La CGT blanquea un déficit en obras sociales
La CGT expuso ayer una aparente crisis financiera de las obras sociales luego de meses de negociar de manera infructuosa con el Gobierno nacional por una compensación que, aunque plasmada en el Presupuesto, no se cristalizó todavía. El encargado de dejar en evidencia el malestar fue José Luis Lingeri, del gremio de Obras Sanitarias y encargado de la secretaría de Acción Social de la central obrera. En un documento que difundió hizo saber que entre ingresos por recaudación y gastos proyectados, en particular por servicios a discapacitados, el «sistema solidario» de salud de las prestadoras gremiales alcanzará un déficit a fin de año de 132.610 millones de pesos.
El documento no hizo más que dejar asentado por escrito un quebranto creciente que los gremios con mayor número de afiliados en sus obras sociales denuncian desde hace años, producto de una suba exponencial de los gastos en rubros no estrictamente sanitarios como los de educación y transporte para afiliados discapacitados. Esa tendencia, presente en una negociación que la CGT inició en 2021 con Alberto Fernández, derivó en sucesivas promesas del Presidente primero, y de sus equipos económicos después, desde el año pasado con Sergio Massa a la cabeza, de reembolsos a cargo del Tesoro nacional para compensar las pérdidas.
De aquellos compromisos sólo hubo reparaciones puntuales a cargo del Tesoro nacional y la garantía, supuestamente enunciada por Massa, de que este año los reembolsos se harían de manera automática tras haber volcado al Presupuesto una reserva de fondos por alrededor de 138 mil millones de pesos. De aquel fondo, que el Gobierno propuso reforzar con una norma que haría su ejecución más automática y favorable a las obras sociales sindicales pero que fue bloqueada por el oposición en el Congreso, no hubo en lo que va del año los desembolsos prometidos.
El texto distribuido por la CGT despliega un mapa de las 288 obras sociales nacionales inscriptas que destaca una cobertura de salud para 14.244.066 personas, de las cuales 12 millones pertenecen al régimen general, 2 millones al monotributo y otras 255 mil provienen del estatuto para personal de casas particulares. Tras destacar que los aportes y contribuciones al sistema de seguridad social de cada trabajador no alcanzan en promedio a cubrir el costo del Programa Médico Obligatorio, el documento avanza sobre lo que es, a criterio de la central, el mayor problema: el financiamiento de sus afiliados discapacitados.
En esa línea señala que mientras en 2016 esos servicios representaban el 22% del Fondo Solidario de Redsitribución (FSR, el instrumento central de recursos que aportan las obras sociales y que administra el Estado) en la actualidad esa proporción subió al 75 por ciento. A continuación apunta que esa mayoría de presupuesto se dedica a 99.843 personas registradas como discapacitadas. Y que el 47% de los gastos totales «corresponde a educación y transporte, prestaciones no ligadas a situaciones sanitarias de manera directa».
«En otras palabras, el 0,7 % de los beneficiarios del sistema consume el 75% de los recursos del FSR», responsabiliza el estudio, en una lectura al menos sesgada: el espíritu con el que fue ideado el seguro de salud apunta a direccionar los recursos que apota una mayoría para sustentar las prestaciones médicas de una minoría. Al final la CGT reclama la definición de «una canasta básica de servicios» diferente del PMO para reducir el impacto en las cuentas de las obras sociales así como «la creación de un fondo especial que financie los medicamentos de altísimo costo» y de una agencia evaluadora de las prestaciones y remedios que deberán efectivamente brindar más allá de amparos judiciales que afectan al sistema. Y, esencialmente, crear «un fondo específico para financiar educación y transporte de personas con discapacidad».
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La Justicia frena la reforma laboral en San Juan
Un fallo del Cuarto Juzgado del Trabajo estableció que los cambios introducidos por las leyes 27.742 y 27.802 no pueden aplicarse a relaciones laborales iniciadas antes de su entrada en vigencia. La sentencia reconoció indemnizaciones a tres trabajadoras no registradas y declaró inconstitucional una de las disposiciones de la nueva normativa para el caso concreto.
La decisión judicial, adoptada en una causa promovida por tres trabajadoras de un establecimiento gastronómico y bailable de Angaco, incorpora un antecedente de relevancia en una discusión que comienza a desplegarse en distintos tribunales del país.
La sentencia abordó el reclamo de tres mujeres que desempeñaban tareas de limpieza, atención al público, expendio de bebidas y servicio de barra durante los fines de semana.
Según quedó acreditado en el expediente, las empleadas desarrollaban sus funciones sin registración formal, sin recibos de sueldo y sin los aportes previsionales correspondientes.
