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La CGT expuso ayer una aparente crisis financiera de las obras sociales luego de meses de negociar de manera infructuosa con el Gobierno nacional por una compensación que, aunque plasmada en el Presupuesto, no se cristalizó todavía. El encargado de dejar en evidencia el malestar fue José Luis Lingeri, del gremio de Obras Sanitarias y encargado de la secretaría de Acción Social de la central obrera. En un documento que difundió hizo saber que entre ingresos por recaudación y gastos proyectados, en particular por servicios a discapacitados, el «sistema solidario» de salud de las prestadoras gremiales alcanzará un déficit a fin de año de 132.610 millones de pesos.

El documento no hizo más que dejar asentado por escrito un quebranto creciente que los gremios con mayor número de afiliados en sus obras sociales denuncian desde hace años, producto de una suba exponencial de los gastos en rubros no estrictamente sanitarios como los de educación y transporte para afiliados discapacitados. Esa tendencia, presente en una negociación que la CGT inició en 2021 con Alberto Fernández, derivó en sucesivas promesas del Presidente primero, y de sus equipos económicos después, desde el año pasado con Sergio Massa a la cabeza, de reembolsos a cargo del Tesoro nacional para compensar las pérdidas.

De aquellos compromisos sólo hubo reparaciones puntuales a cargo del Tesoro nacional y la garantía, supuestamente enunciada por Massa, de que este año los reembolsos se harían de manera automática tras haber volcado al Presupuesto una reserva de fondos por alrededor de 138 mil millones de pesos. De aquel fondo, que el Gobierno propuso reforzar con una norma que haría su ejecución más automática y favorable a las obras sociales sindicales pero que fue bloqueada por el oposición en el Congreso, no hubo en lo que va del año los desembolsos prometidos.

El texto distribuido por la CGT despliega un mapa de las 288 obras sociales nacionales inscriptas que destaca una cobertura de salud para 14.244.066 personas, de las cuales 12 millones pertenecen al régimen general, 2 millones al monotributo y otras 255 mil provienen del estatuto para personal de casas particulares. Tras destacar que los aportes y contribuciones al sistema de seguridad social de cada trabajador no alcanzan en promedio a cubrir el costo del Programa Médico Obligatorio, el documento avanza sobre lo que es, a criterio de la central, el mayor problema: el financiamiento de sus afiliados discapacitados.

En esa línea señala que mientras en 2016 esos servicios representaban el 22% del Fondo Solidario de Redsitribución (FSR, el instrumento central de recursos que aportan las obras sociales y que administra el Estado) en la actualidad esa proporción subió al 75 por ciento. A continuación apunta que esa mayoría de presupuesto se dedica a 99.843 personas registradas como discapacitadas. Y que el 47% de los gastos totales «corresponde a educación y transporte, prestaciones no ligadas a situaciones sanitarias de manera directa».

«En otras palabras, el 0,7 % de los beneficiarios del sistema consume el 75% de los recursos del FSR», responsabiliza el estudio, en una lectura al menos sesgada: el espíritu con el que fue ideado el seguro de salud apunta a direccionar los recursos que apota una mayoría para sustentar las prestaciones médicas de una minoría. Al final la CGT reclama la definición de «una canasta básica de servicios» diferente del PMO para reducir el impacto en las cuentas de las obras sociales así como «la creación de un fondo especial que financie los medicamentos de altísimo costo» y de una agencia evaluadora de las prestaciones y remedios que deberán efectivamente brindar más allá de amparos judiciales que afectan al sistema. Y, esencialmente, crear «un fondo específico para financiar educación y transporte de personas con discapacidad».

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Las 62 Organizaciones vuelven a escena y reclaman un lugar central en el armado electoral del peronismo

Con roles protagónicos de Moyano y Ledesma, las 62 Organizaciones exigen recuperar protagonismo en el armado electoral del peronismo Dirigentes de las “62 Organizaciones“ advirtieron que buscan dejar de ser ”convidados de piedra“ y demandaron ocupar el espacio legado por Perón y Evita en el armado de las listas del 2027. Asistieron Hugo Moyano, Julio Ledesma y Octavio Arguello. Reafirmaron la conducción de José Ibarra.

