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La CGT expuso ayer una aparente crisis financiera de las obras sociales luego de meses de negociar de manera infructuosa con el Gobierno nacional por una compensación que, aunque plasmada en el Presupuesto, no se cristalizó todavía. El encargado de dejar en evidencia el malestar fue José Luis Lingeri, del gremio de Obras Sanitarias y encargado de la secretaría de Acción Social de la central obrera. En un documento que difundió hizo saber que entre ingresos por recaudación y gastos proyectados, en particular por servicios a discapacitados, el «sistema solidario» de salud de las prestadoras gremiales alcanzará un déficit a fin de año de 132.610 millones de pesos.

El documento no hizo más que dejar asentado por escrito un quebranto creciente que los gremios con mayor número de afiliados en sus obras sociales denuncian desde hace años, producto de una suba exponencial de los gastos en rubros no estrictamente sanitarios como los de educación y transporte para afiliados discapacitados. Esa tendencia, presente en una negociación que la CGT inició en 2021 con Alberto Fernández, derivó en sucesivas promesas del Presidente primero, y de sus equipos económicos después, desde el año pasado con Sergio Massa a la cabeza, de reembolsos a cargo del Tesoro nacional para compensar las pérdidas.

De aquellos compromisos sólo hubo reparaciones puntuales a cargo del Tesoro nacional y la garantía, supuestamente enunciada por Massa, de que este año los reembolsos se harían de manera automática tras haber volcado al Presupuesto una reserva de fondos por alrededor de 138 mil millones de pesos. De aquel fondo, que el Gobierno propuso reforzar con una norma que haría su ejecución más automática y favorable a las obras sociales sindicales pero que fue bloqueada por el oposición en el Congreso, no hubo en lo que va del año los desembolsos prometidos.

El texto distribuido por la CGT despliega un mapa de las 288 obras sociales nacionales inscriptas que destaca una cobertura de salud para 14.244.066 personas, de las cuales 12 millones pertenecen al régimen general, 2 millones al monotributo y otras 255 mil provienen del estatuto para personal de casas particulares. Tras destacar que los aportes y contribuciones al sistema de seguridad social de cada trabajador no alcanzan en promedio a cubrir el costo del Programa Médico Obligatorio, el documento avanza sobre lo que es, a criterio de la central, el mayor problema: el financiamiento de sus afiliados discapacitados.

En esa línea señala que mientras en 2016 esos servicios representaban el 22% del Fondo Solidario de Redsitribución (FSR, el instrumento central de recursos que aportan las obras sociales y que administra el Estado) en la actualidad esa proporción subió al 75 por ciento. A continuación apunta que esa mayoría de presupuesto se dedica a 99.843 personas registradas como discapacitadas. Y que el 47% de los gastos totales «corresponde a educación y transporte, prestaciones no ligadas a situaciones sanitarias de manera directa».

«En otras palabras, el 0,7 % de los beneficiarios del sistema consume el 75% de los recursos del FSR», responsabiliza el estudio, en una lectura al menos sesgada: el espíritu con el que fue ideado el seguro de salud apunta a direccionar los recursos que apota una mayoría para sustentar las prestaciones médicas de una minoría. Al final la CGT reclama la definición de «una canasta básica de servicios» diferente del PMO para reducir el impacto en las cuentas de las obras sociales así como «la creación de un fondo especial que financie los medicamentos de altísimo costo» y de una agencia evaluadora de las prestaciones y remedios que deberán efectivamente brindar más allá de amparos judiciales que afectan al sistema. Y, esencialmente, crear «un fondo específico para financiar educación y transporte de personas con discapacidad».

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La docencia sanjuanina acompaña a Patricia Quiroga tras la pérdida de su hija

La comunidad docente de San Juan recibió con profundo pesar la noticia del fallecimiento de Nancy Mayra Alaniz Quiroga, hija de Patricia Quiroga, referente de la Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP).

El deceso fue comunicado este martes por la organización sindical, que expresó públicamente sus condolencias a la dirigente y a sus familiares ante la irreparable pérdida.

A través de un mensaje difundido tras conocerse la noticia, UDAP manifestó su acompañamiento a Patricia Quiroga y a sus seres queridos, transmitiendo un mensaje de fortaleza para afrontar las horas de dolor provocadas por la muerte de su hija.

