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La CGT expuso ayer una aparente crisis financiera de las obras sociales luego de meses de negociar de manera infructuosa con el Gobierno nacional por una compensación que, aunque plasmada en el Presupuesto, no se cristalizó todavía. El encargado de dejar en evidencia el malestar fue José Luis Lingeri, del gremio de Obras Sanitarias y encargado de la secretaría de Acción Social de la central obrera. En un documento que difundió hizo saber que entre ingresos por recaudación y gastos proyectados, en particular por servicios a discapacitados, el «sistema solidario» de salud de las prestadoras gremiales alcanzará un déficit a fin de año de 132.610 millones de pesos.

El documento no hizo más que dejar asentado por escrito un quebranto creciente que los gremios con mayor número de afiliados en sus obras sociales denuncian desde hace años, producto de una suba exponencial de los gastos en rubros no estrictamente sanitarios como los de educación y transporte para afiliados discapacitados. Esa tendencia, presente en una negociación que la CGT inició en 2021 con Alberto Fernández, derivó en sucesivas promesas del Presidente primero, y de sus equipos económicos después, desde el año pasado con Sergio Massa a la cabeza, de reembolsos a cargo del Tesoro nacional para compensar las pérdidas.

De aquellos compromisos sólo hubo reparaciones puntuales a cargo del Tesoro nacional y la garantía, supuestamente enunciada por Massa, de que este año los reembolsos se harían de manera automática tras haber volcado al Presupuesto una reserva de fondos por alrededor de 138 mil millones de pesos. De aquel fondo, que el Gobierno propuso reforzar con una norma que haría su ejecución más automática y favorable a las obras sociales sindicales pero que fue bloqueada por el oposición en el Congreso, no hubo en lo que va del año los desembolsos prometidos.

El texto distribuido por la CGT despliega un mapa de las 288 obras sociales nacionales inscriptas que destaca una cobertura de salud para 14.244.066 personas, de las cuales 12 millones pertenecen al régimen general, 2 millones al monotributo y otras 255 mil provienen del estatuto para personal de casas particulares. Tras destacar que los aportes y contribuciones al sistema de seguridad social de cada trabajador no alcanzan en promedio a cubrir el costo del Programa Médico Obligatorio, el documento avanza sobre lo que es, a criterio de la central, el mayor problema: el financiamiento de sus afiliados discapacitados.

En esa línea señala que mientras en 2016 esos servicios representaban el 22% del Fondo Solidario de Redsitribución (FSR, el instrumento central de recursos que aportan las obras sociales y que administra el Estado) en la actualidad esa proporción subió al 75 por ciento. A continuación apunta que esa mayoría de presupuesto se dedica a 99.843 personas registradas como discapacitadas. Y que el 47% de los gastos totales «corresponde a educación y transporte, prestaciones no ligadas a situaciones sanitarias de manera directa».

«En otras palabras, el 0,7 % de los beneficiarios del sistema consume el 75% de los recursos del FSR», responsabiliza el estudio, en una lectura al menos sesgada: el espíritu con el que fue ideado el seguro de salud apunta a direccionar los recursos que apota una mayoría para sustentar las prestaciones médicas de una minoría. Al final la CGT reclama la definición de «una canasta básica de servicios» diferente del PMO para reducir el impacto en las cuentas de las obras sociales así como «la creación de un fondo especial que financie los medicamentos de altísimo costo» y de una agencia evaluadora de las prestaciones y remedios que deberán efectivamente brindar más allá de amparos judiciales que afectan al sistema. Y, esencialmente, crear «un fondo específico para financiar educación y transporte de personas con discapacidad».

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San Juan apuesta al cobre para atraer inversiones mineras de escala global

San Juan llevó su potencial cuprífero ante representantes del mundo empresario y financiero de Estados Unidos y Argentina, en un foro internacional dedicado a los minerales críticos y a las oportunidades de inversión que abre la creciente demanda global.

El gobernador Marcelo Orrego participó en Buenos Aires del Foro Estados Unidos-Argentina sobre Minerales Críticos, donde presentó a San Juan como uno de los principales destinos para inversiones vinculadas con el cobre. Afirmó que seis de los diez proyectos cupríferos más avanzados del país están en la provincia y que las iniciativas asociadas al RIGI superan los US$33.000 millones anunciados.

El encuentro fue organizado por la U.S. Chamber of Commerce, el US-Argentina Business Council, Citi, AmCham Argentina y la Embajada de Estados Unidos en Argentina, y reunió a representantes públicos y privados de ambos países para analizar la disponibilidad de recursos considerados esenciales para nuevas tecnologías, electrificación y transición energética.

Frente a esa audiencia, Orrego presentó las condiciones que San Juan busca consolidar para captar capitales mineros de gran escala: seguridad jurídica, estabilidad fiscal, desarrollo de infraestructura y avance de proyectos de exploración, además de incentivos vinculados con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El cobre ocupó el centro de su exposición. El mandatario sanjuanino sostuvo que la demanda mundial crecerá impulsada, entre otros factores, por la electrificación y la inteligencia artificial, mientras la oferta enfrenta dificultades para expandirse al mismo ritmo. En ese punto, remarcó que seis de los diez proyectos de cobre más avanzados de la Argentina están ubicados en San Juan, con inversiones proyectadas superiores a US$30.000 millones.

Orrego también apeló a las características geográficas de la provincia para explicar el vínculo histórico con la minería. Resaltó que el 83% de la superficie de San Juan está cubierta por montañas, mientras otro 14% corresponde a zonas desérticas y apenas un 3% resulta cultivable. “Los sanjuaninos no solo debemos hacer minería, sino que queremos hacerlo y, por cierto, sabemos hacerlo”, afirmó.

En materia fiscal, el jefe de Estado provincial destacó el equilibrio de las cuentas públicas provinciales y sostuvo que es posible fortalecer los recursos estatales sin incrementar la presión tributaria. También reivindicó el acompañamiento de San Juan a las políticas nacionales destinadas a recuperar el equilibrio macroeconómico y la sanción del RIGI como herramienta para brindar previsibilidad a los grandes emprendimientos.

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El Sindicato de Comercio ratificó a Cavalieri al frente de la conducción

Armando Cavalieri renovó su mandato al frente del Sindicato de Empleados de Comercio de la Capital Federal (SEC) y continuará acompañado por Carlos Pérez. La Lista Azul fue ratificada en las elecciones internas luego de que más de 16.200 afiliados concurrieran a las urnas.

La elección quedó reducida a una única nómina habilitada después de que la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocara la oficialización de la Lista Celeste-Verde, encabezada por Sabrina Paredes.

La decisión judicial se produjo luego de peritajes caligráficos que detectaron irregularidades en 1.238 firmas presentadas para respaldar la candidatura opositora. Según lo determinado en el expediente, esas anomalías impidieron que la lista alcanzara los requisitos reglamentarios establecidos para participar de la convocatoria.

Con la continuidad de Cavalieri, la conducción oficialista conservará además la dirección de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), una de las organizaciones gremiales con mayor representación del país.

Tras conocerse el resultado, Cavalieri destacó la participación de los afiliados y vinculó la ratificación electoral con la capacidad de representación de la organización. “La gran participación de nuestros afiliados es una clara demostración de la consolidación y unidad del Sindicato de Comercio”, sostuvo.

El dirigente afirmó que el nuevo mandato estará marcado por la defensa de los ingresos y los derechos laborales frente a las transformaciones impulsadas por el Gobierno nacional. En ese sentido, aseguró que la organización buscará “defender con firmeza la dignidad, el salario y las conquistas de cada trabajador mercantil”.

La renovación consolida así el liderazgo de Cavalieri en la estructura mercantil porteña y extiende su influencia sobre FAECYS, entre reclamos salariales y la reforma laboral del Ejecutivo, los gremios de comercio enfrentan un panorama de profunda reconfiguración.

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San Juan y Mendoza avanzan con un centro unificado de controles sobre la Ruta 40

Diez empresas presentaron sus propuestas para construir el Centro de Control Unificado que San Juan y Mendoza proyectan sobre la Ruta Nacional 40. La obra demandará $5.158 millones, será financiada en partes iguales por ambas provincias y tendrá un plazo de ejecución de 12 meses.

Las provincias cuyanas dieron un nuevo paso para la construcción del Centro de Control Unificado sobre la Ruta Nacional 40, luego de la apertura de las ofertas correspondientes a una licitación que reunió propuestas de diez empresas.

El proyecto contempla una inversión de $5.158.724.000, afrontada en partes iguales por los gobiernos de ambas provincias, y establece un plazo de ejecución de 12 meses. La apertura de sobres habilita ahora el análisis técnico y administrativo de las propuestas antes de definir la adjudicación.

El complejo estará emplazado en el kilómetro 42 de la Ruta 40, en San José, departamento de Las Heras, Mendoza. La infraestructura permitirá concentrar en un único predio controles que actualmente requieren distintas intervenciones, con participación de organismos policiales y sanitarios de ambas jurisdicciones.

El diseño incorpora puestos de control, áreas de inspección, playas diferenciadas para distintos tipos de vehículos, una Sala de Control Conjunta y obras complementarias sobre la infraestructura vial. La concentración de los procedimientos apunta a ordenar el tránsito y reducir las demoras que enfrentan transportistas y particulares en uno de los principales corredores terrestres de Cuyo.

La iniciativa adquiere particular relevancia para el movimiento de cargas entre San Juan y Mendoza, además de la circulación hacia otras provincias. La Ruta 40 constituye una vía fundamental para el transporte de producción regional, por lo que la coordinación de controles policiales y fitosanitarios busca combinar mayor fiscalización con una circulación más fluida.

El proyecto es resultado de la coordinación institucional entre ambas administraciones provinciales y propone integrar recursos y procedimientos en un punto común. Bajo la premisa de que “la seguridad no tiene fronteras”, los gobiernos de San Juan y Mendoza plantean una infraestructura que permita reforzar los controles sin multiplicar las demoras para quienes utilizan el corredor.

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