario Lugones sobre el deterioro de las prestaciones.

En una comunicación dirigida al funcionario, Fernández sostuvo que las entidades de la seguridad social atraviesan una situación económica crítica, con consecuencias potenciales sobre la cobertura de millones de trabajadores y sus familias. El problema combina una menor base de aportantes con mayores gastos en medicamentos, consultas, prácticas médicas, internaciones y servicios contratados.

El colapso del sector privado —marcado por la pérdida de cobertura y profesionales— está desviando pacientes al sistema de salud público. Representantes gremiales estiman un alza de entre el 30% y el 35% en las consultas de jurisdicciones como la provincia de Buenos Aires, aunque advierten que la falta de un registro nacional impide generalizar la cifra.

Medicamentos importados: una discusión por los costos

Otro foco de preocupación surgió con la disposición 5461/2026 de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), publicada el 28 de agosto y vigente desde el 1 de septiembre. La norma aprobó nuevas pautas arancelarias para trámites vinculados con medicamentos y productos médicos, incluidos determinados procedimientos de importación.

El esquema establece alícuotas del 1,5% y del 1,25% sobre el valor FOB de determinadas importaciones, con condiciones y topes según el tipo de operación. La posibilidad de que esos cargos se trasladen a los precios finales encendió alertas entre actores del sistema sanitario, que ya deben afrontar tratamientos de alto costo.

Sin embargo, la ANMAT rechazó que la medida implique un aumento generalizado de los aranceles. Según el organismo, la actualización busca corregir distorsiones y mejorar la proporcionalidad de los cargos; además, señaló que cerca del 75% de los trámites de importación de medicamentos y productos médicos pasarían a pagar menos que con el esquema anterior. Por eso, el eventual impacto sobre los costos de las obras sociales dependerá de cada operación y de cómo se trasladen los cargos a lo largo de la cadena.

La Superintendencia cambia de conducción

La discusión se produce, además, mientras la Superintendencia de Servicios de Salud atraviesa un recambio de autoridades. El Gobierno aceptó la renuncia de Claudio Stivelman, efectiva desde el 6 de octubre, y designó al ingeniero Horacio Guevara al frente del organismo desde el día siguiente, mediante el Decreto 1152/2026. La Superintendencia fiscaliza y controla a los agentes del sistema nacional del seguro de salud, incluidas las obras sociales.

La administración nacional señaló que la nueva conducción dará continuidad a las políticas de reorganización del sistema, con énfasis en la libertad de elección de los beneficiarios y la competencia entre prestadores. Para las entidades sindicales, la capacidad de supervisión y la disponibilidad de recursos serán determinantes para sostener las prestaciones en medio de las dificultades financieras.

El presupuesto sanitario, otra fuente de preocupación

Las proyecciones para 2027 sumaron cuestionamientos. De acuerdo con un análisis de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FESPROSA), el proyecto presupuestario eleva nominalmente los recursos del Ministerio de Salud de $3,10 billones, aprobados originalmente para 2026, a $10,46 billones para el año próximo. Sin embargo, la entidad advierte que la comparación está distorsionada por la incorporación de programas que antes dependían de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Al ajustar la base de comparación, FESPROSA calcula que el incremento nominal se reduce al 25,9%. Por su parte, el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP) estima que los recursos reales del Ministerio y sus organismos dependientes serían en 2027 un 20,3% inferiores a los ejecutados en 2023.

El análisis también advierte sobre la evolución de los presupuestos hospitalarios: proyecta que el Hospital Posadas dispondría de recursos reales un 33,4% inferiores a los de 2023, mientras que la reducción alcanzaría el 45,3% en el Hospital Laura Bonaparte, especializado en salud mental. Se trata de estimaciones elaboradas por organizaciones independientes a partir de las partidas previstas, no de recortes ya ejecutados en 2027.

La combinación de menores ingresos contributivos, costos médicos elevados y restricciones presupuestarias amenaza con profundizar las dificultades de financiamiento de la atención sanitaria. La evolución dependerá tanto de la capacidad de las obras sociales para sostener sus prestaciones como de las decisiones nacionales sobre recursos, regulación y asistencia al sistema público. Para los sindicatos, el desafío inmediato es evitar que el deterioro financiero termine trasladándose a los trabajadores mediante una menor cobertura o mayores gastos de bolsillo.

Las ventas por el Día de la Madre volvieron a caer en la Argentina y acumularon su quinta baja interanual consecutiva. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las operaciones disminuyeron 1,4% a precios constantes frente a la misma celebración del año anterior, en una jornada marcada por presupuestos familiares acotados y una mayor cautela al momento de comprar.

