Lejos de tratarse de una etapa transitoria, el programa de privatizaciones que impulsa el presidente Javier Milei se proyecta más allá de 2026 y alcanza a empresas consideradas estratégicas. La necesidad de reforzar reservas y reducir el gasto público se impone como eje central del modelo libertario, aun a costa de resignar herramientas clave de soberanía económica y control estatal.

La hoja de ruta oficial contempla avanzar con la venta o concesión de firmas que históricamente cumplieron un rol estratégico para el funcionamiento del Estado y la economía. Entre las compañías ya incluidas en el esquema de desestatización figuran la Administración de Infraestructura Ferroviaria, la Administración General de Puertos, Contenidos Públicos, Edu.Ar y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

A ese conjunto se suman Fabricaciones Militares, la Operadora Ferroviaria, Radio y Televisión Argentina (RTA), la Casa de Moneda y la agencia nacional de noticias Télam, cuya continuidad como empresa estatal también aparece severamente comprometida. En todos los casos, la lógica oficial apunta a transferir al sector privado funciones que hasta ahora permanecían bajo control público.

La ofensiva privatizadora incluye además compañías de gran peso económico y social. Entre ellas se destacan Transener, responsable del sistema de transporte eléctrico de alta tensión; las represas hidroeléctricas, claves para la matriz energética nacional; y AySA, la empresa que provee agua potable y servicios cloacales al Área Metropolitana de Buenos Aires, uno de los conglomerados urbanos más grandes de América Latina.

El cambio societario como paso previo

Como parte de esta estrategia, el Gobierno completó el proceso de transformación de las Sociedades del Estado (SE) en Sociedades Anónimas (SA), un paso técnico pero determinante para facilitar futuras privatizaciones. La última conversión se formalizó esta semana con la inscripción en el Registro Público de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, que pasó a denominarse Ferrocarriles Argentinos Sociedad Anónima Unipersonal (SAU).

La medida se apoya en el artículo 8 del Decreto de Necesidad y Urgencia N.º 70/2023, mediante el cual el Poder Ejecutivo dispuso que todas las empresas con participación estatal —sin importar su forma jurídica— se transformen en sociedades anónimas y queden sujetas a la Ley General de Sociedades N.º 19.550. El objetivo declarado es eliminar prerrogativas públicas y equiparar su funcionamiento al de cualquier firma privada, allanando el camino para su eventual venta.

Energía y transporte, en el centro del plan

La prioridad del Gobierno está puesta especialmente en los sectores de energía y transporte, considerados estratégicos tanto por su impacto fiscal como por su potencial atractivo para inversores privados. En ese marco, aparecen Corredores Viales, que administra unos 9.000 kilómetros de rutas nacionales; Enarsa, la empresa estatal de energía; Intercargo, prestadora de servicios aeroportuarios que ya despertó el interés de capitales franceses; y la Vía Navegable Troncal, más conocida como la Hidrovía, eje central del comercio exterior argentino.

Detrás de esta avanzada se destaca el rol del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien se convirtió en una pieza clave del engranaje libertario. Desde su cartera, impulsa una estrategia orientada a desarticular la infraestructura logística estatal y transferirla al sector privado, bajo la premisa de eficiencia, competencia y reducción del gasto público.

La continuidad del programa privatizador más allá de 2026 confirma que no se trata de una política coyuntural, sino de un cambio estructural en la concepción del Estado. Para el Gobierno de Javier Milei, la reducción del sector público y la obtención de recursos frescos prevalecen sobre cualquier consideración vinculada a la soberanía económica o al carácter estratégico de las empresas involucradas.

El debate de fondo, cada vez más visible, gira en torno a qué Estado quedará en pie tras este proceso y cuáles serán los costos sociales, productivos y políticos de una desestatización sin precedentes en las últimas décadas.

El Senado dio media sanción en general al Presupuesto 2026 impulsado por el Gobierno nacional. Sin embargo, la oposición anticipa una fuerte disputa en la votación en particular de artículos clave vinculados al financiamiento educativo, universitario y científico, que podrían comprometer la aprobación definitiva del texto.

En un clima de alta tirantez política y con el debate por el financiamiento educativo como telón de fondo, el Senado de la Nación aprobó en general el proyecto de ley del Presupuesto 2026. La iniciativa obtuvo 46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención, permitiendo al Gobierno del presidente Javier Milei avanzar con la denominada “ley de leyes” por primera vez en sus dos años de gestión.

El respaldo fue posible gracias al acompañamiento no solo del oficialismo, sino también de bloques de la Unión Cívica Radical, el PRO, un sector del peronismo referenciado en Convicción Federal y senadores alineados con distintos gobernadores o que actúan con independencia en la Cámara alta.

Tras la aprobación en general, el Senado comenzó el tratamiento por capítulos, instancia que concentra ahora el principal foco de conflicto. La oposición insiste en que determinados artículos se voten en particular, especialmente aquellos que afectan el financiamiento de la educación, la ciencia y áreas estratégicas del Estado.

