
La CGT blanquea un déficit en obras sociales
La CGT expuso ayer una aparente crisis financiera de las obras sociales luego de meses de negociar de manera infructuosa con el Gobierno nacional por una compensación que, aunque plasmada en el Presupuesto, no se cristalizó todavía. El encargado de dejar en evidencia el malestar fue José Luis Lingeri, del gremio de Obras Sanitarias y encargado de la secretaría de Acción Social de la central obrera. En un documento que difundió hizo saber que entre ingresos por recaudación y gastos proyectados, en particular por servicios a discapacitados, el «sistema solidario» de salud de las prestadoras gremiales alcanzará un déficit a fin de año de 132.610 millones de pesos.
El documento no hizo más que dejar asentado por escrito un quebranto creciente que los gremios con mayor número de afiliados en sus obras sociales denuncian desde hace años, producto de una suba exponencial de los gastos en rubros no estrictamente sanitarios como los de educación y transporte para afiliados discapacitados. Esa tendencia, presente en una negociación que la CGT inició en 2021 con Alberto Fernández, derivó en sucesivas promesas del Presidente primero, y de sus equipos económicos después, desde el año pasado con Sergio Massa a la cabeza, de reembolsos a cargo del Tesoro nacional para compensar las pérdidas.
De aquellos compromisos sólo hubo reparaciones puntuales a cargo del Tesoro nacional y la garantía, supuestamente enunciada por Massa, de que este año los reembolsos se harían de manera automática tras haber volcado al Presupuesto una reserva de fondos por alrededor de 138 mil millones de pesos. De aquel fondo, que el Gobierno propuso reforzar con una norma que haría su ejecución más automática y favorable a las obras sociales sindicales pero que fue bloqueada por el oposición en el Congreso, no hubo en lo que va del año los desembolsos prometidos.
El texto distribuido por la CGT despliega un mapa de las 288 obras sociales nacionales inscriptas que destaca una cobertura de salud para 14.244.066 personas, de las cuales 12 millones pertenecen al régimen general, 2 millones al monotributo y otras 255 mil provienen del estatuto para personal de casas particulares. Tras destacar que los aportes y contribuciones al sistema de seguridad social de cada trabajador no alcanzan en promedio a cubrir el costo del Programa Médico Obligatorio, el documento avanza sobre lo que es, a criterio de la central, el mayor problema: el financiamiento de sus afiliados discapacitados.
En esa línea señala que mientras en 2016 esos servicios representaban el 22% del Fondo Solidario de Redsitribución (FSR, el instrumento central de recursos que aportan las obras sociales y que administra el Estado) en la actualidad esa proporción subió al 75 por ciento. A continuación apunta que esa mayoría de presupuesto se dedica a 99.843 personas registradas como discapacitadas. Y que el 47% de los gastos totales «corresponde a educación y transporte, prestaciones no ligadas a situaciones sanitarias de manera directa».
«En otras palabras, el 0,7 % de los beneficiarios del sistema consume el 75% de los recursos del FSR», responsabiliza el estudio, en una lectura al menos sesgada: el espíritu con el que fue ideado el seguro de salud apunta a direccionar los recursos que apota una mayoría para sustentar las prestaciones médicas de una minoría. Al final la CGT reclama la definición de «una canasta básica de servicios» diferente del PMO para reducir el impacto en las cuentas de las obras sociales así como «la creación de un fondo especial que financie los medicamentos de altísimo costo» y de una agencia evaluadora de las prestaciones y remedios que deberán efectivamente brindar más allá de amparos judiciales que afectan al sistema. Y, esencialmente, crear «un fondo específico para financiar educación y transporte de personas con discapacidad».
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“Equilibrio fiscal o nada”: Milei endureció su mensaje y anunció más ajuste en 2026

