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La CGT expuso ayer una aparente crisis financiera de las obras sociales luego de meses de negociar de manera infructuosa con el Gobierno nacional por una compensación que, aunque plasmada en el Presupuesto, no se cristalizó todavía. El encargado de dejar en evidencia el malestar fue José Luis Lingeri, del gremio de Obras Sanitarias y encargado de la secretaría de Acción Social de la central obrera. En un documento que difundió hizo saber que entre ingresos por recaudación y gastos proyectados, en particular por servicios a discapacitados, el «sistema solidario» de salud de las prestadoras gremiales alcanzará un déficit a fin de año de 132.610 millones de pesos.

El documento no hizo más que dejar asentado por escrito un quebranto creciente que los gremios con mayor número de afiliados en sus obras sociales denuncian desde hace años, producto de una suba exponencial de los gastos en rubros no estrictamente sanitarios como los de educación y transporte para afiliados discapacitados. Esa tendencia, presente en una negociación que la CGT inició en 2021 con Alberto Fernández, derivó en sucesivas promesas del Presidente primero, y de sus equipos económicos después, desde el año pasado con Sergio Massa a la cabeza, de reembolsos a cargo del Tesoro nacional para compensar las pérdidas.

De aquellos compromisos sólo hubo reparaciones puntuales a cargo del Tesoro nacional y la garantía, supuestamente enunciada por Massa, de que este año los reembolsos se harían de manera automática tras haber volcado al Presupuesto una reserva de fondos por alrededor de 138 mil millones de pesos. De aquel fondo, que el Gobierno propuso reforzar con una norma que haría su ejecución más automática y favorable a las obras sociales sindicales pero que fue bloqueada por el oposición en el Congreso, no hubo en lo que va del año los desembolsos prometidos.

El texto distribuido por la CGT despliega un mapa de las 288 obras sociales nacionales inscriptas que destaca una cobertura de salud para 14.244.066 personas, de las cuales 12 millones pertenecen al régimen general, 2 millones al monotributo y otras 255 mil provienen del estatuto para personal de casas particulares. Tras destacar que los aportes y contribuciones al sistema de seguridad social de cada trabajador no alcanzan en promedio a cubrir el costo del Programa Médico Obligatorio, el documento avanza sobre lo que es, a criterio de la central, el mayor problema: el financiamiento de sus afiliados discapacitados.

En esa línea señala que mientras en 2016 esos servicios representaban el 22% del Fondo Solidario de Redsitribución (FSR, el instrumento central de recursos que aportan las obras sociales y que administra el Estado) en la actualidad esa proporción subió al 75 por ciento. A continuación apunta que esa mayoría de presupuesto se dedica a 99.843 personas registradas como discapacitadas. Y que el 47% de los gastos totales «corresponde a educación y transporte, prestaciones no ligadas a situaciones sanitarias de manera directa».

«En otras palabras, el 0,7 % de los beneficiarios del sistema consume el 75% de los recursos del FSR», responsabiliza el estudio, en una lectura al menos sesgada: el espíritu con el que fue ideado el seguro de salud apunta a direccionar los recursos que apota una mayoría para sustentar las prestaciones médicas de una minoría. Al final la CGT reclama la definición de «una canasta básica de servicios» diferente del PMO para reducir el impacto en las cuentas de las obras sociales así como «la creación de un fondo especial que financie los medicamentos de altísimo costo» y de una agencia evaluadora de las prestaciones y remedios que deberán efectivamente brindar más allá de amparos judiciales que afectan al sistema. Y, esencialmente, crear «un fondo específico para financiar educación y transporte de personas con discapacidad».

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Un fallo laboral obliga al Gobierno a reincorporar trabajadores de PAMI

La Justicia laboral ordenó la reinstalación de trabajadores de PAMI despedidos durante abril por el Gobierno de Javier Milei, tras hacer lugar al reclamo presentado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). La decisión representa un revés para las cesantías y establece que los empleados alcanzados por la medida deberán regresar a sus puestos. El gremio sostuvo que las cesantías incluyeron a representantes sindicales alcanzados por la tutela establecida en la Ley 23.551.

La resolución fue dictada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N.º 77, que concedió la medida cautelar solicitada por el sindicato. Entre los trabajadores despedidos se encontraba Melina Gutiérrez, secretaria general de la Junta Interna de PAMI en Rosario, cuya representación gremial está alcanzada por la tutela sindical prevista en la Ley de Asociaciones Sindicales N.º 23.551.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, atribuyó el resultado a una ofensiva sindical que, según explicó, combinó acciones judiciales con paros y protestas en los lugares de trabajo y en la sede central de la obra social de los jubilados.

“Luchar siempre sirve”, afirmó Aguiar al celebrar el fallo. El dirigente sostuvo que el sindicato decidió desde la primera cesantía disputar las desvinculaciones «en todos los planos» y reivindicó la continuidad de las medidas de fuerza frente a las decisiones del Gobierno.

Aguiar también cuestionó la política de despidos y aseguró que el gremio continuará reclamando ante lo que considera vulneraciones de derechos laborales. Para el gremio, la reincorporación constituye un antecedente relevante frente a futuras cesantías dentro de organismos estatales.

La resolución judicial vuelve a colocar bajo análisis el alcance de los despidos en la administración pública y, particularmente, aquellos que involucran a delegados o dirigentes protegidos por la tutela sindical. En esos casos, la legislación establece garantías especiales para impedir que el ejercicio de la representación gremial derive en una pérdida arbitraria del puesto de trabajo.

