La llegada del papa León XIV a la Argentina fue recibida por la Confederación General del Trabajo (CGT) con un pronunciamiento que puso en primer plano la defensa de los derechos laborales y la función de los sindicatos como instrumentos de representación colectiva. La central obrera aprovechó la visita apostólica para reivindicar la tradición social de la Iglesia y reclamar unidad frente a las transformaciones que atraviesa el mundo del trabajo.

En su comunicado, la organización estableció un vínculo histórico entre el actual pontífice y León XIII, autor de Rerum Novarum, la encíclica publicada en 1891 que sentó fundamentos centrales de la doctrina social católica y reconoció la legitimidad de la organización de los trabajadores. La CGT evocó aquel antecedente para subrayar que la defensa de la dignidad humana y la protección de quienes viven de su trabajo mantienen plena vigencia.

«Hoy llega el Papa que eligió su mismo nombre, en una tierra donde esa semilla se convirtió en historia de lucha, de fábricas y de barrios de trabajadores», expresó la central sindical.

El documento también destacó la relación que Francisco construyó con el movimiento obrero argentino. Según la CGT, su pontificado otorgó reconocimiento al sindicalismo como herramienta de defensa colectiva y sostuvo que esa tradición encuentra continuidad en el mensaje de León XIV.

«La dignidad de las y los trabajadores no puede quedar subordinada a los intereses económicos», señaló la entidad, al sintetizar el principio que considera central para abordar los desafíos actuales del empleo y las relaciones laborales.

El pronunciamiento adquiere especial relevancia ante la agenda prevista para la visita papal, que contempla un encuentro con representantes del mundo del trabajo, empresarios y trabajadores, durante la jornada del 9 de noviembre en Buenos Aires.

En el cierre, la central obrera instó a que la visita papal sirva para unir al movimiento gremial y renovar la lucha por los derechos laborales. El mensaje final subrayó: «Que su llegada nos encuentre con unidad, organización y la firmeza que exigen las circunstancias».

Ocho empresas participaron de la licitación, pero solo cuatro superaron la evaluación administrativa. La propuesta económica más baja fue de $87.860 millones, por encima del presupuesto oficial de $84.942 millones. El proyecto contempla cuatro carriles, colectoras, intercambiadores y nuevos puentes, con un plazo de ejecución de 30 meses.

La licitación, correspondiente al tramo que conecta Chimbas con Albardón, convocó inicialmente a ocho oferentes. Sin embargo, cuatro quedaron excluidos tras la revisión de la documentación administrativa y el cumplimiento de las condiciones establecidas en los pliegos. La apertura y evaluación de las propuestas demandó más de seis horas, debido a la complejidad técnica y legal del procedimiento.

La oferta de menor valor correspondió a la unión transitoria integrada por Sigma y LLP Pietroboni, que cotizó los trabajos en $87.860 millones. Detrás se ubicó la firma sanjuanina Mapal, con una propuesta de $89.015 millones. La asociación entre Terusi y BBC presentó una cotización de $93.286 millones, mientras que Vialagro, de Buenos Aires, completó la nómina con $94.768 millones.

Entre las compañías que no avanzaron a la instancia siguiente figuran Pablo Federico e Hijos, Federico Hermanos junto con Chediak, Construcciones Ivica y A. Dumandzic, y la unión conformada por Armegom y BWT.

El presupuesto oficial fue fijado en $84.942 millones, con financiamiento proveniente del fideicomiso minero Vicuña. La diferencia entre ese cálculo y las propuestas recibidas será uno de los aspectos que deberán considerar las autoridades antes de resolver la adjudicación.

Una intervención vial para cambiar la circulación

El proyecto comprende poco más de tres kilómetros entre el Callejón Blanco y la calle Rawson, con una configuración de cuatro carriles destinada a mejorar la circulación y reducir los conflictos de tránsito en uno de los corredores de mayor importancia para el norte del área metropolitana.

La intervención incluye colectoras laterales, bicisendas e intercambiadores a distinto nivel. También prevé cuatro puentes sobre el río San Juan y distintas arterias principales, obras concebidas para ordenar los desplazamientos y facilitar la circulación del transporte pesado.

De acuerdo con las condiciones establecidas por Vialidad Provincial, el plazo de ejecución será de 30 meses. La magnitud de la inversión y la infraestructura prevista convierten a esta intervención en una pieza relevante para la conectividad entre Chimbas y Albardón, además de su incidencia en la circulación regional.

El Juzgado Federal de San Martín N.º 2 extendió por seis meses la medida cautelar que resguarda las cuotas de solidaridad y la ultraactividad convencional cuestionadas por la reforma laboral. La resolución mantiene la cobertura judicial para las retenciones del 2,5% en el ámbito comprendido por la causa, mientras continúa la revisión en la Cámara de Apelaciones.

La reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional volvió a recibir un revés en los tribunales. El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N.º 2 de San Martín resolvió prorrogar por seis meses la medida cautelar que protege los aportes sindicales convencionales y la ultraactividad de los convenios colectivos en la causa iniciada por el Sindicato de Empleados de Comercio de San Martín contra el Estado Nacional.

La decisión, firmada por el juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, mantiene vigente la protección judicial dispuesta el 27 de marzo de 2026. El magistrado consideró que continúan presentes las circunstancias jurídicas y fácticas que justificaron originalmente la medida y entendió que corresponde preservar sus efectos mientras avanza el expediente.

El pronunciamiento tiene consecuencias directas para el ámbito mercantil alcanzado por el litigio, ya que permite sostener, bajo los términos de la cautelar, las retenciones correspondientes a la cuota de solidaridad. El aporte totaliza un 2,5% de los salarios, distribuido habitualmente entre un 2% destinado a los sindicatos de primer grado y un 0,5% correspondiente a la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS).

El debate se vincula con los artículos 131 y 133 de la Ley 27.802, cuestionados por sus modificaciones al régimen de ultraactividad de los convenios colectivos, regulado por la Ley 14.250, y por las restricciones establecidas sobre las contribuciones convencionales.

La extensión de la cautelar brinda continuidad a las retenciones para los empleadores y trabajadores comprendidos en la causa, y evita que las modificaciones cuestionadas alteren de inmediato las condiciones protegidas por la resolución judicial. El fallo también mantiene la caución juratoria presentada por la entidad sindical y dispone notificar al Estado Nacional.

Sin embargo, la resolución no representa una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad de la reforma ni implica un pronunciamiento general aplicable a todas las organizaciones gremiales. Se trata de una medida provisoria, cuyos alcances permanecen sujetos al trámite judicial.

El expediente continúa bajo revisión de la Cámara Federal de Apelaciones, que deberá intervenir en la discusión sobre la cautelar y en las cuestiones de fondo planteadas por el sindicato.

La decisión constituye un respaldo transitorio para la estructura de financiamiento y representación del gremio mercantil, pero también prolonga una disputa de mayor alcance: hasta dónde puede avanzar una reforma legislativa sobre derechos y mecanismos de financiamiento establecidos mediante la negociación colectiva. La definición definitiva seguirá en manos de la Justicia.