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La CGT expuso ayer una aparente crisis financiera de las obras sociales luego de meses de negociar de manera infructuosa con el Gobierno nacional por una compensación que, aunque plasmada en el Presupuesto, no se cristalizó todavía. El encargado de dejar en evidencia el malestar fue José Luis Lingeri, del gremio de Obras Sanitarias y encargado de la secretaría de Acción Social de la central obrera. En un documento que difundió hizo saber que entre ingresos por recaudación y gastos proyectados, en particular por servicios a discapacitados, el «sistema solidario» de salud de las prestadoras gremiales alcanzará un déficit a fin de año de 132.610 millones de pesos.

El documento no hizo más que dejar asentado por escrito un quebranto creciente que los gremios con mayor número de afiliados en sus obras sociales denuncian desde hace años, producto de una suba exponencial de los gastos en rubros no estrictamente sanitarios como los de educación y transporte para afiliados discapacitados. Esa tendencia, presente en una negociación que la CGT inició en 2021 con Alberto Fernández, derivó en sucesivas promesas del Presidente primero, y de sus equipos económicos después, desde el año pasado con Sergio Massa a la cabeza, de reembolsos a cargo del Tesoro nacional para compensar las pérdidas.

De aquellos compromisos sólo hubo reparaciones puntuales a cargo del Tesoro nacional y la garantía, supuestamente enunciada por Massa, de que este año los reembolsos se harían de manera automática tras haber volcado al Presupuesto una reserva de fondos por alrededor de 138 mil millones de pesos. De aquel fondo, que el Gobierno propuso reforzar con una norma que haría su ejecución más automática y favorable a las obras sociales sindicales pero que fue bloqueada por el oposición en el Congreso, no hubo en lo que va del año los desembolsos prometidos.

El texto distribuido por la CGT despliega un mapa de las 288 obras sociales nacionales inscriptas que destaca una cobertura de salud para 14.244.066 personas, de las cuales 12 millones pertenecen al régimen general, 2 millones al monotributo y otras 255 mil provienen del estatuto para personal de casas particulares. Tras destacar que los aportes y contribuciones al sistema de seguridad social de cada trabajador no alcanzan en promedio a cubrir el costo del Programa Médico Obligatorio, el documento avanza sobre lo que es, a criterio de la central, el mayor problema: el financiamiento de sus afiliados discapacitados.

En esa línea señala que mientras en 2016 esos servicios representaban el 22% del Fondo Solidario de Redsitribución (FSR, el instrumento central de recursos que aportan las obras sociales y que administra el Estado) en la actualidad esa proporción subió al 75 por ciento. A continuación apunta que esa mayoría de presupuesto se dedica a 99.843 personas registradas como discapacitadas. Y que el 47% de los gastos totales «corresponde a educación y transporte, prestaciones no ligadas a situaciones sanitarias de manera directa».

«En otras palabras, el 0,7 % de los beneficiarios del sistema consume el 75% de los recursos del FSR», responsabiliza el estudio, en una lectura al menos sesgada: el espíritu con el que fue ideado el seguro de salud apunta a direccionar los recursos que apota una mayoría para sustentar las prestaciones médicas de una minoría. Al final la CGT reclama la definición de «una canasta básica de servicios» diferente del PMO para reducir el impacto en las cuentas de las obras sociales así como «la creación de un fondo especial que financie los medicamentos de altísimo costo» y de una agencia evaluadora de las prestaciones y remedios que deberán efectivamente brindar más allá de amparos judiciales que afectan al sistema. Y, esencialmente, crear «un fondo específico para financiar educación y transporte de personas con discapacidad».

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San Juan y Mendoza avanzan con un centro unificado de controles sobre la Ruta 40

Diez empresas presentaron sus propuestas para construir el Centro de Control Unificado que San Juan y Mendoza proyectan sobre la Ruta Nacional 40. La obra demandará $5.158 millones, será financiada en partes iguales por ambas provincias y tendrá un plazo de ejecución de 12 meses.

Las provincias cuyanas dieron un nuevo paso para la construcción del Centro de Control Unificado sobre la Ruta Nacional 40, luego de la apertura de las ofertas correspondientes a una licitación que reunió propuestas de diez empresas.

El proyecto contempla una inversión de $5.158.724.000, afrontada en partes iguales por los gobiernos de ambas provincias, y establece un plazo de ejecución de 12 meses. La apertura de sobres habilita ahora el análisis técnico y administrativo de las propuestas antes de definir la adjudicación.

El complejo estará emplazado en el kilómetro 42 de la Ruta 40, en San José, departamento de Las Heras, Mendoza. La infraestructura permitirá concentrar en un único predio controles que actualmente requieren distintas intervenciones, con participación de organismos policiales y sanitarios de ambas jurisdicciones.

El diseño incorpora puestos de control, áreas de inspección, playas diferenciadas para distintos tipos de vehículos, una Sala de Control Conjunta y obras complementarias sobre la infraestructura vial. La concentración de los procedimientos apunta a ordenar el tránsito y reducir las demoras que enfrentan transportistas y particulares en uno de los principales corredores terrestres de Cuyo.

