El diputado nacional Cristian Ritondo anunció que el Ejecutivo enviará el proyecto de reforma laboral un día antes del recambio parlamentario. La iniciativa se presentará sin acuerdo pleno entre los actores del Consejo de Mayo, mientras la CGT y la UIA expresan reparos y persisten dudas sobre los alcances reales de los cambios propuestos.

“El 9 de diciembre lo presentamos. No va a ser el 15, va a ser el martes 9”, señaló Ritondo ante los periodistas acreditados, despejando así las versiones cruzadas que circulaban desde hace semanas sobre la fecha y el contenido de la iniciativa.

Del encuentro, además del propio Ritondo, participaron el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; la senadora Carolina Losada; el titular de la UOCRA y representante sindical del Consejo, Gerardo Martínez; y el presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini.

Un proyecto sin acuerdo pleno

Según fuentes que participaron del cónclave, la presentación se hará sin consenso total entre los distintos sectores que integran el Consejo de Mayo.

Si bien el borrador del Gobierno incorporó algunas de las propuestas surgidas en las reuniones previas, la base central del proyecto será la que defina la Casa Rosada, bajo la impronta de la “modernización laboral” promovida por el oficialismo.

Gerardo Martínez, referente de la CGT en la mesa de diálogo, fue claro al expresar sus reservas:

“Hablamos de una modernización laboral, sin perder derechos”.

Por su parte, Rappallini también marcó discrepancias desde el sector empresario. El presidente de la UIA cuestionó algunos puntos del borrador y coincidió con Martínez en que la propuesta oficial aún está lejos de un consenso equilibrado.

Ritondo sintetizó el clima de la reunión:

“La CGT quiere un proyecto, la UIA otro, y nosotros estamos en el medio con la idea de consensuar”.

Los puntos que generan fricción

Aunque el Ejecutivo desmintió reiteradamente filtraciones, trascendió que el proyecto incluiría cambios sensibles, entre ellos:

Convenios colectivos por empresa

Nuevos mecanismos de indemnización

Premios por productividad

Flexibilización en modalidades de contratación

Posible ampliación de la jornada laboral

Estos aspectos enfrentan resistencia tanto en la CGT como en algunos sectores empresariales, lo que dificulta el acuerdo político que el Gobierno intentó construir a través del Consejo de Mayo.

Tema previsional y coparticipación, en suspenso

Durante la reunión también se resolvió que, al menos por ahora, la Reforma Previsional y la Ley de Coparticipación quedarán excluidas de los diez puntos del Pacto de Mayo, una decisión que busca desactivar tensiones y avanzar en los acuerdos mínimos que aún se mantienen en pie.

La confirmación del envío del proyecto de reforma laboral el 9 de diciembre abre una nueva etapa de negociación —y conflicto— en el Congreso. Sin consenso entre sindicatos, empresarios y gobernadores, el Gobierno apuesta a que la nueva composición parlamentaria facilite la aprobación de una reforma estructural que considera clave para su programa económico. Sin embargo, el escenario político y las resistencias anticipan un debate intenso, con impacto directo en el mundo del trabajo y en la arquitectura laboral del país.

Tras una extensa reunión sin consenso, las centrales sindicales rechazaron la oferta «irrisoria» del sector empresario y cuestionaron la decisión del Gobierno de definir una vez más el Salario Mínimo, Vital y Móvil por decreto. Las propuestas empresariales quedaron muy por debajo de la inflación y de la Canasta Básica, mientras que las centrales reclamaron una actualización que recupere poder adquisitivo.

El Consejo del Salario, integrado por la CGT, la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma, representantes empresariales y el Gobierno, se reunió este miércoles para actualizar el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que permanece congelado en $322.000 desde agosto. Pese a varias horas de debate y un cuarto intermedio que no modificó las posturas, no hubo acuerdo, y el Ejecutivo anunció que, como en casi toda la gestión de Javier Milei, el aumento se decidirá por decreto.

La reunión estuvo marcada por una brecha evidente entre las propuestas sindicales y empresariales. La CGT reclamó una actualización inmediata a $512.000 en noviembre, con una trayectoria ascendente hasta $553.000 en abril de 2026. La CTA Autónoma, por su parte, recordó que en abril las tres centrales habían coincidido en un piso de $644.000, cifra que actualizada por inflación ascendería hoy a $736.000. Desde esa lógica, plantearon que el salario mínimo debe avanzar hacia un valor que se aproxime al costo de la Canasta Básica Total, que mide el umbral de pobreza.

Las cámaras empresariales, en cambio, llevaron una propuesta muy por debajo de cualquier referencia real: $326.000 para noviembre, $331.000 para diciembre, $340.000 para febrero, $345.000 para marzo y $349.000 para abril, una mejora global de apenas $27.000 en seis meses. Para las centrales, se trata de una cifra «insuficiente e indigna», que consolida la pérdida salarial acumulada en los últimos dos años.

Un Consejo que funciona de forma virtual y una decisión que se repite

Ante el estancamiento, el Gobierno resolvió convocar a la instancia plenaria y oficializar que fijará el incremento por decreto. Desde el inicio de la administración Milei, el Consejo no ha logrado acordar un solo aumento, y en todos los casos el Ejecutivo terminó otorgando ajustes alineados con las propuestas empresariales.

Las tres centrales sindicales volvieron a insistir en que el Consejo debe funcionar de manera presencial, un reclamo que la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores ya judicializaron. «Una vez más impidieron alcanzar una mejora real del salario mínimo, habilitando que el Gobierno decida por decreto con el despotismo habitual de estos dos años», cuestionó el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy.

