El Ejecutivo impulsa un nuevo plan de retiros voluntarios en Radio y Televisión Argentina para reducir costos y achicar estructuras. El recorte alcanzaría a la TV Pública, Radio Nacional y señales educativas y culturales.

El Gobierno nacional avanza en un nuevo capítulo del ajuste en los medios públicos. A través de un plan de retiros voluntarios, la administración de Milei busca reducir cerca de 500 puestos de trabajo en Radio y Televisión Argentina (RTA), la empresa estatal que gestiona la TV Pública y Radio Nacional. La meta oficial es concretar el recorte antes de fin de año, lo que implicaría una disminución aproximada del 20% sobre una planta total de unos 2.400 empleados.

La iniciativa genera un fuerte rechazo entre los trabajadores y los gremios del sector, que advierten sobre el impacto en la producción de contenidos, el alcance federal del sistema y la continuidad de señales clave. El ajuste no se limitará a la TV Pública y Radio Nacional, sino que también abarcará a los canales Encuentro, Paka Paka, DeporTV y Canal 12 de Trenque Lauquen.

Según trascendió, el expediente administrativo ya se encuentra listo para iniciar su recorrido formal, lo que habilitaría la puesta en marcha del plan en las próximas semanas. La estrategia forma parte de una política más amplia de reducción del gasto público y reorganización del esquema de medios estatales.

La estrategia oficial y el foco en Radio Nacional

La gestión del interventor de RTA, Carlos Curci, quien asumió en julio, impulsa una serie de medidas orientadas a recortar costos operativos. Entre ellas se incluyen la reducción de coproducciones televisivas, la revisión de contratos de programación y la reorganización de estructuras en Radio Nacional.

En el caso de la radio pública, el ajuste proyectado es más profundo. Desde el entorno oficial sostienen que la emisora presenta una dotación sobredimensionada, con alrededor de 1.100 empleados para 50 radios distribuidas en todo el país. Al mismo tiempo, reconocen que, a diferencia de las emisoras privadas, Radio Nacional debe sostener producción local en cada una de sus estaciones, un punto que tensiona la viabilidad del recorte.

Dentro del plan también figura la unificación de edificios en Comodoro Rivadavia y un proyecto similar previsto para Mendoza en 2026. Además, se analiza dar por finalizados contratos vigentes o reconvertirlos en esquemas de coproducción, ante la falta de presupuesto para sostener la programación actual.

Desde el Gobierno destacan que, pese a los ajustes, Radio Nacional se mantiene en el sexto lugar entre las AM más escuchadas del país, de acuerdo con mediciones de Kantar Ibope Media, un dato que utilizan como argumento para defender la reorganización en marcha.

Marco político y administrativo

El lanzamiento del nuevo plan de retiros se demoró por cuestiones burocráticas, a la espera de la aprobación del nuevo organigrama de la Jefatura de Gabinete. Ese esquema quedó oficializado a través del Decreto 866/25, que creó la Subsecretaría de Medios Públicos dentro de la Secretaría de Comunicación y Prensa.

La nueva subsecretaría concentra ahora bajo su órbita a RTA y a los canales educativos y culturales, consolidando el control político y administrativo del sistema de medios estatales en un contexto de redefinición profunda de su rol.

El ajuste en los medios públicos se inscribe en una política que el Gobierno viene desplegando desde el inicio de la gestión de Javier Milei. En 2024, un primer plan de retiros voluntarios derivó en la salida de unos 200 trabajadores, una cifra menor a la esperada, mientras que otros empleados se incorporaron tras el cierre de Télam.

Con las privatizaciones descartadas por el Congreso, el Ejecutivo apuesta ahora a una reducción más agresiva del personal como vía para achicar el gasto y reformular el funcionamiento de los medios estatales. El nuevo plan, sin embargo, profundiza el conflicto con los gremios y abre un debate de fondo sobre el futuro, la misión y el alcance de los medios públicos en la Argentina.

La sede central del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines fue violentada durante el fin de semana. Destruyeron oficinas, equipos y documentación. El hecho ocurre a pocos días de la movilización del 18 de diciembre contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

Un grave episodio de violencia sacudió al movimiento sindical argentino en las últimas horas. La sede central del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines de la República Argentina (SEIVARA), conducido por el co–secretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, fue blanco de un ataque vandálico de gran magnitud durante el fin de semana.

El edificio, ubicado sobre la avenida Juan de Garay 371, en la Ciudad de Buenos Aires, fue violentado por personas que ingresaron por la parte superior del inmueble en un horario que aún no pudo ser determinado. Según las primeras informaciones, los atacantes desactivaron y arrancaron las cámaras de seguridad antes de avanzar con los destrozos en el interior del sindicato.

Puertas forzadas, oficinas destruidas, computadoras inutilizadas y abundante documentación revuelta componen el saldo del ataque. El nivel de daño registrado refuerza la gravedad del episodio y encendió alarmas dentro del gremio y en el conjunto de la dirigencia sindical.

“Está todo el sindicato revuelto, puertas y computadoras rotas, papelerío por todos lados. Destruyeron el gremio, está todo destruido”, describió Jerónimo en declaraciones radiales. El dirigente expresó además su preocupación por el mensaje implícito del ataque y reclamó una respuesta inmediata del sistema judicial: “Esperamos que actúe rápida y eficazmente la Justicia, que investigue lo que pasó. Nos preocupa por demás”.

