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Según datos difundidos por el ministerio de Trabajo, el empleo registrado privado creció nuevamente en marzo de 2023. El informe, basado en el Sistema Integrado de Previsional Argentino (SIPA-AFIP), da cuenta de la creación neta de 12.160 puestos de trabajo registrados entre marzo y abril de este año.

La tendencia acumula 32 meses consecutivos de crecimiento desde mayo de 2020 cuando el empleo registrado cayó a un piso histórico producto de las restricciones sanitarias creadas en el marco de la pandemia. En el período, según el informe de la cartera laboral, se crearon 1.353.687 que implican un crecimiento del 11,5% del empleo registrado.

En relación a la situación de marzo de 2022, el registro de la AFIP da cuenta de la creación neta de 538.553 puestos de trabajo, un crecimiento del 4,3% en apenas un año. A la hora de comparar con la situación previa a la pandemia surge que, desde marzo de 2019, se crearon más de 960 mil puestos de trabajo con un crecimiento acumulado del 8%.

Allí sin embargo, se incluyen diversas formas de empleo con modalidades de contratación diferentes. El informe discrimina entre el empleo registrado creado por el sector privado, el sector público, el empleo en casas particulares y las diversas formas de registración de trabajadores independientes como los trabajadores autónomos, los monotributistas tradicionales y los inscriptos en el monotributo social.

Según el propio informe el sector privado generó en el último año 252 mil empleos y el sector público fue el responsable de generar 74.500 empleos. Se trata de un crecimiento del 4,1% y el 2,2% respectivamente que contrastan con el crecimiento del 37,4% que registró el monotributo social responsable de la creación de 163.800 puestos de trabajo “registrados” del total de casi 540 mil que se generaron en un año.

Los monotributistas sociales son aquellos trabajadores que perciben un ingreso mensual bruto inferior a una jubilación mínima hoy en poco más de $70 mil o integran una cooperativa y, por ese motivo, reciben un subsidio del 100% del componente impositivo y previsional y del 50% en el componente de la obra social.

Si se analizara el desagregado en la creación de empleo registrado en los 32 meses de crecimiento acumulado, la tendencia a la precarización es todavía más profunda.

De hecho, del 1.353.700 puestos registrados creados desde mayo de 2020 solo 594 mil fueron creados por el sector privado que implican un crecimiento del 10,3% mientras que el empleo del sector público creció un 6,2%. El monotributo social se incrementó en 249.300 trabajadores independientes que implican un salto del 70,6% y el monotributo tradicional creció un 20,8% con 322 mil nuevos inscriptos bajo esa modalidad.

De esta forma la destrucción de empleo provocada por las restricciones propias de la pandemia sirvieron para profundizar un proceso de precarización del empleo bajo la forma del monotributismo, mecanismo utilizado muchas veces para encubrir una relación de dependencia encubierta.

Una década de deterioro

El proceso que se aceleró en los últimos tres años, sin embargo, se sostiene desde hace ya más de una década. Desde marzo de 2012 el empleo registrado creció un 19,2% pero en el sector privado apenas lo hizo en un 4,2%. El empleo en el sector público creció en un 30,5% y el empleo en casa particulares un 18,5%. El monotributo común creció en once años un 42,5% y el monotributo social en un 254,1%. Este último pasó de representar un 1,5% del total del trabajo registrado en marzo de 2012 hasta el 4,6% en la actualidad. El monotributo común pasó de representar el 12% del total del trabajo registrado hasta el 14,3% en la actualidad.

Más servicios, menos industria

Pero el deterioro de la calidad del empleo también se refleja al interior del empleo privado.

Mientras que en marzo de 2013 el empleo industrial representaba un 20,7% del total del empleo privado en la actualidad perdió dos puntos de representación cayendo hasta un 18,7%. La merma del sector que genera empleos de mejor calidad y mejor remunerados se dio en favor del comercio que ganó un punto porcentual de representación, los servicios sociales y de salud que mejoraron su participación en 0,7 puntos y la educación privada que avanzó 0,7 puntos.

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La canasta básica trepó a $1,6 millones y profundizó la brecha con los salarios

Una familia de cuatro integrantes necesitó $1.605.497 en agosto para superar la línea de pobreza, mientras que el salario mínimo quedó en $383.800. La Canasta Básica Alimentaria alcanzó $726.469 y también superó ampliamente un ingreso mínimo. La distancia entre ambos valores vuelve a colocar el poder adquisitivo en el centro de las discusiones salariales.

El costo de sostener una familia volvió a ampliar su distancia respecto del salario mínimo. Según los datos difundidos por el INDEC, un hogar compuesto por cuatro integrantes necesitó $1.605.497 durante agosto para cubrir la Canasta Básica Total (CBT) y superar el umbral que determina la línea de pobreza.

