Organizaciones sociales y políticas convocaron a una movilización federal para el 6 de agosto, cuando el Senado retomará el tratamiento del proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei que elimina las principales restricciones a la compra de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.

El debate por la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada volverá al Senado el próximo 6 de agosto y ya genera una fuerte reacción de organizaciones de todo el país. Tras la postergación de su tratamiento, la iniciativa oficial quedó en el centro de una amplia convocatoria que reunirá frente al Congreso a movimientos sociales, gremios, cooperativas, entidades rurales, organizaciones religiosas y partidos políticos, que sostienen que la propuesta compromete la soberanía sobre el territorio y los recursos naturales.

El proyecto, promovido por el Gobierno nacional junto a los gobernadores del Consejo de Mayo, modifica de manera sustancial el régimen vigente sobre la propiedad de tierras rurales. En los hechos, deja sin efecto las limitaciones establecidas por la Ley 26.737, aprobada en 2011, que fijó un máximo del 15% de tierras rurales en manos extranjeras dentro de cada jurisdicción, prohibió la adquisición de inmuebles con grandes cuerpos de agua y estableció un límite de 1.000 hectáreas en las zonas agrícolas de mayor productividad para un mismo titular extranjero.

Aunque esa legislación fue derogada mediante el DNU 70/2023, la medida permanece suspendida por una resolución judicial obtenida por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata. La nueva iniciativa mantiene restricciones únicamente para Estados extranjeros, pero elimina los límites para personas físicas y empresas privadas del exterior.

La discusión parlamentaria también expuso diferencias dentro del oficialismo y entre sus aliados. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, cuestionó modificaciones incorporadas durante el debate que habilitaban regímenes diferenciados por provincias, al considerar que podrían vulnerar principios constitucionales. En este sentido, gobernadores y legisladores del PRO y de la UCR reclamaron preservar restricciones para la venta de tierras con recursos estratégicos y ubicadas en zonas de frontera.

A las diferencias políticas se sumó el enfrentamiento entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la vicepresidenta Victoria Villarruel, luego de que esta última acusara a la funcionaria de divulgar una conversación privada mantenida antes de la sesión en la Cámara alta.

Mientras avanza la discusión legislativa, se multiplican las expresiones de rechazo. Integran la convocatoria entidades como Endepa, la Pastoral Social, Cáritas, el Movimiento Nacional de Capellanes, el Llamamiento Argentino-Judío, cooperativas, organizaciones campesinas, colectivos sociales, agrupaciones científicas y centrales sindicales, además de la Coalición Federal en Defensa de la Tierra y la Multisectorial por la Tierra y la Vivienda.

Como antesala de la protesta central, entre fines de julio se desarrollarán jornadas federales bajo la consigna «Argentina no se vende», con radios abiertas, charlas, talleres y banderazos en distintas provincias. Los convocantes sostienen que la eliminación de las restricciones a la compra de tierras, sumada a las modificaciones impulsadas sobre otras normas vinculadas con los recursos naturales, facilitaría el desembarco de grandes emprendimientos extractivos y de infraestructura tecnológica en regiones consideradas estratégicas por su disponibilidad de agua, energía y minerales.

En provincias con fuerte perfil productivo y minero como San Juan, donde confluyen importantes proyectos vinculados al cobre, al oro y al desarrollo energético, el debate adquiere una dimensión adicional. Diversas organizaciones consideran que cualquier modificación al régimen de propiedad de la tierra podría tener implicancias sobre futuras inversiones y sobre la administración de recursos considerados estratégicos.

La movilización del 6 de agosto formará parte de una agenda de protestas más amplia. La CGT ya confirmó nuevas acciones para las semanas siguientes, entre ellas una participación en la tradicional marcha de San Cayetano del 7 de agosto, una convocatoria cuando el Gobierno reúna al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil y otra manifestación frente al Ministerio de Economía durante la tercera semana del mes, en rechazo a la política económica nacional.

Un estudio de QSocial sostiene que cuatro de cada diez argentinos no se sienten representados ni por el oficialismo ni por el kirchnerismo. El dato reactivó el análisis entre dirigentes sindicales y referentes políticos que observan la posibilidad de consolidar una alternativa competitiva de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

La carrera hacia las elecciones presidenciales de 2027 comenzó a instalarse en distintos ámbitos políticos y sindicales. En ese marco, un relevamiento de opinión pública elaborado por la consultora QSocial despertó interés entre dirigentes gremiales no alineados con los principales espacios nacionales, al identificar un amplio universo de votantes que hoy no encuentra representación en la oferta política vigente.