En una marcada impronta por la unidad y un reclamo claro de protagonismo político, se llevó a cabo un masivo encuentro nacional y regional de representantes gremiales nucleados en las 62 Organizaciones Peronistas, en la sede del barrio porteño de Caballito.

En el marco del proceso de normalización de sus regionales que atraviesa el brazo político del movimiento obrero, el plenario funcionó como una demostración de fuerza sindical orientada al armado político para las próximas elecciones.

Por intermedio del nucleamiento, los gremios buscan consolidar su estructura territorial y programática para influir de manera directa en las listas del peronismo o en un armado propio de cara a las próximas elecciones. De hecho, fue sintomática la presencia de Julio Rubén Ledesma, secretario general del SEOCA Zona Oeste y líder de la estructura partidaria CoPeBo. El encuentro contó con una fuerte presencia de la primera línea de Camioneros, encabezada por Hugo Moyano, Jerónimo Moyano y Octavio Argüello, dirigente integrante de la conducción de la CGT. La participación de Argüello significó un guiño importante por parte de la Confederación General del Trabajo al proceso de reorganización de “las 62”.

«La conducción de Ibarra es la única representación histórica y legal de las 62, con legitimidad jurídica e institucional para actuar como el brazo político del movimiento obrero organizado y convocar a todos los sectores a construir la propuesta de país que los trabajadores necesitan», señalaron.

«El objetivo es llegar a un punto de encuentro respecto a la participación del movimiento obrero a través de las 62 Organizaciones Peronistas», afirmó Ledesma en declaraciones vertidas en el plenario.

Estuvieron presentes Juan Carlos Murgo (Caucho), Rubén Grimaldi (UTERA), Marcelo Dávila (Guincheros), Julio Estévez (UPSAFIP), Adolfo Villafañe (Chacinados), Dante Camaño (gastronómicos), Cacho García (Estaciones de Servicio), Guillermo Lugones (Personal Jerárquico Banco Provincia), Julio Schiantarelli (SUPEH), Marcelo Barrios (Remiseros), Guillermo Mangone (Gas), Gonzalo Salum (Judiciales), Roberto Villalba (Madera), José Ibarra (Taxistas) y Fabián García (SOECRA). Guillermo Lugones (Personal Jerárquico Banco Provincia), Marcelo Barrios (SURYA), Roberto Villalva (Madera), Karina Álvarez (Comercio), Ángel García (Seguridad), Walter Vázquez (SECASFPI), Jorge Mancini (AGOEC), Luis Pandolfi (Tintoreros), Alejandro Poli (FAREM), Gustavo González ( Locutores), Ezequiel Tosco (AGC), Facundo Moyano (Peajes), Gonzalo Castaño (Caddies), Joaquín Santucho (62 Morón-Ituzaingó-Hurlingham), Jorge Fernández (Regional Tuyú), Luis Orbelli (62 Mendoza), Marcela Ludueña (62 Esteban Echeveria – Ezeiza Cañuelas), Marco Orellana (Puerto Deseado – Chubut), Mariana de Alba (62 rama femenina), Nico Ferro (Turf), Paris Barrera (Cantantes), Ricardo Prado (USAFIP), Ricardo Serafini (Jerárquicos del Gas), Sergio Gelman (Locutores), Julio Carrizo (62 Almirante Brown), Claudio Toledo (62 Avellaneda-Lanús), Marcelo Ibarra (Juventud 62), Julio Rodríguez (62 Tucumán) y Camilo Gómez (Vareadores), entre otros.

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Ni el aguinaldo ni el Día del Padre lograron revertir el freno del consumo

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas registraron una mejora interanual de apenas 0,9% durante junio, aunque retrocedieron 1,3% frente a mayo y acumulan una caída del 2,5% en el primer semestre. El aguinaldo, las promociones por el Día del Padre y el impulso comercial generado por el Mundial estimularon operaciones específicas, pero no alcanzaron para modificar un consumo que continúa condicionado por la pérdida del poder adquisitivo y la cautela de los hogares.