El dato adquiere mayor dimensión al compararlo con el Salario Mínimo, Vital y Móvil, fijado en $383.800. Un solo ingreso mínimo representa apenas el 23,9% del costo de la canasta familiar, por lo que una familia tipo requiere el equivalente a más de cuatro salarios mínimos para alcanzar ese nivel de consumo.

La brecha también aparece en los alimentos. La Canasta Básica Alimentaria (CBA) llegó a $726.469, monto necesario para que un hogar de cuatro personas cubra los requerimientos alimentarios considerados por el organismo estadístico y no quede por debajo de la línea de indigencia. El salario mínimo alcanza para cubrir apenas el 52,8% de ese valor.

Incluso para un adulto equivalente, el ingreso mínimo resulta insuficiente. La CBT individual fue valuada en $519.578, por encima de los $383.800 del SMVM. Es decir, un trabajador que percibe el mínimo no a cubrir siquiera el conjunto de bienes y servicios contemplados por la medición para una persona.

La evolución de agosto agrega otro elemento a la discusión. Las canastas registraron un incremento mensual del 2,6%, superior al 1,7% que marcó el Índice de Precios al Consumidor. En términos interanuales, la CBA aumentó 39,6%, mientras que la CBT acumuló una suba del 38,3%.

La diferencia responde, entre otros factores, al comportamiento de algunos rubros que tienen una incidencia significativa en el presupuesto doméstico. En agosto, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles encabezó las divisiones del IPC con un incremento del 2,8%, seguida por Educación, con 2,5%, y Salud, con 2,4%.

Los alimentos, en tanto, avanzaron 1,7% en el mes, aunque algunos productos mostraron aumentos considerablemente mayores. En Cuyo, por ejemplo, las verduras, tubérculos y legumbres acumularon incrementos anuales de hasta 86,3%, una evolución que impacta con mayor intensidad sobre los hogares de menores ingresos.

El cuadro vuelve a colocar los salarios en el centro de la discusión laboral. Con una canasta familiar que supera los $1,6 millones y un salario mínimo que representa menos de una cuarta parte de ese monto, las próximas negociaciones paritarias estarán atravesadas por la necesidad de recuperar capacidad de compra y evitar que los aumentos nominales queden rezagados frente al costo efectivo de los hogares.

Las organizaciones sindicales cuestionan, en ese sentido, las pautas de actualización cercanas al 1,5% o 2% mensual y reclaman mecanismos de recomposición que contemplen la evolución concreta de los gastos familiares. Entre las alternativas planteadas aparecen sumas fijas, cláusulas de revisión y aumentos que permitan corregir las diferencias acumuladas.

Los números oficiales ofrecen así una referencia que excede la discusión sobre la inflación mensual: el principal problema para los ingresos mínimos es la distancia que mantienen respecto del costo necesario para vivir. En agosto, esa brecha quedó nuevamente expuesta por una canasta familiar que superó los $1,6 millones mientras el salario mínimo permaneció por debajo de los $400.000.

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Un gigante mundial de la cal compró el 80% de Caleras San Juan

El grupo belga Carmeuse adquirió el 80% del paquete accionario de la corporación sanjuanina. Raúl Cabanay conservará el 20%. La firma aseguró que no habrá cambios en las operaciones, el equipo profesional ni los proyectos en marcha.

Caleras San Juan S.A. inició una nueva etapa empresarial con el ingreso de Carmeuse Group, multinacional belga especializada en la producción de cal y sus derivados, que adquirió el 80% de las acciones de la compañía. El empresario sanjuanino Raúl Cabanay conservará el 20% restante y continuará vinculado a la conducción de la firma.

El desembarco del grupo internacional se produce después de una década de crecimiento sostenido de Caleras San Juan, que amplió su capacidad industrial mediante fuertes inversiones y consolidó una posición relevante en los mercados de Argentina y Chile. La compañia informó que el cambio de composición accionaria no alterará su funcionamiento cotidiano.

La compañía posee una capacidad instalada superior a las 750.000 toneladas de cal anuales, además de reservas de alta calidad y presencia comercial en ambos países. Para Carmeuse, la incorporación de CSJ permitirá complementar sus operaciones en la región y ampliar su capacidad de respuesta frente al incremento de la demanda.

Uno de los principales hitos recientes de Caleras San Juan fue la puesta en marcha del cuarto horno Maerz en la planta de Cienaguita, en el departamento Sarmiento. La incorporación permitió elevar el potencial productivo y forma parte de un proceso de modernización que comenzó a profundizarse en 2016 con la instalación de cuatro hornos de última generación y obras destinadas a mejorar la infraestructura energética.

