La CGT blanquea un déficit en obras sociales
La CGT expuso ayer una aparente crisis financiera de las obras sociales luego de meses de negociar de manera infructuosa con el Gobierno nacional por una compensación que, aunque plasmada en el Presupuesto, no se cristalizó todavía. El encargado de dejar en evidencia el malestar fue José Luis Lingeri, del gremio de Obras Sanitarias y encargado de la secretaría de Acción Social de la central obrera. En un documento que difundió hizo saber que entre ingresos por recaudación y gastos proyectados, en particular por servicios a discapacitados, el «sistema solidario» de salud de las prestadoras gremiales alcanzará un déficit a fin de año de 132.610 millones de pesos.
El documento no hizo más que dejar asentado por escrito un quebranto creciente que los gremios con mayor número de afiliados en sus obras sociales denuncian desde hace años, producto de una suba exponencial de los gastos en rubros no estrictamente sanitarios como los de educación y transporte para afiliados discapacitados. Esa tendencia, presente en una negociación que la CGT inició en 2021 con Alberto Fernández, derivó en sucesivas promesas del Presidente primero, y de sus equipos económicos después, desde el año pasado con Sergio Massa a la cabeza, de reembolsos a cargo del Tesoro nacional para compensar las pérdidas.
De aquellos compromisos sólo hubo reparaciones puntuales a cargo del Tesoro nacional y la garantía, supuestamente enunciada por Massa, de que este año los reembolsos se harían de manera automática tras haber volcado al Presupuesto una reserva de fondos por alrededor de 138 mil millones de pesos. De aquel fondo, que el Gobierno propuso reforzar con una norma que haría su ejecución más automática y favorable a las obras sociales sindicales pero que fue bloqueada por el oposición en el Congreso, no hubo en lo que va del año los desembolsos prometidos.
El texto distribuido por la CGT despliega un mapa de las 288 obras sociales nacionales inscriptas que destaca una cobertura de salud para 14.244.066 personas, de las cuales 12 millones pertenecen al régimen general, 2 millones al monotributo y otras 255 mil provienen del estatuto para personal de casas particulares. Tras destacar que los aportes y contribuciones al sistema de seguridad social de cada trabajador no alcanzan en promedio a cubrir el costo del Programa Médico Obligatorio, el documento avanza sobre lo que es, a criterio de la central, el mayor problema: el financiamiento de sus afiliados discapacitados.
En esa línea señala que mientras en 2016 esos servicios representaban el 22% del Fondo Solidario de Redsitribución (FSR, el instrumento central de recursos que aportan las obras sociales y que administra el Estado) en la actualidad esa proporción subió al 75 por ciento. A continuación apunta que esa mayoría de presupuesto se dedica a 99.843 personas registradas como discapacitadas. Y que el 47% de los gastos totales «corresponde a educación y transporte, prestaciones no ligadas a situaciones sanitarias de manera directa».
«En otras palabras, el 0,7 % de los beneficiarios del sistema consume el 75% de los recursos del FSR», responsabiliza el estudio, en una lectura al menos sesgada: el espíritu con el que fue ideado el seguro de salud apunta a direccionar los recursos que apota una mayoría para sustentar las prestaciones médicas de una minoría. Al final la CGT reclama la definición de «una canasta básica de servicios» diferente del PMO para reducir el impacto en las cuentas de las obras sociales así como «la creación de un fondo especial que financie los medicamentos de altísimo costo» y de una agencia evaluadora de las prestaciones y remedios que deberán efectivamente brindar más allá de amparos judiciales que afectan al sistema. Y, esencialmente, crear «un fondo específico para financiar educación y transporte de personas con discapacidad».
Departamentales
San Juan acelera las obras preventivas frente a posibles crecidas de ríos y arroyos
La Provincia desplegó un operativo de obras hídricas en 15 departamentos para mejorar el escurrimiento del agua y reducir los daños que podrían provocar las crecidas durante la temporada de mayores caudales. Los trabajos, coordinados en el ámbito del Comité de Prevención de Emergencias (COPRE), comprenden intervenciones sobre ríos, arroyos, canales, drenes y sistemas de defensa.
