La CGT blanquea un déficit en obras sociales
La CGT expuso ayer una aparente crisis financiera de las obras sociales luego de meses de negociar de manera infructuosa con el Gobierno nacional por una compensación que, aunque plasmada en el Presupuesto, no se cristalizó todavía. El encargado de dejar en evidencia el malestar fue José Luis Lingeri, del gremio de Obras Sanitarias y encargado de la secretaría de Acción Social de la central obrera. En un documento que difundió hizo saber que entre ingresos por recaudación y gastos proyectados, en particular por servicios a discapacitados, el «sistema solidario» de salud de las prestadoras gremiales alcanzará un déficit a fin de año de 132.610 millones de pesos.
El documento no hizo más que dejar asentado por escrito un quebranto creciente que los gremios con mayor número de afiliados en sus obras sociales denuncian desde hace años, producto de una suba exponencial de los gastos en rubros no estrictamente sanitarios como los de educación y transporte para afiliados discapacitados. Esa tendencia, presente en una negociación que la CGT inició en 2021 con Alberto Fernández, derivó en sucesivas promesas del Presidente primero, y de sus equipos económicos después, desde el año pasado con Sergio Massa a la cabeza, de reembolsos a cargo del Tesoro nacional para compensar las pérdidas.
De aquellos compromisos sólo hubo reparaciones puntuales a cargo del Tesoro nacional y la garantía, supuestamente enunciada por Massa, de que este año los reembolsos se harían de manera automática tras haber volcado al Presupuesto una reserva de fondos por alrededor de 138 mil millones de pesos. De aquel fondo, que el Gobierno propuso reforzar con una norma que haría su ejecución más automática y favorable a las obras sociales sindicales pero que fue bloqueada por el oposición en el Congreso, no hubo en lo que va del año los desembolsos prometidos.
El texto distribuido por la CGT despliega un mapa de las 288 obras sociales nacionales inscriptas que destaca una cobertura de salud para 14.244.066 personas, de las cuales 12 millones pertenecen al régimen general, 2 millones al monotributo y otras 255 mil provienen del estatuto para personal de casas particulares. Tras destacar que los aportes y contribuciones al sistema de seguridad social de cada trabajador no alcanzan en promedio a cubrir el costo del Programa Médico Obligatorio, el documento avanza sobre lo que es, a criterio de la central, el mayor problema: el financiamiento de sus afiliados discapacitados.
En esa línea señala que mientras en 2016 esos servicios representaban el 22% del Fondo Solidario de Redsitribución (FSR, el instrumento central de recursos que aportan las obras sociales y que administra el Estado) en la actualidad esa proporción subió al 75 por ciento. A continuación apunta que esa mayoría de presupuesto se dedica a 99.843 personas registradas como discapacitadas. Y que el 47% de los gastos totales «corresponde a educación y transporte, prestaciones no ligadas a situaciones sanitarias de manera directa».
«En otras palabras, el 0,7 % de los beneficiarios del sistema consume el 75% de los recursos del FSR», responsabiliza el estudio, en una lectura al menos sesgada: el espíritu con el que fue ideado el seguro de salud apunta a direccionar los recursos que apota una mayoría para sustentar las prestaciones médicas de una minoría. Al final la CGT reclama la definición de «una canasta básica de servicios» diferente del PMO para reducir el impacto en las cuentas de las obras sociales así como «la creación de un fondo especial que financie los medicamentos de altísimo costo» y de una agencia evaluadora de las prestaciones y remedios que deberán efectivamente brindar más allá de amparos judiciales que afectan al sistema. Y, esencialmente, crear «un fondo específico para financiar educación y transporte de personas con discapacidad».
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El conflicto universitario se extiende y ADICUS prepara nuevas jornadas de paro
El conflicto universitario volverá a ocupar las aulas y dependencias de la Universidad Nacional de San Juan durante la próxima semana. Desde ADICUS confirmaron nuevas medidas de fuerza en reclamo de una recomposición salarial y mayores recursos para las universidades públicas.
La resolución fue adoptada en el Congreso de CONADU Histórica, donde se definió desarrollar una semana completa de lucha. La propuesta impulsada desde San Juan contemplaba comenzar con un paro de 48 horas y avanzar progresivamente, pero la mayoría de los congresales optó por extender la protesta durante toda la semana, combinando jornadas de huelga con acciones de visibilización.
La secretaria gremial del gremio universitario, Edith Liquitay, explicó que no habrá necesariamente paro todos los días. Las jornadas sin actividad serán determinadas en coordinación con los trabajadores no docentes, siguiendo la modalidad implementada el miércoles 12 de agosto.
Durante esa medida conjunta, la adhesión alcanzó niveles elevados en distintas dependencias de la UNSJ. Según los datos proporcionados por Liquitay, en la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento llegó aproximadamente al 90% durante el turno mañana y al 95% por la tarde, mientras que en otras unidades académicas se ubicó alrededor del 70%.
El reclamo salarial constituye uno de los principales motivos de la protesta. ADICUS sostiene que los incrementos acumulados para los trabajadores universitarios alcanzaron el 21,3%, mientras que la inflación del período habría generado una pérdida del 29,5%. Para el gremio, esa diferencia explica la decisión de profundizar las medidas.
El conflicto también alcanza al financiamiento de las universidades. la referente gremial cuestionó el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno nacional en el acta firmada el 10 de junio y señaló que permanecería pendiente un 20% adicional destinado al funcionamiento de las casas de estudios, además de recursos para hospitales escuela y un aumento de las becas.
