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Según datos difundidos por el ministerio de Trabajo, el empleo registrado privado creció nuevamente en marzo de 2023. El informe, basado en el Sistema Integrado de Previsional Argentino (SIPA-AFIP), da cuenta de la creación neta de 12.160 puestos de trabajo registrados entre marzo y abril de este año.

La tendencia acumula 32 meses consecutivos de crecimiento desde mayo de 2020 cuando el empleo registrado cayó a un piso histórico producto de las restricciones sanitarias creadas en el marco de la pandemia. En el período, según el informe de la cartera laboral, se crearon 1.353.687 que implican un crecimiento del 11,5% del empleo registrado.

En relación a la situación de marzo de 2022, el registro de la AFIP da cuenta de la creación neta de 538.553 puestos de trabajo, un crecimiento del 4,3% en apenas un año. A la hora de comparar con la situación previa a la pandemia surge que, desde marzo de 2019, se crearon más de 960 mil puestos de trabajo con un crecimiento acumulado del 8%.

Allí sin embargo, se incluyen diversas formas de empleo con modalidades de contratación diferentes. El informe discrimina entre el empleo registrado creado por el sector privado, el sector público, el empleo en casas particulares y las diversas formas de registración de trabajadores independientes como los trabajadores autónomos, los monotributistas tradicionales y los inscriptos en el monotributo social.

Según el propio informe el sector privado generó en el último año 252 mil empleos y el sector público fue el responsable de generar 74.500 empleos. Se trata de un crecimiento del 4,1% y el 2,2% respectivamente que contrastan con el crecimiento del 37,4% que registró el monotributo social responsable de la creación de 163.800 puestos de trabajo “registrados” del total de casi 540 mil que se generaron en un año.

Los monotributistas sociales son aquellos trabajadores que perciben un ingreso mensual bruto inferior a una jubilación mínima hoy en poco más de $70 mil o integran una cooperativa y, por ese motivo, reciben un subsidio del 100% del componente impositivo y previsional y del 50% en el componente de la obra social.

Si se analizara el desagregado en la creación de empleo registrado en los 32 meses de crecimiento acumulado, la tendencia a la precarización es todavía más profunda.

De hecho, del 1.353.700 puestos registrados creados desde mayo de 2020 solo 594 mil fueron creados por el sector privado que implican un crecimiento del 10,3% mientras que el empleo del sector público creció un 6,2%. El monotributo social se incrementó en 249.300 trabajadores independientes que implican un salto del 70,6% y el monotributo tradicional creció un 20,8% con 322 mil nuevos inscriptos bajo esa modalidad.

De esta forma la destrucción de empleo provocada por las restricciones propias de la pandemia sirvieron para profundizar un proceso de precarización del empleo bajo la forma del monotributismo, mecanismo utilizado muchas veces para encubrir una relación de dependencia encubierta.

Una década de deterioro

El proceso que se aceleró en los últimos tres años, sin embargo, se sostiene desde hace ya más de una década. Desde marzo de 2012 el empleo registrado creció un 19,2% pero en el sector privado apenas lo hizo en un 4,2%. El empleo en el sector público creció en un 30,5% y el empleo en casa particulares un 18,5%. El monotributo común creció en once años un 42,5% y el monotributo social en un 254,1%. Este último pasó de representar un 1,5% del total del trabajo registrado en marzo de 2012 hasta el 4,6% en la actualidad. El monotributo común pasó de representar el 12% del total del trabajo registrado hasta el 14,3% en la actualidad.

Más servicios, menos industria

Pero el deterioro de la calidad del empleo también se refleja al interior del empleo privado.

Mientras que en marzo de 2013 el empleo industrial representaba un 20,7% del total del empleo privado en la actualidad perdió dos puntos de representación cayendo hasta un 18,7%. La merma del sector que genera empleos de mejor calidad y mejor remunerados se dio en favor del comercio que ganó un punto porcentual de representación, los servicios sociales y de salud que mejoraron su participación en 0,7 puntos y la educación privada que avanzó 0,7 puntos.

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San Juan busca preparar su infraestructura para dos décadas de expansión minera

En la Cumbre Federal de Logística 2026, el gobernador Orrego advirtió que San Juan deberá prepararse para un flujo de transporte pesado creciente durante las próximas dos décadas. Reivindicó los fondos del Bono San Juan para la Ruta 40 Norte, los US$ 250 millones vinculados a Vicuña y la necesidad de ampliar la infraestructura eléctrica y vial.

