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La CGT expuso ayer una aparente crisis financiera de las obras sociales luego de meses de negociar de manera infructuosa con el Gobierno nacional por una compensación que, aunque plasmada en el Presupuesto, no se cristalizó todavía. El encargado de dejar en evidencia el malestar fue José Luis Lingeri, del gremio de Obras Sanitarias y encargado de la secretaría de Acción Social de la central obrera. En un documento que difundió hizo saber que entre ingresos por recaudación y gastos proyectados, en particular por servicios a discapacitados, el «sistema solidario» de salud de las prestadoras gremiales alcanzará un déficit a fin de año de 132.610 millones de pesos.

El documento no hizo más que dejar asentado por escrito un quebranto creciente que los gremios con mayor número de afiliados en sus obras sociales denuncian desde hace años, producto de una suba exponencial de los gastos en rubros no estrictamente sanitarios como los de educación y transporte para afiliados discapacitados. Esa tendencia, presente en una negociación que la CGT inició en 2021 con Alberto Fernández, derivó en sucesivas promesas del Presidente primero, y de sus equipos económicos después, desde el año pasado con Sergio Massa a la cabeza, de reembolsos a cargo del Tesoro nacional para compensar las pérdidas.

De aquellos compromisos sólo hubo reparaciones puntuales a cargo del Tesoro nacional y la garantía, supuestamente enunciada por Massa, de que este año los reembolsos se harían de manera automática tras haber volcado al Presupuesto una reserva de fondos por alrededor de 138 mil millones de pesos. De aquel fondo, que el Gobierno propuso reforzar con una norma que haría su ejecución más automática y favorable a las obras sociales sindicales pero que fue bloqueada por el oposición en el Congreso, no hubo en lo que va del año los desembolsos prometidos.

El texto distribuido por la CGT despliega un mapa de las 288 obras sociales nacionales inscriptas que destaca una cobertura de salud para 14.244.066 personas, de las cuales 12 millones pertenecen al régimen general, 2 millones al monotributo y otras 255 mil provienen del estatuto para personal de casas particulares. Tras destacar que los aportes y contribuciones al sistema de seguridad social de cada trabajador no alcanzan en promedio a cubrir el costo del Programa Médico Obligatorio, el documento avanza sobre lo que es, a criterio de la central, el mayor problema: el financiamiento de sus afiliados discapacitados.

En esa línea señala que mientras en 2016 esos servicios representaban el 22% del Fondo Solidario de Redsitribución (FSR, el instrumento central de recursos que aportan las obras sociales y que administra el Estado) en la actualidad esa proporción subió al 75 por ciento. A continuación apunta que esa mayoría de presupuesto se dedica a 99.843 personas registradas como discapacitadas. Y que el 47% de los gastos totales «corresponde a educación y transporte, prestaciones no ligadas a situaciones sanitarias de manera directa».

«En otras palabras, el 0,7 % de los beneficiarios del sistema consume el 75% de los recursos del FSR», responsabiliza el estudio, en una lectura al menos sesgada: el espíritu con el que fue ideado el seguro de salud apunta a direccionar los recursos que apota una mayoría para sustentar las prestaciones médicas de una minoría. Al final la CGT reclama la definición de «una canasta básica de servicios» diferente del PMO para reducir el impacto en las cuentas de las obras sociales así como «la creación de un fondo especial que financie los medicamentos de altísimo costo» y de una agencia evaluadora de las prestaciones y remedios que deberán efectivamente brindar más allá de amparos judiciales que afectan al sistema. Y, esencialmente, crear «un fondo específico para financiar educación y transporte de personas con discapacidad».

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Día del Profesor: los docentes paran y las universidades reclaman más fondos para 2027

Los docentes universitarios cumplen este jueves un nuevo paro nacional, en coincidencia con el Día del Profesor, luego de que la audiencia paritaria terminara nuevamente sin acuerdo. En simultaneo, el CIN cuestiona los $7,349 billones previstos por el Gobierno para las universidades y reclama elevarlos a $11 billones.

El conflicto en las universidades públicas volvió a quedar sin una salida inmediata. La nueva audiencia paritaria entre el Gobierno nacional y los gremios docentes terminó este jueves sin acuerdo y sin una propuesta que permitiera acercar posiciones, mientras las casas de altos estudios enfrentan otra disputa de fondo por los recursos previstos para 2027.

