En medio de las sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo, el Gobierno de Javier Milei decidió acelerar al máximo el trámite legislativo de la reforma laboral, una de las iniciativas más ambiciosas —y más controvertidas— de su programa. La apuesta central pasa por avanzar primero en el Senado, donde la flamante senadora Patricia Bullrich asumió un rol protagónico para intentar garantizar una media sanción antes del 26 de diciembre.

Bullrich presentó públicamente los lineamientos centrales del proyecto, al que definió como una propuesta “moderada” orientada a modernizar las relaciones laborales, “generar empleo” y otorgar mayor previsibilidad tanto a empresas como a trabajadores. Sin embargo, el texto legislativo —de más de cien páginas— introduce cambios profundos que afectan pilares históricos del derecho laboral argentino.

Entre las modificaciones previstas se incluyen nuevas modalidades de contratación, figuras laborales de mayor flexibilidad, acuerdos a tiempo parcial y la posibilidad de pactar remuneraciones en moneda extranjera o inclusive en especie. También se habilita un esquema de “salario dinámico”, un banco de horas que elimina el pago obligatorio de horas extra y mecanismos alternativos a la indemnización tradicional por despido.

Pese al alcance estructural del proyecto, el Gobierno pretende una aprobación veloz. La estrategia legislativa consiste en avanzar primero en el Senado, donde paradójicamente el oficialismo tiene mayor dificultad para reunir mayorías estables. Por esa razón, Bullrich inició una ronda de conversaciones con los bloques del PRO y la UCR en busca de garantizar el respaldo mínimo necesario. La presión del Ejecutivo es explícita: llegar con la media sanción antes de fin de año.

La dinámica interna del Senado, sin embargo, no parece acompañar el apuro. El recambio legislativo dejó a la Cámara Alta en pleno proceso de reorganización, sin comisiones conformadas y con negociaciones aún abiertas sobre la distribución de espacios estratégicos. Aun así, en los últimos días se especuló con que Bullrich podría intentar presidir la Comisión de Trabajo y Seguridad Social —algo inusual para quien conduce un bloque— con el fin de acelerar el dictamen. Otra alternativa que circula es que se sostenga al frente de la comisión a la senadora cordobesa del PRO, Carmen Álvarez Rivero, para evitar demoras formales.

El contraste entre las urgencias políticas del oficialismo y la realidad procedimental del Senado quedó expuesto en la propia advertencia de la presidenta del cuerpo, Victoria Villarruel, quien, consciente del riesgo de un traspié legislativo, lanzó una frase que resonó en el Palacio:

“Patricia, no te tires arriba de la granada”.

Ese comentario sintetizó el clima interno: el apuro del Gobierno choca contra un Congreso que todavía no recuperó su ritmo, una oposición fragmentada pero no indefensa, y un proyecto que despierta fuertes resistencias en el mundo sindical y en sectores de la justicia laboral.

Mientras la Casa Rosada insiste en que la reforma es indispensable para “destrabar” el mercado de trabajo, las organizaciones gremiales denuncian una ofensiva que erosiona derechos conquistados y desfinancia los mecanismos de protección del trabajador. En paralelo, especialistas en derecho laboral advierten sobre la complejidad técnica del texto y el riesgo de judicialización masiva si se aprueba sin un debate profundo.

El proyecto de reforma laboral se convirtió en una carrera contrarreloj que expone tensiones políticas, desafíos institucionales y un oficialismo decidido a avanzar aun en un escenario legislativo inestable. El éxito o fracaso de la estrategia dependerá no sólo de la capacidad de Patricia Bullrich para articular apoyos, sino también de la disposición del Senado a convalidar un debate exprés sobre transformaciones estructurales.
La pregunta que atraviesa estas semanas es clara: ¿logrará el Gobierno imponer la velocidad por sobre la deliberación, o el Congreso le recordará que las reformas de fondo necesitan algo más que apuro político?

La Federación de Obreros, Empleados y Trabajadores del Correo (FOECYT), encabezada por Alberto Cejas, lanzó un duro pronunciamiento contra el Gobierno nacional por la falta de actualización salarial. El gremio advirtió que “la paciencia se acaba” y que se intensificará la militancia en defensa del empleo y del Correo Argentino, al que definieron como “una empresa rentable, eficiente y de bandera”.

El texto, difundido tras la reunión del Cuerpo Federativo Nacional (CUFENA) en la sede sindical, sostiene que “no hay más tiempo para dilaciones” y que los trabajadores del Correo Argentino llevan “casi dos años de licuación sostenida” de sus ingresos, un fenómeno que —según afirman— ha pulverizado el poder adquisitivo en un contexto inflacionario persistente.

Durante el encuentro, los representantes gremiales coincidieron en que la situación salarial se volvió “insostenible” pese a que el Correo Argentino, aseguran, “es hoy una empresa rentable, eficiente y competitiva”, atributos alcanzados gracias al “esfuerzo cotidiano de sus trabajadores y trabajadoras”. La conducción sindical subrayó que los niveles operativos de la empresa estatal son comparables “con los de cualquier operador postal del mundo”, lo que refuerza la demanda de una recomposición salarial acorde con el rendimiento logrado.

“Es gracias al esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras telepostales que esta empresa hoy no sólo es rentable, sino que es eficiente y competitiva”, señala el comunicado. “El Gobierno debe reconocer ese aporte y abrir de manera urgente un canal de diálogo salarial”, exige el gremio.