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Preocupación en SMATA por el cierre de pequeños talleres y la pérdida de empleos

El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) advirtió por el incremento de despidos y cierres de talleres mecánicos en distintas regiones del país. La mayor preocupación está puesta en los pequeños establecimientos, que afrontan una caída de las ventas, menores ingresos y crecientes dificultades para sostener los costos laborales.

Eduardo Gómez, secretario gremial de la seccional Bahía Blanca, señaló que durante julio 25 trabajadores despedidos se presentaron ante el sindicato para revisar sus liquidaciones. Cerca del 80% pertenecía a concesionarias de la ciudad. Entre los afectados hay mecánicos, administrativos y empleados de las áreas comerciales.

Para el dirigente, esa cifra podría representar apenas una parte del problema, ya que no todos los trabajadores recurren al gremio después de perder su empleo. A la vez, remarcó que las dificultades alcanzan tanto a grandes concesionarias como a talleres independientes, aunque estos últimos cuentan con menos capacidad financiera para absorber una caída prolongada de los ingresos.

Los establecimientos más pequeños suelen funcionar con uno o dos empleados. Cuando la recaudación diaria deja de alcanzar para cubrir salarios y otros costos, algunos propietarios optan por continuar solos y prescindir del personal. El problema se agrava cuando los trabajadores tienen muchos años de antigüedad, debido al elevado costo de las indemnizaciones, que puede convertirse en un factor determinante para el cierre definitivo del negocio.

Gómez vinculó la caída de la demanda con la pérdida del poder adquisitivo. Según explicó, las familias concentran sus ingresos en alimentos y vivienda y postergan gastos vinculados al mantenimiento o adquisición de vehículos. También señaló que los planes de ahorro, que pueden rondar los $500.000 mensuales más cargos administrativos, quedaron fuera del alcance de numerosos trabajadores.

SMATA sostiene que el deterioro comenzó a hacerse visible durante 2025 y se profundizó en las últimas semanas. El gremio mantiene el seguimiento de los despidos y brinda asistencia a los trabajadores afectados, mientras advierte que la contracción de las ventas compromete la continuidad de numerosos emprendimientos pequeños.

La evolución del rubro dependerá en buena medida de la recuperación del consumo y de la capacidad de concesionarias y talleres para sostener sus estructuras de costos. Por ahora, la pérdida de puestos de trabajo y el cierre de establecimientos pequeños aparecen como las principales señales de alerta para el gremio.

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Día del Niño: el comercio sanjuanino apuesta a las promociones para recuperar ventas

Los comercios de San Juan llegan a la Semana del Día del Niño con una oferta amplia de precios y promociones para intentar sostener el consumo familiar. Un relevamiento de la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan ubicó en torno a los $50.000 el ticket promedio previsto para estas jornadas, aunque la variedad de productos permite acceder a regalos desde $10.000 y llegar a valores superiores a los $100.000.

La diferencia de precios refleja una oferta segmentada para distintos presupuestos. Entre las alternativas más económicas aparecen juguetes que pueden conseguirse por hasta $10.000, entre ellos dinosaurios de goma, autitos a fricción, slimes, masas, rompecabezas de 30 piezas y juegos de mesa como ¡Basta!, además de juguetes sorpresa.

En una franja intermedia, los valores se ubican aproximadamente entre $13.000 y $45.000. Allí se concentran figuras de acción, muñecas, muñecos articulados y juguetes interactivos, una de las categorías con mayor variedad dentro de la propuesta comercial.

A partir de los $45.000 comienza una gama de productos de mayor calidad, que puede superar los $70.000. En este segmento aparecen sets de bloques magnéticos, juguetes vinculados con robótica educativa y propuestas interactivas de licencias oficiales.

El segmento premium requiere un desembolso mayor. Bicicletas, monopatines, triciclos y autos a batería superan los $100.000 y concentran algunas de las compras de mayor valor asociadas a la fecha.

Las cuotas como herramienta de venta

Las facilidades de pago tendrán un papel central durante la semana. Según informó la Cámara de Comerciantes Unidos, distintos locales ofrecerán 3 y 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito, una modalidad que permite distribuir el costo de los regalos en un período de varios meses.

También habrá incentivos para quienes opten por cancelar sus compras en efectivo. Dependiendo del comercio y de la promoción vigente, los descuentos podrán alcanzar el 15%.
La combinación entre distintos rangos de precios y formas de financiación busca ampliar el universo de compradores y facilitar el acceso a productos de mayor valor sin concentrar todo el desembolso en una sola operación.

Promociones en el centro

A las ofertas particulares de cada local se sumará la “Liquidación 365 de Temporada”, una propuesta comercial que se desarrollará durante toda la semana en el Centro de San Juan.

La iniciativa apunta a generar mayor circulación de consumidores mediante precios promocionales y descuentos en los comercios adheridos, en una fecha que tradicionalmente concentra una parte relevante de las compras de juguetes, indumentaria, tecnología y otros productos destinados a los más chicos.

El abanico disponible muestra una amplitud considerable entre el regalo más económico y las alternativas de mayor valor. Mientras algunas opciones parten de $10.000, determinados productos superan diez veces ese monto.

Un consumo marcado por el presupuesto familiar

El dato del ticket promedio de $50.000 funciona como referencia para medir el desembolso que los comercios esperan de las familias durante la semana, aunque la dispersión de precios permite construir compras muy diferentes según el poder adquisitivo y el producto elegido.
Las promociones, las cuotas y los descuentos en efectivo aparecen así como herramientas para sostener el movimiento comercial durante una fecha de alta demanda estacional.

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