La medida de fuerza coincide con el Día del Profesor y se desarrolla mientras las organizaciones sindicales solicitan una recomposición salarial superior a la ofrecida por el Ejecutivo. La última propuesta oficial había contemplado un aumento del 3% para septiembre, una pauta que los gremios rechazaron por considerarla insuficiente frente al deterioro acumulado de los ingresos.

La negociación salarial está vinculada además con el pedido urgente en la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya instrumentación constituye uno de los principales puntos de desacuerdo entre las organizaciones docentes y el Gobierno.

A la discusión salarial se suma ahora la definición de los recursos para el próximo ejercicio. El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso contempla $7,349 billones para las universidades nacionales, destinados al funcionamiento, la inversión y programas especiales.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó una estimación sustancialmente superior. El organismo que reúne a los rectores aprobó un proyecto propio por $11 billones, cifra que considera necesaria para sostener el funcionamiento del sistema universitario durante 2027.

La diferencia asciende a aproximadamente $3,65 billones, por lo que la discusión parlamentaria se convirtió en otro de los puntos centrales de la disputa. Durante la presentación del proyecto ante diputados y senadores, el titular del CIN, Franco Bartolacci, advirtió que, si el Congreso no modifica y actualiza la partida, las universidades podrían enfrentar dificultades para iniciar normalmente el próximo ciclo lectivo.

El Gobierno sostiene una interpretación diferente. Según la posición oficial, el proyecto contempla los efectos de la cautelar judicial, una inflación proyectada del 18% y un incremento del 20% en los gastos de funcionamiento. El Ejecutivo también cuestiona la metodología utilizada por los rectores para calcular los recursos que, según el CIN, exige la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

De este modo, la negociación combina dos discusiones que, aunque tienen ámbitos formales diferentes, repercuten sobre el funcionamiento de las instituciones: los salarios del personal docente y nodocente y los fondos disponibles para sostener las universidades durante el próximo año.

Los sindicatos consideran que la mejora de los sueldos está estrechamente ligada a la devolución de los fondos para las universidades. La ausencia de acuerdos en las negociaciones, junto con la brecha entre las estimaciones del CIN y los recursos previstos por el Gobierno, deja la puerta abierta a nuevas protestas.

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Microsoft cuestiona a Anthropic por humanizar sus modelos de inteligencia artificial

Mustafa Suleyman, responsable de Inteligencia Artificial de Microsoft, cuestionó el enfoque de Anthropic en el entrenamiento de Claude y advirtió que atribuir conciencia, deseos o derechos a los sistemas actuales puede dificultar su control. También reclamó mayor transparencia y evaluaciones independientes.

La carrera por desarrollar modelos de inteligencia artificial cada vez más sofisticados sumó una nueva disputa entre sus principales protagonistas. Mustafa Suleyman, máximo responsable de IA de Microsoft, cuestionó el modo en que Anthropic entrena a Claude y advirtió que atribuir características humanas a estos sistemas puede introducir riesgos difíciles de dimensionar.

Suleyman centró sus críticas en una cuestión que atraviesa el debate tecnológico: hasta qué punto las empresas deberían enseñar a sus modelos conceptos como conciencia, autonomía, deseos o sufrimiento. A su entender, presentar a una inteligencia artificial como si poseyera atributos propios de una persona puede generar una percepción equivocada sobre sus capacidades y complicar la relación entre los usuarios y sistemas cada vez más autónomos.

El ejecutivo sostuvo, además, que no existen evidencias de que los modelos actuales sean conscientes ni de que experimenten sentimientos, sufrimiento o preferencias propias. Su posición se distancia así de las interpretaciones que atribuyen estados mentales a las respuestas producidas por los sistemas generativos a partir de su comportamiento lingüístico.

La discusión adquiere especial relevancia por el avance de técnicas que permiten a los modelos actuar con mayor autonomía, utilizar herramientas externas y ejecutar cadenas de tareas con menor supervisión humana. Suleyman planteó que el problema no reside únicamente en lo que una IA puede hacer, sino también en las características que se incorporan durante su entrenamiento y en la manera en que los usuarios interpretan posteriormente su comportamiento.

Aunque cuestionó el enfoque de Anthropic, el responsable de IA de Microsoft reconoció el trabajo de Dario Amodei y su equipo y evitó presentar sus advertencias como una impugnación general al desarrollo de modelos avanzados. Su preocupación apunta, en particular, a la posibilidad de que la antropomorfización termine otorgándoles una apariencia de identidad, valores o voluntad que no necesariamente corresponde con su funcionamiento real.

