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La CGT expuso ayer una aparente crisis financiera de las obras sociales luego de meses de negociar de manera infructuosa con el Gobierno nacional por una compensación que, aunque plasmada en el Presupuesto, no se cristalizó todavía. El encargado de dejar en evidencia el malestar fue José Luis Lingeri, del gremio de Obras Sanitarias y encargado de la secretaría de Acción Social de la central obrera. En un documento que difundió hizo saber que entre ingresos por recaudación y gastos proyectados, en particular por servicios a discapacitados, el «sistema solidario» de salud de las prestadoras gremiales alcanzará un déficit a fin de año de 132.610 millones de pesos.

El documento no hizo más que dejar asentado por escrito un quebranto creciente que los gremios con mayor número de afiliados en sus obras sociales denuncian desde hace años, producto de una suba exponencial de los gastos en rubros no estrictamente sanitarios como los de educación y transporte para afiliados discapacitados. Esa tendencia, presente en una negociación que la CGT inició en 2021 con Alberto Fernández, derivó en sucesivas promesas del Presidente primero, y de sus equipos económicos después, desde el año pasado con Sergio Massa a la cabeza, de reembolsos a cargo del Tesoro nacional para compensar las pérdidas.

De aquellos compromisos sólo hubo reparaciones puntuales a cargo del Tesoro nacional y la garantía, supuestamente enunciada por Massa, de que este año los reembolsos se harían de manera automática tras haber volcado al Presupuesto una reserva de fondos por alrededor de 138 mil millones de pesos. De aquel fondo, que el Gobierno propuso reforzar con una norma que haría su ejecución más automática y favorable a las obras sociales sindicales pero que fue bloqueada por el oposición en el Congreso, no hubo en lo que va del año los desembolsos prometidos.

El texto distribuido por la CGT despliega un mapa de las 288 obras sociales nacionales inscriptas que destaca una cobertura de salud para 14.244.066 personas, de las cuales 12 millones pertenecen al régimen general, 2 millones al monotributo y otras 255 mil provienen del estatuto para personal de casas particulares. Tras destacar que los aportes y contribuciones al sistema de seguridad social de cada trabajador no alcanzan en promedio a cubrir el costo del Programa Médico Obligatorio, el documento avanza sobre lo que es, a criterio de la central, el mayor problema: el financiamiento de sus afiliados discapacitados.

En esa línea señala que mientras en 2016 esos servicios representaban el 22% del Fondo Solidario de Redsitribución (FSR, el instrumento central de recursos que aportan las obras sociales y que administra el Estado) en la actualidad esa proporción subió al 75 por ciento. A continuación apunta que esa mayoría de presupuesto se dedica a 99.843 personas registradas como discapacitadas. Y que el 47% de los gastos totales «corresponde a educación y transporte, prestaciones no ligadas a situaciones sanitarias de manera directa».

«En otras palabras, el 0,7 % de los beneficiarios del sistema consume el 75% de los recursos del FSR», responsabiliza el estudio, en una lectura al menos sesgada: el espíritu con el que fue ideado el seguro de salud apunta a direccionar los recursos que apota una mayoría para sustentar las prestaciones médicas de una minoría. Al final la CGT reclama la definición de «una canasta básica de servicios» diferente del PMO para reducir el impacto en las cuentas de las obras sociales así como «la creación de un fondo especial que financie los medicamentos de altísimo costo» y de una agencia evaluadora de las prestaciones y remedios que deberán efectivamente brindar más allá de amparos judiciales que afectan al sistema. Y, esencialmente, crear «un fondo específico para financiar educación y transporte de personas con discapacidad».

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Diputados buscan rechazar el DNU 70/23 y restablecer la Ley de Tierras

La oposición pidió formalmente una sesión especial en la Cámara de Diputados para el jueves 15 de octubre a las 14, con un temario que vuelve a colocar en el centro del debate el DNU 70/23, la emergencia en discapacidad y el endeudamiento de los hogares. El pedido reúne 32 firmas de ocho bloques y deberá superar ahora el primer obstáculo: alcanzar los 129 presentes necesarios para abrir el recinto.

