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La CGT expuso ayer una aparente crisis financiera de las obras sociales luego de meses de negociar de manera infructuosa con el Gobierno nacional por una compensación que, aunque plasmada en el Presupuesto, no se cristalizó todavía. El encargado de dejar en evidencia el malestar fue José Luis Lingeri, del gremio de Obras Sanitarias y encargado de la secretaría de Acción Social de la central obrera. En un documento que difundió hizo saber que entre ingresos por recaudación y gastos proyectados, en particular por servicios a discapacitados, el «sistema solidario» de salud de las prestadoras gremiales alcanzará un déficit a fin de año de 132.610 millones de pesos.

El documento no hizo más que dejar asentado por escrito un quebranto creciente que los gremios con mayor número de afiliados en sus obras sociales denuncian desde hace años, producto de una suba exponencial de los gastos en rubros no estrictamente sanitarios como los de educación y transporte para afiliados discapacitados. Esa tendencia, presente en una negociación que la CGT inició en 2021 con Alberto Fernández, derivó en sucesivas promesas del Presidente primero, y de sus equipos económicos después, desde el año pasado con Sergio Massa a la cabeza, de reembolsos a cargo del Tesoro nacional para compensar las pérdidas.

De aquellos compromisos sólo hubo reparaciones puntuales a cargo del Tesoro nacional y la garantía, supuestamente enunciada por Massa, de que este año los reembolsos se harían de manera automática tras haber volcado al Presupuesto una reserva de fondos por alrededor de 138 mil millones de pesos. De aquel fondo, que el Gobierno propuso reforzar con una norma que haría su ejecución más automática y favorable a las obras sociales sindicales pero que fue bloqueada por el oposición en el Congreso, no hubo en lo que va del año los desembolsos prometidos.

El texto distribuido por la CGT despliega un mapa de las 288 obras sociales nacionales inscriptas que destaca una cobertura de salud para 14.244.066 personas, de las cuales 12 millones pertenecen al régimen general, 2 millones al monotributo y otras 255 mil provienen del estatuto para personal de casas particulares. Tras destacar que los aportes y contribuciones al sistema de seguridad social de cada trabajador no alcanzan en promedio a cubrir el costo del Programa Médico Obligatorio, el documento avanza sobre lo que es, a criterio de la central, el mayor problema: el financiamiento de sus afiliados discapacitados.

En esa línea señala que mientras en 2016 esos servicios representaban el 22% del Fondo Solidario de Redsitribución (FSR, el instrumento central de recursos que aportan las obras sociales y que administra el Estado) en la actualidad esa proporción subió al 75 por ciento. A continuación apunta que esa mayoría de presupuesto se dedica a 99.843 personas registradas como discapacitadas. Y que el 47% de los gastos totales «corresponde a educación y transporte, prestaciones no ligadas a situaciones sanitarias de manera directa».

«En otras palabras, el 0,7 % de los beneficiarios del sistema consume el 75% de los recursos del FSR», responsabiliza el estudio, en una lectura al menos sesgada: el espíritu con el que fue ideado el seguro de salud apunta a direccionar los recursos que apota una mayoría para sustentar las prestaciones médicas de una minoría. Al final la CGT reclama la definición de «una canasta básica de servicios» diferente del PMO para reducir el impacto en las cuentas de las obras sociales así como «la creación de un fondo especial que financie los medicamentos de altísimo costo» y de una agencia evaluadora de las prestaciones y remedios que deberán efectivamente brindar más allá de amparos judiciales que afectan al sistema. Y, esencialmente, crear «un fondo específico para financiar educación y transporte de personas con discapacidad».

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Empresarios en “modo ajuste”: compañías rechazan subas y se profundiza el malestar laboral

La Guía Salarial Argentina expone un escenario de elevada fricción entre empresas y trabajadores: mientras siete de cada diez compañías consideran inviables las demandas de recomposición salarial, el mismo porcentaje de empleados declara estar insatisfecho con sus ingresos. El desfasaje entre expectativas y posibilidades marca el pulso de un mercado laboral atravesado por la cautela y la selectividad.