Tras el hecho, se radicó la denuncia correspondiente y personal de la Policía Científica trabaja en el lugar para relevar daños, levantar rastros y avanzar con las pericias que permitan esclarecer lo sucedido. Por el momento, no hay detenidos ni hipótesis confirmadas, aunque la investigación continúa en curso.

El ataque se produce en un contexto de elevada conflictividad política y sindical, marcado por el debate en el Congreso de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. En ese marco, la CGT convocó a una movilización para el próximo 18 de diciembre, en rechazo a los cambios propuestos, y Jerónimo fue uno de los dirigentes que se expresó públicamente contra la iniciativa y participó activamente de la organización de la protesta.

Si bien desde fuentes cercanas a la causa evitaron adelantar conclusiones, el episodio es analizado dentro del clima de tensión que atraviesa al movimiento obrero. La destrucción selectiva de infraestructura y documentación, sumada a la desactivación previa de las cámaras, refuerza la preocupación en torno a una posible maniobra de intimidación.

El hecho reaviva además el debate sobre los límites de la confrontación política y el riesgo de que la violencia se instale como método de presión en un escenario ya atravesado por profundas disputas sociales y económicas.

En diálogo con Mundo Laboral SJ, el titular nacional de ASIJEMIN y referente de la Mesa sindical, Marcelo Mena, cuestionó duramente el proyecto de modernización laboral impulsado por el Gobierno, denunció una medición irreal de la inflación y confirmó la participación activa de más de 70 gremios en la movilización del 18 de diciembre convocada por la CGT y las CTA.

Mientras el Gobierno celebra la desaceleración inflacionaria como uno de los principales logros de gestión, una porción creciente de la sociedad observa con preocupación un escenario marcado por el aumento del desempleo, la precarización laboral y la pérdida sostenida del poder adquisitivo. En ese contexto, el proyecto de reforma laboral se convirtió en el eje de un nuevo conflicto político y social que ya tiene fecha de expresión en las calles.

Marcelo Mena, titular nacional del sindicato de Jerárquicos mineros e integrante de la Mesa Sindical, confirmó que el movimiento obrero organizado se movilizará masivamente el próximo 18 de diciembre, en consonancia con la convocatoria de la CGT y las CTA. “La gran mayoría de los sindicatos industriales y de mayor capacidad de convocatoria van a estar presentes. Desde la mesa sindical somos más de 70 organizaciones y vamos a marchar tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en cada provincia del país”, sostuvo.

Mena explicó que, aunque muchos de los gremios que integran la Mesa Sindical tienen estructuras más pequeñas y menor incidencia nacional individual, el peso colectivo “cambia el panorama” y refuerza la capacidad de respuesta frente a un proyecto que, según advierte, amenaza la esencia del derecho del trabajo.

“El 18 se va a ver la manifestación en la calle, pero el trabajo empieza mucho antes. En fábricas, yacimientos y establecimientos se está organizando a los trabajadores para explicarles que el sindicato no es un obstáculo, sino la única herramienta real para equilibrar la relación con la patronal”, señaló. En ese sentido, cuestionó lo que definió como una “miopía ideológica” que busca deslegitimar al sindicalismo y fragmentar al movimiento obrero.

Lejos de negar errores históricos, Mena reconoció que “hubo dirigentes que se equivocaron”, pero advirtió que eso no puede ser argumento para desmantelar la organización colectiva. “La única forma de proteger derechos y sostener conquistas es con sindicatos fuertes y con buena salud institucional”, afirmó.

Respecto al contenido de la reforma laboral, el dirigente fue categórico: “Estas modificaciones no buscan modernizar, sino atomizar la fuerza de los trabajadores, debilitar la negociación colectiva y, en muchos casos, directamente anularla”. Para Mena, el objetivo de fondo es favorecer un esquema económico que concentra poder y reduce la capacidad de defensa del empleo.

El cuestionamiento también se extiende al plano económico. Desde la Mesa Sindical denuncian que la inflación que informa el INDEC no refleja el impacto real en la vida cotidiana. “Uno va a la estación de servicio, al comercio, a comer afuera o simplemente a hacer las compras diarias y se da cuenta de que el 2,5% no es real. Hay un acumulado mucho mayor”, afirmó. Si bien reconoció una desaceleración inflacionaria, sostuvo que “no está bajando como el Gobierno lo plantea”.

Mena fue aún más duro al evaluar el rumbo económico: “Este esquema fracasó. Nadie pide plata cuando le sobra, y si están pidiendo es porque no alcanza. Ajustar salarios y derechos no garantiza progreso”. En contraposición, defendió un modelo que combine orden fiscal con incentivos a la productividad, sin recortar derechos laborales. “Está demostrado en otros países que incluso reduciendo la jornada laboral se puede aumentar la productividad”, subrayó.

Incluso citó declaraciones de asesores cercanos al oficialismo que reconocen que la reforma no generará empleo. “Hasta ellos mismos admiten que no va a crear trabajo. Es difícil sostener una mentira tan grande sin tropezar”, lanzó.

Con un tono firme y sin eufemismos, Marcelo Mena sintetiza una postura que atraviesa a buena parte del sindicalismo argentino: la reforma laboral, tal como está planteada, no representa una modernización sino un retroceso estructural. Frente a un escenario de ajuste, inflación discutida y pérdida de derechos, el movimiento obrero apuesta a la unidad y a la movilización como herramientas centrales de resistencia. El 18 de diciembre aparece así no solo como una protesta, sino como una señal política clara de que el conflicto entre el Gobierno y los trabajadores está lejos de cerrarse.