Desde el 1° de octubre, el límite general de ingresos para solicitar medicamentos al 100% mediante el subsidio por razones sociales se ubicará en $653.622,77 mensuales. Para hogares donde el afiliado o un integrante conviviente tenga CUD, el máximo será de $1.307.245,53. El beneficio también está condicionado por requisitos patrimoniales.

El nuevo tope general será de $653.622,77 mensuales, equivalente a 1,5 haberes mínimos previsionales, mientras que para hogares donde el afiliado o un integrante del grupo conviviente tenga un Certificado Único de Discapacidad (CUD) el límite ascenderá a $1.307.245,53, equivalente a tres haberes mínimos.

La modificación no supone una cobertura automática. El subsidio está destinado a afiliados que no pueden afrontar el costo de sus tratamientos y, además del ingreso, deben cumplir determinadas condiciones patrimoniales. PAMI establece que no pueden tener más de un inmueble, ser titulares de una prepaga, poseer aeronaves o embarcaciones de lujo ni registrar activos societarios que evidencien capacidad económica.

También existe una restricción vinculada con los vehículos. Como regla general, el afiliado no debe ser titular de un automóvil de menos de diez años de antigüedad. PAMI contempla una excepción para los hogares en los que el afiliado o un integrante conviviente tenga CUD.

El organismo mantiene, además, una vía de reconsideración para quienes no encuadren en alguno de los requisitos económicos. Si el costo de los medicamentos indicados representa al menos el 15% del ingreso previsional mensual, el afiliado puede solicitar una evaluación para acceder igualmente a la cobertura del 100%. En esos casos se contempla documentación social y sanitaria y una revalidación médica. Los veteranos de la Guerra del Atlántico Sur están exceptuados de estas restricciones, aunque deben realizar el trámite correspondiente.

El procedimiento también depende de la cantidad de medicamentos requeridos. Para hasta cuatro medicamentos, PAMI dispone de una solicitud online con validación automática cuando se cumplen los requisitos. Si se necesitan hasta seis, interviene la Unidad de Gestión Local (UGL), mientras que los pedidos de más de seis requieren una evaluación adicional por tratarse de casos de polimedicación.

Para iniciar la gestión se requiere DNI, credencial de PAMI y receta electrónica con el diagnóstico correspondiente. El trámite puede efectuarlo el propio afiliado, un familiar o una persona autorizada, tanto por los canales digitales del organismo como en una agencia de PAMI.

El subsidio social debe diferenciarse de las coberturas específicas que PAMI mantiene al 100% para determinados tratamientos. El organismo contempla prestaciones integrales para medicamentos oncológicos y oncohematológicos, antirretrovirales, tratamientos vinculados con hepatitis B y C, fibrosis quística, trasplantes, artritis reumatoidea y otras patologías incluidas en programas especiales.

Para los medicamentos que no están alcanzados por una cobertura total, PAMI mantiene descuentos de entre 50% y 80%, según se trate de patologías agudas o crónicas. Los medicamentos de uso eventual tienen una cobertura del 40%.

El cambio que comenzará a regir en octubre actualiza así uno de los parámetros centrales para acceder al subsidio social, pero mantiene la evaluación integral de ingresos y patrimonio. Para los jubilados que no pueden afrontar el costo de sus tratamientos, la diferencia entre obtener un descuento parcial y alcanzar la cobertura total dependerá de su encuadramiento en los requisitos establecidos por PAMI y, cuando corresponda, de la evaluación de una vía de reconsideración.

La provincia llega a la primavera con hasta 2,30 metros de nieve en algunos puntos de alta montaña y prepara sus embalses, cauces y sistemas de emergencia ante un verano que podría aportar más agua, pero también aumentar el riesgo de crecidas y tormentas intensas. Los especislistas adelantan que podría ser muy diferente al de los últimos años de sequía.

En algunos puntos de alta montaña se acumularon hasta 2,30 metros de nieve, según las mediciones citadas por la climatóloga de la UNSJ Agustina Albeiro. La magnitud de esa reserva no permite, por sí sola, calcular cuánta agua llegará a los ríos: para establecerlo es necesario conocer también la densidad del manto y su evolución durante el deshielo.

El proceso ya comenzó y noviembre aparece como un período clave, cuando el aumento de las temperaturas suele acelerar la fusión. El principal interrogante será cómo coincidirán ese aporte cordillerano y las tormentas de verano entre diciembre y febrero.

Ante esa posibilidad, EPSE comenzó a administrar los niveles de Caracoles, Punta Negra y Ullum para conservar capacidad disponible. La preparación incluye trabajos sobre cauces y compuertas, además de una obra cercana a $4.500 millones en El Tambolar para habilitar un desvío temporal del río San Juan y proteger estructuras de la presa frente a eventuales crecidas y arrastre de sedimentos.

Los organismos provinciales trabajan con hipótesis de caudales elevados, aunque esas cifras constituyen escenarios preventivos y no pronósticos. Entre las estimaciones preliminares mencionadas por EPSE aparecen volúmenes de entre 2.500 y 3.000 hectómetros cúbicos para el ciclo, pero todavía no existe una previsión oficial que confirme ese ingreso.

Si la disponibilidad hídrica efectivamente aumenta, el beneficio alcanzaría al riego, el consumo, la recuperación de sectores del río y la generación hidroeléctrica. También podrían recuperar superficie algunas zonas recreativas de Ullum que quedaron expuestas durante los años de escasez.