Los artículos en disputa

El núcleo del debate se concentra en el artículo 12 y el artículo 30, incluidos en el Capítulo 2 del Presupuesto, que fue aprobado con 42 votos afirmativos, 28 negativos y dos abstenciones.
El artículo 12 establece que las universidades nacionales contarán con recursos por 4,8 billones de pesos, aunque introduce condiciones y requisitos para que las casas de estudio puedan acceder efectivamente a esos fondos, un punto que genera preocupación en el sistema universitario.

Más controvertido aún es el artículo 30, que propone derogar normas clave del esquema de financiamiento educativo vigente. Entre ellas, elimina el mandato de destinar el 6% del PBI a educación, frena el aumento progresivo del presupuesto de Ciencia y Técnica —que preveía alcanzar el 1% del PBI en 2032— y suprime el piso del 0,2% del gasto educativo para escuelas técnicas.

Desde el inicio del debate, La Libertad Avanza logró imponer, junto a sus aliados, un criterio de votación que evitó discutir estos puntos durante la sesión en general, trasladando la controversia al tratamiento en particular. Esa estrategia fue aprobada por 39 votos contra 33, aunque dejó expuestas fisuras entre los aliados: tres senadores radicales y dos representantes de Santa Cruz rechazaron el mecanismo por su desacuerdo con el recorte de los pisos de financiamiento educativo.

Posicionamientos políticos

El bloque Justicialista, encabezado por José Mayans y alineado con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, rechazó de manera unánime el Presupuesto. Desde ese espacio cuestionaron el ajuste implícito en áreas sensibles y recordaron que en Diputados ya había sido eliminado el Capítulo 11, que contemplaba la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario.

Para la oposición, la discusión excede lo presupuestario y se inscribe en un debate más profundo sobre el rol del Estado en la garantía del derecho a la educación y el desarrollo científico.

Escenario abierto y próximos pasos

La votación en particular de los artículos más controvertidos mantiene en vilo al oficialismo. En caso de que el Senado introduzca modificaciones al texto, el Gobierno ya analiza convocar a una sesión especial en la Cámara de Diputados el próximo martes 6 de enero, con el objetivo de cerrar el trámite legislativo.

Mientras tanto, el Presupuesto 2026 avanza, pero lo hace atravesado por una disputa central: el alcance del ajuste en educación, ciencia y universidades, áreas que se consolidan como uno de los principales frentes de resistencia política y social frente al rumbo económico del Ejecutivo.

Con la oficialización de tres días no laborables con fines turísticos, el Ejecutivo busca impulsar el turismo interno y generar fines de semana extralargos en un año atravesado por la recesión y la caída del consumo.

El Gobierno nacional oficializó el calendario definitivo de feriados y días no laborables para 2026, incorporando tres “puentes turísticos” que darán lugar a fines de semana extralargos de cuatro días consecutivos. La medida quedó formalizada a través de la Resolución 164/2025, publicada en el Boletín Oficial.

Los días no laborables adicionales serán el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre. Según el Ejecutivo, el objetivo es fomentar el turismo interno, facilitar la planificación de actividades recreativas y dinamizar sectores clave como la hotelería, la gastronomía y el transporte.

Se trata de una herramienta ya utilizada en años anteriores, que apunta a compensar la estacionalidad del turismo y a generar movimiento económico en contextos de bajo consumo.

Diferencias entre sector público y privado

Los días no laborables con fines turísticos se suman a los feriados establecidos por la Ley N.º 27.399. En el sector privado, su otorgamiento queda a criterio del empleador, mientras que en la administración pública nacional suelen adoptarse como días de descanso efectivo.

Esta diferencia vuelve a poner en discusión la heterogeneidad de derechos según el sector de actividad, en un escenario laboral marcado por la precarización y la pérdida de poder adquisitivo.

Calendario completo de feriados y días no laborables 2026

Enero
Jueves 1: Año Nuevo (feriado inamovible).
Febrero
Lunes 16 y martes 17: Carnaval (feriados inamovibles).
Marzo
Lunes 23: Día no laborable con fines turísticos.
Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).
Abril
Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).
Viernes 3: Viernes Santo (feriado inamovible).
Mayo
Viernes 1: Día del Trabajador (feriado inamovible).
Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).
Junio
Lunes 15: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable).
Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (feriado inamovible).
Julio
Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible).
Viernes 10: Día no laborable con fines turísticos.
Agosto
Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (feriado trasladable, sin modificación).
Octubre
Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable, sin cambios).
Noviembre
Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del viernes 20 para generar fin de semana largo).
Diciembre
Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos.
Martes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).
Viernes 25: Navidad (feriado inamovible).

Turismo como paliativo económico

La confirmación de los “puentes” turísticos llega en un contexto económico complejo, con caída del salario real y retracción del consumo. Si bien estas medidas generan alivio en economías regionales vinculadas al turismo, también exponen la dependencia de políticas de corto plazo para sostener sectores afectados por la recesión.

El calendario 2026 ofrece previsibilidad para trabajadores y empresas, pero deja abierta una discusión de fondo: hasta qué punto los fines de semana largos pueden compensar un escenario de pérdida de ingresos y deterioro del empleo.