La CGT blanquea un déficit en obras sociales
La CGT expuso ayer una aparente crisis financiera de las obras sociales luego de meses de negociar de manera infructuosa con el Gobierno nacional por una compensación que, aunque plasmada en el Presupuesto, no se cristalizó todavía. El encargado de dejar en evidencia el malestar fue José Luis Lingeri, del gremio de Obras Sanitarias y encargado de la secretaría de Acción Social de la central obrera. En un documento que difundió hizo saber que entre ingresos por recaudación y gastos proyectados, en particular por servicios a discapacitados, el «sistema solidario» de salud de las prestadoras gremiales alcanzará un déficit a fin de año de 132.610 millones de pesos.
El documento no hizo más que dejar asentado por escrito un quebranto creciente que los gremios con mayor número de afiliados en sus obras sociales denuncian desde hace años, producto de una suba exponencial de los gastos en rubros no estrictamente sanitarios como los de educación y transporte para afiliados discapacitados. Esa tendencia, presente en una negociación que la CGT inició en 2021 con Alberto Fernández, derivó en sucesivas promesas del Presidente primero, y de sus equipos económicos después, desde el año pasado con Sergio Massa a la cabeza, de reembolsos a cargo del Tesoro nacional para compensar las pérdidas.
De aquellos compromisos sólo hubo reparaciones puntuales a cargo del Tesoro nacional y la garantía, supuestamente enunciada por Massa, de que este año los reembolsos se harían de manera automática tras haber volcado al Presupuesto una reserva de fondos por alrededor de 138 mil millones de pesos. De aquel fondo, que el Gobierno propuso reforzar con una norma que haría su ejecución más automática y favorable a las obras sociales sindicales pero que fue bloqueada por el oposición en el Congreso, no hubo en lo que va del año los desembolsos prometidos.
El texto distribuido por la CGT despliega un mapa de las 288 obras sociales nacionales inscriptas que destaca una cobertura de salud para 14.244.066 personas, de las cuales 12 millones pertenecen al régimen general, 2 millones al monotributo y otras 255 mil provienen del estatuto para personal de casas particulares. Tras destacar que los aportes y contribuciones al sistema de seguridad social de cada trabajador no alcanzan en promedio a cubrir el costo del Programa Médico Obligatorio, el documento avanza sobre lo que es, a criterio de la central, el mayor problema: el financiamiento de sus afiliados discapacitados.
En esa línea señala que mientras en 2016 esos servicios representaban el 22% del Fondo Solidario de Redsitribución (FSR, el instrumento central de recursos que aportan las obras sociales y que administra el Estado) en la actualidad esa proporción subió al 75 por ciento. A continuación apunta que esa mayoría de presupuesto se dedica a 99.843 personas registradas como discapacitadas. Y que el 47% de los gastos totales «corresponde a educación y transporte, prestaciones no ligadas a situaciones sanitarias de manera directa».
«En otras palabras, el 0,7 % de los beneficiarios del sistema consume el 75% de los recursos del FSR», responsabiliza el estudio, en una lectura al menos sesgada: el espíritu con el que fue ideado el seguro de salud apunta a direccionar los recursos que apota una mayoría para sustentar las prestaciones médicas de una minoría. Al final la CGT reclama la definición de «una canasta básica de servicios» diferente del PMO para reducir el impacto en las cuentas de las obras sociales así como «la creación de un fondo especial que financie los medicamentos de altísimo costo» y de una agencia evaluadora de las prestaciones y remedios que deberán efectivamente brindar más allá de amparos judiciales que afectan al sistema. Y, esencialmente, crear «un fondo específico para financiar educación y transporte de personas con discapacidad».
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El IPV completó la entrega de 442 escrituras en toda la provincia
Un total de 442 familias sanjuaninas avanzaron en la consolidación legal de sus viviendas con la entrega de las escrituras correspondientes a casas adjudicadas por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). El acto fue encabezado por el gobernador Marcelo Orrego y comprendió a beneficiarios de 15 departamentos, tanto del Gran San Juan como del interior provincial.
La documentación permite formalizar la titularidad de los inmuebles y brinda respaldo jurídico a quienes completaron los requisitos de adjudicación. Durante la entrega, Orrego subrayó la diferencia entre disponer de una vivienda y contar con el título que acredita legalmente su propiedad.
“Una cosa es tener una casa y otra es tener la escritura que les dé la certeza de que esa propiedad es suya”, afirmó el mandatario, quien también señaló que el Gobierno continuará trabajando para responder a las familias que todavía esperan completar el trámite.
Rawson concentró la mayor cantidad de escrituras
La distribución tuvo una fuerte concentración en cuatro departamentos. Rawson recibió 105 escrituras; Chimbas, 69; Rivadavia, 64; y Pocito, 52. En conjunto, esas jurisdicciones reunieron 290 documentos, equivalentes al 65,6% del total entregado.
El resto se distribuyó entre Capital, con 36 escrituras; Sarmiento, con 33; Santa Lucía, con 21; Zonda, con 17; Albardón, con 12; Caucete, con 11; 25 de Mayo, con siete; San Martín, con seis; Ullum, con cinco; y Angaco y 9 de Julio, con dos cada uno.
El acto contó con la participación de autoridades del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, del que depende la política provincial de vivienda.