El mercado laboral argentino ingresa en 2026 con una tensión estructural cada vez más visible: la distancia entre lo que los trabajadores consideran necesario para recomponer su poder adquisitivo y lo que las empresas están dispuestas —o pueden— conceder. El relevamiento de Michael Page, elaborado a partir de encuestas a 1.900 organizaciones y más de 1.300 profesionales, revela que el 70% de las firmas percibe las pretensiones salariales como “fuera de presupuesto”, una definición que sintetiza el clima de época.

Del otro lado del mostrador, la insatisfacción es igualmente contundente: siete de cada diez trabajadores califican su salario como “regular” o directamente insuficiente. La presión por recomponer ingresos se traduce en demandas concretas: el 58% exige incrementos superiores al 20% como condición para evaluar un cambio laboral. Sin embargo, la respuesta empresaria dista de acompañar esa expectativa: apenas el 8% proyecta otorgar aumentos por encima de ese umbral.

La comparación interanual acentúa el giro hacia la prudencia. En 2025, un 41% de las compañías manifestaba intención de expandir su dotación; hoy, ese porcentaje se reduce al 30%. Aunque el 60,6% de las firmas mantiene previsiones de crecimiento, las decisiones de contratación se subordinan a criterios de productividad y sostenibilidad, dejando en segundo plano la expansión agresiva de plantillas.

En este cuadro, el managing director regional de PageGroup, Álvaro Párker, advierte que el desafío ya no pasa exclusivamente por la remuneración. “Las organizaciones necesitan fortalecer y diferenciar su propuesta de valor para atraer y retener talento”, plantea, en un escenario donde la compensación económica pierde centralidad relativa frente a otros factores.

Cambio de paradigma en las condiciones laborales

El informe confirma una transformación en las prioridades del talento. El 94% de los profesionales busca propuestas personalizadas que incluyan beneficios en salud, esquemas de trabajo flexibles, vacaciones y bonos. En particular, la modalidad laboral se consolida como un factor crítico: el 78% rechaza los esquemas completamente presenciales.

Sin embargo, la mayoría de las empresas aún no logra adaptarse a esa demanda: el 71% continúa ofreciendo paquetes estandarizados, lo que profundiza la brecha entre oferta y expectativa. Este desacople se traduce en una creciente intención de rotación y en una percepción extendida de estancamiento: más del 50% de los trabajadores no visualiza oportunidades de desarrollo dentro de sus organizaciones.

Talento escaso y selectividad en la contratación

En este sentido, el mercado exhibe otro rasgo estructural: la escasez de perfiles calificados en áreas clave. Sectores como Finanzas, Logística, Ingeniería, Ventas, Marketing, Recursos Humanos, Salud y Tecnología concentran la demanda de competencias técnicas en niveles medios y ejecutivos.

No obstante, el 35,4% de las empresas reconoce dificultades para cubrir esas posiciones, lo que introduce una paradoja: aun en un contexto de ajuste, persisten nichos de alta demanda donde el talento escasea y se vuelve estratégico.

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La CGT eleva la presión tras el 1° de mayo y no descarta una nuevo paro general

La Confederación General del Trabajo anticipó un endurecimiento de su plan de acción tras la movilización por el Día del Trabajador. Aunque evita confirmar fechas, la conducción cegetista no descarta un nuevo paro general en un clima de creciente conflictividad laboral.

A horas de la movilización convocada para este 1° de mayo, la CGT elevó el tono de su discurso y dejó abierta la puerta a una profundización del conflicto con el Gobierno. El dirigente Jorge Sola, integrante del triunvirato que conduce la central, adelantó que, una vez finalizada la marcha hacia Plaza de Mayo, el sindicalismo avanzará hacia “una medida de fuerza mucho más fuerte”, aunque evitó precisar si se tratará de un nuevo paro general.

Las declaraciones, formuladas en la antesala de una jornada que el movimiento obrero busca convertir en una demostración de fuerza, reflejan un cambio de clima en la estrategia sindical. “El primer paso es mostrar en la calle el malhumor social que en todos lados se percibe”, sostuvo Sola, quien comparte la conducción con Octavio Argüello y Cristian Jerónimo.

El diagnóstico que impulsa esta escalada no se limita a la caída del consumo. Desde la central obrera describen un escenario más amplio, atravesado por el endeudamiento de los hogares, la pérdida de empleo y la precarización de las nuevas oportunidades laborales. En ese contexto, la movilización de este jueves —prevista desde las 15 hacia Plaza de Mayo— buscará canalizar ese malestar y exhibirlo como un factor de presión política.