El dirigente sostuvo que el proceso «profundiza el deterioro» del SMVM, que continúa muy por debajo del umbral de pobreza, empujando hacia abajo al resto de los ingresos laborales. Godoy insistió en tomar los $736.000 como referencia base, con una escala de aumentos y una nueva convocatoria del Consejo en el corto plazo. «Se resolvió esta vergüenza que sigue hundiendo al salario mínimo», afirmó.

Movilización en paralelo y reclamos que exceden el salario mínimo

Mientras se desarrollaba la reunión virtual, la CTA Autónoma y organizaciones sociales se movilizaron frente a la Secretaría de Trabajo. Exigieron que el salario mínimo sea equivalente al valor de la Canasta Básica Total, el pago de un bono de fin de año, la actualización de los programas sociales y el reconocimiento del trabajo socio-comunitario.

Los manifestantes remarcaron que la pérdida de poder adquisitivo del SMVM se traduce en una degradación del salario de referencia para múltiples beneficios y programas, profundizando la vulnerabilidad de millones de trabajadores registrados, informales y de la economía popular.

Neuquén encabeza el ranking salarial privado con ingresos netos que superan los 2,6 millones de pesos mensuales, impulsados por la expansión hidrocarburífera de Vaca Muerta. El crecimiento del sector derrama sobre actividades complementarias, pero al mismo tiempo amplía brechas internas, regionales y de género. El dinamismo patagónico contrasta con provincias donde los sueldos no alcanzan ni un quinto del promedio neuquino, reavivando el debate sobre diversificación, equidad y sostenibilidad del modelo energético.

El efecto multiplicador se refleja en remuneraciones que superan por amplio margen a sectores como enseñanza, comercio o agro, cuyos ingresos no alcanzan ni una quinta parte de los salarios petroleros. La disparidad interna es contundente: si bien solo el 16,5% de los trabajadores formales neuquinos se desempeña en el rubro hidrocarburífero, ese segmento concentra el 38% de la masa salarial y explica el 45% del Producto Bruto Geográfico. En diciembre de 2024, con el pago del aguinaldo, el salario promedio del sector alcanzó los 7,7 millones de pesos, más de cinco veces lo que perciben otras ramas productivas.

Una Patagonia bien remunerada y un Norte postergado

Los datos oficiales del INDEC muestran que Neuquén encabeza el mapa salarial, seguido por Chubut, con 1.789.204 pesos de ingreso neto, y Río Negro, con 1.682.624. Todas estas jurisdicciones superan con holgura el promedio nacional, que en mayo de 2025 se ubicaba en 1.350.000 pesos.

La explicación, nuevamente, es energética. Tanto Chubut como Río Negro capitalizan actividades onshore, offshore y cadenas vinculadas al desarrollo shale. Sin embargo, esta prosperidad profundiza la brecha con otras regiones del país. Mientras el Área Metropolitana de Buenos Aires exhibe un promedio de 1.593.245 pesos —inferior al neuquino— provincias del Norte enfrentan realidades extremas: Santiago del Estero, por ejemplo, registra un salario medio de apenas 449.603 pesos, casi seis veces menos que el neuquino.

Ajustes salariales que amplían la distancia y una estructura interna desequilibrada

Los aumentos salariales entre junio de 2024 y junio de 2025 confirmaron la tendencia: Neuquén creció un 55%, Río Negro un 56% y Chubut un 41%, todos por encima del incremento nacional del 31%. Esta aceleración amplifica diferencias tanto entre provincias como dentro de cada estructura productiva.

En Neuquén, comercio y construcción —que junto a petróleo, industria y servicios concentran el 75% del empleo privado— quedan rezagados frente a los ingresos del sector energético. El informe del Grupo de Apoyo al Proyecto Petrolero (GAPP) advierte sobre una matriz laboral “profundamente desigual”, en la que rubros como pesca, intermediación financiera, electricidad o servicios empresariales tienen escasa incidencia salarial y escaso poder de atracción para trabajadores calificados.

Brecha de género persistente y baja participación femenina en la energía

La desigualdad también opera en clave de género. A nivel nacional, la brecha salarial es del 27,2%, según el INDEC. En Vaca Muerta, la participación de mujeres no supera el 18%, lo que limita su acceso a los salarios más altos del país. Aunque existen iniciativas —como la Red de Mujeres de la Energía y programas de SLB y Halliburton— orientadas a atraer talento femenino, no hay indicadores que reflejen una mejora significativa ni una reducción de la brecha dentro del sector.

El desafío de convertir riqueza en desarrollo equilibrado

Neuquén y la Patagonia energética muestran el potencial del shale para dinamizar empleo, inversión y salarios. Pero ese mismo impulso revela tensiones estructurales: desigualdades regionales que se profundizan, sectores productivos que quedan rezagados y una inserción laboral femenina aún limitada. Organismos como la OIT advierten que, sin políticas activas de diversificación, formación digital, igualdad de oportunidades y desarrollo territorial, el modelo corre el riesgo de consolidar desequilibrios que afecten tanto la movilidad laboral como la inclusión económica.

Vaca Muerta sigue siendo el corazón de la expansión salarial argentina. El desafío, cada vez más evidente, es transformar ese impulso excepcional en crecimiento equilibrado, sostenible y capaz de integrar a más sectores y regiones del país.