La CGT blanquea un déficit en obras sociales
La CGT expuso ayer una aparente crisis financiera de las obras sociales luego de meses de negociar de manera infructuosa con el Gobierno nacional por una compensación que, aunque plasmada en el Presupuesto, no se cristalizó todavía. El encargado de dejar en evidencia el malestar fue José Luis Lingeri, del gremio de Obras Sanitarias y encargado de la secretaría de Acción Social de la central obrera. En un documento que difundió hizo saber que entre ingresos por recaudación y gastos proyectados, en particular por servicios a discapacitados, el «sistema solidario» de salud de las prestadoras gremiales alcanzará un déficit a fin de año de 132.610 millones de pesos.
El documento no hizo más que dejar asentado por escrito un quebranto creciente que los gremios con mayor número de afiliados en sus obras sociales denuncian desde hace años, producto de una suba exponencial de los gastos en rubros no estrictamente sanitarios como los de educación y transporte para afiliados discapacitados. Esa tendencia, presente en una negociación que la CGT inició en 2021 con Alberto Fernández, derivó en sucesivas promesas del Presidente primero, y de sus equipos económicos después, desde el año pasado con Sergio Massa a la cabeza, de reembolsos a cargo del Tesoro nacional para compensar las pérdidas.
De aquellos compromisos sólo hubo reparaciones puntuales a cargo del Tesoro nacional y la garantía, supuestamente enunciada por Massa, de que este año los reembolsos se harían de manera automática tras haber volcado al Presupuesto una reserva de fondos por alrededor de 138 mil millones de pesos. De aquel fondo, que el Gobierno propuso reforzar con una norma que haría su ejecución más automática y favorable a las obras sociales sindicales pero que fue bloqueada por el oposición en el Congreso, no hubo en lo que va del año los desembolsos prometidos.
El texto distribuido por la CGT despliega un mapa de las 288 obras sociales nacionales inscriptas que destaca una cobertura de salud para 14.244.066 personas, de las cuales 12 millones pertenecen al régimen general, 2 millones al monotributo y otras 255 mil provienen del estatuto para personal de casas particulares. Tras destacar que los aportes y contribuciones al sistema de seguridad social de cada trabajador no alcanzan en promedio a cubrir el costo del Programa Médico Obligatorio, el documento avanza sobre lo que es, a criterio de la central, el mayor problema: el financiamiento de sus afiliados discapacitados.
En esa línea señala que mientras en 2016 esos servicios representaban el 22% del Fondo Solidario de Redsitribución (FSR, el instrumento central de recursos que aportan las obras sociales y que administra el Estado) en la actualidad esa proporción subió al 75 por ciento. A continuación apunta que esa mayoría de presupuesto se dedica a 99.843 personas registradas como discapacitadas. Y que el 47% de los gastos totales «corresponde a educación y transporte, prestaciones no ligadas a situaciones sanitarias de manera directa».
«En otras palabras, el 0,7 % de los beneficiarios del sistema consume el 75% de los recursos del FSR», responsabiliza el estudio, en una lectura al menos sesgada: el espíritu con el que fue ideado el seguro de salud apunta a direccionar los recursos que apota una mayoría para sustentar las prestaciones médicas de una minoría. Al final la CGT reclama la definición de «una canasta básica de servicios» diferente del PMO para reducir el impacto en las cuentas de las obras sociales así como «la creación de un fondo especial que financie los medicamentos de altísimo costo» y de una agencia evaluadora de las prestaciones y remedios que deberán efectivamente brindar más allá de amparos judiciales que afectan al sistema. Y, esencialmente, crear «un fondo específico para financiar educación y transporte de personas con discapacidad».
destacada
La CGT confirmó el paro nacional de 24 horas sin transporte y fútbol en suspenso
La central obrera confirmó la medida de fuerza para este jueves, en coincidencia con el tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados de la Nación. Se prevé paralización del transporte, administración pública, bancos, industrias y posibles suspensiones en el calendario deportivo.
La conducción de la Confederación General del Trabajo ratificó la realización de un paro general de 24 horas que se desarrollará este jueves en todo el país, en abierta señal de rechazo al proyecto de reforma laboral que será debatido en la Cámara de Diputados. La decisión fue formalizada tras una reunión del Consejo Directivo y difundida a través de los canales oficiales de la central.
a huelga se llevará adelante sin movilización centralizada, aunque cada organización sindical podrá instrumentar acciones propias en su ámbito de representación. La estrategia apunta a generar un impacto directo sobre la actividad económica y administrativa, con el objetivo explícito de enviar un mensaje político al Congreso en pleno tratamiento parlamentario.