La convocatoria fue suscripta por legisladores de Unión por la Patria, Provincias Unidas, Encuentro Federal, Coalición Cívica, Frente de Izquierda, Primero San Luis, Defendamos Córdoba y Coherencia. Entre los firmantes figuran Germán Martínez, Cecilia Moreau, Martín Lousteau, Miguel Pichetto, Nicolás Massot, Maximiliano Ferraro, Myriam Bregman, Marcela Pagano y Natalia de la Sota.

El punto de mayor impacto político es el DNU 70/23, cuyo artículo 154 derogó la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. La oposición pretende que Diputados rechace el decreto y, de ese modo, avanzar hacia la restitución del régimen que limitaba la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

El tratamiento parlamentario tiene una particularidad: el Senado ya rechazó el DNU 70/23. De acuerdo con la Ley 26.122, el rechazo de ambas cámaras implica la derogación del decreto. Por lo tanto, si Diputados consigue el quórum y también vota en contra, el Congreso completaría el procedimiento legislativo previsto para dejarlo sin efecto.

La ofensiva legislativa se produjo después del reciente fallo de la Corte Suprema, que revocó la sentencia que había declarado inconstitucional el artículo 154. El máximo tribunal centró su decisión en la falta de legitimación del CECIM para promover aquella demanda y no emitió un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad del artículo. El efecto práctico fue mantener vigente la derogación de la Ley de Tierras.

La norma de 2011 establecía, entre otras restricciones, un límite del 15% del territorio nacional para la titularidad extranjera de tierras rurales, con topes equivalentes en provincias y municipios. También fijaba límites individuales y prohibiciones específicas para determinadas zonas de frontera y áreas vinculadas con grandes cuerpos de agua.

En simultaneo, el Senado recibió un proyecto de José Mayans, Juliana Di Tullio y Fernando Salino para derogar el artículo 154 y restablecer la legislación sobre tierras rurales. Esa iniciativa deberá seguir su propio recorrido parlamentario.

El segundo punto de la sesión será el proyecto sobre endeudamiento familiar, incorporado al temario como Orden del Día 433. La iniciativa reúne propuestas destinadas a establecer herramientas frente al sobreendeudamiento de los hogares y ya cuenta con dictamen de comisión.

El tercer asunto será la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027, contemplada en el Orden del Día 350. También se trata de un proyecto que cuenta con dictamen y que los bloques opositores buscan llevar al recinto en la misma jornada.

La fecha elegida coincidirá además con la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el 15 de octubre, lo que podría concentrar frente al Congreso una movilización vinculada con el financiamiento de las universidades mientras en el recinto se discuten los tres proyectos.

La convocatoria todavía no garantiza la sesión. El primer desafío será reunir los 129 diputados requeridos para el quórum; después, cada iniciativa deberá alcanzar las mayorías correspondientes. En el caso del DNU, el dato determinante será la votación de Diputados: con el rechazo ya expresado por el Senado, una decisión negativa de la Cámara baja completaría el trámite previsto por la legislación vigente.

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Los estatales santiagueños recibirán un bono de $2,4 millones antes de fin de año

El Gobierno provincial abonará tres cuotas de $800.000 los días 9 de octubre, 10 de noviembre y 10 de diciembre. El beneficio se suma a los salarios habituales y al medio aguinaldo, que será pagado el 22 de diciembre. También habrá refuerzos para beneficiarios de tarjetas sociales y planes de emergencia.

El anuncio fue realizado por el gobernador Elías Suárez y surgió de la mesa de diálogo que la administración provincial mantiene con las organizaciones sindicales. El esquema fue acordado con representantes de la CGT y UPCN, contemplando un refuerzo adicional a los haberes ordinarios.

