La regional San Juan de la Confederación General del Trabajo (CGT), confirmó su adhesión al paro nacional de 24 horas que se realizará el mismo día en que la Cámara de Diputados de la Nación trate la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. Su titular, Eduardo Cabello, advirtió que los cambios en estudio “no alcanzan” y que, de avanzar el proyecto, acudirán a la Justicia.

La reforma laboral ingresó en una etapa de máxima tensión política y social. Mientras el oficialismo ajusta números en el Congreso y evalúa modificaciones de último momento —especialmente en el capítulo vinculado a licencias—, el movimiento obrero decidió endurecer su postura y fijar una fecha concreta para la huelga general. La medida se activará exactamente el día en que el proyecto sea debatido en el recinto.

En San Juan, la adhesión será total. Así lo confirmó Eduardo Cabello, referente de la CGT provincial, horas después de participar de la movilización del 11 de frerero que calificó como “multitudinaria”. El dirigente agradeció la participación de trabajadores, jóvenes y familias, y sostuvo que la convocatoria dejó una señal clara: “La gente empieza a darse cuenta de que no se trata solo de una discusión sindical, sino de derechos concretos que impactan en su vida cotidiana”.

Presión en el Congreso y estrategia sindical

El esquema definido por la central obrera combina presión política y preparación jurídica. No habrá movilización al Congreso, pero sí una paralización completa de actividades durante 24 horas. La decisión, adoptada por unanimidad en la conducción nacional, apunta a colocar el debate legislativo bajo el foco público y advertir sobre las consecuencias de la norma.

Cabello fue explícito en ese punto. Señaló que los diputados —en su carácter de representantes del pueblo— deberán explicar su voto si convalidan disposiciones que, según el sindicalismo, implican retrocesos en materia salarial y de protección laboral. “Tendrán que decirle a sus votantes por qué acompañaron un recorte de derechos”, resumió.

El dirigente también cuestionó las modificaciones sugeridas en las últimas horas, en particular sobre licencias por enfermedad. A su juicio, las correcciones anunciadas resultan insuficientes y no alteran el núcleo problemático del proyecto. “Si no hay cambios de fondo, la Justicia será la última instancia”, advirtió, anticipando un frente judicial en simultaneo al conflicto político.

Debate federal y advertencia a las provincias

En este escenario, distintas jurisdicciones provinciales impulsan la convocatoria al Consejo Federal del Trabajo para discutir el alcance de la reforma. Para la CGT sanjuanina, cualquier debate debe preservar un principio rector: ninguna provincia puede buscar ventajas sectoriales a costa de deteriorar las condiciones laborales.

Cabello planteó que el desarrollo productivo y el crecimiento regional se sostienen en el trabajo formal y protegido. “Las provincias crecen gracias al esfuerzo de cada trabajador”, afirmó, en un mensaje dirigido tanto a gobernadores como a legisladores nacionales.

Clima social y señal de alerta

Más allá del trámite parlamentario, el sindicalismo observa un cambio en el humor social. Según el titular de la CGT local, el respaldo inicial a la reforma —centrado en la crítica a las estructuras sindicales— comenzó a erosionarse cuando el debate se trasladó al impacto concreto sobre salarios, horas extras y estabilidad laboral. “Cuando se tocan los números y el bolsillo, la reacción es distinta”, sostuvo.

El mensaje, sin embargo, buscó transmitir mesura estratégica. Cabello habló de actuar con cautela, inteligencia y firmeza. La consigna que sintetiza la posición de la central —“Ni un paso atrás”— no implica, según explicó, una negativa al diálogo, sino la defensa de lo que consideran conquistas históricas.

La jornada en que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral marcará un momento decisivo. Para el Gobierno, será una prueba de capacidad política para sostener su iniciativa en un Congreso fragmentado. Para la CGT, un límite simbólico frente a lo que interpreta como un avance sobre derechos consolidados.

