La CGT blanquea un déficit en obras sociales
La CGT expuso ayer una aparente crisis financiera de las obras sociales luego de meses de negociar de manera infructuosa con el Gobierno nacional por una compensación que, aunque plasmada en el Presupuesto, no se cristalizó todavía. El encargado de dejar en evidencia el malestar fue José Luis Lingeri, del gremio de Obras Sanitarias y encargado de la secretaría de Acción Social de la central obrera. En un documento que difundió hizo saber que entre ingresos por recaudación y gastos proyectados, en particular por servicios a discapacitados, el «sistema solidario» de salud de las prestadoras gremiales alcanzará un déficit a fin de año de 132.610 millones de pesos.
El documento no hizo más que dejar asentado por escrito un quebranto creciente que los gremios con mayor número de afiliados en sus obras sociales denuncian desde hace años, producto de una suba exponencial de los gastos en rubros no estrictamente sanitarios como los de educación y transporte para afiliados discapacitados. Esa tendencia, presente en una negociación que la CGT inició en 2021 con Alberto Fernández, derivó en sucesivas promesas del Presidente primero, y de sus equipos económicos después, desde el año pasado con Sergio Massa a la cabeza, de reembolsos a cargo del Tesoro nacional para compensar las pérdidas.
De aquellos compromisos sólo hubo reparaciones puntuales a cargo del Tesoro nacional y la garantía, supuestamente enunciada por Massa, de que este año los reembolsos se harían de manera automática tras haber volcado al Presupuesto una reserva de fondos por alrededor de 138 mil millones de pesos. De aquel fondo, que el Gobierno propuso reforzar con una norma que haría su ejecución más automática y favorable a las obras sociales sindicales pero que fue bloqueada por el oposición en el Congreso, no hubo en lo que va del año los desembolsos prometidos.
El texto distribuido por la CGT despliega un mapa de las 288 obras sociales nacionales inscriptas que destaca una cobertura de salud para 14.244.066 personas, de las cuales 12 millones pertenecen al régimen general, 2 millones al monotributo y otras 255 mil provienen del estatuto para personal de casas particulares. Tras destacar que los aportes y contribuciones al sistema de seguridad social de cada trabajador no alcanzan en promedio a cubrir el costo del Programa Médico Obligatorio, el documento avanza sobre lo que es, a criterio de la central, el mayor problema: el financiamiento de sus afiliados discapacitados.
En esa línea señala que mientras en 2016 esos servicios representaban el 22% del Fondo Solidario de Redsitribución (FSR, el instrumento central de recursos que aportan las obras sociales y que administra el Estado) en la actualidad esa proporción subió al 75 por ciento. A continuación apunta que esa mayoría de presupuesto se dedica a 99.843 personas registradas como discapacitadas. Y que el 47% de los gastos totales «corresponde a educación y transporte, prestaciones no ligadas a situaciones sanitarias de manera directa».
«En otras palabras, el 0,7 % de los beneficiarios del sistema consume el 75% de los recursos del FSR», responsabiliza el estudio, en una lectura al menos sesgada: el espíritu con el que fue ideado el seguro de salud apunta a direccionar los recursos que apota una mayoría para sustentar las prestaciones médicas de una minoría. Al final la CGT reclama la definición de «una canasta básica de servicios» diferente del PMO para reducir el impacto en las cuentas de las obras sociales así como «la creación de un fondo especial que financie los medicamentos de altísimo costo» y de una agencia evaluadora de las prestaciones y remedios que deberán efectivamente brindar más allá de amparos judiciales que afectan al sistema. Y, esencialmente, crear «un fondo específico para financiar educación y transporte de personas con discapacidad».
Departamentales
San Juan repavimentará 22 kilómetros de la Ruta 150 para reforzar la conexión con Iglesia
La Ruta Nacional 150 tendrá una intervención de 22 kilómetros entre Las Flores y Colola, en el departamento Iglesia. El gobernador Orrego anunció que los trabajos comenzarán en las próximas semanas y serán financiados con recursos internacionales destinados a infraestructura.
La primera etapa contempla la repavimentación del tramo y la incorporación de mejoras para elevar las condiciones de circulación. El proyecto incluye ensanche de calzada y construcción de banquinas donde la geografía montañosa lo permita, además de nuevas defensas, guardarraíles, cartelería y señalización horizontal y vertical.
La obra también prevé seis derivadores de tránsito en Rodeo. Tres ya están en ejecución, en los cruces con la Ruta Provincial 430 y las calles Paoli y Santo Domingo Este. Los restantes se construirán en las intersecciones con las rutas provinciales 405 y 418, además del acceso por Santa Lucía.
La intervención apunta a ordenar la circulación en una vía utilizada tanto por los habitantes de Iglesia como por el transporte pesado vinculado a la minería. La convivencia entre el tránsito cotidiano y los vehículos de carga vuelve especialmente relevantes las mejoras en los accesos y cruces urbanos.
Orrego sostuvo que la expansión productiva debe estar acompañada por inversiones que también beneficien a las comunidades cercanas. En esa línea, vinculó la recuperación de la ruta con la necesidad de mejorar la infraestructura urbana y las condiciones de vida de las familias iglesianas.
