La CGT blanquea un déficit en obras sociales
La CGT expuso ayer una aparente crisis financiera de las obras sociales luego de meses de negociar de manera infructuosa con el Gobierno nacional por una compensación que, aunque plasmada en el Presupuesto, no se cristalizó todavía. El encargado de dejar en evidencia el malestar fue José Luis Lingeri, del gremio de Obras Sanitarias y encargado de la secretaría de Acción Social de la central obrera. En un documento que difundió hizo saber que entre ingresos por recaudación y gastos proyectados, en particular por servicios a discapacitados, el «sistema solidario» de salud de las prestadoras gremiales alcanzará un déficit a fin de año de 132.610 millones de pesos.
El documento no hizo más que dejar asentado por escrito un quebranto creciente que los gremios con mayor número de afiliados en sus obras sociales denuncian desde hace años, producto de una suba exponencial de los gastos en rubros no estrictamente sanitarios como los de educación y transporte para afiliados discapacitados. Esa tendencia, presente en una negociación que la CGT inició en 2021 con Alberto Fernández, derivó en sucesivas promesas del Presidente primero, y de sus equipos económicos después, desde el año pasado con Sergio Massa a la cabeza, de reembolsos a cargo del Tesoro nacional para compensar las pérdidas.
De aquellos compromisos sólo hubo reparaciones puntuales a cargo del Tesoro nacional y la garantía, supuestamente enunciada por Massa, de que este año los reembolsos se harían de manera automática tras haber volcado al Presupuesto una reserva de fondos por alrededor de 138 mil millones de pesos. De aquel fondo, que el Gobierno propuso reforzar con una norma que haría su ejecución más automática y favorable a las obras sociales sindicales pero que fue bloqueada por el oposición en el Congreso, no hubo en lo que va del año los desembolsos prometidos.
El texto distribuido por la CGT despliega un mapa de las 288 obras sociales nacionales inscriptas que destaca una cobertura de salud para 14.244.066 personas, de las cuales 12 millones pertenecen al régimen general, 2 millones al monotributo y otras 255 mil provienen del estatuto para personal de casas particulares. Tras destacar que los aportes y contribuciones al sistema de seguridad social de cada trabajador no alcanzan en promedio a cubrir el costo del Programa Médico Obligatorio, el documento avanza sobre lo que es, a criterio de la central, el mayor problema: el financiamiento de sus afiliados discapacitados.
En esa línea señala que mientras en 2016 esos servicios representaban el 22% del Fondo Solidario de Redsitribución (FSR, el instrumento central de recursos que aportan las obras sociales y que administra el Estado) en la actualidad esa proporción subió al 75 por ciento. A continuación apunta que esa mayoría de presupuesto se dedica a 99.843 personas registradas como discapacitadas. Y que el 47% de los gastos totales «corresponde a educación y transporte, prestaciones no ligadas a situaciones sanitarias de manera directa».
«En otras palabras, el 0,7 % de los beneficiarios del sistema consume el 75% de los recursos del FSR», responsabiliza el estudio, en una lectura al menos sesgada: el espíritu con el que fue ideado el seguro de salud apunta a direccionar los recursos que apota una mayoría para sustentar las prestaciones médicas de una minoría. Al final la CGT reclama la definición de «una canasta básica de servicios» diferente del PMO para reducir el impacto en las cuentas de las obras sociales así como «la creación de un fondo especial que financie los medicamentos de altísimo costo» y de una agencia evaluadora de las prestaciones y remedios que deberán efectivamente brindar más allá de amparos judiciales que afectan al sistema. Y, esencialmente, crear «un fondo específico para financiar educación y transporte de personas con discapacidad».
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A 17 años de su fundación, ASIJEMIN se consolida como referente gremial del sector minero jerárquico
Este 15 de junio, ASIJEMIN celebra 17 años de vida institucional junto al Día del Trabajador Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera, una fecha establecida en el Convenio Colectivo de Trabajo 789/21, acordado con CAEM, que constituye una de las conquistas más significativas alcanzadas por la organización sindical en representación de los trabajadores mineros argentinos.
ASIJEMIN consolidó su representación sindical con la obtención de la Personería Gremial N.º 1904 y la homologación del Convenio Colectivo de Trabajo 789/21. Su aplicación en operaciones como Veladero, Gualcamayo y Vicuña Corp, en San Juan; Cerro Vanguardia, Newmont Cerro Negro, Minera Santa Cruz y Minera Don Nicolás, en Santa Cruz; permitió avanzar en conquistas vinculadas al reconocimiento de categorías profesionales, escalas salariales, paritarias, antigüedad y jornadas laborales, entre otros derechos para los trabajadores jerárquicos, profesionales y técnicos de la minería. A ello se suma la presencia gremial e institucional que la organización desarrolla en provincias como Salta y Córdoba.