Alcance e impacto
El efecto más visible se dará en el transporte público. De confirmarse la adhesión de los gremios del sector, la circulación de colectivos, trenes y subtes será nula o severamente reducida durante toda la jornada, afectando especialmente a los grandes centros urbanos.
En este sentido, la administración pública —nacional, provincial y municipal— operará con servicios mínimos o directamente sin atención. El sistema educativo también podría resentirse, con suspensión de clases en escuelas y universidades. La actividad bancaria y financiera aparece igualmente comprometida, al igual que buena parte del entramado industrial y comercial, donde la adhesión sindical suele traducirse en cierre de plantas y persianas bajas.
El alcance real dependerá del nivel de acatamiento en cada sector, pero todo indica que se tratará de una de las medidas de fuerza de mayor envergadura en lo que va del año.
El fútbol, en jaque
El paro no solo tendrá consecuencias económicas y administrativas. También impactará en el calendario deportivo. Al menos cinco partidos de la Liga Profesional programados para el jueves podrían quedar suspendidos ante la falta de personal operativo en estadios, seguridad privada, logística y servicios auxiliares.
La organización de los encuentros depende del funcionamiento coordinado de múltiples actores: transporte para planteles y público, operativos policiales, trabajadores de entidades deportivas y sistemas de control. Sin esos engranajes, la realización de los espectáculos se vuelve inviable.
La definición final quedará en manos de la Asociación del Fútbol Argentino, que evaluará en las próximas horas si reprograma los partidos o aguarda hasta último momento para medir el alcance efectivo de la medida.
Clima político y pulseada legislativa
El paro se inscribe en un fuerte contexto de tensión social y política. Desde la CGT sostienen que la reforma laboral implica retrocesos en derechos adquiridos y altera el equilibrio de protección histórica del trabajador argentino. La central enmarcó la huelga como una defensa “del trabajo y de las conquistas del movimiento obrero”, subrayando que la discusión excede lo técnico y se proyecta como una disputa de modelo.
En el oficialismo, en cambio, argumentan que la reforma busca modernizar el régimen laboral y fomentar la generación de empleo formal, en un momento de gran recesión y caída de la actividad.
Con transporte paralizado, servicios reducidos y el fútbol en suspenso, la jornada de este jueves se perfila como un momento decisivo, en la relación entre el movimiento sindical y el Gobierno. Más que una medida sectorial, el paro general adquiere dimensión política en el momento exacto en que el Congreso debate uno de los proyectos más sensibles del año.
destacada
La única fabricante nacional de neumáticos baja la persiana y 920 trabajadores quedarán sin empleo
La empresa argentina de neumáticos anunció el cierre inmediato de su planta en Virreyes y el despido total de su personal. Argumentó cambios en las condiciones de mercado y dejó atrás más de ocho décadas de historia industrial.
Tras más de 80 años de trayectoria, la compañía Fate comunicó oficialmente el cese definitivo de sus actividades y el despido de sus 920 empleados. La decisión se formalizó a través de un comunicado en el que la firma informó que deja de operar su planta industrial ubicada en Virreyes, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires.
Durante el fin de semana habían circulado versiones sobre un posible desenlace crítico, pero la confirmación llegó con la planta ya custodiada y sin actividad productiva. El anuncio marca el cierre de la única fabricante de neumáticos de capitales nacionales que permanecía activa en el país.
Argumentos empresariales y caída productiva
En el comunicado, la empresa sostuvo que “los cambios en las condiciones de mercado” obligan a encarar el futuro “desde un enfoque diferente”, aunque evitó precisar detalles sobre eventuales procesos de reconversión. La firma venía atravesando un proceso de reducción de producción: de 360 mil neumáticos anuales descendió a unos 150 mil, según datos del sector.
El retroceso estuvo vinculado, de acuerdo con fuentes gremiales y empresarias, a la apertura de importaciones y a la pérdida de competitividad frente a productos extranjeros. En ese contexto, la compañía había implementado sucesivos recortes de personal y planes de retiros voluntarios, en un intento por sostener la operación.
Un emblema de la industria nacional
En su repaso institucional, la empresa destacó que construyó “un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente y el desarrollo tecnológico”, y recordó haber sido pionera en el abastecimiento de neumáticos radiales a la plataforma automotriz local.
También fue el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, con presencia exportadora en mercados de Europa, Estados Unidos y América Latina.
La compañía subrayó que durante más de ocho décadas generó empleo calificado, impulsó proveedores locales y aportó al entramado productivo argentino. Ese legado, sostuvo, “nos define y nos acompañará en los desafíos que se presenten hacia adelante”.
