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La CGT expuso ayer una aparente crisis financiera de las obras sociales luego de meses de negociar de manera infructuosa con el Gobierno nacional por una compensación que, aunque plasmada en el Presupuesto, no se cristalizó todavía. El encargado de dejar en evidencia el malestar fue José Luis Lingeri, del gremio de Obras Sanitarias y encargado de la secretaría de Acción Social de la central obrera. En un documento que difundió hizo saber que entre ingresos por recaudación y gastos proyectados, en particular por servicios a discapacitados, el «sistema solidario» de salud de las prestadoras gremiales alcanzará un déficit a fin de año de 132.610 millones de pesos.

El documento no hizo más que dejar asentado por escrito un quebranto creciente que los gremios con mayor número de afiliados en sus obras sociales denuncian desde hace años, producto de una suba exponencial de los gastos en rubros no estrictamente sanitarios como los de educación y transporte para afiliados discapacitados. Esa tendencia, presente en una negociación que la CGT inició en 2021 con Alberto Fernández, derivó en sucesivas promesas del Presidente primero, y de sus equipos económicos después, desde el año pasado con Sergio Massa a la cabeza, de reembolsos a cargo del Tesoro nacional para compensar las pérdidas.

De aquellos compromisos sólo hubo reparaciones puntuales a cargo del Tesoro nacional y la garantía, supuestamente enunciada por Massa, de que este año los reembolsos se harían de manera automática tras haber volcado al Presupuesto una reserva de fondos por alrededor de 138 mil millones de pesos. De aquel fondo, que el Gobierno propuso reforzar con una norma que haría su ejecución más automática y favorable a las obras sociales sindicales pero que fue bloqueada por el oposición en el Congreso, no hubo en lo que va del año los desembolsos prometidos.

El texto distribuido por la CGT despliega un mapa de las 288 obras sociales nacionales inscriptas que destaca una cobertura de salud para 14.244.066 personas, de las cuales 12 millones pertenecen al régimen general, 2 millones al monotributo y otras 255 mil provienen del estatuto para personal de casas particulares. Tras destacar que los aportes y contribuciones al sistema de seguridad social de cada trabajador no alcanzan en promedio a cubrir el costo del Programa Médico Obligatorio, el documento avanza sobre lo que es, a criterio de la central, el mayor problema: el financiamiento de sus afiliados discapacitados.

En esa línea señala que mientras en 2016 esos servicios representaban el 22% del Fondo Solidario de Redsitribución (FSR, el instrumento central de recursos que aportan las obras sociales y que administra el Estado) en la actualidad esa proporción subió al 75 por ciento. A continuación apunta que esa mayoría de presupuesto se dedica a 99.843 personas registradas como discapacitadas. Y que el 47% de los gastos totales «corresponde a educación y transporte, prestaciones no ligadas a situaciones sanitarias de manera directa».

«En otras palabras, el 0,7 % de los beneficiarios del sistema consume el 75% de los recursos del FSR», responsabiliza el estudio, en una lectura al menos sesgada: el espíritu con el que fue ideado el seguro de salud apunta a direccionar los recursos que apota una mayoría para sustentar las prestaciones médicas de una minoría. Al final la CGT reclama la definición de «una canasta básica de servicios» diferente del PMO para reducir el impacto en las cuentas de las obras sociales así como «la creación de un fondo especial que financie los medicamentos de altísimo costo» y de una agencia evaluadora de las prestaciones y remedios que deberán efectivamente brindar más allá de amparos judiciales que afectan al sistema. Y, esencialmente, crear «un fondo específico para financiar educación y transporte de personas con discapacidad».

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Judiciales nacionales paran este viernes en todo el país por salarios, obra social y defensa de la Justicia Nacional

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) confirmó un paro nacional de 24 horas para este viernes 2 de octubre, en una nueva escalada de su plan de lucha. La medida alcanzará a los tribunales de todo el país y estará precedida este jueves por una jornada de cese de tareas y movilización en el Fuero Nacional del Trabajo.

El reclamo sindical reúne tres demandas: recuperación salarial, respuestas ante los problemas de la obra social y rechazo al traspaso de competencias de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires. El secretario general de la UEJN, Julio Piumato, ratificó la continuidad de las protestas y sostuvo que el gremio defenderá tanto las condiciones laborales de sus afiliados como la estructura de la Justicia Nacional.

La protesta de este jueves tendrá como epicentro la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, donde los trabajadores realizarán un cese de actividades y una movilización. La UEJN reclama a los camaristas que asuman una posición activa frente al proceso de transferencia del fuero.

El conflicto por la Justicia Laboral también se juega en los tribunales. En marzo, el Juzgado Nacional del Trabajo N°30 frenó temporalmente el acuerdo de transferencia entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires (anexo de la Ley 27.802). Sin embargo, esta decisión fue revocada por el fuero Contencioso Administrativo Federal, al determinar que la disputa debía resolverse en su propia jurisdicción.