La noticia generó numerosas muestras de pesar entre integrantes de la comunidad educativa, dirigentes sindicales, docentes y allegados a la familia, que hicieron llegar su acompañamiento a Patricia Quiroga en este momento particularmente doloroso.

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Paro universitario: ADICUS y SiDUNSJ paralizan las aulas de San Juan

Los gremios docentes y nodocentes confirmaron una huelga nacional para este jueves 27 y viernes 28 de agosto. En San Juan, ADICUS y SiDUNSJ adherirán a la medida, que también cuenta con el respaldo de autoridades de la UNSJ, estudiantes y trabajadores. Reclaman la aplicación de la Ley 27.795, recomposición salarial, actualización de becas y mayores partidas para gastos de funcionamiento. La protesta alcanzará el dictado de clases en las facultades y los colegios preuniversitarios.

La huelga profundiza un conflicto que ya lleva más de 300 días y que tiene como reclamo principal la aplicación efectiva de la Ley 27.795 de Financiamiento de las Universidades Nacionales. La norma, sancionada por el Congreso y posteriormente ratificada frente al veto presidencial, establece mecanismos de actualización para salarios, becas y partidas destinadas al funcionamiento de las instituciones.

El reclamo universitario también incorporó el cumplimiento de las decisiones adoptadas por la Justicia. Autoridades de la UNSJ, representantes de ADICUS, SiDUNSJ, UDAP y APUNSJ, junto con la Federación Universitaria de San Juan (FUSJ), habían advertido en una conferencia de prensa que el Gobierno nacional mantiene sin ejecutar disposiciones vinculadas con el financiamiento universitario.

Entre los puntos exigidos figura la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. El primero dispone la convocatoria a negociaciones salariales y la actualización de los ingresos de docentes y nodocentes de acuerdo con la evolución del índice de precios al consumidor desde diciembre de 2023. El segundo establece mecanismos de recomposición para las becas estudiantiles.

Los gremios sostienen que los salarios acumulan un deterioro cercano al 40% al incorporar las últimas variaciones de precios y cuestionan, además, la ausencia de una negociación paritaria que permita recuperar el poder adquisitivo perdido. La secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, afirmó que ya transcurrieron más de 10 meses sin aplicación de la ley y cuestionó que el Ejecutivo tampoco haya cumplido resoluciones judiciales vinculadas con el financiamiento.

El deterioro no se limita a las remuneraciones. Las universidades advierten sobre el aumento de los costos de servicios e insumos, que según las autoridades sanjuaninas llegó a incrementarse alrededor de un 600% sin una actualización equivalente de las partidas destinadas al funcionamiento. El problema alcanza también a los hospitales universitarios y a la continuidad de programas de investigación y formación.

La situación salarial genera, además, preocupación por la permanencia de profesionales especializados dentro del sistema público. Docentes con formación de posgrado y dedicación exclusiva enfrentan ingresos que, según estimaciones difundidas por autoridades universitarias, requieren recomposiciones superiores al 50% para recuperar el poder adquisitivo de diciembre de 2023.

A esto se suma la reducción denunciada en el universo de beneficiarios de becas estudiantiles. De acuerdo con los datos expuestos por representantes universitarios, la cantidad de beneficiarios habría descendido de aproximadamente 1,8 millones a 600.000 a nivel nacional, un recorte que las organizaciones vinculan directamente con el deterioro de las condiciones de permanencia y cursado.

El rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer, calificó de “inaudito” el incumplimiento de una norma sancionada por el Congreso y cuestionó que el Poder Ejecutivo no avance con las disposiciones reclamadas por la comunidad universitaria. Desde las organizaciones sindicales, en tanto, señalaron la gravedad institucional que atribuyen al incumplimiento de decisiones de la Corte Suprema.

La huelga fue ratificada por la FEDUN, CONADU y FATUN luego de una nueva instancia judicial de conciliación que no permitió destrabar el conflicto. El Frente Sindical Universitario resolvió avanzar con la medida junto con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA), mientras las organizaciones preparan nuevas acciones de visibilización, movilizaciones y clases públicas.

En San Juan, el paro constituye el primer tramo de un esquema de protesta que las organizaciones universitarias anticipan como progresivo. La definición busca elevar la presión sobre el Gobierno nacional antes de la discusión presupuestaria de 2027 y reclamar una respuesta que permita recomponer los salarios y garantizar el funcionamiento de la UNSJ.

