La promoción de la criptomoneda Libra por parte del presidente Javier Milei provocó un escándalo sin precedentes en la política argentina. La moneda, que se lanzó sin liquidez y sin transparencia, fue acusada de ser una estafa que ha dejado a miles de inversores con pérdidas significativas. ¿Qué hay detrás de este escándalo y qué implicaciones podría tener para el presidente y su gobierno?»

La criptomoneda Libra, que se lanzó recientemente, fue promocionada por el presidente Javier Milei como una oportunidad de inversión para los argentinos. Sin embargo, la moneda fue señalada como una estafa que ha dejado a miles de inversores con pérdidas significativas.

El hecho de que el sitio web de $LIBRA se hubiera creado apenas un día antes de la publicación del tuit presidencial generó sospechas y críticas por parte de diversos sectores políticos y económicos. Muchos señalaron que la rápida subida y posterior caída del token evidencian un patrón típico de esquemas especulativos o «pump and dump», en los que unos pocos inversores se benefician a costa de la mayoría.

El bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados anunció este sábado su intención de solicitar un juicio político contra el presidente Javier Milei, luego de que el mandatario promocionara en sus redes sociales un token digital llamado $LIBRA. La decisión se tomó en respuesta a la polémica generada tras la publicación, que luego fue eliminada, en la que Milei alentó a sus seguidores a invertir en dicha criptomoneda.

Los diputados opositores calificaron la participación del presidente en este hecho como «un escándalo sin precedentes» y señalaron que su actuación podría estar vinculada a un delito de estafa. «La participación de Milei en un delito de estafa cripto es de enorme gravedad. Nuestro bloque decidió avanzar en la presentación de un pedido de juicio político contra el Presidente de la Nación», afirmaron en un comunicado.

En paralelo, el dirigente social Juan Grabois anunció que impulsará una acción judicial colectiva contra el presidente, acusándolo de ser «partícipe necesario de una enorme estafa contra decenas de miles de argentinos». Grabois, junto al economista Itai Hagman, presentará una denuncia penal contra los responsables de la promoción de $LIBRA, incluyendo al presidente, por presunta violación del artículo 249 del Código Penal, que tipifica el delito de estafa.

En un contexto económico marcado por la incertidumbre y la volatilidad, el sector bancario logró un acuerdo salarial que busca garantizar la estabilidad económica de los trabajadores. Este pacto, fruto de las negociaciones entre el gremio bancario y las cámaras empresarias, establece un aumento salarial del 2,2% para enero, en línea con el IPC difundido por el INDEC.

Este incremento, que se reflejará en los sueldos de febrero, se aplica a todas las remuneraciones mensuales brutas, tanto remunerativas como no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales.

Con esta suba, el salario mínimo para trabajadores bancarios asciende a 1.605.028,28 pesos, sumado 79.744,94 por Participación Ganancias (ROE), lo cual determina un monto total de 1.684.773,23 pesos. La actualización correspondiente a enero se pagará junto a los salarios de febrero.

Además, se confirmó que las negociaciones continuarán en el mes de marzo, cuando las partes se reúnan nuevamente para evaluar otras actualizaciones salariales y decidir si mantienen este esquema de ajustes vinculados a la inflación. Este mecanismo de actualización, acordado en octubre pasado, ha estado vigente desde entonces, con aumentos mensuales que se ajustan a los índices de inflación registrados.

Más de 36 sindicatos de la CGT y la CTA denuncian que los números del IPC no coinciden con el impacto en los bolsillos de los trabajadores y exigen una actualización de la metodología de medición.

La inflación oficial es un punto que ha despertado una gran polémica en los últimos meses. Los números del Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) han sido cuestionados por diferentes actores de la política y la economía. Ahora, 36 sindicatos de la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) se suman a la crítica, denunciando que los números oficiales no reflejan la realidad.

Según los gremios, el 2,2% de inflación en enero y su acumulado anual difundido por el gobierno nacional tienen un desfasaje cercano al 15% respecto de los salarios reales. Esto significa que la inflación oficial no refleja el aumento efectivo de los bienes y servicios que afrontan los trabajadores todos los meses.

La declaración gremial asegura que los números de la inflación del gobierno nacional, «no refleja lo que afrontamos mes a mes» y que «los datos de inflación no coinciden con el impacto en nuestros bolsillos». Por ello, los gremios exigen una actualización de la metodología de medición del IPC, ya que «hace muchos años que no se realiza una modificación integral».

También sostuvieron que ese “método desactualizado oculta que el poder de compra de los salarios se redujo un 50 por ciento en los últimos años”, e indica que esa pérdida apenas fue mitigada por las paritarias. Los sindicatos aseguran que la contracara del índice de inflación oficial mensual e interanual es que “la mayoría de los trabajadores/as cada vez están más lejos del Salario Mínimo, Vital y Móvil”, que en la actualidad es de 297 mil pesos y que es menos de un tercio de lo que una familia tipo necesita para no ser pobre.

Para cubrir los gastos mínimos que a finales de 2024 necesita una familia para vivir, un trabajador “debía percibir un ingreso bruto mínimo de 1.900.000 pesos mensuales”, puntualizó el comunicado que, además, calificó de “dibujo” a los números oficiales.