Por su ubicación, la Ruta 150 constituye una conexión fundamental para la actividad minera y la integración territorial del norte sanjuanino. La intervención busca atender esas exigencias sin dejar de lado la seguridad de quienes utilizan diariamente el camino.
destacada
Nodocentes universitarios realizarán tres paros nacionales en noviembre
Los trabajadores nodocentes de las universidades nacionales realizarán tres paros de 24 horas durante noviembre, convocados por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN). Las medidas están previstas para este martes 3, el jueves 12 y el lunes 16, en reclamo de una recomposición salarial y del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La resolución fue adoptada por el Consejo Directivo de la federación, que resolvió sostener las medidas de fuerza ante la falta de avances en las negociaciones con el Gobierno nacional. La organización reclama una respuesta urgente para recuperar los ingresos del personal y garantizar los recursos destinados al funcionamiento de las casas de altos estudios.
«Seguimos unidos y organizados, defendiendo nuestros derechos, nuestros salarios y la educación pública», expresaron desde FATUN al anunciar las jornadas de protesta. La federación también advirtió que mantendrá su programa de lucha hasta obtener respuestas del Ejecutivo.
El litigio excede la negociación salarial. La Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y ratificada luego de que ambas cámaras rechazaran el veto presidencial con los dos tercios de los votos, permanece en el centro de una controversia institucional. El Poder Ejecutivo promulgó la norma mediante el Decreto 759/2025, pero condicionó su aplicación a la identificación de fuentes de financiamiento y a la asignación de partidas presupuestarias.
Posteriormente, la Justicia federal ordenó avanzar con su cumplimiento, incluida la actualización de los salarios docentes y nodocentes y el refuerzo de las becas estudiantiles. El Gobierno apeló las decisiones judiciales para evitar la aplicación inmediata de la ley, por lo que la disputa continúa en los tribunales.
Las tres jornadas de noviembre volverán a afectar el funcionamiento administrativo y operativo de las universidades nacionales. El reclamo de FATUN coloca nuevamente en primer plano la pérdida salarial del personal y la discusión sobre los recursos necesarios para sostener la educación superior pública.
destacada
Córdoba pierde cuatro comercios por día y la caída del consumo profundiza la crisis
La crisis del consumo ya tiene una expresión concreta en las calles de Córdoba: durante septiembre y octubre cerraron 263 establecimientos comerciales, un promedio de cuatro por día. El relevamiento del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE) expone el deterioro de los negocios minoristas, en medio de una contracción prolongada de las ventas y de hogares cada vez más endeudados.
La caída alcanza con especial intensidad a los rubros de primera necesidad. En octubre, el volumen de ventas minoristas de alimentos retrocedió 8,7% interanual y completó once meses consecutivos en baja. Según la Cámara de Comercio de Córdoba, las ventas generales disminuyeron 19% respecto del mismo período del año anterior, mientras que la rentabilidad cayó 21%.
La pérdida de ingresos obliga a los comerciantes a operar con márgenes reducidos, limita la reposición de mercadería y dificulta afrontar alquileres, servicios y otros costos fijos. El impacto se concentra especialmente en los pequeños establecimientos, incluso aquellos con décadas de trayectoria. El Centro de Almaceneros de Córdoba informó que en septiembre cerraron 82 comercios barriales, en coincidencia con una caída del 11,3% en sus ventas.
Las perspectivas tampoco ofrecen señales alentadoras. El informe del IETSE indica que el 6,5% de los comerciantes considera que podrá sostener su negocio menos de tres meses, mientras que otro 11,5% estima que tendrá margen para continuar entre tres y seis meses. En conjunto, el 18% anticipa que podría dejar de operar antes de medio año.
La contracción comercial está directamente relacionada con las dificultades financieras de las familias. El 88,5% de los hogares consultados recurrió a alguna modalidad de financiación para comprar alimentos durante los últimos 30 días: el 38,2% compró fiado, el 36,3% utilizó tarjetas de crédito y el 14% pidió dinero prestado. Además, el 61,7% afirmó que no podría sostener sus gastos durante más de una semana si perdiera sus ingresos.
Desde el instituto advirtieron que «una parte sustancial de las familias ya no puede resolver sus necesidades alimentarias con los ingresos mensuales». Esa restricción reduce las compras, compromete la facturación de los negocios y profundiza las dificultades para mantenerlos abiertos.
La desaceleración de los precios tampoco alcanza para revertir el deterioro. La inflación de octubre fue del 1,83%, por debajo del 2,08% registrado en septiembre, pero el IETSE advierte que variaciones cercanas al 2% mensual siguen erosionando los ingresos cuando salarios y recursos familiares no se actualizan al mismo ritmo.
La postal cordobesa expone así una brecha entre la moderación de los índices de precios y la capacidad efectiva de consumo. Mientras las familias recurren al crédito para cubrir necesidades básicas, los pequeños comercios pierden ventas y acumulan dificultades para sostener sus puertas abiertas. Para revertir el cierre de empresas y la pérdida de empleo, es indispensable reactivar el mercado laboral y recomponer los ingresos de las familias.
-
Localeshace 6 añosDetectan varios casos de trabajo esclavo en San Juan
-
Localeshace 5 añosCGT local: Moral asumió en la secretaría de Género
-
Gremioshace 7 añosDieron a conocer el calendario de pagos anual de sueldos para estatales sanjuaninos
-
destacadahace 2 añosDesignan a Eugenia Cortona como la nueva subsecretaria de Empleo
-
Generalhace 6 añosMas de 300.000 niños fueron víctimas de la explotación laboral
-
Generalhace 3 añosLlaman a cubrir cargos en la Tecnicatura Superior en Criminalística
-
Generalhace 7 añosEmpresarios pyme se reunieron con Alberto Fernández y Carlos Heller
-
Generalhace 4 añosPablo Moyano se reunió con Alberto Fernandez