La UEJN sostiene que el traspaso genera interrogantes sobre la continuidad y las condiciones laborales de los trabajadores del fuero. El sindicato también extendió su rechazo a otras áreas de la Justicia Nacional y menciona al fuero Penal y al de Menores entre las competencias que pretende preservar bajo jurisdicción nacional.

En simultaneo, Piumato viene denunciando una pérdida del poder adquisitivo de los empleados judiciales. En septiembre, el dirigente había estimado en 24,7% la caída salarial acumulada desde el inicio de la actual gestión nacional, una cifra que forma parte de los argumentos gremiales para reclamar una recomposición.

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La CGT marchará el 8 de octubre y se sumará a la protesta universitaria

La CGT volverá a las calles en octubre, pero por ahora no avanzará con un nuevo paro general contra el Gobierno de Javier Milei. La central obrera resolvió movilizar el jueves 8 de octubre, a las 15.30, frente a la Secretaría de Industria, en defensa de la producción nacional como principal consigna.

La decisión fue adoptada este martes durante una reunión ampliada de la mesa chica efectuada en la sede de la UOCRA, con la participación de más de 30 organizaciones. Allí estuvieron los integrantes del triunvirato, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, junto con Gerardo Martínez, Héctor Daer, Hugo Moyano, Andrés Rodríguez y otros dirigentes de la conducción sindical.

La concentración tendrá como consigna “Las Malvinas son argentinas, la industria nacional también” y buscará incorporar a las organizaciones sindicales de las ramas productivas, además de cámaras empresarias y otros actores vinculados con la producción. La CGT puso especialmente el foco en industria, construcción y comercio, por su incidencia sobre el empleo.

Andrés Rodríguez, secretario general de UPCN, sostuvo que la central pretende colocar en la agenda los problemas de las actividades productivas y afirmó que esos rubros atraviesan un fuerte deterioro. Sus declaraciones forman parte del diagnóstico sindical sobre el rumbo económico y no constituyen, por sí mismas, una medición independiente sobre la evolución de cada rama.

La segunda fecha quedó fijada para el 15 de octubre, cuando la CGT acompañará la quinta Marcha Federal Universitaria. La movilización reunirá a organizaciones docentes, nodocentes, estudiantes y otras entidades vinculadas con la educación superior, además de las dos CTA.

La definición también marca una diferencia respecto de las centrales CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores, que ya resolvieron avanzar hacia un paro nacional a fines de octubre. La CGT mantiene abierto el diálogo con esas organizaciones, pero decidió por ahora sostener una agenda propia de movilizaciones.

En el plano provincial, el encuentro tuvo participación de Eduardo Cabello, secretario general de la CGT San Juan y dirigente de la UOCRA, quien formó parte de la reunión nacional en la que se resolvieron las próximas medidas. La marcha del 8 será en la Ciudad de Buenos Aires y no contempla, por el momento, una convocatoria nacional simultánea en las provincias.

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Repavimentación de la Circunvalación: nuevos cortes y desvíos desde este miércoles

Vialidad Provincial modificará desde este miércoles 30 de septiembre la circulación en dos sectores de la Avenida de Circunvalación. El anillo interno tendrá un nuevo desvío en Trinidad y continuará el corte del anillo externo en Concepción.

Los trabajos de repavimentación en la Avenida de Circunvalación alterarán el tránsito en dos tramos del anillo vial a partir de hoy. Ante esto, las autoridades viales solicitaron transitar con precaución, respetar los carteles y seguir las órdenes de los banderilleros.

En el anillo interno, a la altura de Trinidad, los vehículos deberán abandonar la Circunvalación por la rampa hacia calle General Acha. Desde allí deberán seguir el recorrido establecido mediante señalización provisoria y volver a ingresar a la avenida por la rampa ubicada después de calle Urquiza.

En la zona de Concepción, continuará vigente el corte existente. Los conductores deberán salir por calle Mendoza y retomar luego la Circunvalación a través del acceso ubicado en Escalabrini Ortiz.

Los cambios responden al avance de la obra puesta en marcha, y que comprende sus 32 kilómetros de extensión. Aunque la avenida pertenece a la jurisdicción de Vialidad Nacional, los trabajos son financiados íntegramente con recursos provinciales, según se informó desde el Gobierno de San Juan.

La intervención contempla el tratamiento de las calzadas deterioradas mediante geogrillas y una nueva carpeta de concreto asfáltico, con el objetivo de reemplazar sectores de hormigón que presentan desgaste. Dos empresas contratistas ejecutan las tareas de manera simultánea en distintos tramos.

Se estima que el nuevo pavimento tendrá una vida útil de 25 años, calculada en función del flujo vehicular diario y el tránsito de carga pesada que registra la principal arteria que une al gran San Juan.

Mientras continúen los trabajos, recomendaron evitar maniobras bruscas y respetar los recorridos establecidos. La presencia de personal operativo buscará ordenar la circulación y reducir las demoras en los sectores afectados.

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