Esta fue una de las principales definiciones del gobernador Marcelo Orrego durante la Segunda Cumbre Federal de Logística 2026, organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) en Buenos Aires, donde advirtió que las proyecciones para las próximas dos décadas anticipan un flujo de transporte pesado de gran magnitud. “Hasta diría un camión cada 46 segundos de alto porte”, señaló el mandatario al describir la circulación que podría generar el desarrollo de los proyectos mineros. La dimensión de esa demanda, sostuvo, obliga a anticipar inversiones para evitar que las limitaciones de conectividad condicionen la expansión productiva.

Orrego remarcó que San Juan concentra seis de los diez proyectos de cobre de la Argentina y que el 73% de su territorio es montañoso. Esa combinación de potencial geológico y complejidad geográfica exige obras capaces de conectar yacimientos, centros industriales y corredores de transporte.

Vicuña y el Bono San Juan, fuentes de financiamiento

El gobernador vinculó esa preparación con dos instrumentos de financiamiento. Por un lado, mencionó el acuerdo relacionado con el proyecto Vicuña, por US$ 250 millones destinados al desarrollo eléctrico y vial, con beneficios previstos también para otras industrias y el turismo.

Por otro, destacó la colocación del Bono San Juan para financiar obras prioritarias. Según detalló, la Legislatura había autorizado una emisión de US$ 600 millones, pero la colocación recibió ofertas por más de US$ 1.030 millones, un monto equivalente al 72% por encima de la autorización original. Los recursos permitirán financiar trabajos en la Ruta Nacional 40 Norte.

La disponibilidad de fondos, sin embargo, deberá traducirse en obras capaces de responder a las necesidades de transporte que acompañarán el crecimiento minero. La conectividad vial y el abastecimiento energético aparecen entre las condiciones necesarias para sostener nuevas inversiones y ampliar las cadenas de proveedores locales.

Trámites más rápidos y emergencia hídrica

Orrego también defendió la digitalización de la administración pública como una herramienta para acortar plazos sin resignar controles. Según explicó, la simplificación de procedimientos busca agilizar las gestiones vinculadas con proyectos productivos y reducir tiempos administrativos.

A esa agenda sumó la emergencia hídrica provincial. San Juan cuenta con unos 3.000 kilómetros de canales primarios que requieren obras de intervención y mantenimiento, una infraestructura relevante para sostener la producción agrícola en una provincia condicionada por la disponibilidad de agua.

Al referirse a la relación entre minería y sociedad, el gobernador planteó que el desarrollo no puede limitarse a la construcción de caminos y redes eléctricas. “Ya no hablo más de licencia social, sino de compromiso social”, afirmó, al señalar la importancia de que la población confíe en los proyectos y en sus beneficios.

La cumbre, convocada bajo el lema “Hacia una logística competitiva para el desarrollo federal”, reunió a gobernadores, funcionarios, empresarios y especialistas para analizar las necesidades de transporte y conectividad de las provincias.

La expansión cuprífera plantea un desafío logístico prioritario para San Juan: sincronizar el flujo de capitales, el desarrollo de infraestructura y el compromiso social de manera preventiva ante el inminente aumento del transporte de carga. De la resolución estratégica de estas variables dependerá el encadenamiento productivo y el crecimiento industrial de la región.

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Siete de cada diez argentinos consideran mala la economía del país

El relevamiento de septiembre de Latam Pulse, elaborado por AtlasIntel y Bloomberg sobre 2.067 personas, registró una evaluación negativa de la economía nacional para el 71% de los consultados y del mercado laboral para el 75%. Además, el 55% espera que la economía empeore y el 58,5% prevé reducir sus compras de bienes duraderos.

El deterioro percibido también alcanza a las finanzas familiares: seis de cada diez consultados calificaron como mala la economía de sus hogares. Apenas el 20% la consideró buena, mientras que otro 20% la definió como normal. En la evaluación de la economía nacional, el 21% expresó una opinión favorable y el 9% la calificó como normal.