El sondeo, realizado sobre 1.880 casos, concluye que el 40% de los consultados rechaza tanto al gobierno de Javier Milei como al kirchnerismo, un segmento que la consultora define como la «pecera del medio», integrada por ciudadanos que no adhieren a ninguno de los dos polos que dominan la discusión política.

Según el documento, ese electorado no responde a un perfil de apatía o desinterés. Por el contrario, se trata de votantes con posiciones críticas, expectativas definidas y demandas concretas respecto del tipo de liderazgo que esperan para los próximos años. Esa característica alimenta la hipótesis de que podría emerger una fuerza capaz de disputar el poder por fuera de la actual polarización.

Entre dirigentes sindicales y referentes que impulsan alternativas políticas alejadas tanto del oficialismo como del kirchnerismo, la encuesta fue interpretada como un indicio de que podría consolidarse un esquema electoral de tercios, similar al que comenzó a insinuarse en 2023 con la irrupción de Javier Milei, quien pasó de ser un dirigente ajeno a las estructuras tradicionales a imponerse en el balotaje presidencial.

No obstante, el propio estudio advierte que esa oportunidad tiene un plazo limitado. La consultora sostiene que, si no aparece una propuesta con capacidad de interpelar a ese universo de votantes y construir competitividad desde el inicio, terminará prevaleciendo nuevamente la lógica del voto útil, favoreciendo a los dos espacios con mayores posibilidades electorales.

El informe señala que la polarización continúa funcionando como un factor de fuerte atracción sobre el electorado y sostiene que, en ausencia de una opción con volumen político suficiente, una parte importante de ese 40% podría volver a optar por alguno de los dos bloques predominantes para evitar el triunfo del adversario.

La discusión también comienza a trasladarse al movimiento sindical. Diversos dirigentes consideran que el reordenamiento político de los próximos meses será determinante para definir alianzas y candidaturas de cara a 2027. Algunos espacios observan con interés el surgimiento de figuras ajenas a la política tradicional, mientras otros promueven la construcción de una propuesta con fuerte respaldo social, productivo y gremial.

El trabajo de QSocial concluye que la posibilidad de conformar una alternativa competitiva permanece vigente, aunque advierte que su éxito dependerá de la aparición de un liderazgo con capacidad para capitalizar el descontento antes de que la dinámica de la polarización vuelva a concentrar el voto en los dos principales bloques políticos.

El Gobierno de San Juan abrió los sobres de la licitación para la concesión del Hotel Provincial y confirmó que dos empresas presentaron ofertas admisibles. Ahora comenzará el análisis técnico y económico que definirá la adjudicación de un contrato por 20 años.

El proceso para definir el futuro del Hotel Provincial dio un paso decisivo este viernes, cuando el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte realizó la apertura de sobres de la licitación pública destinada a concesionar y explotar el tradicional establecimiento. El acto, desarrollado a las 9 de la mañana, concluyó con la presentación de dos propuestas que superaron la revisión administrativa inicial y fueron declaradas admisibles.

Concluida esa instancia, la comisión evaluadora iniciará el examen técnico, financiero y económico de ambas ofertas para determinar cuál reúne las mejores condiciones para asumir la administración del inmueble durante los próximos veinte años.

La convocatoria había sido relanzada luego del fracaso del primer llamado realizado en abril de este año. En aquella oportunidad, las dos firmas interesadas quedaron excluidas por incumplimientos en la documentación exigida, entre ellos la ausencia de certificados fiscales y declaraciones juradas incompletas, por lo que la licitación fue declarada desierta.

El nuevo concurso mantiene un presupuesto oficial de 3.360 millones de pesos y establece un canon mensual base de 14 millones de pesos, que será actualizado trimestralmente conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). El pliego también contempla un beneficio para quien resulte adjudicatario: durante los primeros seis meses podrá abonar el 50% del canon, siempre que cumpla con las inversiones comprometidas para la recuperación del edificio.

Uno de los objetivos centrales de la concesión es modernizar las instalaciones para que el Hotel Provincial alcance la categoría de tres estrellas superior, mediante obras de infraestructura, renovación de equipamiento y mejoras en la calidad de los servicios.

El proceso licitatorio incorpora además criterios que trascienden la propuesta económica. Entre ellos, el denominado Beneficio Social del Proyecto, que representa 20 puntos sobre un total de 100 en la evaluación final, junto con el compromiso de garantizar la continuidad laboral y la protección salarial de los trabajadores que actualmente se desempeñan en el establecimiento.