El retroceso alcanzó a cuatro de los seis rubros relevados. La caída más pronunciada correspondió a electrodomésticos, artículos para el hogar y equipos de audio y video, con una contracción del 3,6%. Cosméticos y perfumería, junto con celulares y sus accesorios, retrocedieron 3,2% en cada caso, mientras que calzado y marroquinería registró una baja del 2,2%.

Las excepciones fueron las librerías, cuyas ventas crecieron 3,4%, y la indumentaria, que avanzó apenas 0,1%. El resultado de las librerías fue asociado con la búsqueda de obsequios más económicos, una elección que refleja las restricciones que enfrentan los consumidores.

Un gasto promedio de $63.197

El ticket promedio se ubicó en $63.197, aunque con diferencias importantes según el rubro. Cosméticos y perfumería encabezó el gasto por compra, con $88.000, seguido por electrodomésticos, con $72.581, y calzado y marroquinería, con $67.332. Las librerías registraron el promedio más bajo, de $37.638.

Los descuentos, las promociones y la financiación en tres y seis cuotas ayudaron a concretar operaciones, pero no consiguieron impulsar las ventas en términos reales. Además, los comerciantes advirtieron que esas herramientas redujeron sus márgenes de rentabilidad.

Las expectativas previas tampoco se cumplieron para una parte importante de los negocios: el 32,5% vendió menos de lo previsto, frente al 16,2% que superó sus proyecciones. El 51,3% restante obtuvo resultados acordes con sus estimaciones.

La incidencia de la fecha sobre el balance mensual fue limitada. Para el 39,9% de los comerciantes, el Día de la Madre tuvo un aporte moderado, mientras que el 31,7% consideró que contribuyó a las ventas sin modificar el desempeño general. Otro 19,3% señaló que no tuvo incidencia y apenas el 9% lo calificó como determinante.

El resultado responde, de acuerdo con la CAME, a tres factores clave: la escasez de opciones de financiamiento, el vuelco del consumidor hacia artículos más baratos y un clima adverso que vació los locales.

Ni una de las fechas comerciales más importantes del año logró frenar la caída del consumo. El comercio minorista enfrentó menos ventas, clientes sumamente selectivos y rentabilidad recortada por las ofertas. El sector sigue atado a las cuotas y el crédito para salvar la jornada, un estímulo que sirve para compras puntuales pero que no llega a traccionar una recuperación sostenida.

Un total de 1.849 abogados de San Juan están habilitados para participar este martes 20 de octubre en la elección de representantes de la abogacía ante el Consejo de la Magistratura de la Nación. La votación se desarrollará de 9 a 18 en el Foro de Abogados, ubicado en Jujuy 51, y definirá a quienes representarán a la profesión durante los próximos cuatro años.

Entre las candidaturas figura la de Claudia Sarmiento, abogada y escribana sanjuanina con 17 años de ejercicio profesional, quien integra la Lista 3, Unidad en Defensa de la Abogacía, encabezada junto con Alberto «Nacho» Biglieri.

El Consejo de la Magistratura cumple funciones centrales en la selección de magistrados nacionales, el control disciplinario de los jueces y la administración de los recursos del Poder Judicial de la Nación. La representación de los abogados constituye una de las vías de participación profesional en un organismo cuyas decisiones inciden en el funcionamiento de la Justicia.

La propuesta de la Lista 3 se estructura en siete compromisos: mejorar los mecanismos de selección de magistrados, resguardar la independencia judicial, defender el ejercicio profesional, fortalecer la rendición de cuentas, evaluar el desempeño de los jueces, modernizar la gestión y promover la formación judicial.

Uno de sus principales planteos apunta a reducir la discrecionalidad en los concursos, respetar el orden de mérito y garantizar una valoración equitativa de la experiencia de los abogados que ejercen de manera independiente y de quienes desarrollan su carrera dentro del Poder Judicial.

Sarmiento también puso el foco en las desigualdades que, según sostuvo, enfrentan los profesionales del interior del país. «La representación de la abogacía tiene que ser verdaderamente federal», afirmó, al reclamar que las decisiones del organismo contemplen las particularidades de las distintas provincias.

La candidata señaló, además, que las demoras judiciales, las dificultades para cobrar honorarios y la falta de respuestas afectan el ejercicio cotidiano de la profesión. En ese sentido, reivindicó la necesidad de avanzar en el cumplimiento de la legislación sobre honorarios y en la igualdad de oportunidades para acceder a los concursos de magistrados.

La elección permitirá definir quiénes llevarán esas demandas al organismo nacional durante el próximo período. Para los abogados sanjuaninos, la convocatoria representa una instancia de participación directa en la discusión sobre la selección de jueces, la transparencia institucional y las condiciones en las que se ejerce la profesión.

Los interesados pueden verificar su inclusión en el padrón y consultar el lugar de votación en el sitio de Abogados en Acción o en la página de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA).