La CGT blanquea un déficit en obras sociales
La CGT expuso ayer una aparente crisis financiera de las obras sociales luego de meses de negociar de manera infructuosa con el Gobierno nacional por una compensación que, aunque plasmada en el Presupuesto, no se cristalizó todavía. El encargado de dejar en evidencia el malestar fue José Luis Lingeri, del gremio de Obras Sanitarias y encargado de la secretaría de Acción Social de la central obrera. En un documento que difundió hizo saber que entre ingresos por recaudación y gastos proyectados, en particular por servicios a discapacitados, el «sistema solidario» de salud de las prestadoras gremiales alcanzará un déficit a fin de año de 132.610 millones de pesos.
El documento no hizo más que dejar asentado por escrito un quebranto creciente que los gremios con mayor número de afiliados en sus obras sociales denuncian desde hace años, producto de una suba exponencial de los gastos en rubros no estrictamente sanitarios como los de educación y transporte para afiliados discapacitados. Esa tendencia, presente en una negociación que la CGT inició en 2021 con Alberto Fernández, derivó en sucesivas promesas del Presidente primero, y de sus equipos económicos después, desde el año pasado con Sergio Massa a la cabeza, de reembolsos a cargo del Tesoro nacional para compensar las pérdidas.
De aquellos compromisos sólo hubo reparaciones puntuales a cargo del Tesoro nacional y la garantía, supuestamente enunciada por Massa, de que este año los reembolsos se harían de manera automática tras haber volcado al Presupuesto una reserva de fondos por alrededor de 138 mil millones de pesos. De aquel fondo, que el Gobierno propuso reforzar con una norma que haría su ejecución más automática y favorable a las obras sociales sindicales pero que fue bloqueada por el oposición en el Congreso, no hubo en lo que va del año los desembolsos prometidos.
El texto distribuido por la CGT despliega un mapa de las 288 obras sociales nacionales inscriptas que destaca una cobertura de salud para 14.244.066 personas, de las cuales 12 millones pertenecen al régimen general, 2 millones al monotributo y otras 255 mil provienen del estatuto para personal de casas particulares. Tras destacar que los aportes y contribuciones al sistema de seguridad social de cada trabajador no alcanzan en promedio a cubrir el costo del Programa Médico Obligatorio, el documento avanza sobre lo que es, a criterio de la central, el mayor problema: el financiamiento de sus afiliados discapacitados.
En esa línea señala que mientras en 2016 esos servicios representaban el 22% del Fondo Solidario de Redsitribución (FSR, el instrumento central de recursos que aportan las obras sociales y que administra el Estado) en la actualidad esa proporción subió al 75 por ciento. A continuación apunta que esa mayoría de presupuesto se dedica a 99.843 personas registradas como discapacitadas. Y que el 47% de los gastos totales «corresponde a educación y transporte, prestaciones no ligadas a situaciones sanitarias de manera directa».
«En otras palabras, el 0,7 % de los beneficiarios del sistema consume el 75% de los recursos del FSR», responsabiliza el estudio, en una lectura al menos sesgada: el espíritu con el que fue ideado el seguro de salud apunta a direccionar los recursos que apota una mayoría para sustentar las prestaciones médicas de una minoría. Al final la CGT reclama la definición de «una canasta básica de servicios» diferente del PMO para reducir el impacto en las cuentas de las obras sociales así como «la creación de un fondo especial que financie los medicamentos de altísimo costo» y de una agencia evaluadora de las prestaciones y remedios que deberán efectivamente brindar más allá de amparos judiciales que afectan al sistema. Y, esencialmente, crear «un fondo específico para financiar educación y transporte de personas con discapacidad».
Departamentales
Un corte eléctrico imprevisto dejó sin luz a gran parte de San Juan
Un corte imprevisto de energía eléctrica se produjo en la siesta de este miércoles y alcanzó a Capital, Rivadavia, Santa Lucía, Chimbas, Rawson, Pocito y Albardón, además de Jáchal y Sarmiento. Hasta el momento no se informó oficialmente el origen de la interrupción ni cuándo quedará normalizado el suministro.
El interrupción del servicio se produjo de manera repentina y generó inconvenientes para hogares, comercios y distintas actividades que dependen del suministro eléctrico. La extensión geográfica del apagón hizo a que trascendiera el área metropolitana y alcanzara puntos distantes del territorio sanjuanino.
Según informó la empresa Naturgy, la situación se debió a cuestiones ajenas a su gestión y que las causas serán materia de investigación.
La falta de información oficial mantenía abierta la incertidumbre entre los usuarios mientras continuaban los trabajos destinados a restablecer el suministro. La principal incógnita pasa ahora por determinar si se trató de una falla localizada con impacto sobre distintos puntos de la red o de un inconveniente de mayor alcance en el sistema eléctrico provincial.
destacada
Universidades nacionales inician un paro de 72 horas en reclamo del cumplimiento de la ley de financiamiento
Los docentes de las universidades nacionales inician este miércoles 30 de septiembre un paro de 72 horas, que se extenderá hasta el viernes 2 de octubre, en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario 27.795 y de una recomposición salarial que los gremios ubican en el 33,4%. La medida fue definida por CONADU y CONADU Histórica y tendrá alcance nacional.
La huelga se lleva a cabo el mismo día en que vence el plazo fijado por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, para que el Poder Ejecutivo acredite el cumplimiento de una medida cautelar vinculada con los artículos 5 y 6 de la norma. La resolución estableció cinco días para avanzar con la aplicación de las disposiciones y contempló la posibilidad de imponer multas diarias ante una eventual demora.
El reclamo sindical apunta a que la actualización salarial pendiente alcance el 33,4% sobre los últimos haberes percibidos, a lo que debería incorporarse posteriormente la evolución del Índice de Precios al Consumidor, según la interpretación sostenida por las organizaciones docentes. El porcentaje forma parte del reclamo gremial y de la aplicación que los sindicatos exigen de la medida judicial.
La controversia se agudizó luego de que las representaciones gremiales desestimaran el incremento del 3% propuesto por el Gobierno. CONADU y CONADU Histórica argumentan que dicho porcentaje resulta insuficiente para revertir el deterioro salarial acumulado, por lo que ratifican la exigencia de la actualización fijada por ley.
El conflicto no quedará limitado a las 72 horas de huelga. La protesta se inscribe en el camino hacia la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el 15 de octubre, que reunirá a organizaciones docentes, nodocentes, estudiantiles y universitarias.
En distintas universidades ya se anunciaron medidas complementarias. En Rosario y Córdoba, los gremios COAD y ADIUC mantienen jornadas de protesta de mayor extensión, mientras que en la UBA se prevén acciones de visibilización durante la semana.
La pugna por los sueldos forma parte de una discusión mayor sobre los fondos para las universidades. Así, el reclamo actual va más allá de las paritarias: los sindicatos exigen la aplicación real de la Ley 27.795 de octubre de 2025, que pauta los salarios de docentes y nodocentes y el aumento de las becas.
destacada
Judiciales nacionales paralizan la actividad este viernes por salarios, obra social y defensa de la Justicia Nacional
La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) confirmó un paro nacional de 24 horas para este viernes 2 de octubre, en una nueva escalada de su plan de lucha. La medida alcanzará a los tribunales de todo el país y estará precedida este jueves por una jornada de cese de tareas y movilización en el Fuero Nacional del Trabajo.
El reclamo sindical reúne tres demandas: recuperación salarial, respuestas ante los problemas de la obra social y rechazo al traspaso de competencias de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires. El secretario general de la UEJN, Julio Piumato, ratificó la continuidad de las protestas y sostuvo que el gremio defenderá tanto las condiciones laborales de sus afiliados como la estructura de la Justicia Nacional.
La protesta de este jueves tendrá como epicentro la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, donde los trabajadores realizarán un cese de actividades y una movilización. La UEJN reclama a los camaristas que asuman una posición activa frente al proceso de transferencia del fuero.
El conflicto por la Justicia Laboral también se juega en los tribunales. En marzo, el Juzgado Nacional del Trabajo N°30 frenó temporalmente el acuerdo de transferencia entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires (anexo de la Ley 27.802). Sin embargo, esta decisión fue revocada por el fuero Contencioso Administrativo Federal, al determinar que la disputa debía resolverse en su propia jurisdicción.
La UEJN sostiene que el traspaso genera interrogantes sobre la continuidad y las condiciones laborales de los trabajadores del fuero. El sindicato también extendió su rechazo a otras áreas de la Justicia Nacional y menciona al fuero Penal y al de Menores entre las competencias que pretende preservar bajo jurisdicción nacional.
En simultaneo, Piumato viene denunciando una pérdida del poder adquisitivo de los empleados judiciales. En septiembre, el dirigente había estimado en 24,7% la caída salarial acumulada desde el inicio de la actual gestión nacional, una cifra que forma parte de los argumentos gremiales para reclamar una recomposición.
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