En cadena nacional grabada desde la Casa Rosada, el presidente Javier Milei anunció este lunes el envío del Presupuesto 2026 al Congreso, que según adelantó contempla “el menor nivel de gasto público de los últimos 30 años”. El mandatario defendió nuevamente el equilibrio fiscal como “piedra angular” de su plan económico y aseguró que “lo peor del ajuste ya pasó”.
El proyecto de presupuesto incluye aumentos en jubilaciones, educación y pensiones por discapacidad. Sin embargo, Milei no precisó qué partidas serán reducidas para alcanzar la meta de recorte del gasto, un punto central de su programa económico.
“El equilibrio fiscal es un principio no negociable. Si no terminamos el proceso de cambio que hemos emprendido, habremos tirado a la basura todo este esfuerzo. No aflojemos, hagamos que todo valga la pena”, subrayó el Presidente.
En un tono enfático, el jefe de Estado insistió en que el orden fiscal es condición indispensable para el crecimiento: “El futuro de la Argentina depende de una sola cosa: que el pueblo y la política se comprometan con el equilibrio de las cuentas públicas. El Presupuesto no es un mero proyecto de ley, es la ratificación de nuestro compromiso inquebrantable con sacar el país adelante”.
Milei apeló además a la paciencia social, comparando el proceso de ajuste con un proyecto de largo plazo: “En veinte años estaremos entre los países más ricos del mundo. Roma no se construyó en un día”.
El mensaje llega en un clima político marcado por la reciente derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, los vetos presidenciales a leyes que recomponían partidas en salud y universidades, y la presión por mostrar señales concretas de consolidación fiscal.
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La CGT se suma a la marcha del miércoles contra los vetos de Milei

La Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió este lunes sumarse a la movilización prevista para el próximo miércoles frente al Congreso, en rechazo a los vetos presidenciales a la ley de emergencia pediátrica y a la norma de financiamiento universitario. La decisión se tomó luego de una reunión de la mesa chica de la central obrera, en la que participaron más de 20 dirigentes sindicales.
El encuentro estuvo encabezado por referentes de peso como Héctor Daer (Sanidad), Hugo Moyano y Octavio Argüello (Camioneros), Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (Uocra), Armando Cavalieri (Comercio) y Omar Maturano (Trenes), entre otros.
“Hay que prepararse más para el conflicto que para el diálogo”, advirtió Rodríguez al término de la reunión. Y agregó: “Todas las veces que nos quisimos sentar a dialogar con el Gobierno o no nos entendieron o fracasó la instancia”.
La presión para que la CGT adoptara una medida concreta venía creciendo en los últimos días. Desde el hospital Garrahan, trabajadores y representantes gremiales reclamaban un paro general en defensa de la emergencia pediátrica. “Necesitamos que la CGT apoye nuestro reclamo y convoque a parar y movilizar para que la enorme simpatía de los trabajadores y el pueblo sea verdaderamente multitudinaria”, había planteado Norma Lezana, secretaria general de la APyT.
En la misma línea, el camillero Esteban Argañaraz pidió “unidad del movimiento obrero en los reclamos por la educación y la salud”. El llamado se sumó a la voz de los universitarios, que ya habían exigido una movilización nacional en defensa de la educación pública, similar a la realizada meses atrás con amplio respaldo social.
Con este pronunciamiento, la CGT busca consolidar la protesta de este miércoles en un clima político marcado por el enfrentamiento entre el Gobierno y diversos sectores sociales tras la sucesión de vetos presidenciales.
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La industria metalúrgica atraviesa uno de sus peores momentos con caída en la actividad y el empleo

La industria metalúrgica argentina enfrenta una crisis profunda, con una caída del 6,1% en la actividad en agosto comparado con el mismo mes del año pasado. La utilización de la capacidad instalada también experimentó una importante reducción alcanzando niveles similares a los de la pandemia de coronavirus. El presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), Elio Del Re, advirtió que la situación es crítica y requiere políticas activas para fortalecer el sector.
El sector metalúrgico enfrenta un escenario crítico con el paso del tiempo. Durante agosto, la actividad se desplomó un 6,1% en comparación con el mismo mes del año pasado, y un 2,3% con respecto a julio. La utilización de la capacidad instalada también descendió significativamente, alcanzando el 44,8% en agosto, lo que es similar a los niveles de marzo y junio de 2020, durante la pandemia de coronavirus.
La situación es particularmente grave en algunos subsectores estratégicos, como Fundición (-14,4%), Autopartes (-12,6%) y Bienes de Capital (-8,1%). Solo Carrocerías y Remolques mostró un incremento del 6,8%. La cantidad de trabajadores metalúrgicos también se redujo, con una caída del 2,9% interanual en agosto y un 0,5% con respecto a julio.
El presidente de Adimra, Elio Del Re, advirtió que la industria nacional atraviesa niveles productivos muy bajos y que es necesario implementar políticas activas para reactivar el sector. «Necesitamos políticas que reconstituyan el tejido productivo, porque de lo contrario los niveles actuales pondrán en riesgo el empleo», remarcó.
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