La CGT blanquea un déficit en obras sociales
La CGT expuso ayer una aparente crisis financiera de las obras sociales luego de meses de negociar de manera infructuosa con el Gobierno nacional por una compensación que, aunque plasmada en el Presupuesto, no se cristalizó todavía. El encargado de dejar en evidencia el malestar fue José Luis Lingeri, del gremio de Obras Sanitarias y encargado de la secretaría de Acción Social de la central obrera. En un documento que difundió hizo saber que entre ingresos por recaudación y gastos proyectados, en particular por servicios a discapacitados, el «sistema solidario» de salud de las prestadoras gremiales alcanzará un déficit a fin de año de 132.610 millones de pesos.
El documento no hizo más que dejar asentado por escrito un quebranto creciente que los gremios con mayor número de afiliados en sus obras sociales denuncian desde hace años, producto de una suba exponencial de los gastos en rubros no estrictamente sanitarios como los de educación y transporte para afiliados discapacitados. Esa tendencia, presente en una negociación que la CGT inició en 2021 con Alberto Fernández, derivó en sucesivas promesas del Presidente primero, y de sus equipos económicos después, desde el año pasado con Sergio Massa a la cabeza, de reembolsos a cargo del Tesoro nacional para compensar las pérdidas.
De aquellos compromisos sólo hubo reparaciones puntuales a cargo del Tesoro nacional y la garantía, supuestamente enunciada por Massa, de que este año los reembolsos se harían de manera automática tras haber volcado al Presupuesto una reserva de fondos por alrededor de 138 mil millones de pesos. De aquel fondo, que el Gobierno propuso reforzar con una norma que haría su ejecución más automática y favorable a las obras sociales sindicales pero que fue bloqueada por el oposición en el Congreso, no hubo en lo que va del año los desembolsos prometidos.
El texto distribuido por la CGT despliega un mapa de las 288 obras sociales nacionales inscriptas que destaca una cobertura de salud para 14.244.066 personas, de las cuales 12 millones pertenecen al régimen general, 2 millones al monotributo y otras 255 mil provienen del estatuto para personal de casas particulares. Tras destacar que los aportes y contribuciones al sistema de seguridad social de cada trabajador no alcanzan en promedio a cubrir el costo del Programa Médico Obligatorio, el documento avanza sobre lo que es, a criterio de la central, el mayor problema: el financiamiento de sus afiliados discapacitados.
En esa línea señala que mientras en 2016 esos servicios representaban el 22% del Fondo Solidario de Redsitribución (FSR, el instrumento central de recursos que aportan las obras sociales y que administra el Estado) en la actualidad esa proporción subió al 75 por ciento. A continuación apunta que esa mayoría de presupuesto se dedica a 99.843 personas registradas como discapacitadas. Y que el 47% de los gastos totales «corresponde a educación y transporte, prestaciones no ligadas a situaciones sanitarias de manera directa».
«En otras palabras, el 0,7 % de los beneficiarios del sistema consume el 75% de los recursos del FSR», responsabiliza el estudio, en una lectura al menos sesgada: el espíritu con el que fue ideado el seguro de salud apunta a direccionar los recursos que apota una mayoría para sustentar las prestaciones médicas de una minoría. Al final la CGT reclama la definición de «una canasta básica de servicios» diferente del PMO para reducir el impacto en las cuentas de las obras sociales así como «la creación de un fondo especial que financie los medicamentos de altísimo costo» y de una agencia evaluadora de las prestaciones y remedios que deberán efectivamente brindar más allá de amparos judiciales que afectan al sistema. Y, esencialmente, crear «un fondo específico para financiar educación y transporte de personas con discapacidad».
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Se viene la quinta marcha federal en reclamo por el financiamiento universitario y el cumplimiento de la ley
San Juan se sumará este jueves 15 de octubre a la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para reclamar al Gobierno de Javier Milei el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. ADICUS confirmó su participación en la movilización, que tendrá como punto de partida la Plaza 25 de Mayo, a las 16.30.
La convocatoria se inscribe en la disputa por la recomposición salarial de docentes y no docentes, los recursos para el funcionamiento de las universidades y la aplicación de la normativa aprobada por el Congreso. El recorrido previsto contempla una marcha hasta el Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), sobre calle Mitre, aunque el trayecto definitivo se resolverá en una reunión organizativa.
Una clase pública antes de la movilización
Como parte de las actividades previas, este miércoles se realizará una clase pública de Derecho Constitucional frente al Rectorado. La exposición estará a cargo de los abogados Conrado Suárez Jofré y Javier Alamino y buscará sumar una instancia de debate académico a los reclamos universitarios.
La protesta local se desarrollará en simultaneo con las movilizaciones convocadas en distintos puntos del país, luego de que el Gobierno recurriera a la Justicia para cuestionar la obligación de aplicar la ley de financiamiento.
El conflicto combina así el reclamo gremial por salarios y presupuesto con una discusión institucional sobre el cumplimiento de una norma sancionada por el Congreso. La movilización del jueves buscará sostener la presión pública mientras continúa la disputa judicial y las organizaciones universitarias advierten sobre el deterioro de los recursos destinados a la educación superior.
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La construcción sigue en crisis: 120.000 empleos perdidos y 2.000 empresas menos
La construcción acumula una pérdida de 120.000 puestos de trabajo y la desaparición de unas 2.000 empresas, sin perspectivas de una recuperación significativa durante los próximos meses. La advertencia fue formulada por Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), quien atribuyó el deterioro a la fuerte contracción de la obra pública y anticipó que el estancamiento podría extenderse durante los primeros meses de 2027.
