Con 42 votos afirmativos y 30 negativos, el Senado aprobó de madrugada la reforma laboral impulsada por Javier Milei. La clave estuvo en el respaldo articulado de gobernadores y bloques provinciales, que ampliaron la base libertaria más allá del PRO y la UCR. El proyecto ahora será tratado en Diputados antes del 1° de marzo.

La media sanción de la reforma laboral no fue únicamente el resultado de la cohesión del oficialismo. Fue, sobre todo, la expresión de una arquitectura política más amplia, construida en las semanas previas con gobernadores que, más allá de su identidad partidaria, decidieron acompañar al Ejecutivo.

La Libertad Avanza aportó su núcleo duro en la Cámara alta, con senadores como Bartolomé Abdala, Ezequiel Atauche, Vilma Bedia, María Emilia Orozco y Francisco Paoltroni, entre otros.

A ese bloque se sumaron de manera compacta los diez legisladores de la Unión Cívica Radical —entre ellos Maximiliano Abad, Carolina Losada y Eduardo Vischi— y los representantes del PRO, como Enrique Goerling Lara y Carmen Álvarez Rivero.

Esa base, sin embargo, no alcanzaba por sí sola para garantizar la aprobación. El umbral político se superó con el aporte decisivo de senadores vinculados a gobernadores provinciales, algunos de ellos peronistas no alineados con la conducción nacional del PJ.

Los gobernadores que inclinaron la balanza

El oficialismo logró consolidar acuerdos con mandatarios provinciales que ordenaron a sus representantes en el Senado acompañar el proyecto. Entre los respaldos más relevantes se cuentan:
Tucumán (Osvaldo Jaldo): Beatriz Ávila confirmó su voto positivo, en sintonía con la estrategia del Ejecutivo provincial.
Neuquén (Rolando Figueroa): Julieta Corroza (La Neuquinidad) aportó un voto clave.
Salta (Gustavo Sáenz): Flavia Royón (Primero los Salteños) acompañó la iniciativa.
Córdoba (Martín Llaryora): Alejandra Vigo, referenciada en el schiarettismo, respaldó el proyecto.
Misiones (Hugo Passalacqua): Carlos Arce y Sonia Rojas Decut (Frente Renovador de la Concordia) votaron a favor.
Chubut (Ignacio “Nacho” Torres): Edith Terenzi (Despierta Chubut) se sumó al oficialismo.

También acompañaron senadores del espacio Provincias Unidas, como Carlos Mauricio Espínola, ampliando el carácter transversal de la mayoría.

El resultado evidenció una dinámica política que trasciende la clásica grieta nacional: gobernadores priorizando negociación fiscal, gobernabilidad y vínculos institucionales por sobre alineamientos partidarios estrictos.

Quiénes votaron a favor

La votación reflejó una coalición amplia y heterogénea integrada por:
La Libertad Avanza
PRO
UCR
Frente Renovador de la Concordia (Misiones)
Bloques provinciales de Neuquén, Salta y Chubut
Peronismo federal o disidente (Provincias Unidas, Córdoba)
En total, 42 senadores levantaron la mano afirmativamente.

El rechazo: peronismo cohesionado y bloques patagónicos

El bloque de Unión por la Patria lideró el rechazo con 30 votos negativos, acompañado por espacios como Convicción Federal, representantes santacruceños y otros senadores provinciales.

Figuras como José Mayans, Juliana Di Tullio, Eduardo “Wado” de Pedro, Alicia Kirchner y Sergio Uñac encabezaron la resistencia parlamentaria, en línea con el posicionamiento del sindicalismo y la CGT, que durante las últimas semanas movilizó en distintas provincias contra el proyecto.

La votación dejó en evidencia una fractura dentro del universo peronista: mientras la conducción nacional sostuvo una postura unificada en contra, gobernadores con peso territorial optaron por una estrategia de diálogo y acompañamiento parcial al Ejecutivo.

Un triunfo político con impacto federal

Más allá del contenido específico de la reforma, el resultado constituye un triunfo político significativo para Javier Milei. No solo por haber superado la primera instancia legislativa, sino por haber logrado articular una mayoría con actores que no forman parte de su estructura partidaria.

La iniciativa ahora pasa a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo intentará replicar el esquema de alianzas para obtener la sanción definitiva antes del 1° de marzo, dentro del período de sesiones extraordinarias.

El Senado dejó una señal clara: en el nuevo mapa de poder, los gobernadores emergen como árbitros decisivos de la agenda nacional. Y en esta oportunidad, su respaldo fue determinante para que la reforma laboral avance un casillero más en el Congreso.

Con el acompañamiento de la mayoría de los gobernadores “dialoguistas”, el Senado aprobó en general la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo. El texto introduce cambios estructurales en la Ley de Contrato de Trabajo, limita el derecho de huelga, modifica el régimen indemnizatorio y otorga prevalencia a los convenios por empresa. La discusión se traslada ahora a la Cámara de Diputados.