Entre el recinto y la calle —y eventualmente los tribunales— se desplegará una disputa que excede el texto de la ley. En juego no solo está la arquitectura de las relaciones laborales, sino también la legitimidad social de un proyecto que promete modernización y encuentra, en respuesta, una resistencia sindical decidida a no retroceder.

El Consejo Directivo de la CGT resolvió convocar a un paro general de 24 horas el día que la Cámara de Diputados debata la reforma laboral. La medida sería sin movilización y con fuerte impacto en el transporte. El cambio en el régimen de licencias por enfermedad terminó de quebrar el frágil diálogo con el Gobierno.

La Confederación General del Trabajo decidió escalar el conflicto con el Gobierno nacional y convocar a un paro general de 24 horas el día en que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral. Será la cuarta huelga nacional contra la administración de Javier Milei y, a diferencia de otras jornadas de protesta, no incluirá movilización callejera. La apuesta es otra: mostrar “las ciudades vacías” y medir fuerzas en términos de acatamiento.

La resolución fue adoptada por el Consejo Directivo de la central obrera, tras una reunión virtual encabezada por los cotitulares Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio). Si bien resta la formalización pública y la confirmación definitiva de los gremios del transporte, en la cúpula sindical descuentan una adhesión clave que podría paralizar servicios estratégicos.

“Están dados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional”, había anticipado Jerónimo en declaraciones radiales. El clima interno venía cargado desde la media sanción en el Senado, pero un episodio puntual terminó de inclinar la balanza hacia la confrontación abierta.

El artículo que rompió el equilibrio

La modificación del régimen de licencias por enfermedad o accidente no laboral —incorporada durante la madrugada en el debate senatorial— fue leída por el sindicalismo como una ruptura de los acuerdos informales que sostenían el diálogo. El nuevo esquema establece que, si la imposibilidad de trabajar deriva de una actividad voluntaria y consciente que implicó riesgo, el trabajador percibirá el 50% del salario durante tres o seis meses según tenga o no personas a cargo. Si la enfermedad no responde a esa conducta, la remuneración será del 75%.

La justificación pública del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger —quien ejemplificó el cambio con la hipótesis de una lesión jugando al fútbol— amplificó el malestar.

Aunque desde el oficialismo argumentan que la medida apunta a limitar abusos y reducir litigiosidad, en la CGT interpretaron la incorporación del artículo como un avance directo sobre un derecho sensible y una señal de endurecimiento unilateral.

El abogado laboralista Julián de Diego, cercano históricamente a sectores empresariales, reconoció que el artículo “salió como un fantasma” y advirtió que podría generar mayor judicialización, en aparente contradicción con el objetivo central del proyecto. También especialistas señalaron posibles conflictos con convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificados por la Argentina.

Una huelga sin calles

La modalidad elegida no es casual. Sin transporte y con fecha sujeta a los tiempos parlamentarios —todo indica que el debate podría darse el jueves 19—, la CGT prioriza una medida de fuerza sin movilización masiva. Puertas adentro reconocen dos razones: la dificultad logística de organizar una marcha sin colectivos ni trenes y la intención de evitar escenas de confrontación con el protocolo de seguridad impulsado por el Ministerio de Seguridad.

“Tenemos que volver a mostrar la imagen de las ciudades vacías”, deslizó uno de los dirigentes que impulsa la estrategia. La consigna apunta a exhibir contundencia sin exponer a la central a un escenario represivo que el oficialismo podría capitalizar políticamente.

La convocatoria fue precedida por llamados de sectores combativos, como la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso. Su titular, Daniel Yofra, sostuvo que “a este Gobierno hay que enfrentarlo con huelgas” y no solo con manifestaciones. Ese posicionamiento aceleró el debate interno y consolidó la idea de que el conflicto ingresó en una etapa de mayor dureza.

El escenario político

En este sentido, el oficialismo busca acelerar la aprobación en Diputados tras la media sanción obtenida en el Senado. El proyecto introduce cambios estructurales en indemnizaciones, jornada laboral, negociación colectiva y derecho de huelga. La oposición peronista anticipa que intentará modificar artículos clave; si eso ocurriera, la iniciativa debería regresar a la Cámara alta, un escenario que la Casa Rosada procura evitar.

