La CGT blanquea un déficit en obras sociales
La CGT expuso ayer una aparente crisis financiera de las obras sociales luego de meses de negociar de manera infructuosa con el Gobierno nacional por una compensación que, aunque plasmada en el Presupuesto, no se cristalizó todavía. El encargado de dejar en evidencia el malestar fue José Luis Lingeri, del gremio de Obras Sanitarias y encargado de la secretaría de Acción Social de la central obrera. En un documento que difundió hizo saber que entre ingresos por recaudación y gastos proyectados, en particular por servicios a discapacitados, el «sistema solidario» de salud de las prestadoras gremiales alcanzará un déficit a fin de año de 132.610 millones de pesos.
El documento no hizo más que dejar asentado por escrito un quebranto creciente que los gremios con mayor número de afiliados en sus obras sociales denuncian desde hace años, producto de una suba exponencial de los gastos en rubros no estrictamente sanitarios como los de educación y transporte para afiliados discapacitados. Esa tendencia, presente en una negociación que la CGT inició en 2021 con Alberto Fernández, derivó en sucesivas promesas del Presidente primero, y de sus equipos económicos después, desde el año pasado con Sergio Massa a la cabeza, de reembolsos a cargo del Tesoro nacional para compensar las pérdidas.
De aquellos compromisos sólo hubo reparaciones puntuales a cargo del Tesoro nacional y la garantía, supuestamente enunciada por Massa, de que este año los reembolsos se harían de manera automática tras haber volcado al Presupuesto una reserva de fondos por alrededor de 138 mil millones de pesos. De aquel fondo, que el Gobierno propuso reforzar con una norma que haría su ejecución más automática y favorable a las obras sociales sindicales pero que fue bloqueada por el oposición en el Congreso, no hubo en lo que va del año los desembolsos prometidos.
El texto distribuido por la CGT despliega un mapa de las 288 obras sociales nacionales inscriptas que destaca una cobertura de salud para 14.244.066 personas, de las cuales 12 millones pertenecen al régimen general, 2 millones al monotributo y otras 255 mil provienen del estatuto para personal de casas particulares. Tras destacar que los aportes y contribuciones al sistema de seguridad social de cada trabajador no alcanzan en promedio a cubrir el costo del Programa Médico Obligatorio, el documento avanza sobre lo que es, a criterio de la central, el mayor problema: el financiamiento de sus afiliados discapacitados.
En esa línea señala que mientras en 2016 esos servicios representaban el 22% del Fondo Solidario de Redsitribución (FSR, el instrumento central de recursos que aportan las obras sociales y que administra el Estado) en la actualidad esa proporción subió al 75 por ciento. A continuación apunta que esa mayoría de presupuesto se dedica a 99.843 personas registradas como discapacitadas. Y que el 47% de los gastos totales «corresponde a educación y transporte, prestaciones no ligadas a situaciones sanitarias de manera directa».
«En otras palabras, el 0,7 % de los beneficiarios del sistema consume el 75% de los recursos del FSR», responsabiliza el estudio, en una lectura al menos sesgada: el espíritu con el que fue ideado el seguro de salud apunta a direccionar los recursos que apota una mayoría para sustentar las prestaciones médicas de una minoría. Al final la CGT reclama la definición de «una canasta básica de servicios» diferente del PMO para reducir el impacto en las cuentas de las obras sociales así como «la creación de un fondo especial que financie los medicamentos de altísimo costo» y de una agencia evaluadora de las prestaciones y remedios que deberán efectivamente brindar más allá de amparos judiciales que afectan al sistema. Y, esencialmente, crear «un fondo específico para financiar educación y transporte de personas con discapacidad».
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El programa habitacional de San Juan entra en su etapa de ejecución y condiciona los sorteos al avance de cada barrio
Trece empresas ya firmaron sus contratos y esta semana se prevé completar otros 13. El programa comprende 2.240 viviendas en los 19 departamentos y una inversión anunciada de $322.000 millones. Las inscripciones para los sorteos se habilitarán cuando cada emprendimiento alcance entre el 10% y el 20% de ejecución.
La construcción de los 30 barrios anunciados por el Gobierno de San Juan comenzó a traducirse en contratos y preparativos sobre los terrenos. El ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, confirmó que 13 empresas constructoras formalizaron sus acuerdos la semana pasada y anticipó que esta semana se avanzará con otros 13 emprendimientos. El programa prevé levantar 2.240 viviendas, con una inversión estimada en $322.000 millones.
La adjudicación no será inmediata. La administración provincial resolvió que los sorteos del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) se habiliten cuando cada complejo registre entre un 10% y un 20% de avance físico. La condición apunta a vincular la convocatoria con obras efectivamente iniciadas y evitar que las familias participen por proyectos que todavía no tienen ejecución comprobable.
Perea explicó que la intención es que la adjudicación tenga como respaldo un desarrollo visible en los terrenos. De los 30 barrios previstos, cuatro estarán destinados a convenios con organizaciones gremiales; las restantes unidades se asignarán mediante sorteos públicos. Los plazos de construcción estimados oscilan entre 12 y 18 meses, aunque todavía no hay fechas definidas para la apertura de inscripciones.
Angaco y Chimbas, entre las próximas entregas
Mientras se activan los nuevos contratos, la Provincia prepara la finalización de complejos que ya estaban en marcha. Angaco y Chimbas aparecen entre los departamentos con posibilidades más cercanas de recibir viviendas.
