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La CGT expuso ayer una aparente crisis financiera de las obras sociales luego de meses de negociar de manera infructuosa con el Gobierno nacional por una compensación que, aunque plasmada en el Presupuesto, no se cristalizó todavía. El encargado de dejar en evidencia el malestar fue José Luis Lingeri, del gremio de Obras Sanitarias y encargado de la secretaría de Acción Social de la central obrera. En un documento que difundió hizo saber que entre ingresos por recaudación y gastos proyectados, en particular por servicios a discapacitados, el «sistema solidario» de salud de las prestadoras gremiales alcanzará un déficit a fin de año de 132.610 millones de pesos.

El documento no hizo más que dejar asentado por escrito un quebranto creciente que los gremios con mayor número de afiliados en sus obras sociales denuncian desde hace años, producto de una suba exponencial de los gastos en rubros no estrictamente sanitarios como los de educación y transporte para afiliados discapacitados. Esa tendencia, presente en una negociación que la CGT inició en 2021 con Alberto Fernández, derivó en sucesivas promesas del Presidente primero, y de sus equipos económicos después, desde el año pasado con Sergio Massa a la cabeza, de reembolsos a cargo del Tesoro nacional para compensar las pérdidas.

De aquellos compromisos sólo hubo reparaciones puntuales a cargo del Tesoro nacional y la garantía, supuestamente enunciada por Massa, de que este año los reembolsos se harían de manera automática tras haber volcado al Presupuesto una reserva de fondos por alrededor de 138 mil millones de pesos. De aquel fondo, que el Gobierno propuso reforzar con una norma que haría su ejecución más automática y favorable a las obras sociales sindicales pero que fue bloqueada por el oposición en el Congreso, no hubo en lo que va del año los desembolsos prometidos.

El texto distribuido por la CGT despliega un mapa de las 288 obras sociales nacionales inscriptas que destaca una cobertura de salud para 14.244.066 personas, de las cuales 12 millones pertenecen al régimen general, 2 millones al monotributo y otras 255 mil provienen del estatuto para personal de casas particulares. Tras destacar que los aportes y contribuciones al sistema de seguridad social de cada trabajador no alcanzan en promedio a cubrir el costo del Programa Médico Obligatorio, el documento avanza sobre lo que es, a criterio de la central, el mayor problema: el financiamiento de sus afiliados discapacitados.

En esa línea señala que mientras en 2016 esos servicios representaban el 22% del Fondo Solidario de Redsitribución (FSR, el instrumento central de recursos que aportan las obras sociales y que administra el Estado) en la actualidad esa proporción subió al 75 por ciento. A continuación apunta que esa mayoría de presupuesto se dedica a 99.843 personas registradas como discapacitadas. Y que el 47% de los gastos totales «corresponde a educación y transporte, prestaciones no ligadas a situaciones sanitarias de manera directa».

«En otras palabras, el 0,7 % de los beneficiarios del sistema consume el 75% de los recursos del FSR», responsabiliza el estudio, en una lectura al menos sesgada: el espíritu con el que fue ideado el seguro de salud apunta a direccionar los recursos que apota una mayoría para sustentar las prestaciones médicas de una minoría. Al final la CGT reclama la definición de «una canasta básica de servicios» diferente del PMO para reducir el impacto en las cuentas de las obras sociales así como «la creación de un fondo especial que financie los medicamentos de altísimo costo» y de una agencia evaluadora de las prestaciones y remedios que deberán efectivamente brindar más allá de amparos judiciales que afectan al sistema. Y, esencialmente, crear «un fondo específico para financiar educación y transporte de personas con discapacidad».

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Sin acuerdo por el salario mínimo: los gremios cuestionaron la propuesta de los empresarios

La CGT y las dos CTA abandonaron la reunión del Consejo del Salario luego de rechazar una propuesta empresaria que contemplaba aumentos inferiores al 2% mensual. El piso legal permanece en $376.600 y acumula una pérdida real del 40,5% desde noviembre de 2023.

La reunión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil terminó este viernes sin consenso. Los representantes de la CGT y las dos CTA se retiraron en rechazo a la propuesta presentada por las cámaras empresarias, que contemplaba incrementos inferiores al 2% mensual para los próximos meses.

El salario mínimo permanece actualmente en $376.600 para los trabajadores mensualizados y no registra una actualización desde agosto. El monto funciona como piso legal para quienes no están comprendidos por convenios colectivos y también interviene en la determinación de la prestación por desempleo.

La discusión sindical estuvo acentuada por el deterioro acumulado del poder adquisitivo. Un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA (IIEP-UBA) calculó que el salario mínimo perdió 40,5% de su valor real entre noviembre de 2023 y julio de 2026. Solo durante julio retrocedió otro 0,8% frente a la inflación.