Según el dirigente empresario, la actividad cayó alrededor de un 25% entre mediados de 2023 y mediados de 2024 y desde entonces se mantiene en niveles inferiores a los previos al derrumbe. Aunque el ritmo de la caída se moderó, el repunte todavía no alcanza para recomponer el empleo ni revertir el debilitamiento de las compañías. Algunas atraviesan dificultades financieras e incluso procesos de convocatoria de acreedores.
Weiss sostuvo que no observa cambios relevantes para el corto plazo. Si bien identificó un mayor dinamismo en Neuquén y Río Negro, impulsado por las inversiones vinculadas con Vaca Muerta, advirtió que ese movimiento resulta insuficiente para compensar la retracción en el resto del país. La construcción asociada con la energía y la minería ofrece mejores perspectivas, pero no reemplaza el volumen de trabajo que generaba la infraestructura pública.
El reclamo por la inversión estatal
El titular de CAMARCO cuestionó la posibilidad de que el capital privado sustituya por completo al Estado en el financiamiento de las obras. Según planteó, rutas con bajo tránsito, grandes proyectos ferroviarios y otras infraestructuras requieren recursos públicos para resultar viables.
La paralización de esos emprendimientos, advirtió, trasciende a las empresas constructoras: el deterioro vial y ferroviario también eleva los costos logísticos y condiciona la competitividad de otras actividades productivas.
El mercado inmobiliario tampoco despega. Según Weiss, construir en dólares es cada vez más caro y los precios de venta rezagados reducen la rentabilidad de las obras. Aunque valoró los nuevos créditos hipotecarios, aclaró que todavía les falta escala para generar una reactivación general.
Departamentales
San Juan desplegó su oferta turística en un feriado marcado por viajes breves
El fin de semana largo movilizó a 1.490.400 turistas en el país y generó $313.610 millones, según CAME. Aunque la cantidad de viajeros aumentó 3,5% interanual, el gasto total cayó en términos reales y la estadía promedio bajó a 1,8 días. San Juan ofreció propuestas culturales, gastronómicas y de naturaleza, aunque no se difundieron cifras provinciales de ocupación ni de visitantes.
El turismo argentino sumó viajeros durante el fin de semana largo del 12 de octubre, pero el mayor movimiento no se tradujo en un incremento del consumo. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 1.490.400 personas viajaron por el país, un 3,5% más que en el mismo feriado de 2025, mientras que el gasto total registró una caída real del 2,2%, una vez descontada la inflación.
El relevamiento estimó un impacto económico directo de $313.610 millones. La principal explicación del retroceso fue la menor permanencia: la estadía promedio se redujo de dos días a 1,8, una baja interanual del 10%. Así, el aumento de los desplazamientos no alcanzó para compensar el menor tiempo de alojamiento y consumo en los destinos.
Los mejores desempeños se concentraron en La Fiesta Nacional de la Cerveza, en Villa General Belgrano, Córdoba; Bariloche a la Carta, en Río Negro; el Harlem Festival, en Santa Fe; y la Fiesta Nacional del Caballo, en Tucumán, fueron algunos de los eventos destacados.
Respecto de las expectativas iniciales, los mejores resultados se observaron en algunas localidades de Tucumán, Córdoba, Catamarca y Santa Fe, mientras que en la Patagonia sobresalieron Bariloche y Puerto Madryn, ambos lugares con ocupaciones cercanas al 80%.
En contraste, destinos como Posadas y algunas regiones del Chaco mostraron un movimiento más limitado. Las diferencias no solo se dieron entre provincias, sino también dentro de cada territorio, donde ciertas localidades concentraron buena parte de los visitantes.
El gasto diario promedio llegó a $116.900 por turista, con una mejora real del 5% frente al año anterior. Sin embargo, las escapadas más breves limitaron el desembolso acumulado. CAME también identificó una mayor preferencia por destinos cercanos, reservas de último momento y decisiones de consumo más selectivas.
San Juan: naturaleza, gastronomía y propuestas culturales
La provincia desplegó una agenda distribuida entre el Gran San Juan y los departamentos del interior. En Calingasta, las propuestas combinaron tradiciones criollas, peñas y experiencias gastronómicas con observación astronómica en Barreal. Valle Fértil sumó senderismo y avistaje de aves, mientras que 25 de Mayo celebró una nueva edición del Festival del Pan Casero.
La oferta urbana incluyó espectáculos teatrales y musicales, ferias de emprendedores y diseñadores, y actividades culturales en espacios como el Teatro del Bicentenario, el Teatro Sarmiento, el Chalet Cantoni y el Centro Cultural Conte Grand. Entre los atractivos naturales se destacaron Ischigualasto, el Parque Nacional El Leoncito, los paisajes cordilleranos y los embalses de Ullum y Punta Negra.
No obstante, el informe nacional no precisó la ocupación hotelera, la cantidad de visitantes ni el impacto económico del feriado en San Juan. Sin esos indicadores, la agenda de propuestas permite describir la oferta turística, pero no medir sus resultados económicos.
Un año con más de 12,9 millones de turistas
En el acumulado de 2026, los ocho fines de semana largos contabilizados por CAME movilizaron a 12.939.094 turistas, con un impacto económico estimado en $3,4 billones. La estadía promedio fue de 2,37 días y el gasto diario alcanzó los $111.282.
Los resultados del feriado de octubre exponen una diferencia relevante para las economías turísticas: atraer más visitantes no garantiza mayores ingresos reales. Con permanencias más cortas y presupuestos ajustados, la capacidad de los destinos para convertir las visitas en noches de alojamiento, consumos gastronómicos y compras resulta determinante para sostener el movimiento comercial.
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