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La CGT expuso ayer una aparente crisis financiera de las obras sociales luego de meses de negociar de manera infructuosa con el Gobierno nacional por una compensación que, aunque plasmada en el Presupuesto, no se cristalizó todavía. El encargado de dejar en evidencia el malestar fue José Luis Lingeri, del gremio de Obras Sanitarias y encargado de la secretaría de Acción Social de la central obrera. En un documento que difundió hizo saber que entre ingresos por recaudación y gastos proyectados, en particular por servicios a discapacitados, el «sistema solidario» de salud de las prestadoras gremiales alcanzará un déficit a fin de año de 132.610 millones de pesos.

El documento no hizo más que dejar asentado por escrito un quebranto creciente que los gremios con mayor número de afiliados en sus obras sociales denuncian desde hace años, producto de una suba exponencial de los gastos en rubros no estrictamente sanitarios como los de educación y transporte para afiliados discapacitados. Esa tendencia, presente en una negociación que la CGT inició en 2021 con Alberto Fernández, derivó en sucesivas promesas del Presidente primero, y de sus equipos económicos después, desde el año pasado con Sergio Massa a la cabeza, de reembolsos a cargo del Tesoro nacional para compensar las pérdidas.

De aquellos compromisos sólo hubo reparaciones puntuales a cargo del Tesoro nacional y la garantía, supuestamente enunciada por Massa, de que este año los reembolsos se harían de manera automática tras haber volcado al Presupuesto una reserva de fondos por alrededor de 138 mil millones de pesos. De aquel fondo, que el Gobierno propuso reforzar con una norma que haría su ejecución más automática y favorable a las obras sociales sindicales pero que fue bloqueada por el oposición en el Congreso, no hubo en lo que va del año los desembolsos prometidos.

El texto distribuido por la CGT despliega un mapa de las 288 obras sociales nacionales inscriptas que destaca una cobertura de salud para 14.244.066 personas, de las cuales 12 millones pertenecen al régimen general, 2 millones al monotributo y otras 255 mil provienen del estatuto para personal de casas particulares. Tras destacar que los aportes y contribuciones al sistema de seguridad social de cada trabajador no alcanzan en promedio a cubrir el costo del Programa Médico Obligatorio, el documento avanza sobre lo que es, a criterio de la central, el mayor problema: el financiamiento de sus afiliados discapacitados.

En esa línea señala que mientras en 2016 esos servicios representaban el 22% del Fondo Solidario de Redsitribución (FSR, el instrumento central de recursos que aportan las obras sociales y que administra el Estado) en la actualidad esa proporción subió al 75 por ciento. A continuación apunta que esa mayoría de presupuesto se dedica a 99.843 personas registradas como discapacitadas. Y que el 47% de los gastos totales «corresponde a educación y transporte, prestaciones no ligadas a situaciones sanitarias de manera directa».

«En otras palabras, el 0,7 % de los beneficiarios del sistema consume el 75% de los recursos del FSR», responsabiliza el estudio, en una lectura al menos sesgada: el espíritu con el que fue ideado el seguro de salud apunta a direccionar los recursos que apota una mayoría para sustentar las prestaciones médicas de una minoría. Al final la CGT reclama la definición de «una canasta básica de servicios» diferente del PMO para reducir el impacto en las cuentas de las obras sociales así como «la creación de un fondo especial que financie los medicamentos de altísimo costo» y de una agencia evaluadora de las prestaciones y remedios que deberán efectivamente brindar más allá de amparos judiciales que afectan al sistema. Y, esencialmente, crear «un fondo específico para financiar educación y transporte de personas con discapacidad».

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La Justicia de San Juan reconocerá un nuevo adicional por conectividad

La Unión Judicial San Juan acordó con la Corte de Justicia la incorporación de un ítem de conectividad con una base inicial de $50.000. El adicional alcanzará a trabajadores de distintos escalafones y comenzaría a liquidarse con los haberes de septiembre, que se perciben en octubre. También avanzaron planteos vinculados con la carrera judicial y la ampliación del adicional Zona.

Los trabajadores del Poder Judicial de San Juan tendrán un nuevo concepto en sus recibos de sueldo. La Unión Judicial San Juan, adherida a la Federación Judicial Argentina (FJA), logró que la Corte de Justicia provincial reconozca el ítem Conectividad, una incorporación que tendrá una base inicial de $50.000 y alcanzará a personal de los escalafones Obrero y Maestranza, Ordenanza y Administrativo.

