La central obrera presentará la encíclica Magnifica Humanitas, el primer documento social de León XIV dedicado a la inteligencia artificial. La iniciativa busca instalar una discusión que gana peso en todo el mundo: cómo regular las nuevas tecnologías para evitar que la innovación se traduzca en pérdida de empleo, deterioro salarial o debilitamiento de derechos.

La irrupción de la inteligencia artificial ya dejó de ser una cuestión exclusivamente tecnológica para convertirse en un tema político, económico y laboral. En ese escenario, la CGT buscará posicionarse en uno de los debates que marcarán las próximas décadas cuando presente el 29 de junio la encíclica Magnifica Humanitas, el primer documento social del papa León XIV centrado en las consecuencias de la transformación digital sobre el trabajo y la vida humana.

La actividad se realizará en el Salón Felipe Vallese de la sede de Azopardo y reunirá a dirigentes sindicales, especialistas y referentes vinculados a los cambios que atraviesan los sistemas productivos. El objetivo será discutir el papel que deben asumir los Estados, las empresas y las organizaciones de trabajadores frente a una revolución tecnológica que promete elevar la productividad, pero también modificar millones de puestos laborales en todo el mundo.

Firmada el 15 de mayo, al cumplirse 135 años de la Rerum Novarum de León XIII, la encíclica retoma la tradición de la doctrina social de la Iglesia para abordar uno de los desafíos más relevantes del siglo XXI. El texto sostiene que la inteligencia artificial no constituye una amenaza en sí misma, aunque advierte que tampoco puede considerarse una herramienta neutral, ya que sus efectos dependen de quién la desarrolla, financia, regula y utiliza.

Desde la central sindical consideran que la discusión excede el plano técnico y se vincula directamente con la defensa de los derechos laborales. “La tecnología debe estar al servicio del trabajador y no el trabajador al servicio de la máquina”, señalaron desde la conducción de la central al convocar al encuentro.

La preocupación no es aislada. Organismos internacionales, centros de investigación y sindicatos de distintos países vienen alertando sobre el impacto que tendrán la automatización, los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial en sectores industriales, administrativos y de servicios. La discusión ya no gira únicamente en torno a la creación de nuevas herramientas, sino a quién se beneficiará de los incrementos de productividad y bajo qué reglas se distribuirán esos beneficios.

A lo largo de sus cinco capítulos, Magnifica Humanitas plantea la necesidad de fortalecer principios como la solidaridad, la corresponsabilidad y la subsidiariedad para evitar que la innovación tecnológica amplíe brechas económicas o profundice situaciones de exclusión. La premisa que atraviesa el documento es que el progreso técnico sólo adquiere legitimidad social cuando contribuye al desarrollo integral de las personas.

La presentación de la encíclica también refleja una ampliación de la agenda sindical. A los reclamos tradicionales vinculados al salario, el empleo y las condiciones laborales se suma ahora un interrogante de alcance estratégico: cómo garantizar que la revolución digital no derive en nuevas formas de precarización ni en una concentración aún mayor del poder económico.

Viñateros sanjuaninos cuestionan las condiciones de pago propuestas por Fecovita para la última cosecha. Denuncian valores inferiores a los del mercado y un esquema de cancelación que se extendería hasta febrero de 2027. El reclamo ya alcanzaría a entre 150 y 200 productores y abre un nuevo frente de tensión en la cadena vitivinícola.

La relación comercial entre viñateros sanjuaninos y Fecovita atraviesa un punto de fricción a partir de las condiciones fijadas para la liquidación de la última cosecha. Productores de la provincia expresaron su disconformidad con el esquema de pago y advirtieron sobre su impacto en la estructura financiera de las fincas.

El motivo de las objeciones está puesto en los plazos de cancelación. Según el planteo del sector, la propuesta contempla pagos escalonados que se extenderían desde julio de este año hasta febrero de 2027. En la práctica, se trata de un esquema que traslada en el tiempo el ingreso por la producción ya entregada, en un contexto donde los costos operativos se concentran en el corto plazo.

A esa dimensión se suma la discusión por los valores fijados. Los productores señalan que la oferta se ubica por debajo de los parámetros habituales del mercado: alrededor de $180 por kilo de uva blanca común, frente a los cerca de $200 que estarían abonando otros actores de la industria. En el caso de la uva tinta destinada a mosto, aseguran que el precio final quedó por debajo de las referencias inicialmente comprometidas.