La provincia aclaró que el bono no reemplazará ningún componente salarial ni el medio aguinaldo. Los sueldos continuarán abonándose de manera habitual y el Sueldo Anual Complementario será depositado el martes 22 de diciembre, sin descuentos, según informó el Ejecutivo santiagueño.

El cronograma implica que un empleado público que reúna las condiciones establecidas percibirá $1,6 millones adicionales entre octubre y noviembre, mientras que completará los $2,4 millones con la tercera cuota de diciembre, antes del pago del aguinaldo.

La asistencia también alcanzará a beneficiarios de distintos programas. Quienes reciben tarjetas sociales percibirán un bono total de $300.000, distribuido en tres cuotas de $100.000. Para los beneficiarios de tarjetas destinadas a personas celíacas, el adicional será de $165.000, en tres pagos de $55.000.

A su vez, las personas incorporadas a planes sociales de emergencia recibirán un complemento de $330.000, dividido en tres cuotas de $110.000. De esta manera, el esquema diseñado por la provincia extiende el beneficio más allá de la administración pública.

Desde las organizaciones sindicales respaldaron el acuerdo alcanzado con el Ejecutivo. José Gómez, referente de la CGT santiagueña, valoró el funcionamiento de la mesa de diálogo y señaló el cumplimiento de los compromisos asumidos por la provincia. En la misma línea, Gerardo Montenegro, titular de UPCN, consideró que el bono representa un alivio adicional para las familias de los trabajadores.

La medida de Santiago del Estero refleja un debate clave en las provincias: cómo proteger el poder adquisitivo de los empleados públicos ante la inflación sin comprometer permanentemente los presupuestos salariales.

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Paritarias: qué gremios aplican aumentos y sumas adicionales en octubre

Octubre comienza con una nueva ronda de aumentos salariales para trabajadores de distintas actividades. Una parte de los convenios cerrados durante los últimos meses contempla incrementos que entran en vigencia este mes, mientras otros incorporan sumas extraordinarias o trasladan conceptos no remunerativos a los básicos.

Entre los principales acuerdos se encuentran los de metalúrgicos, camioneros, construcción, estatales nacionales, PAMI, casas particulares, seguridad privada, rurales, mineros, textiles, estaciones de servicio y telecomunicaciones, con porcentajes y modalidades diferentes según cada convenio.

Metalúrgicos: 4% y sumas adicionales

Los trabajadores de la Rama 17 de la UOM tendrán desde octubre un incremento acumulativo del 4% sobre los salarios básicos. A esa actualización se suma una suma no remunerativa de $30.000 y la tercera y última cuota de $70.000 correspondiente al retroactivo de $210.000 acordado para el período abril-julio. El esquema continuará con otro 4% en diciembre, 2% en enero y 3,5% en marzo de 2027.


Camioneros y construcción

En Camioneros, octubre incorpora un aumento del 1,7%, después del 1,8% aplicado en septiembre. El acuerdo contempla además 1,7% en noviembre, 1,6% en diciembre, 1,6% en enero y 1,5% en febrero, junto con pagos extraordinarios.

Los trabajadores de la UOCRA tendrán un incremento acumulativo del 1,8% sobre los básicos de septiembre. Es el segundo tramo de un entendimiento que comenzó con 1,9% en septiembre y continuará con otro 1,7% en noviembre.

Estatales nacionales y empleados del Congreso

Los trabajadores de la Administración Pública Nacional tendrán una suba del 1,8% en octubre, luego del 1,9% de septiembre. El esquema contempla además 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre.

El acuerdo fue aceptado por UPCN, mientras que ATE lo rechazó por considerar que los porcentajes no compensan la pérdida acumulada del poder adquisitivo.

En el Congreso de la Nación, los trabajadores legislativos tendrán un esquema similar: 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre.