Desde el bloque de la oposición, el senador José Mayans calificó la reforma como “regresiva” e “inconstitucional” y cuestionó el tratamiento exprés del texto. El oficialismo, en cambio, sostiene que la norma es indispensable para promover empleo formal y reducir litigiosidad.

En este aspecto, la determinación de la CGT agrega un nuevo factor de presión sobre un debate que ya desborda el plano técnico y se inscribe en una disputa más amplia sobre el modelo económico y social.

Un conflicto en escalada

El paro general marcará un punto de inflexión en la relación entre el Gobierno y el movimiento obrero organizado. Hasta ahora, pese a las tensiones, existían canales informales de diálogo.

La incorporación del artículo sobre licencias fue interpretada como una señal de que esos puentes quedaron debilitados.

La discusión en Diputados no solo definirá el destino de la reforma, sino también el alcance de la respuesta sindical. Si el oficialismo logra sostener el núcleo del proyecto, el conflicto podría profundizarse. Si, en cambio, prosperan modificaciones sustantivas, la negociación volverá a reconfigurarse.

Por ahora, la CGT eligió su herramienta histórica. Sin movilización, pero con la expectativa de alto acatamiento, apuesta a que el silencio de las fábricas, oficinas y estaciones de transporte sea más elocuente que cualquier discurso.

La Unión Tranviarios Automotor confirmó que acompañará cualquier medida de fuerza que defina la CGT contra la reforma laboral. El respaldo del gremio que nuclea a los choferes garantiza un alto impacto durante el paro nacional de 24 horas que la central obrera confirmó para cuando se trate el proyecto en Diputados.

El sábado, uno de los referentes de la conducción cegetista se comunicó con las autoridades del gremio de choferes, encabezado por Roberto Fernández, para sondear su postura frente a un posible paro nacional. La respuesta fue categórica: el sindicato acompañará la decisión que adopte la central obrera.

“Somos un gremio confederado y, si la CGT define una medida de fuerza, la vamos a acompañar”, señalaron desde la organización sindical, dejando en claro que esta vez el sector del transporte se alineará con el resto de los gremios.

El dato no es menor. En la última huelga general convocada por la CGT, el 10 de abril, la UTA no se había sumado, argumentando que se encontraba bajo conciliación obligatoria. Aquella ausencia debilitó el alcance de la protesta, dado que el funcionamiento parcial del transporte redujo el impacto esperado en los principales centros urbanos.

En el actual escenario, en cambio, la confirmación anticipada del gremio fortalece la posición de la central obrera en un momento de máxima tensión política. El oficialismo logró avanzar con la aprobación de la reforma laboral en el Senado y el proyecto se encamina a su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese escenario, la CGT decidió adelantar una reunión urgente de su Consejo Directivo para evaluar la convocatoria a un paro nacional de 24 horas que podría coincidir con el debate parlamentario.

La central sindical enfrenta una situación compleja. Si bien logró preservar durante la negociación legislativa las cuotas solidarias y mantener sin modificaciones las contribuciones patronales destinadas a las obras sociales —recursos estratégicos para el financiamiento gremial y el sistema de salud sindical—, considera que el núcleo de la reforma implica un retroceso en derechos laborales y una alteración sustantiva del esquema de protección vigente.

La adhesión de la UTA introduce un elemento de presión adicional. El transporte público es un factor determinante para el funcionamiento cotidiano de la economía y la vida urbana. Sin colectivos en circulación, la actividad laboral, comercial e industrial se ve severamente limitada, aun en aquellos sectores que no adhieran formalmente al paro.

En términos políticos, el respaldo del gremio de choferes también representa un gesto de cohesión interna dentro del movimiento obrero. Roberto Fernández no integra la conducción actual de la CGT, pero la decisión de acompañar la medida refuerza la idea de un frente sindical más compacto frente a la iniciativa oficial.