La iniciativa adquiere particular relevancia para el movimiento de cargas entre San Juan y Mendoza, además de la circulación hacia otras provincias. La Ruta 40 constituye una vía fundamental para el transporte de producción regional, por lo que la coordinación de controles policiales y fitosanitarios busca combinar mayor fiscalización con una circulación más fluida.

El proyecto es resultado de la coordinación institucional entre ambas administraciones provinciales y propone integrar recursos y procedimientos en un punto común. Bajo la premisa de que “la seguridad no tiene fronteras”, los gobiernos de San Juan y Mendoza plantean una infraestructura que permita reforzar los controles sin multiplicar las demoras para quienes utilizan el corredor.

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SUBE normalizó el servicio tras las fallas registradas en las últimas horas

La Secretaría de Transporte confirmó que el sistema volvió a operar con normalidad luego de inconvenientes provocados por una falla en servicios de telecomunicaciones ajena a SUBE. Los usuarios ya pueden acreditar cargas pendientes mediante la aplicación, Carga a Bordo o las Terminales Automáticas.

Con el servicio restablecido, quienes hayan realizado una carga y todavía no la tengan acreditada pueden completar el proceso a través de diferentes alternativas.

Una de ellas es la App SUBE, siempre que el teléfono utilizado cuente con Android 6 o una versión superior y tecnología NFC. También está disponible la opción Carga a Bordo, en las localidades donde se encuentra habilitada, que permite acreditar el saldo directamente durante el viaje.

Otra posibilidad son las Terminales Automáticas SUBE, distribuidas en distintos puntos de la red y destinadas, entre otras funciones, a validar las cargas realizadas previamente.

El inconveniente había generado dificultades particularmente en estaciones ferroviarias, donde algunos usuarios no podían completar la acreditación del saldo pese a haber efectuado correctamente la operación de carga.

Desde SUBE señalaron que el servicio ya se encuentra normalizado y agradecieron la comprensión de los pasajeros, al tiempo que expresaron sus disculpas por las molestias ocasionadas durante la interrupción.

La restitución de la operatoria permite recuperar el funcionamiento habitual de uno de los mecanismos centrales para garantizar que las cargas digitales puedan transformarse en saldo disponible para el transporte público.

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Uber despide a 3.300 trabajadores mientras sus ganancias crecen 77%

Uber anunció el despido de aproximadamente 3.300 trabajadores en todo el mundo, en la mayor reducción de personal de la compañía desde la pandemia. La decisión llega después de un trimestre con fuertes indicadores de crecimiento y una ganancia neta de US$2.394 millones, una combinación que vuelve a poner bajo discusión la relación entre expansión empresarial y generación de empleo.

La empresa contaba con unos 34.000 empleados al cierre de 2025, por lo que los puestos eliminados representan alrededor del 10% de su plantilla. El ajuste alcanzará tanto a cargos gerenciales como a otros trabajadores y contempla una reducción cercana al 20% en la cantidad de managers.

El CEO de Uber, Dara Khosrowshahi, comunicó la medida a los empleados y explicó que el crecimiento de los últimos años produjo una estructura interna más compleja, con demasiados niveles jerárquicos y dificultades para acelerar la toma de decisiones. La reorganización contempla además fusionar áreas y reducir a la mitad los equipos pequeños integrados por apenas uno o dos empleados.

El recorte se produce mientras los principales indicadores del negocio muestran una evolución favorable. Durante el segundo trimestre, Uber facturó US$14.191 millones, un 12% más que en igual período de 2025, mientras las reservas brutas alcanzaron US$58.022 millones, con un crecimiento interanual del 24%.

Entre abril y junio se concretaron 3.867 millones de viajes, un 18% más que un año antes, y los usuarios activos mensuales llegaron a 208 millones, con una expansión del 16%. El resultado operativo también avanzó: creció 30% hasta los US$1.890 millones.

La ganancia neta, por su parte, se incrementó 77%. Una parte significativa estuvo vinculada con la revaluación de participaciones accionarias que Uber posee en otras compañías: ese efecto aportó unos US$1.600 millones antes de impuestos. Aun descontando ese componente extraordinario, la empresa exhibió un desempeño operativo positivo y un flujo de caja libre acumulado de más de US$10.000 millones en los últimos doce meses.

La reorganización apunta también a una transformación tecnológica del negocio. Uber busca ampliar su presencia en el transporte autónomo mediante acuerdos con compañías que desarrollan vehículos sin conductor y pretende utilizar parte de los recursos liberados para acelerar esa transición.

Khosrowshahi no atribuyó directamente los despidos a la inteligencia artificial, una diferencia respecto de otras grandes empresas tecnológicas que han utilizado la automatización como argumento para reducir sus plantillas. En el caso de Uber, la explicación oficial se concentra en la simplificación de la estructura corporativa y en la reasignación de recursos hacia nuevas áreas de crecimiento.

El ajuste deja una paradoja en las cifras: mientras aumentan los viajes, los usuarios, los ingresos y el resultado operativo, la compañía reduce en aproximadamente uno de cada diez su dotación global. Para Uber, la medida busca hacer más eficiente su organización y preparar el negocio para una nueva etapa tecnológica; para miles de trabajadores, representa la pérdida inmediata de sus puestos de trabajo.

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