Las tareas combinan limpieza de cauces y desagües, encauzamientos, reparación de infraestructura hidráulica y reconstrucción de protecciones en zonas expuestas. No eliminan la posibilidad de inundaciones, pero buscan disminuir la vulnerabilidad de poblaciones, caminos y redes de riego ante episodios de lluvias intensas.
Intervenciones en el norte y la cordillera
En Iglesia se construyen defensas en Laguna Bella Vista y el arroyo Agua Negra, mientras que ya se operó el descargador de fondo del dique Cuesta del Viento.
En Jáchal, las intervenciones alcanzan al río homónimo y a la colectora de Calle Vieja.
Calingasta, en tanto, mantiene trabajos de encauzamiento en los ríos Los Patos y Calingasta.
En Valle Fértil, las máquinas trabajan en las inmediaciones de Astica, donde se encauza un río de lecho pedregoso y se reconstruye una defensa deteriorada. La obra busca proteger el canal matriz de distribución, la pileta de Hidráulica y a los habitantes de la zona, que habían quedado expuestos ante la rotura de esa estructura.
Obras en el Gran San Juan y departamentos cercanos
En Rivadavia se reparan compuertas del dique Ignacio de la Roza y se retira vegetación en las inmediaciones del Parque Faunístico.
Rawson ejecuta tareas de levantamiento de monda, mientras que en Santa Lucía se limpian los drenes 25 de Mayo y Richet Zapata.
Zonda ya concluyó el encauzamiento en el dique Soldano y mantiene trabajos de protección y acondicionamiento cerca de Puente Blanco, sobre el río de la Ciénaga.
En Ullum se interviene el perilago del Embarcadero, la zona de La Usina y los canales Chilote y Falda, donde también se reconstruyen defensas.
En San Martín se limpia el desagüe San Isidro, principal receptor de los escurrimientos provenientes del cerro Pie de Palo. Albardón, por su parte, continúa con el encauzamiento del río Yakín.
Limpieza de drenes y protección de los sistemas de riego
En 25 de Mayo finalizaron las tareas en el dren de la ruta 279, entre calle 20 y Callejón Del Bono, y la restitución del dren de La Chimbera. Continúan las intervenciones sobre el dren de calle 21 y el ubicado en calle 4 y ruta 270, cerca de Villa Santa Rosa.
Caucete concentra trabajos de encauzamiento y limpieza del río Bermejo, además del refuerzo de las defensas del sistema de riego.
En Pocito se realiza levantamiento de monda y se utiliza maquinaria de Hidráulica en calle 18 y Aberastain.
En Sarmiento, las tareas comprenden la limpieza y el encauzamiento del dren Sarmiento y el colector Bofinger, junto con obras de defensa en Colonia Fiscal, sobre el dren Camilo Rojo.
La amplitud territorial del operativo responde a la necesidad de atender puntos críticos con características diferentes: desde cauces cordilleranos y ríos de montaña hasta colectores urbanos y canales de riego.
destacada
Los trabajadores universitarios vuelven a la huelga por la recomposición salarial
Los trabajadores no docentes de las universidades nacionales comenzaron este martes una secuencia de tres paros de 24 horas para exigir una mejora de sus ingresos y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La protesta también comprende el reclamo de fondos suficientes para sostener el funcionamiento de las instituciones y sus tareas de investigación.
La medida fue resuelta por el Consejo Directivo de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun), que fijó otras dos jornadas de huelga para el jueves 12 y el lunes 16 de noviembre. La organización sindical anticipó que mantendrá las acciones gremiales hasta obtener respuestas del Poder Ejecutivo.
«Seguimos unidos y organizados, defendiendo nuestros derechos, nuestros salarios y la educación pública», expresó la federación al ratificar la continuidad de las medidas.
La medida de fuerza coincide con la disputa judicial por la aplicación de la Ley 27.795. En octubre, un juez declaró inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025 que supeditaba la implementación de la norma a determinadas condiciones y ordenó al Gobierno nacional cumplir con sus disposiciones. El Ejecutivo apeló el fallo, por lo que la discusión permanece abierta en los tribunales.
