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La CGT expuso ayer una aparente crisis financiera de las obras sociales luego de meses de negociar de manera infructuosa con el Gobierno nacional por una compensación que, aunque plasmada en el Presupuesto, no se cristalizó todavía. El encargado de dejar en evidencia el malestar fue José Luis Lingeri, del gremio de Obras Sanitarias y encargado de la secretaría de Acción Social de la central obrera. En un documento que difundió hizo saber que entre ingresos por recaudación y gastos proyectados, en particular por servicios a discapacitados, el «sistema solidario» de salud de las prestadoras gremiales alcanzará un déficit a fin de año de 132.610 millones de pesos.

El documento no hizo más que dejar asentado por escrito un quebranto creciente que los gremios con mayor número de afiliados en sus obras sociales denuncian desde hace años, producto de una suba exponencial de los gastos en rubros no estrictamente sanitarios como los de educación y transporte para afiliados discapacitados. Esa tendencia, presente en una negociación que la CGT inició en 2021 con Alberto Fernández, derivó en sucesivas promesas del Presidente primero, y de sus equipos económicos después, desde el año pasado con Sergio Massa a la cabeza, de reembolsos a cargo del Tesoro nacional para compensar las pérdidas.

De aquellos compromisos sólo hubo reparaciones puntuales a cargo del Tesoro nacional y la garantía, supuestamente enunciada por Massa, de que este año los reembolsos se harían de manera automática tras haber volcado al Presupuesto una reserva de fondos por alrededor de 138 mil millones de pesos. De aquel fondo, que el Gobierno propuso reforzar con una norma que haría su ejecución más automática y favorable a las obras sociales sindicales pero que fue bloqueada por el oposición en el Congreso, no hubo en lo que va del año los desembolsos prometidos.

El texto distribuido por la CGT despliega un mapa de las 288 obras sociales nacionales inscriptas que destaca una cobertura de salud para 14.244.066 personas, de las cuales 12 millones pertenecen al régimen general, 2 millones al monotributo y otras 255 mil provienen del estatuto para personal de casas particulares. Tras destacar que los aportes y contribuciones al sistema de seguridad social de cada trabajador no alcanzan en promedio a cubrir el costo del Programa Médico Obligatorio, el documento avanza sobre lo que es, a criterio de la central, el mayor problema: el financiamiento de sus afiliados discapacitados.

En esa línea señala que mientras en 2016 esos servicios representaban el 22% del Fondo Solidario de Redsitribución (FSR, el instrumento central de recursos que aportan las obras sociales y que administra el Estado) en la actualidad esa proporción subió al 75 por ciento. A continuación apunta que esa mayoría de presupuesto se dedica a 99.843 personas registradas como discapacitadas. Y que el 47% de los gastos totales «corresponde a educación y transporte, prestaciones no ligadas a situaciones sanitarias de manera directa».

«En otras palabras, el 0,7 % de los beneficiarios del sistema consume el 75% de los recursos del FSR», responsabiliza el estudio, en una lectura al menos sesgada: el espíritu con el que fue ideado el seguro de salud apunta a direccionar los recursos que apota una mayoría para sustentar las prestaciones médicas de una minoría. Al final la CGT reclama la definición de «una canasta básica de servicios» diferente del PMO para reducir el impacto en las cuentas de las obras sociales así como «la creación de un fondo especial que financie los medicamentos de altísimo costo» y de una agencia evaluadora de las prestaciones y remedios que deberán efectivamente brindar más allá de amparos judiciales que afectan al sistema. Y, esencialmente, crear «un fondo específico para financiar educación y transporte de personas con discapacidad».

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La inflación volvió a subir, llegó al 2,1% en julio y acumuló 19,3% en siete meses

La inflación volvió a acelerarse en julio y alcanzó el 2,1%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El registro superó en 0,2 puntos porcentuales al de junio, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) había avanzado 1,9%.