El acuerdo surgió de la mesa de diálogo que la organización gremial mantiene con las autoridades judiciales. Según lo informado por la FJA, el nuevo adicional ya fue acordado y su incorporación está prevista con los haberes correspondientes a septiembre, que se cobrarán en octubre, aunque resta completar las gestiones administrativas necesarias para efectivizar la liquidación.

La conquista se suma a otros avances obtenidos por la organización sindical durante los últimos dos años. El secretario general de la Unión Judicial San Juan, Sebastián López, destacó que se trata de un nuevo resultado de las conversaciones sostenidas con la Corte y recordó que en 2024 se había conseguido el reconocimiento de la bonificación por título secundario, además del reconocimiento de títulos no inherentes y posgrados, beneficios que fueron mejorados durante 2025.

López remarcó que el nuevo adicional tendrá alcance sobre una parte importante del personal administrativo, técnico, de Maestranza y de Ordenanzas. También vinculó el resultado con el respaldo de los afiliados a la conducción sindical y puso de relieve la importancia de la mejora salarial en un período de fuerte pérdida del poder adquisitivo.

La discusión con la Corte no quedó limitada al nuevo concepto salarial. Durante la reunión, la organización planteó además la creación de un escalafón técnico destinado a incluir profesiones que cumplen funciones especiales dentro del Poder Judicial. La propuesta apunta a adecuar el reconocimiento laboral a las tareas efectivamente desempeñadas y, al mismo tiempo, favorecer una mayor movilidad dentro de los demás escalafones.

Otro de los asuntos abordados fue el ítem Zona, cuya modificación todavía no fue definida. La FJA señaló que la propuesta continúa bajo análisis de la Corte de Justicia y del Fiscal General, con la posibilidad de ampliar el monto para extender su alcance a un universo mayor de trabajadores del Poder Judicial sanjuanino.

El reconocimiento de la conectividad había sido analizado previamente por las autoridades del máximo tribunal provincial. El presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur, había señalado que el planteo requería una evaluación técnica y financiera antes de determinar su viabilidad.

La incorporación responde también a una transformación concreta en la organización del trabajo judicial. La utilización cotidiana de sistemas digitales, plataformas de gestión y dispositivos informáticos convirtió al acceso permanente a internet en una herramienta indispensable para buena parte de las tareas administrativas y judiciales.

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Las 62 Organizaciones se reactivaron en San Juan y pusieron a Martín Solazzo al frente

Después de varios años sin conducción formal, Las 62 Organizaciones Sindicales Peronistas se normalizaron en San Juan con una lista única encabezada por Martín Solazzo, secretario general de la UOM. El espacio reúne a gremios de distintas ramas y buscará recuperar representación dentro del Partido Justicialista de cara a las elecciones de 2027.

Las 62 Organizaciones Sindicales Peronistas volvieron a tener conducción formal en San Juan después de permanecer inactivas desde 2017. La normalización se concretó con una lista única encabezada por Martín Solazzo, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), en un acto que reunió a dirigentes sindicales y referentes de distintas líneas del peronismo provincial.

La nueva mesa quedó integrada además por Mario Quinteros, del Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID), como secretario adjunto, y Liliana Sánchez, del Sindicato Único de Trabajadores de la Custodia y Afines (SUTCA), al frente del área de Gremiales.

El acto se realizó en el camping de la UOM y tuvo una definición política que excedió la reorganización interna de una estructura sindical histórica. Las 62 pretenden recuperar el lugar que durante años ocuparon como expresión política del movimiento obrero dentro del justicialismo y participar de manera directa en las decisiones partidarias.

La nueva conducción asumió en un momento de reacomodamiento del peronismo sanjuanino, convulsionado también por los desacuerdos gremiales. La conformación de la Intersindical había reunido durante los últimos meses a sindicatos críticos de la conducción de la CGT, mientras que a nivel nacional se impulsó la recuperación de Las 62 como referencia del sindicalismo identificado con el peronismo.

Solazzo reivindicó esa tradición durante su discurso y vinculó la recuperación de la organización con la identidad histórica del movimiento. “Estas 62 Organizaciones nacen con toda la fuerza del general Perón, con todo el corazón de la compañera Evita, con toda la doctrina que ellos nos dejaron para que saquemos el peronismo adelante, para que volvamos a ser una gran provincia y para que volvamos a ser una gran nación”, sostuvo.