Para reconstruir la relación laboral, el tribunal otorgó especial valor a pruebas digitales y testimoniales. Conversaciones mantenidas a través de servicios de mensajería, sumadas a las declaraciones de testigos, permitieron corroborar la efectiva prestación de servicios. A ello se añadió un elemento de fuerte peso procesal: los demandados no exhibieron la documentación laboral cuya conservación exige la legislación vigente.
Antes de extinguir el vínculo, las trabajadoras habían intimado a los empleadores mediante cartas documento para que regularizaran la registración, abonaran diferencias salariales y reconocieran las fechas reales de ingreso. La ausencia de respuesta derivó en la configuración del despido indirecto, figura que el magistrado consideró plenamente justificada frente a los incumplimientos atribuidos a la parte patronal.
Sin embargo, el aspecto más trascendente de la resolución excede el conflicto individual. Al analizar qué normativa debía regir el caso, el juez concluyó que los derechos y obligaciones derivados del contrato de trabajo quedaron incorporados al patrimonio jurídico de las partes desde el inicio de la relación laboral. Bajo esa interpretación, una ley posterior no puede alterar retroactivamente las consecuencias ya generadas por ese vínculo.
La decisión descartó así la aplicación de las modificaciones introducidas por la reforma laboral y mantuvo la vigencia de las disposiciones anteriores para el cálculo de las indemnizaciones y sanciones. En consecuencia, el tribunal reconoció, entre otros conceptos, las multas previstas en los artículos 8 y 15 de la Ley 24.013 por empleo no registrado, además de las indemnizaciones por antigüedad, preaviso y salarios adeudados.
Otro de los puntos destacados fue la declaración de inconstitucionalidad del artículo 55 de la Ley 27.802 para este caso particular. El magistrado entendió que correspondía apartarse del nuevo esquema previsto por esa norma y ordenar que los intereses fueran liquidados conforme a la doctrina legal vigente en la provincia de San Juan.
La resolución adquiere relevancia porque aborda uno de los interrogantes centrales abiertos tras la sanción de la reforma: hasta dónde pueden proyectarse sus efectos sobre relaciones jurídicas preexistentes. Aunque se trata de una sentencia de primera instancia, su fundamentación se incorpora a una discusión que promete seguir ocupando a la justicia laboral en los próximos años, especialmente en aquellos expedientes donde se debata el alcance temporal de las nuevas reglas de contratación y protección del trabajo.
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Los gremios sellan una alianza y crean una nueva Intersindical en San Juan
Más de veinte organizaciones sindicales y sociales conformaron un espacio común para coordinar acciones en defensa del empleo, la producción y los derechos laborales. El lanzamiento reunió a dirigentes de distintas centrales obreras y recibió respaldo de referentes nacionales.
La fragmentación quedó al margen. En una muestra de unidad poco frecuente en el mapa sindical sanjuanino, más de veinte organizaciones gremiales y sociales formalizaron este sábado la creación de la Intersindical en Defensa de los Trabajadores Sanjuaninos, una estructura que buscará articular posiciones y promover acciones conjuntas frente al deterioro de las condiciones laborales, la pérdida del poder adquisitivo y el retroceso de distintas actividades productivas.
La presentación se realizó en el camping de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), en Rawson, donde dirigentes, delegados y trabajadores de distintos ámbitos coincidieron en la necesidad de construir una herramienta común capaz de trascender pertenencias sectoriales y consolidar una voz colectiva para el movimiento obrero provincial.

El nuevo espacio reúne a sindicatos de la industria, los servicios, el transporte, la administración pública, la educación, la minería, la seguridad privada y la economía popular, además de organizaciones sociales y comunitarias. La amplitud de la convocatoria constituyó uno de los rasgos más destacados del lanzamiento y reflejó la búsqueda de una representación transversal dentro del universo laboral sanjuanino.
Durante el encuentro se difundió el documento fundacional de la Intersindical, en el que se expresa preocupación por la evolución del empleo, la caída de los ingresos, la paralización de la obra pública y las dificultades que atraviesan numerosas ramas de la economía. Los dirigentes sostuvieron que la defensa de las conquistas laborales debe complementarse con una agenda orientada a recuperar la producción, fortalecer la industria nacional y generar puestos de trabajo con pleno acceso a derechos.

Entre los principales lineamientos aparecen la protección del mercado interno, el impulso a la contratación de mano de obra local, el combate a la precarización, el acceso a la vivienda y la preservación de la educación pública, la salud y la seguridad social. Los organizadores plantearon además la necesidad de incorporar a los trabajadores en las discusiones vinculadas al desarrollo económico y la planificación estratégica de la provincia.