El mercado interno continúa sin mostrar señales consistentes de recuperación. A pesar de que junio concentró factores tradicionalmente favorables para la actividad comercial, como el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), las agresivas promociones por el Día del Padre y el comienzo del Mundial de fútbol, el consumo volvió a exhibir un desempeño insuficiente para revertir la desaceleración que atraviesa el comercio minorista.

El relevamiento difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) mostró que las ventas minoristas pyme crecieron un 0,9% respecto de junio del año pasado, medidas a precios constantes. Sin embargo, en la comparación desestacionalizada con mayo registraron una caída del 1,3%, resultado que profundizó el deterioro acumulado de los primeros seis meses del año, período en el que la actividad ya retrocede un 2,5%.

La entidad explicó que el leve avance interanual respondió a estímulos de carácter transitorio. La liquidez aportada por el aguinaldo y el movimiento comercial asociado al Mundial favorecieron determinados segmentos del consumo, aunque el efecto resultó acotado. El propio informe concluye que los hogares continúan administrando con prudencia sus ingresos, priorizando compras indispensables y relegando bienes de mayor valor.

La percepción de los comerciantes refleja ese mismo panorama. El 50,1% de los empresarios consultados afirmó que su situación económica permanece estable en comparación con un año atrás, mientras que el porcentaje de quienes describen un escenario desfavorable descendió del 45,1% registrado en mayo al 43,1% en junio. Si bien la mejora refleja un leve alivio en el clima empresarial, todavía no alcanza para consolidar un cambio de tendencia.

Las expectativas hacia los próximos doce meses mantienen un tono moderado. El 52,3% de los comerciantes considera que su actividad continuará sin modificaciones sustanciales; un 37,7% proyecta una mejora, aunque esa proporción disminuyó 1,1 puntos porcentuales respecto del relevamiento anterior, y el 10% restante anticipa un deterioro de su situación, confirmando que la incertidumbre sigue condicionando las perspectivas del sector.

Ese diagnóstico también se refleja en las decisiones de inversión. El 59,3% de los empresarios sostiene que el contexto económico continúa siendo desfavorable para destinar capital a nuevos proyectos o ampliar su capacidad operativa. Apenas un 12,2% entiende que existen condiciones favorables para invertir, mientras que el 28,5% opta por mantener una posición expectante frente a una economía caracterizada por márgenes reducidos y elevada volatilidad.

El comportamiento sectorial volvió a exhibir marcadas diferencias. Perfumería lideró el crecimiento con una expansión interanual del 9,5%, seguida por Farmacia, que avanzó 5,4%. También registraron resultados positivos Alimentos y bebidas, con una mejora del 2,9%, y Textil e indumentaria, con un incremento del 1,9%.

En contraste, los rubros asociados a bienes durables continuaron mostrando mayores dificultades. Bazar, decoración y muebles retrocedió 3,1%; Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción cayó 2%; mientras que Calzado y marroquinería registró una disminución del 1%, ratificando que las compras de mayor desembolso siguen siendo las más postergadas por los consumidores.

Una de las excepciones fue el canal digital. Las ventas online realizadas por comercios con presencia física crecieron 16,7% en comparación con junio del año pasado y aumentaron 4,1% respecto de mayo, consolidando un proceso de transformación en los hábitos de compra que continúa ganando protagonismo dentro del comercio minorista.

El informe de CAME deja una conclusión clara: los estímulos extraordinarios siguen generando efectos puntuales, pero carecen de capacidad para modificar la tendencia general del consumo. La demanda permanece concentrada en adquisiciones específicas, fuertemente impulsadas por promociones, financiación en cuotas y beneficios bancarios, mientras las familias administran con cautela cada decisión de gasto.

Del lado de la oferta, el panorama tampoco ofrece señales de alivio definitivo. Los negocios lidian con un aumento persistente en sus costos fijos, rentabilidades cada vez más ajustadas y una competencia más intensa, factores que limitan la capacidad de inversión y consolidan una estrategia de prudencia. En ese escenario, el desafío del sector ya no pasa únicamente por incrementar las ventas, sino por recuperar un nivel de consumo capaz de sostener la actividad de manera estable y devolver previsibilidad al entramado comercial.