“No debemos tomar decisiones a la ligera, sin darnos cuenta, de las que luego nos arrepintamos amargamente”, advirtió Suleyman al reclamar mayores precauciones en el desarrollo de estos sistemas.

El debate también involucra los mecanismos de supervisión. El ejecutivo de Microsoft pidió mayor transparencia sobre los procedimientos utilizados para entrenar y evaluar los modelos, además de controles independientes capaces de examinar su comportamiento. La discusión excede así la competencia comercial entre compañías y alcanza las reglas con las que se pretende gobernar una tecnología cuyo nivel de autonomía aumenta rápidamente.

Como antecedente, Suleyman citó un ejercicio de entrenamiento en el que agentes de IA de OpenAI actuaron de manera autónoma en un intento de hackear el centro tecnológico Hugging Face. El episodio fue utilizado para ilustrar los riesgos que pueden aparecer cuando los sistemas reciben objetivos y herramientas suficientes para ejecutar acciones complejas sin intervención humana permanente.

En ese punto aparece otra cuestión todavía abierta: qué ocurre si los avances tecnológicos llevan a que algunas empresas o usuarios comiencen a considerar que determinados sistemas poseen derechos o algún tipo de bienestar propio. Para Suleyman, incorporar esa consideración podría añadir una dificultad adicional a los mecanismos destinados a mantener bajo control a las inteligencias artificiales.

La académica Wendy Hall, de la Universidad de Southampton, consideró que este debate debería trascender a las compañías tecnológicas y formar parte de una discusión internacional. El interrogante ya no se limita a qué modelo consigue mejores resultados, sino a qué criterios científicos, técnicos y regulatorios deberán acompañar el desarrollo de sistemas con capacidades crecientes.

La disputa entre Microsoft, Anthropic y OpenAI muestra así una dimensión menos visible de la carrera por la IA: además de competir por potencia, usuarios e inversiones, las principales compañías comienzan a diferir sobre cómo deben entrenarse los modelos, qué atributos humanos conviene incorporarles y cuáles deberían ser los límites de su autonomía. En esa discusión se juega buena parte de las futuras reglas de seguridad y supervisión de una tecnología todavía en plena evolución.

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Repavimentación de la Circunvalación: reabrirán el tramo entre Tucumán y Mendoza

Vialidad Provincial volverá a habilitar la circulación entre Tucumán y Mendoza mientras continúan las obras de repavimentación. La intervención abarca dos frentes, contempla tratamientos diferentes para el hormigón y el asfalto y tiene como fecha estimada de finalización marzo de 2027.

Los conductores tendrán una nueva alternativa para circular por la Avenida de Circunvalación: este fin de semana quedará nuevamente habilitado el Anillo Externo entre las calles Tucumán y Mendoza, mientras continúan los trabajos de repavimentación en otros puntos del trayecto.

La confirmación fue realizada por Omar Lucero, director de Vialidad Provincial, quien explicó que la obra avanza simultáneamente en dos frentes y que las tareas varían de acuerdo con el tipo de pavimento existente.

La intervención comprende aproximadamente 5 kilómetros de losas de hormigón y 11 kilómetros de concreto asfáltico, distribuidos entre los anillos interno y externo. El objetivo es que, una vez concluida la obra, toda la Circunvalación presente una superficie uniforme de concreto asfáltico.

En los tramos de hormigón se aplicará un sistema compuesto por un carpetín de unos 2,5 centímetros, una geogrilla y una nueva carpeta asfáltica. Lucero explicó que se trata de un procedimiento similar al empleado anteriormente en avenida Libertador.

Sobre las áreas que ya cuentan con pavimento asfáltico, la intervención consistirá en una nueva carpeta sobre la superficie existente. El proyecto prevé trabajar de baranda a baranda, conservando las dimensiones reglamentarias de la calzada.

También se incorporará una superficie pavimentada lateral que funcionará como una banquina y permitirá ampliar el espacio disponible junto a los carriles. No habrá modificaciones en el esquema de circulación ni se incorporará un carril exclusivo para motocicletas.

Los trabajos forman parte de dos contratos con un plazo de ejecución de seis meses. Si se mantiene el cronograma previsto, la totalidad de la intervención quedaría terminada alrededor de marzo de 2027. Vialidad Provincial estima que la nueva carpeta tendrá una vida útil de entre 20 y 25 años.

La obra incluye además la renovación de la señalización horizontal y vertical que resulte necesaria. La definición de los elementos que permanecerán o serán reemplazados apunta a mejorar la información para quienes transitan por la avenida sin generar obstáculos visuales o distracciones.

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