La jornada tendrá, además, una impronta simbólica. Según adelantaron desde la conducción sindical, la convocatoria también rendirá homenaje al papa Francisco, a un año de su fallecimiento, destacando su influencia en la defensa de los derechos laborales y la dignidad del trabajo.

Pese al tono enfático de las advertencias, en la cúpula cegetista intentan evitar definiciones apresuradas. “Primero, la marcha”, sintetizan puertas adentro, en una señal de que cualquier decisión sobre una eventual huelga dependerá del impacto político y social de la movilización. No obstante, de concretarse un nuevo paro general, se trataría del quinto desde la asunción del presidente Javier Milei, lo que consolidaría un escenario de alta confrontación entre el Gobierno y el sindicalismo.

La protesta contará con el respaldo de organizaciones sociales nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que en paralelo mantiene su propia agenda de reclamos vinculados a programas sociales y condiciones de subsistencia. La articulación entre gremios y movimientos sociales refuerza la capacidad de movilización y amplía el alcance de la protesta.

En el plano institucional, la central también mantiene abiertos frentes judiciales. Sola cuestionó el reciente fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que se declaró competente para analizar la constitucionalidad de la reforma laboral (Ley 27.802), impulsada por el Ejecutivo. El dirigente reclamó que la causa “vuelva al juez natural”, en referencia al magistrado laboral Raúl Horacio Ojeda, quien había suspendido artículos clave de la norma, y advirtió que, de no prosperar ese planteo, acudirán a la Corte Suprema.

En simultaneo, desde la CGT aseguran que los conflictos sindicales “se han triplicado” en los últimos meses, con focos particularmente intensos en regiones productivas como Cuyo, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Este dato no solo refleja una mayor tensión en el mercado laboral, sino que también funciona como un termómetro del deterioro en la relación entre trabajadores, empresas y Estado.

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YPF aplicó nuevos aumentos: cómo quedaron los valores y qué pasa con el consumo en San Juan

La petrolera estatal YPF actualizó sus precios a fines de abril con variaciones acotadas. Mientras las naftas registraron subas marginales, el gasoil mostró leves retrocesos. En contrapartida, el nivel de consumo en la provincia se sostiene e incluso exhibe signos de crecimiento, en contraste con la tendencia nacional.

El cierre de abril trajo consigo un nuevo movimiento en los surtidores de San Juan, aunque con una dinámica más moderada respecto de ajustes anteriores. Desde el primer minuto del miércoles 29, las estaciones de servicio de YPF aplicaron una actualización de precios que, en términos generales, se ubicó en una franja de entre el 0,3% y el 1,5%, configurando un escenario de relativa estabilidad en el mercado local de combustibles.

En este marco, la nafta Súper pasó de $2.096 a $2.102 por litro, lo que representa un incremento del 0,3%. En la misma línea, la Infinia avanzó de $2.282 a $2.288, con una suba del 0,26%. Se trata de variaciones contenidas que, si bien consolidan una tendencia alcista, lo hacen con una intensidad menor a la observada en meses previos.

Distinto fue el comportamiento en el segmento del gasoil, donde se verificaron ligeras correcciones a la baja. El Diesel 500 descendió de $2.195 a $2.185 (-0,45%), mientras que el Infinia Diesel retrocedió de $2.368 a $2.358, con una disminución del 0,42%. En tanto, el GNC también registró un ajuste y se ubicó en torno a los $750 por metro cúbico.

Más allá de estas fluctuaciones, el dato que sobresale en la plaza sanjuanina es la resiliencia del consumo. A contramano de lo que ocurre en otras regiones del país —donde los incrementos suelen impactar de manera directa en la demanda—, las estaciones de servicio locales continúan reportando un flujo sostenido de usuarios. Incluso, fuentes del sector señalan que el volumen de despacho muestra signos de expansión, posicionando a la provincia como una excepción dentro de un contexto nacional caracterizado por la retracción de las ventas minoristas.

Este comportamiento abre interrogantes sobre las particularidades del mercado regional. Factores como la dinámica de la actividad económica local, el peso del transporte y ciertas características estructurales del consumo podrían estar amortiguando el impacto de los aumentos, al menos en el corto plazo.

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