Estos avances fueron posibles gracias al trabajo permanente de la Comisión Directiva Nacional, las Delegaciones Regionales Centro y Sur, los cuerpos de delegados y los trabajadores mineros que participan activamente en la consolidación de una organización sindical con presencia en las principales regiones mineras del país.
Asimismo, ASIJEMIN promovió diversas iniciativas vinculadas a la representación gremial, la salud, la seguridad laboral, la educación, el turismo, la vivienda, el deporte, la acción social, la asistencia legal y la igualdad de oportunidades, mediante el trabajo desarrollado por la Dirección de Género, OSJEMIN, MUJEMIN, el Comité Mixto de Seguridad, la Secretaría de Administración y Finanzas y la Liga Minera Deportes.
Con una activa participación en espacios de diálogo con gobiernos, empresas, federaciones sindicales y organizaciones nacionales e internacionales, ASIJEMIN continúa promoviendo una representación sindical basada en la defensa de los derechos laborales, la profesionalización de la actividad y el desarrollo de una minería moderna y sustentable.

Al cumplirse 17 años de vida institucional y en el marco del Día del Trabajador Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera, el secretario general de ASIJEMIN, Marcelo Mena Muñoz, saludó a todos los trabajadores mineros del país: “Quiero felicitar a cada trabajador jerárquico, profesional y técnico de la actividad minera argentina. Este día y estos 17 años de ASIJEMIN reflejan el valor de la organización sindical y el compromiso de miles de trabajadores que hicieron posible cada conquista alcanzada. Sigamos construyendo más derechos, más oportunidades y más futuro para nuestra actividad”.
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La Justicia frena la reforma laboral en San Juan
Un fallo del Cuarto Juzgado del Trabajo estableció que los cambios introducidos por las leyes 27.742 y 27.802 no pueden aplicarse a relaciones laborales iniciadas antes de su entrada en vigencia. La sentencia reconoció indemnizaciones a tres trabajadoras no registradas y declaró inconstitucional una de las disposiciones de la nueva normativa para el caso concreto.
La decisión judicial, adoptada en una causa promovida por tres trabajadoras de un establecimiento gastronómico y bailable de Angaco, incorpora un antecedente de relevancia en una discusión que comienza a desplegarse en distintos tribunales del país.
La sentencia abordó el reclamo de tres mujeres que desempeñaban tareas de limpieza, atención al público, expendio de bebidas y servicio de barra durante los fines de semana.
Según quedó acreditado en el expediente, las empleadas desarrollaban sus funciones sin registración formal, sin recibos de sueldo y sin los aportes previsionales correspondientes.
Para reconstruir la relación laboral, el tribunal otorgó especial valor a pruebas digitales y testimoniales. Conversaciones mantenidas a través de servicios de mensajería, sumadas a las declaraciones de testigos, permitieron corroborar la efectiva prestación de servicios. A ello se añadió un elemento de fuerte peso procesal: los demandados no exhibieron la documentación laboral cuya conservación exige la legislación vigente.
Antes de extinguir el vínculo, las trabajadoras habían intimado a los empleadores mediante cartas documento para que regularizaran la registración, abonaran diferencias salariales y reconocieran las fechas reales de ingreso. La ausencia de respuesta derivó en la configuración del despido indirecto, figura que el magistrado consideró plenamente justificada frente a los incumplimientos atribuidos a la parte patronal.
Sin embargo, el aspecto más trascendente de la resolución excede el conflicto individual. Al analizar qué normativa debía regir el caso, el juez concluyó que los derechos y obligaciones derivados del contrato de trabajo quedaron incorporados al patrimonio jurídico de las partes desde el inicio de la relación laboral. Bajo esa interpretación, una ley posterior no puede alterar retroactivamente las consecuencias ya generadas por ese vínculo.
La decisión descartó así la aplicación de las modificaciones introducidas por la reforma laboral y mantuvo la vigencia de las disposiciones anteriores para el cálculo de las indemnizaciones y sanciones. En consecuencia, el tribunal reconoció, entre otros conceptos, las multas previstas en los artículos 8 y 15 de la Ley 24.013 por empleo no registrado, además de las indemnizaciones por antigüedad, preaviso y salarios adeudados.
Otro de los puntos destacados fue la declaración de inconstitucionalidad del artículo 55 de la Ley 27.802 para este caso particular. El magistrado entendió que correspondía apartarse del nuevo esquema previsto por esa norma y ordenar que los intereses fueran liquidados conforme a la doctrina legal vigente en la provincia de San Juan.