A ese desarrollo se sumó la construcción de un parque solar propio, una inversión orientada a reforzar el abastecimiento energético de la operación industrial.

El crecimiento de la minería metalífera en San Juan abre, además, una perspectiva favorable para la compañía. La cal constituye un insumo utilizado en distintos procesos de la industria minera y el avance de los grandes proyectos de cobre provinciales podría incrementar la demanda en los próximos años. La cercanía con Chile agrega otro mercado relevante para la expansión regional.

Desde Carmeuse señalaron que trabajarán junto con el equipo directivo de Caleras San Juan para preservar la continuidad de la operación y aprovechar el conocimiento acumulado durante los años de expansión. Sébastien Dossogne, CEO del grupo belga, calificó la adquisición como un hito dentro de la estrategia de crecimiento de la compañía en América Latina y ratificó la intención de continuar invirtiendo en mercados considerados relevantes para su desarrollo.

Cabanay, por su parte, comunicó formalmente la modificación del paquete accionario a clientes, proveedores y colaboradores y transmitió que la producción, la comercialización y la prestación de servicios continuarán sin modificaciones, al igual que los compromisos de entrega asumidos con los clientes.

También se mantendrá el actual equipo profesional y la ejecución de los proyectos previstos. La conducción de CSJ consideró que la incorporación de Carmeuse permitirá generar nuevas sinergias, aportar mayor respaldo internacional y fortalecer la posición de la compañía frente al crecimiento de la demanda minera.

La operación adquiere una dimensión adicional en un momento de fuerte expansión de las inversiones mineras en San Juan, particularmente vinculadas al cobre. La llegada de un grupo internacional especializado a una empresa local con capacidad productiva consolidada refuerza, además, la integración de la industria sanjuanina con cadenas de abastecimiento de alcance regional y global.

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En 48 horas, 800 personas se anotaron al nuevo sistema para choferes

A dos días de su puesta en marcha, unas 800 personas ingresaron a la plataforma y cerca de 360 comenzaron la inscripción. El sistema reemplazó las licencias con cupos por un registro abierto y ya permitió validar a unos 150 conductores y propietarios.

El nuevo registro provincial para choferes de autos de alquiler con conductor tuvo una rápida respuesta durante sus primeras 48 horas. Según informó el secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, unas 800 personas ingresaron a la plataforma, mientras que alrededor de 360 ya iniciaron el trámite para incorporarse formalmente al sistema.

De ese universo, aproximadamente 150 personas fueron validadas y quedaron correctamente registradas. La implementación representa una modificación sustancial respecto del esquema anterior, que funcionaba mediante licencias limitadas por cupos.

La nueva modalidad establece un registro abierto, con el propósito de ampliar el acceso a la prestación y, al mismo tiempo, obtener un número preciso de quienes trabajan en el rubro. La Provincia sostiene que el mecanismo permitirá identificar también a quienes hasta ahora desarrollaban tareas sin formar parte de los registros oficiales.

El cambio alcanza a taxis, remises y vehículos vinculados con aplicaciones, ya que todos quedan comprendidos dentro de la categoría de autos de alquiler con conductor. La diferencia radica en la forma en que cada servicio llega al pasajero, pero los requisitos básicos de habilitación son comunes.

Para incorporarse, el conductor y el propietario del vehículo deben cumplir las exigencias nacionales y provinciales, entre ellas la inscripción correspondiente ante ARCA y una CUIT activa. Los choferes deben contar además con licencia profesional, mientras que los automóviles tienen que respetar el límite de antigüedad previsto y disponer del seguro obligatorio para el transporte de pasajeros.

La inscripción se realiza completamente online mediante la plataforma de Transporte y requiere el acceso a través de la Clave Ciudadano Digital. La eliminación de las tasas que anteriormente cobraba la Secretaría de Tránsito y Transporte constituye otra de las modificaciones introducidas por la nueva regulación.

Antes de la reforma existían alrededor de 1.500 personas habilitadas mediante licencias, aunque las autoridades no contaban con una cifra confiable sobre quienes prestaban servicios fuera del registro. El nuevo mecanismo busca cerrar esa brecha y establecer con mayor precisión la dimensión real del rubro.

Las motos quedan fuera

El sistema no habilita el traslado de pasajeros en motocicletas mediante aplicaciones. Molina aclaró que servicios como UberMoto y DidiMoto no pueden incorporarse porque la normativa provincial no contempla un registro profesional para motociclistas destinado al transporte remunerado de personas.

La aclaración adquiere relevancia en un mercado donde las aplicaciones ampliaron las alternativas disponibles para los usuarios. Para la autoridad de Transporte, utilizar motocicletas para trasladar pasajeros a cambio de dinero no queda alcanzado por la nueva inscripción y plantea, además, riesgos vinculados con la seguridad.

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