La contracara es el riesgo de crecidas repentinas y tormentas intensas. Después de varios años con corrientes de agua reducidos, canales y defensas requieren mantenimiento y los organismos de emergencia trabajan sobre mapas de riesgo, vías de evacuación y sistemas de comunicación.

El EPRE, además, coordina con Hidráulica, Protección Civil, Policía, EPSE y Naturgy un operativo para el verano 2026/27, con disponibilidad permanente de equipos y prioridad para restablecer el servicio eléctrico en hospitales, sistemas de bombeo de agua potable y usuarios electrodependientes.

San Juan enfrenta así un desafío diferente al de los últimos años. La mayor disponibilidad de agua puede significar recuperación hídrica, más riego y mayor generación eléctrica, pero obliga también a prepararse para administrar caudales que la provincia no recibe con esta magnitud desde hace tiempo. La evolución de las temperaturas, la velocidad del deshielo y las precipitaciones estivales definirán cuánto de esa reserva cordillerana llegará finalmente al sistema provincial.

La Asociación Obrera Minera Argentina inició una medida de fuerza en Minera del Altiplano, operadora del proyecto Fénix de Río Tinto, por reclamos salariales y cuestionamientos vinculados con la seguridad en la alta montaña. El conflicto vuelve a poner bajo la lupa las proyecciones de fuerte generación de empleo asociadas al desarrollo minero.

Un nuevo conflicto laboral paraliza el proyecto de litio Fénix en Catamarca. La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) comenzó una medida de fuerza en Minera del Altiplano, operada por Río Tinto en el Salar del Hombre Muerto.

El reclamo combina dos cuestiones: una actualización de los ingresos de los trabajadores y mayores garantías de seguridad para quienes cumplen tareas en la Puna, donde las operaciones se desarrollan a gran altura y bajo condiciones meteorológicas que pueden volverse extremas. La medida afecta a una operación que ya había enfrentado una protesta sindical en febrero, durante los primeros meses de Río Tinto al frente del proyecto.

El antecedente más delicado ocurrió en julio. Un grupo de trabajadores quedó aislado durante un temporal de nieve mientras se trasladaba desde el área de Fénix hacia Antofagasta de la Sierra. Los operarios permanecieron varios días en una zona ubicada por encima de los 4.400 metros de altura, con temperaturas que llegaron a registros cercanos a los 24 grados bajo cero. El rescate demandó maquinaria pesada, equipos de emergencia y apoyo de distintos organismos.

Derivado de dicho suceso, el gremio minero objetó los procedimientos de movilidad invernal mediante presentaciones formales ante los organismos provinciales competentes. En contraposición, la compañía constató la ejecución de sus protocolos de emergencia y el fortalecimiento de los sistemas preventivos en el yacimiento Fénix.

El nuevo paro adquiere relevancia más allá de la disputa salarial porque se produce en una de las operaciones que simbolizan la apuesta argentina por el litio y la llegada de grandes inversiones internacionales. Río Tinto tomó el control de Fénix tras la adquisición de Arcadium Lithium y también desarrolla en Catamarca el proyecto Sal de Vida.

La discusión laboral coincide, además, con las ambiciosas expectativas oficiales sobre la capacidad de la minería para generar empleo. En la apertura de las sesiones ordinarias de 2026, Javier Milei sostuvo que la Cordillera podría generar un millón de puestos de trabajo si la Argentina desarrollara su potencial minero con reglas similares a las de Chile.

Las estadísticas disponibles muestran, sin embargo, una expansión mucho más gradual. Según datos de la Secretaría de Minería correspondientes a marzo de 2026, el empleo minero formal directo alcanzó 40.141 trabajadores, un 1,2% más que un año antes: fueron 491 puestos adicionales en doce meses. La minería representa así alrededor del 0,6% del empleo asalariado privado registrado.

Dentro de ese universo, el litio registró 5.382 empleos, con un crecimiento interanual del 6,5%, equivalente a 327 trabajadores adicionales. La minería metalífera, en tanto, concentró 13.026 puestos y explicó el 32,5% del empleo minero formal directo.

La diferencia entre las cifras actuales y las proyecciones no implica que la expansión minera carezca de impacto laboral. La Cámara Argentina de Empresas Mineras calcula unos 116.000 empleos directos e indirectos vinculados con la minería y proyecta una expansión significativa de esa cifra con el desarrollo de los grandes proyectos de cobre y litio. Son estimaciones empresariales que incluyen empleo directo, contratistas y proveedores, por lo que no resultan comparables de manera directa con el registro oficial de empleo minero directo.

También el RIGI exhibe una magnitud considerable en términos de inversión anunciada. El Gobierno informó en agosto que los proyectos oficialmente aprobados bajo ese régimen alcanzaban los US$46.700 millones, con una estimación de 95.158 empleos directos e indirectos; al incorporar iniciativas aprobadas pendientes de publicación, la cifra ascendía a unos US$49.000 millones.

Más allá de las cifras de inversión, el conflicto de Fénix abre el debate sobre el empleo en alta montaña. Las mineras buscan la continuidad de sus proyectos, mientras que los trabajadores exigen salarios dignos y protocolos eficaces ante un clima y una geografía extremos.