La resolución adquiere relevancia porque aborda uno de los interrogantes centrales abiertos tras la sanción de la reforma: hasta dónde pueden proyectarse sus efectos sobre relaciones jurídicas preexistentes. Aunque se trata de una sentencia de primera instancia, su fundamentación se incorpora a una discusión que promete seguir ocupando a la justicia laboral en los próximos años, especialmente en aquellos expedientes donde se debata el alcance temporal de las nuevas reglas de contratación y protección del trabajo.
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Los gremios sellan una alianza y crean una nueva Intersindical en San Juan
Más de veinte organizaciones sindicales y sociales conformaron un espacio común para coordinar acciones en defensa del empleo, la producción y los derechos laborales. El lanzamiento reunió a dirigentes de distintas centrales obreras y recibió respaldo de referentes nacionales.
La fragmentación quedó al margen. En una muestra de unidad poco frecuente en el mapa sindical sanjuanino, más de veinte organizaciones gremiales y sociales formalizaron este sábado la creación de la Intersindical en Defensa de los Trabajadores Sanjuaninos, una estructura que buscará articular posiciones y promover acciones conjuntas frente al deterioro de las condiciones laborales, la pérdida del poder adquisitivo y el retroceso de distintas actividades productivas.
La presentación se realizó en el camping de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), en Rawson, donde dirigentes, delegados y trabajadores de distintos ámbitos coincidieron en la necesidad de construir una herramienta común capaz de trascender pertenencias sectoriales y consolidar una voz colectiva para el movimiento obrero provincial.

El nuevo espacio reúne a sindicatos de la industria, los servicios, el transporte, la administración pública, la educación, la minería, la seguridad privada y la economía popular, además de organizaciones sociales y comunitarias. La amplitud de la convocatoria constituyó uno de los rasgos más destacados del lanzamiento y reflejó la búsqueda de una representación transversal dentro del universo laboral sanjuanino.
Durante el encuentro se difundió el documento fundacional de la Intersindical, en el que se expresa preocupación por la evolución del empleo, la caída de los ingresos, la paralización de la obra pública y las dificultades que atraviesan numerosas ramas de la economía. Los dirigentes sostuvieron que la defensa de las conquistas laborales debe complementarse con una agenda orientada a recuperar la producción, fortalecer la industria nacional y generar puestos de trabajo con pleno acceso a derechos.

Entre los principales lineamientos aparecen la protección del mercado interno, el impulso a la contratación de mano de obra local, el combate a la precarización, el acceso a la vivienda y la preservación de la educación pública, la salud y la seguridad social. Los organizadores plantearon además la necesidad de incorporar a los trabajadores en las discusiones vinculadas al desarrollo económico y la planificación estratégica de la provincia.
«La unidad no se espera, se construye», fue una de las consignas que atravesó la jornada y sintetizó el espíritu de una iniciativa que busca transformarse en un ámbito permanente de coordinación sindical. En la misma línea, los referentes remarcaron que la generación de riqueza tiene como protagonista central al trabajo y reivindicaron el papel histórico de las organizaciones gremiales en la defensa de los derechos sociales.
La constitución formal de la Intersindical profundiza un proceso de acercamiento que había comenzado semanas atrás. Una de sus primeras expresiones públicas ocurrió a fines de mayo, cuando varias de las entidades que hoy integran el espacio participaron de un abrazo simbólico a la sede local de la UOM en rechazo a la intervención judicial del sindicato a nivel nacional.

El lanzamiento también recibió respaldo de dirigentes sindicales de alcance federal. Entre los saludos enviados se destacaron los de Abel Furlán, Octavio Argüello, Rodolfo Aguiar, Hugo «Cachorro» Godoy, Roberto Baradel, Graciela Aleñá y Luis Cáceres, quienes coincidieron en valorar la construcción de ámbitos de unidad para enfrentar los desafíos que atraviesa el mundo del trabajo.
La nueva organización está integrada por la UOM, UTEP, Unión Ferroviaria, AJEPROC, ADICUS, Sindicato Químico, Trabajadores Viales Nacionales, UOLRA, APA, SATSAID, SAMC, SAMEL, ATE, CTA Autónoma, CTA de los Trabajadores, SiDUNSJ, UPSRA, SUTCA, ASEC, UOYEP, Amas de Casa del País, SITRAVIAP, ASIJEMIN, y Asociación Bancaria, entre otras entidades.
Con su puesta en marcha, el sindicalismo sanjuanino inaugura una instancia de coordinación inédita en los últimos años. El desafío será transformar esa convergencia en una agenda común capaz de incidir en el debate público y ofrecer respuestas a las demandas de un universo laboral atravesado por incertidumbres económicas, transformaciones productivas y crecientes exigencias sociales.
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