Con el nuevo dato, los precios acumularon una suba del 19,3% en los primeros siete meses del año y del 33,8% en los últimos doce meses. La evolución vuelve a poner el comportamiento de los precios bajo atención, después de varios meses en los que el índice había mostrado una moderación.

Entre las divisiones que más aumentaron se ubicó Recreación y cultura, con un incremento del 5%, impulsado principalmente por paquetes turísticos y servicios culturales. Le siguió Restaurantes y hoteles, con una variación del 2,8%.

Los precios estacionales avanzaron 4,5%, mientras que los regulados aumentaron 2,1%. En el IPC núcleo, que excluye los componentes estacionales y regulados, la suba fue del 1,8%.
En el otro extremo, Prendas de vestir y calzado registró una caída del 1,3%, mientras que Bebidas alcohólicas y tabaco aumentó 1,5%.

Un factor adicional que pudo haber incidido fue la evolución del dólar. Según la consultora C&T, la cotización de la moneda estadounidense aumentó alrededor de $100 entre fines de junio y comienzos de julio, movimiento que habría comenzado a trasladarse parcialmente a determinados precios.

Diferencias regionales

El comportamiento no fue uniforme en todo el país. En el Gran Buenos Aires, el Noreste, el Noroeste, la región Pampeana y la Patagonia, Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división con mayor incidencia sobre el índice mensual, principalmente por aumentos en verduras, productos lácteos, pan y cereales.

El dato adquiere especial relevancia para San Juan y el resto de la región cuyana, donde la evolución de los servicios de transporte tiene una incidencia directa sobre los gastos cotidianos de los hogares.

La medición de la Ciudad de Buenos Aires mostró, además, una variación superior al promedio nacional. El IPC porteño aumentó 2,9% en julio, acumuló 19,4% desde enero y registró una suba interanual del 33,2%.

El nuevo informe del INDEC confirma así que la inflación todavía se mantiene lejos de una trayectoria completamente estable: julio marcó un leve repunte mensual y dejó el acumulado anual cerca del 20%, mientras el comportamiento de los próximos meses será determinante para establecer si se trata de una fluctuación puntual o del comienzo de una nueva aceleración.

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La UTA suspendió el paro y abrió una última instancia de negociación

La Unión Tranviarios Automotor aceptó suspender el paro de 24 horas previsto para este viernes 14 de agosto luego del pedido de la Secretaría de Trabajo. El gremio y FATAP retomarán las negociaciones la próxima semana, aunque la falta de acuerdo mantiene latente un nuevo conflicto.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) suspendió el paro de colectivos de corta y media distancia previsto para este viernes 14 de agosto en todo el interior del país, luego de que la Secretaría de Trabajo solicitara al sindicato y a las empresas retomar las conversaciones salariales durante la próxima semana.

La decisión evita, por ahora, una jornada de interrupción total del transporte urbano e interurbano en las provincias. Sin embargo, la tregua será limitada: la conducción sindical dejó abierta la posibilidad de volver a las medidas de fuerza si no aparece una propuesta que permita cerrar la negociación.

El conflicto lleva más de tres meses sin una resolución y tiene como principal reclamo la equiparación de los salarios de los choferes del interior con la escala acordada para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El secretario general de la UTA, Roberto Fernández, explicó que la falta de entendimiento con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) llevó al gremio a trasladar el reclamo al ámbito nacional. Según señaló, la audiencia terminó con un pedido de la cartera laboral para abrir una nueva instancia de diálogo.

“Suspendemos la medida para la solución a nuestro reclamo, que es el sueldo para el sostén de nuestra familia. La semana que viene debemos terminar con nuestro reclamo”, sostuvo Fernández.

La diferencia salarial entre los trabajadores metropolitanos y los del resto del país constituye uno de los puntos centrales del pugna. La UTA pretende extender a las provincias la grilla vigente en el AMBA, cuyos salarios básicos para los choferes avanzan hacia los $1,74 millones, además de viáticos y adicionales.