Las expectativas para los próximos seis meses tampoco anticipan una mejora generalizada. El 55% cree que la economía argentina empeorará, frente al 31% que espera una recuperación y el 14% que no prevé cambios. Respecto del empleo, el 57% pronostica un deterioro, mientras que el 31% espera una mejora y el 12% considera que permanecerá sin variaciones.

La perspectiva sobre los ingresos familiares es algo menos negativa, aunque predomina la cautela: el 48% espera que la economía de su hogar empeore, el 32% confía en una mejora y el 20% no anticipa modificaciones.Menos compras y mayor preocupación por los precios
La incertidumbre también se traduce en decisiones concretas de consumo. El 58,5% de los encuestados prevé reducir las compras de bienes duraderos, como electrodomésticos y otros productos de mayor valor, mientras que el 27,3% mantendría su nivel de adquisiciones y apenas el 14,2% planea aumentarlo.

La proporción de quienes anticipan un recorte en esas compras creció 11,3 puntos porcentuales frente a agosto. El dato refleja una mayor disposición a postergar gastos que no se consideran inmediatos, una conducta que puede repercutir sobre las ventas comerciales y la producción vinculada al mercado interno.

En materia de precios, el indicador de percepción de la inflación actual pasó de 27,9 puntos en agosto a 30,6 en septiembre. Las expectativas inflacionarias para el semestre siguiente también subieron, de 8,8 a 9,1 puntos.

Corrupción y desempleo, al frente de las preocupaciones

La encuesta también identificó los principales problemas que preocupan a la población. La corrupción encabezó las respuestas, con el 50,3%, seguida por el desempleo, con el 44%. La impunidad y el sistema judicial reunieron el 34,6%; la economía, el 32,2%; y los altos precios y la inflación, el 27,8%.

El debilitamiento de la democracia y las instituciones, junto con la educación, obtuvo el 20,2% en cada caso, mientras que la inseguridad alcanzó el 18,9%.

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Naturgy deberá presentar cronogramas para completar las obras eléctricas pendientes

El organismo regulador intimó a Naturgy San Juan a presentar cronogramas ejecutivos y completar las interconexiones pendientes antes del período de mayor consumo. Una auditoría de septiembre verificó un avance del 83% sobre los $28.011 millones presupuestados para la primera etapa de inversiones.

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) solicitó a Naturgy San Juan a acelerar las obras que acumulan demoras y precisar los plazos para completar las instalaciones necesarias antes del verano. La exigencia apunta a que los transformadores y otros equipos incorporados a la red puedan entrar en servicio sin que las tareas pendientes posterguen el refuerzo del suministro durante los meses de mayor demanda.

Además el organísmo estatal, anticipó que mantendrá auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de los plazos y comprobar que las inversiones se traduzcan en mejoras efectivas de la capacidad y confiabilidad del sistema eléctrico provincial.

Una inversión de $28.011 millones

La auditoría correspondiente a septiembre de 2026 constató un avance equivalente al 83% del monto presupuestado para la primera fase del programa de inversiones 2026-2031, que contempla $28.011.221.140 financiados mediante créditos nacionales y fondos provinciales.

Entre las intervenciones relevadas figura el Campo de Transformación N.º 2 de la estación Albardón-Chimbas, cuyo nuevo transformador permanece en fabricación. También se verificaron avances en las estaciones San Juan Sur e Ischigualasto.

En materia de infraestructura edilicia, las obras de Sargento Cabral, en Rivadavia; Pistacho, en 25 de Mayo; Cerrillo, en Sarmiento; Casa de Gobierno; y Caleras/Termas, en Albardón, se encuentran terminadas o próximas a concluir. El montaje de celdas eléctricas de 33 kV y 13,2 kV alcanzó el 98% en Sargento Cabral y el 100% en la estación Olivos.

La distribuidora también avanzó en la adquisición de equipamiento y en la provisión de transformadores destinados a distintas localidades de San Juan.

Más capacidad y conectividad para la red

El programa comprende, además, la normalización de la estación transformadora Huaco, la construcción de un alimentador de 33 kV entre CAVIC y Pueyrredón y la instalación de antenas satelitales de órbita baja para mejorar la conectividad de instalaciones ubicadas en áreas alejadas.

La intimación del EPRE obliga a priorizar los plazos regulatorios. Con obras pendientes, el desafío es poner en funcionamiento las nuevas instalaciones antes del verano para soportar el aumento del consumo eléctrico.

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