En otro pasaje del documento, la FOECYT advierte que “cuando hay necesidades extremas, la paciencia se acaba”, aunque también reconoce que el contexto laboral actual genera temor e incertidumbre. “Sin trabajo no hay posibilidad de discutir salarios”, afirma el texto, en alusión a la ola de despidos y cierres de sectores productivos que, según los gremios, están dejando fuera del sistema a cientos de familias trabajadoras.

La dirigencia sindical fue aún más lejos al denunciar que el Gobierno “favorece a aquellos que supuestamente venía a combatir: la casta política, financiera y empresaria”. Bajo la consigna “¡Unidos en acción!”, la conducción de Cejas anunció que se profundizará la militancia gremial y se reforzará la unidad interna “por nuestro salario, nuestro trabajo y nuestro querido Correo de bandera, que es de todos los argentinos”.

La FOECYT, que agrupa a empleados y trabajadores del servicio postal estatal, atraviesa una etapa de fuerte movilización interna, con asambleas y plenarios en distintos puntos del país. Los dirigentes aseguran que mantendrán el reclamo “con firmeza y responsabilidad”, pero sin descartar medidas de fuerza si no hay avances en la mesa salarial.

Hasta el momento, las autoridades del Correo Argentino no han emitido respuesta oficial. Sin embargo, fuentes del sector admiten que la presión gremial podría derivar en un nuevo capítulo de conflicto antes de fin de año, en un escenario donde los salarios públicos continúan rezagados frente a la inflación y la política de ajuste del gasto mantiene congeladas las paritarias del sector estatal.

La central obrera decidió ausentarse de la reunión del Consejo de Mayo y resolvió convocar a su Consejo Directivo para discutir un plan de lucha, luego de que el Gobierno reinstalara los artículos más controversiales de la reforma laboral, en especial la limitación de las cuotas solidarias que financian a los sindicatos.

La relación entre la CGT y el Gobierno volvió a tensarse al máximo luego de que se conociera el último borrador de la reforma laboral, que incorporó modificaciones aún más profundas que las difundidas inicialmente. Al confirmarse que el texto final reinstalaba artículos que la central obrera rechaza de plano —en particular, la limitación de las cuotas solidarias—, la dirigencia sindical decidió dar un golpe político: su representante, Gerardo Martínez, no asistió a la reunión de este martes del Consejo de Mayo.

En Azopardo, la primera reacción fue de sorpresa, pero rápidamente se transformó en un diagnóstico compartido: “ganó Sturzenegger”, confesó un dirigente cegetista, en referencia al ministro de Desregulación del Estado, considerado el principal impulsor de una agenda abiertamente antisindical dentro del gabinete. Según remarcaron fuentes gremiales, el ala dura del Gobierno logró imponerse sobre los sectores más “políticos”, aquellos dispuestos a moderar el contenido de la ley para evitar una confrontación frontal.

Con ese escenario, la CGT convocó a su Consejo Directivo para este jueves, donde se discutirá un temario que ya tiene un punto central: definir un plan de acción.

El punto que encendió la mecha: las cuotas solidarias

Dentro del paquete laboral, ningún artículo genera tanta resistencia sindical como el que limita las cuotas solidarias, el mecanismo clave de financiamiento de los gremios. Estas cuotas consisten en un aporte obligatorio, acordado en los convenios colectivos, que se descuenta a todos los trabajadores de un sector, estén o no afiliados.

La última versión difundida el viernes parecía contener una concesión: ese artículo no estaba incluido. Sin embargo, el fin de semana, durante el armado final del texto, el sector más liberal del Gobierno logró reincorporarlo. La presión vino, principalmente, desde Sturzenegger, quien sostiene que estas contribuciones son “peajes sindicales” y promueve un sistema donde cada trabajador deba dar un consentimiento explícito para pagarla.

Para la CGT, ese cambio no es una cuestión técnica: es un golpe directo al financiamiento de la estructura sindical. Por eso fue una línea roja desde el principio, e incluso dirigentes cercanos al Gobierno, como Gerardo Martínez (UOCRA), habían planteado la necesidad de una “modernización laboral sin pérdida de derechos”.

Las tensiones internas del Gobierno y el factor político

Dentro del propio oficialismo conviven dos posturas. Por un lado, quienes apuntan a contener la conflictividad y sostienen que, aun concediendo a la CGT la eliminación de las restricciones a las cuotas solidarias, la central difícilmente apoye la reforma. Por el otro, el sector más ideológico, que insiste en avanzar sin matices y que volvió a tener influencia en esta instancia, con respaldo de figuras como Patricia Bullrich.

El resultado fue el peor escenario para la convivencia: la CGT percibe que el Gobierno no busca negociar, sino avanzar unilateralmente. Y el Gobierno, a su vez, calcula que cualquier concesión será interpretada como un signo de debilidad.

Un conflicto que se intensifica

Como consecuencia directa, la CGT ya se prepara para activar un plan de lucha que podría incluir movilizaciones, asambleas y medidas nacionales de fuerza. La central evalúa que la reinstalación de los artículos más duros del proyecto —y particularmente el referido a las cuotas solidarias— no deja margen para un acuerdo.

El conflicto, que hasta ahora se mantenía en el terreno técnico y político, entra así en una fase de confrontación abierta. En un contexto económico aún delicado y con otros sectores gremiales también tensos, la pulseada entre la CGT y el Gobierno promete escalar en las próximas semanas.