FATAP, en cambio, sostiene que las empresas del interior no cuentan con recursos suficientes para afrontar esa pauta. La entidad empresarial atribuye la brecha a la distribución de subsidios: mientras en el AMBA la asistencia estatal cubriría alrededor del 60% de los costos operativos, en las provincias no superaría el 10%.

Para las empresas, cualquier mejora salarial de esa magnitud requeriría mayores aportes nacionales y provinciales o un aumento de las tarifas para compensar la diferencia de financiamiento.

Con el paro suspendido, las negociaciones continuarán la próxima semana bajo la órbita de la Secretaría de Trabajo. La UTA espera una propuesta concreta y advirtió que, si no se alcanza un entendimiento, el conflicto podría volver a traducirse en medidas de fuerza en el transporte público del interior.La definición tendrá impacto directo en las provincias, donde el servicio de colectivos constituye uno de los principales medios de movilidad cotidiana y donde las diferencias de financiamiento con el sistema metropolitano siguen condicionando la discusión salarial.

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El conflicto universitario se extiende y ADICUS prepara nuevas jornadas de paro

El conflicto universitario volverá a ocupar las aulas y dependencias de la Universidad Nacional de San Juan durante la próxima semana. Desde ADICUS confirmaron nuevas medidas de fuerza en reclamo de una recomposición salarial y mayores recursos para las universidades públicas.

La resolución fue adoptada en el Congreso de CONADU Histórica, donde se definió desarrollar una semana completa de lucha. La propuesta impulsada desde San Juan contemplaba comenzar con un paro de 48 horas y avanzar progresivamente, pero la mayoría de los congresales optó por extender la protesta durante toda la semana, combinando jornadas de huelga con acciones de visibilización.

La secretaria gremial del gremio universitario, Edith Liquitay, explicó que no habrá necesariamente paro todos los días. Las jornadas sin actividad serán determinadas en coordinación con los trabajadores no docentes, siguiendo la modalidad implementada el miércoles 12 de agosto.

Durante esa medida conjunta, la adhesión alcanzó niveles elevados en distintas dependencias de la UNSJ. Según los datos proporcionados por Liquitay, en la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento llegó aproximadamente al 90% durante el turno mañana y al 95% por la tarde, mientras que en otras unidades académicas se ubicó alrededor del 70%.

El reclamo salarial constituye uno de los principales motivos de la protesta. ADICUS sostiene que los incrementos acumulados para los trabajadores universitarios alcanzaron el 21,3%, mientras que la inflación del período habría generado una pérdida del 29,5%. Para el gremio, esa diferencia explica la decisión de profundizar las medidas.

El conflicto también alcanza al financiamiento de las universidades. la referente gremial cuestionó el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno nacional en el acta firmada el 10 de junio y señaló que permanecería pendiente un 20% adicional destinado al funcionamiento de las casas de estudios, además de recursos para hospitales escuela y un aumento de las becas.

El Gobierno nacional, por su parte, sostiene que realizó las transferencias correspondientes a gastos de personal y actualizaciones salariales y defiende el cumplimiento de las partidas previstas.

Mientras continúa la disputa, el Ejecutivo convocó a una nueva paritaria nacional para el 1 de septiembre. ADICUS considera insuficiente ese horizonte y apuesta a sostener la presión gremial para obtener respuestas antes de esa fecha.

La discusión excede las universidades y también llegó a la Justicia, donde los rectores reclaman el cumplimiento de los compromisos asumidos y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El próximo 4 de septiembre, además, está prevista una reunión del Consejo Interuniversitario Nacional en Bariloche.

La continuidad de las medidas en San Juan dependerá de la coordinación entre docentes y no docentes, pero ADICUS ya anticipó que la próxima semana volverá a llevar la protesta universitaria al ámbito público.

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