Tras 14 horas de debate, el Senado de la Nación aprobó en la madrugada de este jueves el proyecto de reforma laboral promovido por el presidente Javier Milei. La votación en general arrojó 42 votos afirmativos y 30 negativos, con el respaldo decisivo de los bloques alineados con gobernadores provinciales. El dato que atravesó la jornada —y que encendió críticas en la oposición— fue que el texto definitivo llegó a manos de los senadores minutos después de la votación, en un trámite que dejó interrogantes sobre la lectura fina de las modificaciones incorporadas a último momento.

La Libertad Avanza reunió sus 21 votos y sumó el acompañamiento de la Unión Cívica Radical, el PRO, Provincias Unidas y bloques provinciales vinculados a mandatarios locales. Con excepción del santacruceño Claudio Vidal, los gobernadores considerados “dialoguistas” aportaron respaldo político a la iniciativa. El interbloque peronista, en tanto, se mantuvo cohesionado y votó en contra, junto a dos representantes de Santa Cruz.

Un rediseño estructural del esquema laboral

Bajo el nombre de “Modernización Laboral”, el proyecto introduce modificaciones profundas en la Ley de Contrato de Trabajo y en normas complementarias. El oficialismo lo presenta como una herramienta para promover empleo registrado y reducir litigiosidad. Para el sindicalismo y sectores de la oposición, en cambio, se trata de un cambio de paradigma que debilita la negociación colectiva y altera pilares históricos del modelo laboral argentino.

Uno de los ejes más controvertidos es la regulación del derecho de huelga. La iniciativa establece porcentajes mínimos de funcionamiento del 75% en servicios esenciales y del 50% en actividades consideradas trascendentales, ampliando el universo alcanzado. Además, fija nuevas condiciones para asambleas y medidas de fuerza. Para las centrales obreras, estos mecanismos implican en los hechos una restricción severa de la protesta sindical.

En este sentido, la norma otorga prevalencia al convenio por empresa por sobre los convenios de actividad y limita la ultraactividad de los acuerdos colectivos. Al vencerse un convenio, las cláusulas extraordinarias tendrán un año para renegociarse. En términos prácticos, la arquitectura de la negociación colectiva se desplaza hacia ámbitos más fragmentados, con menor capacidad de presión sectorial.

Indemnizaciones, fondo de capitalización y banco de horas

El capítulo indemnizatorio también introduce un giro significativo. La base de cálculo excluye conceptos no mensuales como aguinaldo o vacaciones y fija un tope de hasta tres salarios promedio del convenio aplicable. La indemnización pasa a definirse como la única reparación frente al despido sin causa, un reclamo histórico del empresariado orientado a reducir contingencias judiciales.

En ese aspecto se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema de capitalización con aportes patronales obligatorios —1% para grandes empresas y 2,5% para pymes— destinado a cubrir obligaciones por desvinculación. Administrado bajo supervisión de la Comisión Nacional de Valores, el esquema modifica la lógica tradicional de financiamiento de despidos y abre un debate sobre el traslado de riesgos desde el empleador hacia mecanismos de ahorro previo.

La reforma incorpora además el denominado “banco de horas”, que permite compensar extensiones de jornada con francos en lugar de abonar horas extras, siempre bajo acuerdo escrito. La jornada diaria podrá ampliarse hasta 12 horas respetando descansos mínimos, y se habilitan contratos a tiempo parcial por debajo de la jornada legal. Para el oficialismo, se trata de herramientas de flexibilidad adaptadas a nuevas dinámicas productivas; para sus detractores, una puerta a la extensión de la disponibilidad laboral.

Cambios en licencias, estatutos y estructura sindical

En materia de enfermedades no laborales, el texto distingue entre dolencias derivadas de conductas voluntarias y aquellas ajenas a decisiones del trabajador, reduciendo en ciertos supuestos el porcentaje salarial a percibir. También se fijan topes en honorarios judiciales y se equiparan acuerdos homologados a sentencia firme, con el objetivo declarado de acotar la litigiosidad.

El proyecto deroga estatutos profesionales históricos —entre ellos el del periodista— y establece un plazo de transición para su eliminación. Asimismo, mantiene el aporte patronal del 6% a obras sociales y fija un tope del 2% para cuotas sindicales compulsivas por un período determinado, además de un 0,5% para cámaras empresarias.

En la antesala del debate, el Ejecutivo cedió ante reclamos provinciales y retiró la propuesta de rebaja del impuesto a las Ganancias para sociedades que afectaba la coparticipación. También incorporó modificaciones solicitadas por bloques aliados, en un delicado equilibrio entre disciplina fiscal y sostenimiento político.

Una discusión que recién comienza

El oficialismo celebró la media sanción como un paso decisivo en su programa de reformas estructurales. Sin embargo, la iniciativa enfrenta un escenario complejo en Diputados, donde los números son más ajustados y la presión sindical anticipa un clima de alta conflictividad.

Más allá de los ajustes técnicos incorporados en el trámite legislativo, la reforma abre un debate de fondo: si el nuevo esquema laboral favorecerá la creación de empleo formal o si, por el contrario, implicará un corrimiento de derechos consolidados durante décadas. En ese dilema se juega no solo la arquitectura jurídica del trabajo, sino también el modelo de relaciones laborales que definirá la Argentina de los próximos años.