Impacto laboral y señales al sector
El cierre no solo implica la pérdida inmediata de 920 puestos de trabajo directos, sino también un efecto indirecto sobre la cadena de proveedores, servicios logísticos y actividades vinculadas a la industria automotriz. En un marcada recesión y reconfiguración del mercado interno, la clausura de una empresa emblemática agrega presión sobre el ya debilitado entramado fabril.
El caso vuelve a poner en debate el equilibrio entre apertura comercial, competitividad industrial y sostenimiento del empleo local. Más allá de las explicaciones formales, el cierre de Fate representa el final de un ciclo productivo que atravesó generaciones y deja al país sin su única productora nacional de neumáticos.
Con la planta de Virreyes paralizada y cientos de familias afectadas, el desenlace abre interrogantes sobre el futuro del sector y sobre la capacidad de la industria argentina para sostener posiciones estratégicas en un mercado cada vez más globalizado.
destacada
Incertidumbre en la Red Tulum: La UTA San Juan aún no confirma su adhesión al paro
El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor en San Juan, Héctor Maldonado, aclaró que la seccional provincial no recibió aún directivas del Consejo Ejecutivo Nacional. La vigencia de una conciliación obligatoria en el conflicto salarial con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros agrega un factor clave a la definición.
La confirmación del paro general de 24 horas dispuesto por la Confederación General del Trabajo en rechazo a la reforma laboral abrió interrogantes en todo el país sobre el funcionamiento del transporte público. En San Juan, sin embargo, la respuesta aún no es categórica: hasta el momento no está confirmado si habrá o no paro de colectivos.
El secretario de UTA en la provincia, Héctor Maldonado, explicó que la seccional local se encuentra a la espera de una comunicación oficial del Consejo Ejecutivo Nacional del gremio. Sin ese mandato, sostuvo, no puede adoptarse una decisión autónoma.
“La UTA, más allá de lo que digan los medios nacionales, hasta esta hora no ha bajado mandato nuestro Consejo Ejecutivo Nacional. Si el Consejo comunica que adhiere a la medida, automáticamente adhiere todo el país, porque somos una unión. Pero hasta esta hora no puedo definir nada”, señaló el dirigente.
Estructura nacional y definición centralizada
La UTA funciona bajo una estructura orgánica nacional, por lo que las seccionales del interior no pueden disponer por sí mismas la paralización del servicio. En ese marco, cualquier adhesión al paro convocado por la CGT dependerá de una instrucción directa desde la conducción central.
El gremio, además, es una organización confederada y ha manifestado que suele acompañar las decisiones adoptadas por la central obrera. Sin embargo, esa adhesión formal todavía no fue comunicada a las delegaciones provinciales.
El factor conciliación obligatoria
A la incertidumbre política se suma un elemento jurídico: el pasado 11 de febrero, el Ministerio de Capital Humano dictó la conciliación obligatoria en el conflicto salarial que mantiene la UTA con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), entidad que agrupa a las empresas del interior del país.
La medida tiene una vigencia de 15 días. Si el sindicato decide acatarla estrictamente, quedaría impedido de llevar adelante acciones de fuerza durante ese período, lo que podría garantizar la prestación normal del servicio en la provincia, incluso en el marco del paro general.
Un escenario atado a Buenos Aires
Mientras tanto, en la Cámara de Diputados de la Nación el oficialismo busca acelerar el tratamiento de la reforma laboral y alcanzar dictamen para llevar el proyecto al recinto. La posibilidad de que la sesión se concrete en las próximas horas incrementa la probabilidad de que la huelga nacional se active de inmediato.
En San Juan, no obstante, el funcionamiento de la Red Tulum continúa bajo un esquema de expectativa. Hasta que la conducción nacional de la UTA no emita una comunicación oficial, el servicio seguirá dependiendo de definiciones que se tomen en Buenos Aires.
La clave, por ahora, no está en las calles sanjuaninas sino en la decisión que adopte la cúpula sindical en la Capital Federal.
-
Gremioshace 6 añosDieron a conocer el calendario de pagos anual de sueldos para estatales sanjuaninos
-
Localeshace 5 añosDetectan varios casos de trabajo esclavo en San Juan
-
Generalhace 5 añosMas de 300.000 niños fueron víctimas de la explotación laboral
-
Localeshace 4 añosCGT local: Moral asumió en la secretaría de Género
-
destacadahace 2 añosDesignan a Eugenia Cortona como la nueva subsecretaria de Empleo
-
Gremioshace 3 añosUTHGRA acordó adelantar los aumentos
-
Generalhace 7 añosEmpresarios pyme se reunieron con Alberto Fernández y Carlos Heller
-
Localeshace 4 añosEduardo Cabello asumió una vez más al frente de la CGT local