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Autopistas y concesiones: el plan oficial frente a una red vial marcada por el deterioro

El Ejecutivo nacional prepara una nueva licitación para concesionar corredores estratégicos, construir autopistas y ampliar carriles mediante inversión privada. La iniciativa busca modernizar la red vial, aunque llega en un contexto de fuerte deterioro de numerosas rutas nacionales, donde el déficit de mantenimiento se ha convertido en una de las principales preocupaciones de transportistas, productores y usuarios.

La administración nacional avanza en una nueva etapa de la Red Federal de Concesiones, un programa que contempla la participación del sector privado en la administración de corredores viales y en la ejecución de obras destinadas a ampliar la capacidad de circulación y mejorar la conectividad logística del país.

El proyecto prevé la construcción de nuevas autopistas, la incorporación de terceros carriles y otras intervenciones sobre rutas consideradas estratégicas para el transporte de personas y mercaderías. La iniciativa se inscribe en la política oficial de trasladar al ámbito privado gran parte de las inversiones necesarias para modernizar la infraestructura vial.

Sin embargo, el anuncio también pone de relieve la magnitud del desafío que enfrenta el sistema de rutas nacionales. En extensos tramos del país, el desgaste del pavimento, la falta de mantenimiento, la escasa señalización y el deterioro de banquinas han convertido la circulación en una preocupación permanente para quienes transitan diariamente por esos corredores. La demanda de obras no responde únicamente a la necesidad de ampliar la capacidad de las rutas, sino también de recuperar condiciones básicas de seguridad y transitabilidad.

Las nuevas licitaciones presentarían obras y novedades en prácticamente todas las provincias, excepto Misiones, Tierra del Fuego y, por supuesto, la Ciudad de Buenos Aires. A simple vista, el esquema tiene cuatro focos donde se concentra la mayoría de las rutas. El primero, y más importante de acuerdo a la extensión, es el que rodea a todo el complejo energético que une Vaca Muerta, en Neuquén, con el puerto de Bahía Blanca. El segundo bloque está localizado en la zona centro, al norte de Córdoba y en un complejo de rutas que unen las provincias de Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca. Luego, Salta y Jujuy, con dos caminos, uno de ellos está en plena obra de ampliación, para unir las provincias con el límite de Bolivia. Finalmente, también hay obras en nodos importantes como los puertos de la zona de Rosario y Santa Fe y una parte de Entre Ríos, donde se extrae la arena que viaja a Vaca Muerta, y en la Patagonia, corredores y concesiones en rutas cercanas a Rawson, Trelew y Puerto Madryn, y más abajo, en algunos la zona aledaña a Comodoro Rivadavia.

Lo que está en marcha actualmente es el proceso de concesión de alrededor de 9000 kilómetros que antes estaban en la empresa estatal Corredores Viales. Mediante este esquema, que se licitaron varias etapas, ya se entregó la ruta del Mercosur (12 y 14) a la empresa Cartellone, una compañía constructora mendocina que tiene a gran parte de sus ejecutivos imputados y en juicio oral en el caso Cuadernos. Las otras están en distintas etapas de ese llamado a concurso. Allí se pelean las principales constructoras del país, la gran mayoría imputadas en este proceso y alguna de ellas con ejecutivos confesos. El más largo, que lo ganó una empresa del Grupo Cartellone, cuyos dueños y ejecutivos están imputados en la causa Cuadernos, tiene la autorización para colocar una cabina más, en la zona de Paso de los Libres, cerca del límite con Brasil, que se sumará a las cuatro existentes.

La nueva licitación será evaluada no solo por el volumen de inversiones comprometidas, sino por la capacidad efectiva de traducir los anuncios en obras concretas, plazos de ejecución cumplidos y mejoras perceptibles para los usuarios. La experiencia de concesiones anteriores demuestra que el éxito del esquema dependerá tanto de la calidad de los contratos como de los mecanismos de control sobre las empresas adjudicatarias.

En este sentido, la modernización de la infraestructura vial constituye una necesidad largamente postergada para un país cuya actividad económica depende en gran medida del transporte terrestre. El desafío para el Gobierno será demostrar que esta nueva etapa de concesiones puede convertirse en una respuesta efectiva frente al deterioro acumulado de una parte significativa de la red nacional y no quedar reducida a una nueva promesa de inversión.

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