El título de propiedad, un paso decisivo
La escritura constituye el instrumento legal que acredita la titularidad del inmueble y completa una etapa fundamental para las familias que accedieron a una casa mediante el IPV. Además de aportar seguridad jurídica, permite gestionar distintos trámites vinculados con la propiedad y facilita su transmisión hereditaria.
La entrega de estos documentos también marca la diferencia entre la adjudicación de una vivienda y la formalización plena de su titularidad. Para las familias beneficiarias, contar con la escritura representa la consolidación de un patrimonio y una herramienta para proyectar mejoras y preservar legalmente la propiedad a futuro.
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ANSES pagará el aguinaldo en diciembre y algunos jubilados tendrán un concepto diferenciado
La liquidación del aguinaldo de diciembre incluirá una particularidad para algunos jubilados y pensionados de la ANSES: en sus recibos podrá figurar el concepto “Aguinaldo Reparación Histórica”, vinculado con los reajustes previsionales reconocidos mediante el programa creado por la Ley 27.260.
La denominación puede generar expectativas sobre un ingreso adicional, pero no implica la creación de un bono ni de una prestación extraordinaria. Se trata de la parte del Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente al reajuste incorporado al haber de quienes están alcanzados por ese régimen.
La Reparación Histórica fue establecida en 2016 para actualizar determinadas jubilaciones y pensiones y reconocer deudas previsionales del Estado. El mecanismo contempló acuerdos con beneficiarios que habían iniciado juicios por sus haberes y también con quienes no habían acudido a la Justicia.
Por eso, el concepto no aparecerá en todas las liquidaciones. Corresponde a quienes tienen incorporado el reajuste previsto por el programa, mientras que el resto de los jubilados y pensionados percibirá el aguinaldo habitual, de acuerdo con las reglas generales de liquidación.
El monto no es uniforme: depende del haber de cada titular y de los componentes previsionales que integran su remuneración. Como regla general, la segunda cuota del aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada durante el semestre, con los ajustes que correspondan según cada prestación.
Cómo consultar el recibo en Mi ANSES
Los beneficiarios podrán verificar su liquidación cuando esté disponible en los canales oficiales. Para hacerlo, deberán ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social, acceder a la sección “Jubilaciones y Pensiones” y consultar el recibo de haberes de diciembre.
Allí podrán revisar los conceptos liquidados e identificar, si corresponde, el ítem “Aguinaldo Reparación Histórica”. La presencia de esa denominación permite distinguir la parte del SAC asociada al reajuste, pero no significa que se haya otorgado un beneficio adicional a todos los titulares.
La consulta del recibo será clave para conocer el importe individual, ya que no existe una suma fija aplicable al conjunto de los beneficiarios. El pago de diciembre combinará así el aguinaldo correspondiente al segundo semestre con los componentes que integren cada haber previsional.
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Sanidad acordó aumentos hasta enero y desactivó el paro nacional
La Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) acordó una actualización salarial hasta enero de 2027 y dejó sin efecto el paro nacional de 24 horas que estaba previsto para este martes 20 de octubre en clínicas, sanatorios y otros establecimientos privados de salud.
El entendimiento, anunciado tras negociaciones con las cámaras empresarias, contempla cinco tramos de incrementos y el pago de asignaciones no remunerativas. La negociación se destrabó luego de que el gremio denunciara que las escalas habían permanecido vencidas durante 45 días.
El cronograma establece aumentos del 2% en septiembre, 1,8% en octubre, 2,84% en noviembre, 1,8% en diciembre y 2,70% en enero de 2027. La suma aritmética de los porcentajes es del 11,14%, aunque la variación acumulada efectiva dependerá de las bases de cálculo previstas en las escalas acordadas.
A esos incrementos se agregan sumas no remunerativas mensuales de $80.000 en septiembre y octubre, $70.000 en noviembre y diciembre y $60.000 en enero. Además, se incorporarán $10.000 de esos adicionales al salario básico en noviembre y otros $10.000 en enero, modificando progresivamente la composición de las remuneraciones.
El acuerdo también fijó pagos por el Día de la Sanidad de $70.240,60 para el convenio colectivo 108/75 y $70.299 para el 459/06.
La actualización alcanza a los trabajadores comprendidos en los convenios 108/75, que incluye institutos médicos, laboratorios, consultorios y clínicas sin internación; 122/75, correspondiente a sanatorios, clínicas, geriátricos y establecimientos neuropsiquiátricos; y 459/06, vinculado con emergencias médicas, atención domiciliaria y traslados.
La negociación había avanzado bajo la amenaza de una huelga nacional. ATSA cuestionó la demora de las patronales para actualizar los salarios y advirtió que los ingresos perdían capacidad de compra frente al encarecimiento de servicios, transporte y combustible. “Los establecimientos están llenos y los bolsillos de los trabajadores vacíos”, sostuvo el gremio al anunciar la medida de fuerza.
Con el acuerdo, las partes evitaron una interrupción de las prestaciones en establecimientos privados, aunque la evolución de los precios seguirá condicionando el resultado de la paritaria. Si bien la actualización asegura aumentos nominales hasta enero, su impacto real en el poder adquisitivo estará supeditado a la evolución de la inflación durante ese período.
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