La organización reúne a sindicatos de distintas ramas, entre ellos la UOM, Custodios,Viales Nacionales, UTEP, Asociación Bancaria, Ladrilleros, Fleteros, SATSAID, Plásticos, Químicos, Automóvil Club Argentino, ATSA, Panaderos, Taxistas, Gráficos, SOEME y Trabajadores del Hielo, entre otros.

La amplitud de la convocatoria fue uno de los elementos utilizados para exhibir la capacidad de representación de la nueva conducción. El relanzamiento también contó con Marcelo Pariente, secretario general nacional de Las 62 Organizaciones, cuya presencia significó un respaldo a la estructura conformada en San Juan.


Amplia presencia del peronismo

La dimensión política del encuentro quedó reflejada en la asistencia de dirigentes de distintas líneas internas del PJ. Participaron el presidente del Partido Justicialista y diputado provincial Juan Carlos Quiroga Moyano; el diputado nacional Jorge Chica; el intendente de Pocito, Fabián Aballay; la vicepresidenta del PJ, Graciela Seva; el dirigente giojista Mario Herrero; Leo Gioja y Agostina Testa.

También estuvieron Raúl Tello; los concejales de Rawson Maximiliano Alessi y Vanina Andino; las diputadas Fernanda Paredes y Sonia Ferreyra; el diputado por Jáchal Miguel Vega; el jede comunal de Ullum David Domínguez; José Castro, de Angaco; la intendenta de Caucete, Romina Rosas; la concejal de Rivadavia Romina Albarracín; la intendenta de San Martín, Analía Becerra; y Beatriz Muñoz, presidenta de la Junta de Desamparados, entre otros referentes.

La participación de dirigentes vinculados a distintas corrientes del justicialismo le otorgó al acto una dimensión partidaria y mostró la intención de Las 62 de instalarse en la discusión sobre la reorganización del peronismo sanjuanino.

Entre las ausencias estuvieron el senador nacional Sergio Uñac y el diputado nacional Cristian Andino, quienes no asistieron pero enviaron cartas de felicitación a las nuevas autoridades. Tampoco participaron José Luis Gioja, el intendente de Rawson, Carlos Munisaga, pese a que el encuentro se desarrolló en ese departamento, ni la dirigente de Chimbas Daniela Rodríguez. Ninguno de ellos concurrió ni envió una salutación.

Con Solazzo al frente y una lista consensuada entre distintos gremios, Las 62 Organizaciones recuperaron una conducción que había quedado vacante durante años. Ahora deberán transformar esa normalización en presencia efectiva dentro del PJ y demostrar, de cara a 2027, cuánto peso político puede recuperar el movimiento obrero organizado en la estructura del peronismo sanjuanino.

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Garrafa Hogar recorrerá Santa Lucía, San Martín, Pocito y Jáchal

El programa provincial llevará garrafas de 10 y 15 kilos a Santa Lucía, San Martín, Pocito y Jáchal entre el martes 18 y el viernes 21 de agosto. Los cilindros tendrán un valor de $20.000 y $30.000, respectivamente.

El programa Garrafa Hogar volverá a recorrer distintos departamentos de San Juan la próxima semana con la venta de cilindros de gas envasado a precios accesibles. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, llegará entre el martes 18 y el viernes 21 de agosto a Santa Lucía, San Martín, Pocito y Jáchal.

La propuesta contempla garrafas de 10 kilos a $20.000 y de 15 kilos a $30.000, con puntos de comercialización distribuidos en barrios, plazas, clubes y organizaciones vecinales.
El recorrido comenzará el martes 18 en Santa Lucía, donde habrá atención de 9 a 11 en la Capilla de San Antonio, ubicada en avenida Libertador 6911 Este, y de 11:30 a 13:30 en la Unión Vecinal Barrio Itatí.

El miércoles 19 será el turno de San Martín, con paradas en Club Divisoria Central, Centro de Jubilados San Luis Gonzaga y Unión Vecinal Villa Dominguito.

El jueves 20, en tanto, el operativo llegará a Pocito, con puntos de venta en Barrio Las Piedritas 1, Quinto Cuartel y Loteo Luna.

El recorrido finalizará el viernes 21 en Jáchal, donde Garrafa Hogar visitará Niquivil, Rincón, Barrio Virgen de Fátima, Barrio Pismanta, calle Varas y Villa Mercedes, con operativos previstos entre las 9 y las 15:15.

Desde la Dirección de Defensa al Consumidor señalaron que el programa busca facilitar el acceso al gas envasado a familias que utilizan garrafas para sus necesidades cotidianas. La iniciativa continuará así con su recorrido territorial por distintos puntos de la provincia.

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