El estudio también ubicó el poder de compra del mínimo por debajo del nivel registrado en 2001, lo que dimensiona la magnitud del deterioro acumulado durante los últimos años.

La negociación tiene además una particularidad: el Gobierno impulsa que los salarios iniciales de determinados convenios colectivos alcancen al menos $1 millón, pero esa discusión no reemplaza la obligación de actualizar el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

La falta de acuerdo deja ahora en manos del Gobierno la continuidad del procedimiento para establecer un nuevo valor. Hasta que exista una definición oficial, el piso legal continuará en $376.600, pese a la pérdida de poder adquisitivo acumulada.

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Solo el 14,2% de los jóvenes tiene un empleo formal, según la UCA

Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA revela que apenas el 14,2% de los jóvenes de 18 a 25 años tiene un empleo formal. El acceso al trabajo estable y a la educación está fuertemente condicionado por el nivel socioeconómico del hogar.

La inserción laboral de los jóvenes argentinos permanece acentuada por la precariedad y profundas desigualdades sociales. Apenas el 14,2% de las personas de entre 18 y 25 años tiene un empleo formal, mientras una proporción significativa combina trabajos inestables, desempleo o desvinculación del mercado laboral.

El 30,2% posee un empleo regular, aunque dentro de ese grupo un 16% trabaja bajo condiciones precarias. Otro 22,5% se encuentra en empleos irregulares, changas, tareas eventuales o desempleo reciente, mientras que el 10,7% lleva más de seis meses sin trabajo. La inactividad alcanza al 36,6%.

La desigualdad se vuelve más evidente al comparar los extremos sociales. El empleo regular alcanza al 38,9% de los jóvenes del estrato medio alto, pero cae al 19,7% entre quienes pertenecen al estrato muy bajo. En este último grupo, además, el desempleo prolongado llega al 14,9%, frente al 5,2% registrado entre los jóvenes de mayores recursos.

La educación tampoco escapa a esas diferencias. El 26,6% estudia exclusivamente, mientras que el 39,7% trabaja sin estudiar y apenas el 13% consigue combinar ambas actividades.

Uno de los indicadores más sensibles es el de los jóvenes que no estudian ni trabajan: representan el 20,7% del total. La proporción trepa al 34,2% en los hogares de menores recursos y se reduce al 8,3% entre aquellos pertenecientes al estrato medio alto.

También existe una fuerte brecha en el acceso exclusivo a la formación. Mientras el 41,2% de los jóvenes de mayores ingresos se dedica solamente a estudiar, esa posibilidad se reduce al 15,6% entre los más vulnerables. En paralelo, el trabajo irregular sin estudiar pasa del 4,9% al 26,8%.

El ODSA advierte que las trayectorias juveniles están estrechamente relacionadas con las condiciones laborales del hogar. Cuando los adultos cuentan con empleos de calidad, aumentan las posibilidades de que los jóvenes permanezcan en el sistema educativo; cuando predominan la precariedad o la falta de trabajo, crecen las probabilidades de abandono y desvinculación.

Los datos muestran así que el acceso al primer empleo no depende únicamente de la edad o la formación: el origen socioeconómico continúa siendo un factor determinante para definir si un joven estudia, trabaja, combina ambas actividades o queda fuera de las dos.

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Prepagas: los aumentos de septiembre volverán a superar la inflación

Las principales empresas de medicina prepaga aplicarán subas de entre 1,9% y 3,1% desde septiembre. En lo que va del año, las cuotas acumulan una suba de hasta 21%, por encima del 19,3% registrado por la inflación.

Las principales empresas de medicina prepaga ya comunicaron los incrementos que aplicarán a sus cuotas durante septiembre, con ajustes que llegarán hasta el 3,11% y volverán a ubicarse por encima del índice de precios acumulado durante 2026.

Swiss Medical encabezará la lista con una actualización del 3,11%, seguida por Omint, con 2,9%. En OSDE, el incremento oscilará entre 1,9% y 2,3%, mientras que Galeno aplicará subas de entre 2,3% y 2,8%. El Hospital Alemán elevará sus cuotas 2,36% y el Hospital Italiano, 2,1%.

El nuevo ajuste se suma a una evolución que ya supera el ritmo general de los precios. Las cuotas acumulan desde enero un incremento promedio de entre 20% y 21%, frente al 19,3% de inflación registrado durante los primeros siete meses del año. La diferencia alcanza aproximadamente 1,7 puntos porcentuales.

La distancia se amplió especialmente durante el segundo trimestre. En abril, las prepagas aumentaron 2,9%, frente a una inflación mensual de 2,6%; en mayo, 3,4% contra 2,1%; y en junio, 2,6% frente a 1,9%.

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