«La unidad no se espera, se construye», fue una de las consignas que atravesó la jornada y sintetizó el espíritu de una iniciativa que busca transformarse en un ámbito permanente de coordinación sindical. En la misma línea, los referentes remarcaron que la generación de riqueza tiene como protagonista central al trabajo y reivindicaron el papel histórico de las organizaciones gremiales en la defensa de los derechos sociales.
La constitución formal de la Intersindical profundiza un proceso de acercamiento que había comenzado semanas atrás. Una de sus primeras expresiones públicas ocurrió a fines de mayo, cuando varias de las entidades que hoy integran el espacio participaron de un abrazo simbólico a la sede local de la UOM en rechazo a la intervención judicial del sindicato a nivel nacional.

El lanzamiento también recibió respaldo de dirigentes sindicales de alcance federal. Entre los saludos enviados se destacaron los de Abel Furlán, Octavio Argüello, Rodolfo Aguiar, Hugo «Cachorro» Godoy, Roberto Baradel, Graciela Aleñá y Luis Cáceres, quienes coincidieron en valorar la construcción de ámbitos de unidad para enfrentar los desafíos que atraviesa el mundo del trabajo.
La nueva organización está integrada por la UOM, UTEP, Unión Ferroviaria, AJEPROC, ADICUS, Sindicato Químico, Trabajadores Viales Nacionales, UOLRA, APA, SATSAID, SAMC, SAMEL, ATE, CTA Autónoma, CTA de los Trabajadores, SiDUNSJ, UPSRA, SUTCA, ASEC, UOYEP, Amas de Casa del País, SITRAVIAP, ASIJEMIN, y Asociación Bancaria, entre otras entidades.
Con su puesta en marcha, el sindicalismo sanjuanino inaugura una instancia de coordinación inédita en los últimos años. El desafío será transformar esa convergencia en una agenda común capaz de incidir en el debate público y ofrecer respuestas a las demandas de un universo laboral atravesado por incertidumbres económicas, transformaciones productivas y crecientes exigencias sociales.
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Comenzó la repavimentación de calles en el micrcentro sanjuanino
Los trabajos forman parte del Plan de Pavimentos Urbanos y abarcan una de las áreas con mayor circulación de San Juan. La intervención prevé la renovación de más de 80 mil metros cuadrados de calzada y alcanzará a las principales arterias del casco céntrico.
La renovación vial llegó al corazón de San Juan. El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, inició esta semana las tareas de repavimentación sobre calle Caseros, entre avenida Libertador General San Martín y Rivadavia, dando inicio a una intervención de gran escala destinada a mejorar la transitabilidad en una de las zonas más concurridas de la provincia.
La obra integra el Plan de Pavimentos Urbanos y contempla la recuperación de más de 80 mil metros cuadrados de calzada dentro del denominado Grupo 5, que comprende los departamentos Capital, Chimbas y Rivadavia. El objetivo es optimizar la circulación en corredores estratégicos que diariamente concentran un intenso movimiento vehicular y peatonal.
La ejecución fue diseñada por etapas para minimizar las molestias derivadas de los trabajos. La planificación busca compatibilizar el avance de las tareas con el funcionamiento habitual de comercios, instituciones educativas, organismos públicos y servicios ubicados en el área céntrica.
Uno de los aspectos que obligó a reformular el proyecto original fue la presencia predominante de pavimentos de hormigón en numerosas calles incluidas en el programa. Esa característica demandó incorporar labores de demolición y reconstrucción de losas antes de avanzar con las nuevas carpetas de rodamiento, adecuando la intervención a las condiciones estructurales existentes.
El alcance del plan excede ampliamente a calle Caseros. También están previstas mejoras sobre Aberastain, Jujuy, Rioja, Tucumán, Rivadavia, Mitre, Santa Fe, Alem, Sarmiento, Entre Ríos, Mendoza, General Acha y Laprida, un conjunto de arterias clave para la movilidad urbana y la conexión con centros educativos, áreas comerciales, dependencias estatales y establecimientos sanitarios.
La importancia de estas calles radica en que funcionan como vías de acceso a puntos neurálgicos de la vida cotidiana sanjuanina, entre ellos el Centro Cívico, el Hospital Rawson y numerosos espacios de atención pública que reciben a miles de personas cada semana.
La intervención se suma a los trabajos ya ejecutados en avenida España, entre Maipú y avenida Ignacio de la Roza, y forma parte de una estrategia más amplia de recuperación de la infraestructura vial urbana que se viene desarrollando en distintos puntos de la provincia.
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