Con las aulas nuevamente vacías durante dos jornadas, la comunidad universitaria volverá a colocar el financiamiento de la educación superior entre las principales demandas sindicales y educativas. En San Juan, la adhesión de docentes, nodocentes, estudiantes y autoridades refleja que el reclamo excede la discusión salarial y alcanza el sostenimiento cotidiano de la universidad pública.

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Con respaldo de 54 sindicatos, Cabello inicia otro mandato en la CGT San Juan

Eduardo Cabello continuará durante otros cuatro años al frente de la CGT Regional San Juan. El titular de la UOCRA fue reelegido este martes por aclamación durante el plenario realizado en la sede del SUOES, donde participaron 54 de los 64 sindicatos habilitados para votar.

La lista encabezada por Cabello recibió el respaldo de todos los gremios presentes y fue proclamada por Héctor Daer, secretario del Interior de la CGT nacional, quien viajó a San Juan para participar de la renovación de autoridades. La definición le permitirá al dirigente completar un nuevo período y alcanzar, al finalizarlo, 22 años como secretario General de la central obrera provincial.

La elección, sin embargo, estuvo precedida por una disputa que modificó la composición de la conducción. Siete sindicatos vinculados a la Mesa Intersindical resolvieron retirarse del plenario luego de que no prosperaran las negociaciones para conformar una lista de unidad. Al no integrar la nómina finalmente proclamada, quedaron fuera de los cargos de la nueva estructura.

Daer buscó relativizar el alcance de la ruptura y sostuvo que la central no quedó dividida formalmente. “No hay una CGT partida, se van a integrar después”, afirmó el dirigente nacional, quien también convocó a los gremios que se retiraron a regresar a la conducción y participar del debate interno.

Durante el plenario, Daer reivindicó además el peso institucional de la CGT y planteó que su objetivo era garantizar la renovación de autoridades de la central sanjuanina. “Puedo respetar a la Intersindical, pero vengo a organizar a la CGT San Juan”, sostuvo.

Cabello, por su parte, defendió la legitimidad del proceso y atribuyó la salida de los opositores a una decisión propia. “Hoy ganó el sindicalismo; quien haya ido por otro lado e intentó hacer una interna, perdió”, afirmó después de la elección.

El dirigente de la UOCRA remarcó que las autoridades debían ser elegidas de acuerdo con los estatutos y sostuvo que mantener la estructura administrativa en regla resulta indispensable para respaldar futuras acciones gremiales. “Primero hay que estar en regla, dentro de lo que el estatuto dice”, señaló.

La nueva conducción estará integrada, entre otros dirigentes, por Ricardo Cardozo, de STOTAC; Iván Malla, de AOMA; y Lilia Martín, de Luz y Fuerza. La renovación también introdujo modificaciones en varios cargos respecto de 2022.

Víctor Menéndez, del SUOES, pasó de la Subdelegación Regional a la Secretaría de Vivienda. En Luz y Fuerza, Carlos Zabaleta dejó la Subsecretaría Gremial para asumir la Secretaría de Asuntos Energéticos.

También hubo continuidad con cambios de denominación o representación. Héctor Marcelo Maldonado, de UTA, conservará la Secretaría de Transporte, AJEPROC SAN JUAN ocupará la Susecretaría de prensa y comunicación, mientras que Oscar Saffe continuará por ATSA en el área de Salud Laboral. STOTAC mantendrá su peso en la conducción a través de Cardozo y APOPS seguirá representado, aunque ahora por Montaño en reemplazo de Claudio Velázquez.

La nueva etapa comienza así con una conducción formalmente definida y una composición diferente a la de 2022. Cabello conserva el máximo cargo con el respaldo de los sindicatos que participaron del plenario, mientras la convocatoria de Daer a reincorporar a los gremios disidentes deja abierta la posibilidad de una futura recomposición de la estructura sindical sanjuanina.

El desafío inmediato para la nueva conducción será sostener la cohesión interna y preservar la capacidad de representación de la CGT frente a los reclamos laborales. Cabello resumió esa orientación al señalar que la central continuará trabajando para “tender puentes” y favorecer la generación de empleo.

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