PAMI suma un adicional de $45.000

El personal del PAMI recibirá en octubre un incremento del 1,8%, acompañado por una suma extraordinaria de $45.000. Ese pago forma parte de un paquete de $180.000 distribuido en cuatro cuotas entre septiembre y diciembre.

El entendimiento alcanza a trabajadores de planta permanente y contratados activos al momento de cada pago.

Casas particulares y trabajadores rurales

El personal de casas particulares tendrá una actualización del 1,7% en octubre, después del 1,9% de agosto y 1,8% de septiembre. El cronograma prevé además aumentos del 1,6% en noviembre y diciembre.

Para los trabajadores rurales permanentes, la remuneración mínima pasa en octubre a $1.235.833,53, más una asignación no remunerativa de $12.465.

Seguridad privada: el salario conformado supera $1,8 millones

En la actividad de seguridad privada, un Vigilador General tendrá en octubre un básico de $1.053.200, un viático de $534.000, $180.000 por presentismo y un adicional no remunerativo de $60.000. El salario bruto conformado de referencia alcanza así los $1.827.200

Plásticos, textiles y gimnasios

Los trabajadores de la industria plástica tendrán un incremento del 1,8% sobre los básicos y continuarán percibiendo una suma fija no remunerativa de $90.000.

En textiles e indumentaria, los aumentos varían según el convenio. El CCT 501/07 contempla un 2,5% sobre los básicos de septiembre más una suma no remunerativa equivalente al 5,5% del básico. Para el CCT 808/24, octubre contempla un 6% sobre los básicos y otro 6% como asignación no remunerativa.

Los trabajadores de gimnasios comprendidos en el CCT 738/16, por su parte, tendrán una suba acumulativa del 1,6%. Con las nuevas escalas, el básico de un guardavidas llega a $1.747.093; el personal administrativo, a $1.287.697; y limpieza y camareros, a $1.112.451.

Mineros, estaciones de servicio y maestranza

En la rama Cemento Portland, los trabajadores alcanzados por los convenios de AOMA tendrán un aumento del 2% en octubre, después del 4% de agosto y 2,5% de septiembre.

El acuerdo en estaciones de servicio, entre SOESGYPE y la Federación de Entidades Combustibles contempla otro 1,8%, correspondiente al último tramo de la pauta agosto-octubre.

Los trabajadores de maestranza incorporarán además $40.000 al salario básico durante octubre, correspondientes a la primera mitad de una suma no remunerativa de $80.000. Los otros $40.000 se incorporarán en noviembre.

Telecomunicaciones y servicios rápidos

Los trabajadores de Claro, Telecom/Personal y Movistar tendrán una actualización vinculada con la inflación. El acuerdo de CONSITEL contempla un pago único equivalente al IPC acumulado de agosto y septiembre y una actualización de las escalas por ese mismo índice.

En servicios rápidos, el personal de cadenas como McDonald’s, Burger King y Mostaza percibirá durante octubre una asignación no remunerativa equivalente al 7,4% de los salarios básicos de julio. En noviembre, esos montos pasarán a integrar los básicos.

También aumenta el salario mínimo

Desde el 1° de octubre, el Salario Mínimo, Vital y Móvil pasa de $383.800 a $391.200 para trabajadores mensualizados con jornada completa. Para quienes cobran por hora, el valor asciende a $1.956.

El incremento también funciona como referencia para determinadas prestaciones y cálculos vinculados con el sistema laboral.

Comercio: cobra el último tramo y deberá volver a negociar

Los empleados de Comercio cobrarán durante los primeros días de octubre sus salarios correspondientes a septiembre con el último incremento del 1,9% previsto en el acuerdo trimestral de FAECYS y las cámaras empresarias.

Las escalas de convenio para jornada completa superan los $1,3 millones, pero el aumento corresponde al período anterior. Durante octubre, el gremio deberá reabrir la negociación para definir la nueva pauta salarial.

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