En Angaco, el Gobierno espera avanzar con la segunda etapa de Malvinas Nos Une, que contempla alrededor de 70 casas. En Chimbas, resta una nueva entrega del barrio Panaderos y Pasteleros, después de las 69 unidades adjudicadas durante octubre. El ministro indicó que todavía se analiza cuál de los dos emprendimientos estará primero en condiciones de ser entregado.
Procrear: la continuidad depende del financiamiento
La recuperación de los complejos habitacionales del antiguo Procrear constituye otro de los asuntos pendientes. Según Perea, la documentación necesaria ya fue presentada y ahora resta definir con el gobernador y el Ministerio de Hacienda el esquema de financiamiento para retomar los trabajos.
Uno de los desarrollos es La Ramada, que registra cerca de un 60% de ejecución. Aunque la Provincia busca completar las construcciones, aún no cuenta con un cronograma confirmado.
También permanece sin definición el destino del predio de La Nave, ubicado sobre calle Rivadavia, antes de Salta, en Capital. La Provincia tomó posesión del inmueble, donde el proyecto original apenas había alcanzado un 5% de avance. Entre las alternativas figura un emprendimiento habitacional, pero la decisión todavía debe ser evaluada por las autoridades.
La política de vivienda de San Juan combina así la apertura de nuevos frentes, la conclusión de complejos próximos a entregarse y la búsqueda de recursos para recuperar obras paralizadas. Para las familias inscriptas o interesadas, la referencia inmediata será el avance verificable de cada barrio: de ese requisito dependerá el calendario de los próximos sorteos.
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Los gremios docentes evaluarán la oferta salarial y responderán este miércoles
El Ejecutivo provincial presentó una nueva propuesta de actualización salarial para los docentes, con dos incrementos consecutivos del 1,5% en el valor índice para noviembre y diciembre. La oferta quedó bajo evaluación de UDAP, UDA y AMET, que llevarán los términos del entendimiento a sus respectivas bases y fijaron el miércoles 4 de noviembre como fecha para responder.
La propuesta surgió durante la primera sesión de la tercera negociación paritaria de 2026, desarrollada este lunes 2 en el Ministerio de Educación. El esquema establece una suba del 1,5% en noviembre, calculada sobre el valor índice de octubre, y otro incremento del mismo porcentaje en diciembre, tomando como referencia el índice actualizado del mes anterior.
La alternativa llegó después del rechazo sindical a un planteo inicial del Ejecutivo, que contemplaba un aumento único del 3% en diciembre sobre el valor índice de octubre. Los representantes gremiales consideraron insuficiente esa fórmula y plantearon diferencias entre la evolución de los precios y el poder adquisitivo de los salarios. También señalaron que los haberes docentes se encuentran por debajo de la línea de pobreza y reclamaron respuestas sobre once puntos pendientes de la negociación anterior.
Tras un cuarto intermedio, el Gobierno reformuló su oferta y distribuyó el incremento en dos actualizaciones mensuales. La modificación permitió retomar el diálogo, aunque no implicó un acuerdo: el acta dejó constancia de que los sindicatos analizarán la propuesta antes de fijar una posición definitiva.
El Gobierno defendió su política salarial
Durante el encuentro, los funcionarios provinciales repasaron los aumentos otorgados desde el inicio de la gestión y sostuvieron que, según los cálculos oficiales, las mejoras salariales docentes superaron la inflación y las actualizaciones concedidas en otras jurisdicciones. También señalaron las restricciones económicas nacionales y el esfuerzo presupuestario destinado a sostener los ingresos del magisterio.
La representación gubernamental estuvo integrada por el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez; y la ministra de Educación, Silvia Fuentes. Por las organizaciones sindicales participaron los representantes de UDAP, UDA y AMET.
La respuesta de este miércoles será determinante para establecer si la propuesta permite cerrar la negociación salarial de fin de año o si las partes deberán continuar buscando una fórmula de entendimiento.
Departamentales
San Juan repavimentará 22 kilómetros de la Ruta 150 para reforzar la conexión con Iglesia
La Ruta Nacional 150 tendrá una intervención de 22 kilómetros entre Las Flores y Colola, en el departamento Iglesia. El gobernador Orrego anunció que los trabajos comenzarán en las próximas semanas y serán financiados con recursos internacionales destinados a infraestructura.
La primera etapa contempla la repavimentación del tramo y la incorporación de mejoras para elevar las condiciones de circulación. El proyecto incluye ensanche de calzada y construcción de banquinas donde la geografía montañosa lo permita, además de nuevas defensas, guardarraíles, cartelería y señalización horizontal y vertical.
La obra también prevé seis derivadores de tránsito en Rodeo. Tres ya están en ejecución, en los cruces con la Ruta Provincial 430 y las calles Paoli y Santo Domingo Este. Los restantes se construirán en las intersecciones con las rutas provinciales 405 y 418, además del acceso por Santa Lucía.
La intervención apunta a ordenar la circulación en una vía utilizada tanto por los habitantes de Iglesia como por el transporte pesado vinculado a la minería. La convivencia entre el tránsito cotidiano y los vehículos de carga vuelve especialmente relevantes las mejoras en los accesos y cruces urbanos.
Orrego sostuvo que la expansión productiva debe estar acompañada por inversiones que también beneficien a las comunidades cercanas. En esa línea, vinculó la recuperación de la ruta con la necesidad de mejorar la infraestructura urbana y las condiciones de vida de las familias iglesianas.
Por su ubicación, la Ruta 150 constituye una conexión fundamental para la actividad minera y la integración territorial del norte sanjuanino. La intervención busca atender esas exigencias sin dejar de lado la seguridad de quienes utilizan diariamente el camino.
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