Convocadas por la CGT y las dos CTA, columnas gremiales, sociales y políticas se movilizaron en el centro sanjuanino en simultáneo con el debate en el Senado. El acto central frente a la Catedral dejó un mensaje unificado de rechazo a una iniciativa que, sostienen, “vulnera derechos históricos” y pone en riesgo el modelo laboral vigente.

Mientras en el Senado de la Nación se debatía la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, en San Juan las calles del microcentro se transformaron en escenario de una contundente demostración sindical. Miles de personas marcharon desde la sede de la CGT hasta la Plaza 25 de Mayo para expresar un rechazo “rotundo y categórico” al proyecto que redefine el esquema de relaciones laborales en el país.

La movilización comenzó pasadas las 18 en la intersección de España y Mitre. Desde allí, las columnas avanzaron hacia avenida Ignacio de la Roza, continuaron por Mendoza y rodearon la plaza principal hasta confluir en las escalinatas de la Catedral, donde se realizó el acto central.

La desconcentración se produjo sin incidentes y bajo un operativo policial preventivo. A diferencia de lo ocurrido en las inmediaciones del Congreso, donde se aplicó el protocolo antipiquetes y hubo detenidos, en la capital sanjuanina la jornada transcurrió sin altercados.

Unidad sindical y respaldo político

La imagen dominante fue la de cohesión. La CGT y las dos vertientes de la CTA encabezaron la marcha acompañadas por una amplia nómina de gremios: UOM, LUZ Y FUERZA, ASIJEMIN, ADICUS, Estaciones de Servico, UDA, ATSA, UPCN, UTA, Camioneros, SIDUNSJ, STOTAC, AOMA, UOCRA entre otros. También participaron organizaciones sociales, agrupaciones políticas y referentes del justicialismo provincial.

Al frente de la columna se desplegó una bandera argentina de más de diez metros, seguida por estandartes sindicales y pancartas con consignas contra la reforma. Bombos, pirotecnia y cánticos marcaron el pulso de una protesta que combinó liturgia sindical y mensaje político.

Sonaron la Marcha Peronista y “La Marcha de la Bronca”, en un clima que osciló entre la mística histórica del movimiento obrero y el malestar frente a las reformas estructurales promovidas por la Casa Rosada.

El secretario general de la CGT San Juan, Eduardo Cabello, sostuvo que la movilización refleja un cambio en el humor social. “La gente está entendiendo que esta mentira que nos dijeron, que iba a haber un cambio y una modernización, no era cierto. Los que ya tenemos algunos años no la creemos”, afirmó. Y agregó: “Esta reforma laboral nunca va a ser beneficiosa para los trabajadores. Estamos mostrando la fuerza del sindicalismo y llevando aliento para que sepan que sus instituciones los van a seguir defendiendo”.

“No es modernización, es precarización”

El documento conjunto fue leído en las escalinatas de la Catedral por el secretario general de APUNSJ, Daniel Durán, quien definió el proyecto como un retroceso histórico. “El Gobierno intenta disfrazar la reforma bajo la palabra modernización. Pero una modernización no implica quitar derechos adquiridos ni debilitar derechos colectivos e individuales”, expresó ante la multitud.

El grmialista fue más allá al advertir que la iniciativa impactará no solo en las condiciones laborales sino también en la estructura productiva y financiera de las provincias. “Esto no es modernización, es precarización. Es volver al siglo XIX”, sostuvo. Desde las centrales obreras también se cuestionó el eventual efecto sobre la coparticipación y el financiamiento de áreas sensibles como obra pública, educación, jubilaciones docentes y seguridad.

El documento incluyó además un señalamiento político directo: se responsabilizó al Gobierno provincial, a los legisladores nacionales por San Juan y a sus aliados por las consecuencias sociales que, a juicio del sindicalismo, acarreará la aprobación de la norma.

Una disputa que excede lo laboral

La protesta sanjuanina se inscribe en un escenario nacional atravesado por la tensión entre el Ejecutivo y el movimiento obrero organizado. La reforma laboral —que obtuvo media sanción en el Senado— introduce cambios en indemnizaciones, negociación colectiva, derecho de huelga y estatutos profesionales, entre otros puntos sensibles. Para el oficialismo, se trata de una actualización necesaria para generar empleo y reducir litigiosidad; para las centrales obreras, implica un debilitamiento estructural del modelo sindical argentino.

En San Juan, el mensaje fue inequívoco: el sindicalismo local se declaró en estado de alerta y movilización permanente a la espera de la discusión en Diputados. La masividad de la convocatoria y la amplitud del arco gremial presente exhibieron una capacidad de articulación que trasciende a un sector específico y proyecta la disputa hacia el plano político.

La jornada concluyó sin disturbios, pero con un posicionamiento claro. “Los trabajadores no somos variables de ajuste”, afirmó el documento final. En esa consigna se condensó el sentido de la movilización: una advertencia frente a un cambio normativo que, para una parte sustantiva del mundo del trabajo, redefine no solo reglas contractuales, sino también el equilibrio de poder en las relaciones laborales argentinas.