El reclamo comenzó con un núcleo reducido de 29 productores, pero se amplió en los últimos días hasta alcanzar entre 150 y 200 viñateros, según estimaciones del sector. La expansión del planteo expone la dimensión del desajuste en la cadena de pagos dentro de la vitivinicultura provincial.

La situación se agrava por el momento del ciclo productivo. El invierno concentra tareas clave de mantenimiento y preparación de la próxima vendimia, por lo que la falta de liquidez limita inversiones esenciales en los viñedos y condiciona la planificación de la campaña siguiente.

En ese sentido, los productores señalan un incremento en los costos logísticos derivado del traslado de uva hacia bodegas más alejadas, ante la menor recepción en establecimientos de menor escala durante la última temporada. Ese factor añadió presión a márgenes ya reducidos.

Con este panorama, el sector busca abrir una instancia de negociación con Fecovita y anticipa gestiones ante el Gobierno provincial. La expectativa está puesta en la reunión prevista con autoridades de la cooperativa en los próximos días, considerada clave para revisar las condiciones de liquidación.

La Asociación del Personal Profesional y Jerárquico de Comercio denunció a la cadena Makro por supuestas presiones individuales a gerentes para adherir al “banco de horas” previsto en la reforma laboral. El gremio sostiene que el mecanismo, concebido como voluntario, estaría siendo aplicado de manera compulsiva para evitar el pago de horas extra.

La implementación del denominado “banco de horas” incorporado en la reciente reforma laboral abrió un nuevo frente de conflicto en el sector del comercio mayorista. La Asociación del Personal Profesional y Jerárquico de Comercio (APPyJC) denunció a la cadena Makro —perteneciente al grupo Cencosud— por presuntas presiones individuales a gerentes y mandos medios para firmar su adhesión al nuevo esquema de jornada.

El artículo 197 bis de la Ley de Contrato de Trabajo establece que el sistema debe surgir de un acuerdo voluntario entre empleador y trabajador. Sin embargo, el sindicato sostiene que en la práctica la empresa estaría promoviendo la firma de manera compulsiva, con el objetivo de reemplazar el pago de horas extraordinarias por un esquema de compensación interna de tiempo.

Según la denuncia gremial, los trabajadores jerárquicos de distintas sucursales son citados de manera individual a reuniones con directivos, donde se les solicita la adhesión al sistema. En ese ámbito, advierten, se habrían registrado situaciones de presión directa o indirecta vinculadas a la continuidad laboral, lo que el sindicato interpreta como una forma de hostigamiento.

Desde la APPyJC plantean que la discusión excede lo administrativo y se vincula con el esquema de ingresos del personal. El banco de horas, sostienen, modifica la forma de liquidación de la jornada laboral y traslada a la organización empresarial el control del tiempo de trabajo y del descanso, con impacto directo sobre los salarios variables.

El gremio también cuestiona el argumento empresarial de “modernización organizativa”. Según su postura, el mecanismo no implica una mejora en las condiciones de trabajo sino una estrategia para reducir costos laborales asociados a las horas extra, uno de los componentes centrales del ingreso del personal jerárquico.

La tensión entre el sindicato y la cadena mayorista no es nueva. La APPyJC viene registrando reclamos previos por el incumplimiento en el pago de horas extraordinarias y por jornadas que, según denuncias anteriores, habrían superado el límite legal de 48 horas semanales. En ese marco, el sector ya había intervenido ante organismos de control laboral, que habrían constatado irregularidades y aplicado sanciones en oportunidades previas.

El conflicto actual reabre ese historial y lo traslada a un nuevo dispositivo normativo. Para el sindicato, la aplicación del banco de horas en estas condiciones reproduce las mismas tensiones, pero bajo un marco legal distinto que habilita una mayor flexibilidad en la organización del tiempo de trabajo.

En este contexto, la APPyJC declaró el estado de alerta y advirtió que evalúa medidas gremiales y acciones legales. También exigió el cese de toda práctica de presión o persecución para forzar adhesiones individuales y pidió garantías para los trabajadores que decidan no firmar el acuerdo.