La legislación establece mecanismos de actualización salarial para docentes y no docentes, además de disposiciones destinadas a reforzar el financiamiento de las universidades, entre ellas las partidas para becas estudiantiles.
Desde el Gobierno nacional sostienen que la aplicación requiere determinar las fuentes de financiamiento y establecer las asignaciones presupuestarias correspondientes. Esa posición mantiene abierto el desacuerdo con las organizaciones universitarias, que reclaman que la norma se traduzca en medidas concretas.
destacada
La reforma laboral no frena la caída del empleo formal y la informalidad alcanza al 45%
La reforma laboral aprobada por el Congreso en marzo de 2026 todavía no muestra en los indicadores de empleo los resultados que el Gobierno esperaba. A ocho meses de su sanción, los puestos registrados retrocedieron un 0,9%, la informalidad llegó al 45% de la población ocupada y el empleo privado acumuló más de un año de contracción. Incluso Federico Sturzenegger, uno de los principales impulsores de los cambios, reconoció que la respuesta empresaria no estuvo a la altura de las expectativas oficiales.
Los datos del INDEC reflejan un deterioro en la calidad de la inserción laboral. Entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo período de 2026, la informalidad aumentó 1,8 puntos porcentuales, al pasar del 43,2% al 45%. Esto significa que casi la mitad de las personas ocupadas trabaja sin las garantías propias de un empleo registrado.
La evolución de las incorporaciones tampoco exhibe una recuperación sostenida. Según la Secretaría de Trabajo, en junio representaron apenas el 1,6% del total de trabajadores ocupados, el registro más bajo de la serie. En agosto subieron al 1,8%, aunque permanecieron por debajo del 2% observado en febrero, antes de la aprobación de la ley.
Catorce meses de retroceso en el empleo privado
La contracción también aparece en los relevamientos sobre trabajo asalariado formal. Un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) contabilizó una pérdida de 12.700 puestos en el último período analizado, equivalente a una baja del 0,2%. El total quedó en torno de los 6,1 millones de trabajadores y completó 14 meses consecutivos de retroceso.
Desde noviembre de 2023, la reducción acumulada ronda los 266.000 empleos privados, un descenso del 4,2%. El estudio ubica la cantidad de trabajadores en niveles comparables con los de mayo de 2014.
La brecha entre producción y empleo agrega otro dato relevante: mientras la economía acumuló un crecimiento neto del 2,2% entre noviembre de 2023 y julio de 2026, el trabajo asalariado privado se redujo más de un 4% durante ese mismo período.
A ese cuadro se suma el aumento de la desocupación. En el segundo trimestre de 2026, la tasa alcanzó el 7,9%, frente al 7,6% registrado un año antes, de acuerdo con el INDEC. También superó el nivel del trimestre previo y se convirtió en el registro más alto desde el inicio de la actual gestión presidencial.
Sturzenegger apuntó contra los empresarios
La evaluación oficial introdujo un reconocimiento poco habitual sobre los resultados de la reforma. Sturzenegger manifestó que no está conforme con la respuesta de los empleadores frente a los cambios normativos y cuestionó, además, la continuidad de determinadas prácticas en las negociaciones colectivas.
El ministro expresó su malestar con el funcionamiento de la ultraactividad, principio por el cual las cláusulas de un convenio colectivo mantienen su vigencia una vez vencido el acuerdo, hasta que sean sustituidas por otro. Según sostuvo, los convenios que se firman tienden a repetir fórmulas anteriores porque las partes evitan confrontar y esperan que el Estado resuelva las diferencias.
El funcionario también atribuyó parte de las transformaciones del mercado laboral a los cambios de hábitos posteriores a la pandemia y señaló que una porción de los trabajadores opta por modalidades de contratación más flexibles.
Sin embargo, los indicadores sobre remuneraciones tampoco muestran una recomposición generalizada. El salario mínimo perdió un 40,8% de poder adquisitivo desde noviembre de 2023 y no registró una recuperación real en septiembre. En el empleo privado registrado, la remuneración promedio cayó un 0,4% en julio, aunque habría mejorado un 1,3% en términos reales durante agosto.
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