El Gobierno nacional, por su parte, sostiene que realizó las transferencias correspondientes a gastos de personal y actualizaciones salariales y defiende el cumplimiento de las partidas previstas.
Mientras continúa la disputa, el Ejecutivo convocó a una nueva paritaria nacional para el 1 de septiembre. ADICUS considera insuficiente ese horizonte y apuesta a sostener la presión gremial para obtener respuestas antes de esa fecha.
La discusión excede las universidades y también llegó a la Justicia, donde los rectores reclaman el cumplimiento de los compromisos asumidos y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El próximo 4 de septiembre, además, está prevista una reunión del Consejo Interuniversitario Nacional en Bariloche.
La continuidad de las medidas en San Juan dependerá de la coordinación entre docentes y no docentes, pero ADICUS ya anticipó que la próxima semana volverá a llevar la protesta universitaria al ámbito público.
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La UTA amenaza con paralizar los colectivos y San Juan se suma al reclamo
La UTA convocó a un paro nacional para este viernes 14 de agosto por el conflicto salarial con las empresas del interior. La seccional San Juan confirmó que adherirá si la conducción nacional mantiene la medida. Este jueves habrá una nueva reunión y la eventual conciliación obligatoria podría suspender la protesta.
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) mantiene firme la convocatoria a un paro nacional de colectivos para este viernes 14 de agosto, luego de más de 90 días de negociaciones salariales sin acuerdo con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP). En San Juan, la conducción local confirmó que los choferes se plegarán a la medida si la conducción nacional ratifica la huelga.
La definición podría modificarse durante este jueves. Las partes fueron convocadas a una nueva instancia de negociación entre las 16 y las 17, en un encuentro que será determinante para intentar destrabar el conflicto. También está pendiente una eventual intervención del Ministerio de Capital Humano mediante el dictado de la conciliación obligatoria.
El reclamo sindical apunta a mejorar los ingresos de los trabajadores del transporte del interior y acercarlos a los valores alcanzados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Entre las principales demandas figura la incorporación de sumas fijas al salario básico, con el propósito de recomponer el poder adquisitivo.
Actualmente, un chofer que recién ingresa percibe entre $2,3 millones y $2,4 millones, considerando los incrementos ya acordados. La UTA sostiene que los trabajadores del interior quedaron rezagados frente a las condiciones salariales alcanzadas en el AMBA.
FATAP, en cambio, advierte sobre las dificultades financieras que atraviesan las empresas debido al aumento de los costos operativos y al esquema tarifario vigente. Por ese motivo, la representación empresaria reclamó al Gobierno nacional que intervenga y disponga la conciliación obligatoria.
Si esa medida administrativa se dicta antes del comienzo de la huelga, la UTA deberá suspender el paro y retomar las conversaciones. Si no hay conciliación ni acuerdo, la protesta comenzaría a las 0 del viernes y alcanzaría a los servicios del interior del país.
Para San Juan, el efecto podría ser inmediato: la adhesión de los choferes dejaría sin colectivos durante toda la jornada a miles de usuarios de la RedTulum. La definición definitiva quedará atada a lo que resuelva la conducción nacional y a las negociaciones de este jueves.
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Las 62 Organizaciones buscan recuperar peso político y sindical en San Juan
Las 62 Organizaciones Peronistas Regional San Juan formalizarán este jueves 13 de agosto su nueva conducción en un acto que reunirá a más de una treintena de gremios y buscará consolidar la representación sindical del peronismo provincial.
El encuentro comenzará a las 18:30, bajo la denominación “Acto Normalizador Compañero Lorenzo Miguel”, en el Camping de la Unión Obrera Metalúrgica, ubicado sobre calle Frías Sur, antes de calle 5, en Villa Krause, Rawson.
Durante la jornada, Martín Solazzo, dirigente de la UOM, asumirá como secretario general de la organización provincial. La designación apunta a dotar al espacio de una conducción formal y reconocida por las organizaciones que participan de la estructura.
La nómina reúne sindicatos de distintas ramas, entre ellos la UOM, Químicos, Asociación Bancaria, Ladrilleros, Viales Nacionales, Plásticos, Automóvil Club Argentino, ATSA, SOEME, Panaderos, Fleteros, Taxistas, UTEP, Gráficos y Trabajadores del Hielo.
La amplitud de la representación constituye uno de los principales rasgos de la nueva conformación. La estructura incorpora organizaciones vinculadas con la industria, los servicios, el transporte, y distintas áreas de la economía provincial.
Respaldo de la conducción nacional
El acto contará con la presencia de Marcelo Pariente, secretario general nacional de las 62 Organizaciones; Karina Moyano, secretaria adjunta; y Miguel Pedelhez, secretario del Interior.
El respaldo de los líderes nacionales consolidará el proceso político y exhibirá el respaldo de la conducción nacional al proceso iniciado en San Juan. La convocatoria reunirá a dirigentes gremiales y referentes del peronismo provincial en una misma instancia.
La reorganización adquiere relevancia en un momento de búsqueda de nuevas formas de articulación entre el movimiento obrero y el peronismo. Para los sindicatos que integran la estructura, la recuperación de una representación política propia constituye una herramienta para intervenir en las discusiones partidarias y laborales.
La normalización en San Juan recupera esa tradición con una estructura que reúne a numerosas organizaciones y una conducción encabezada por Solazzo. El objetivo central será consolidar esa representación sindical como un actor político clave dentro del movimiento obrero y del peronismo local.
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