Un estudio del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) realizada entre jóvenes de barrios populares del Área Metropolitana de Buenos Aires reveló que, pese al fuerte deterioro de sus condiciones de vida, el respaldo a La Libertad Avanza continúa siendo mayoritario. El informe atribuye ese fenómeno a la desconfianza hacia la política tradicional, la valoración de la estabilidad económica y la ausencia de una alternativa que logre representar el malestar social.

La investigación, dirigida por el jesuita Rodrigo Zarazaga junto a Gonzalo Elizondo y Luis Schiumerini, se realizó entre mayo y junio mediante 964 entrevistas presenciales a jóvenes de entre 16 y 24 años residentes en villas y barrios populares del conurbano bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires.

Los datos reflejan un marcado deterioro social. Siete de cada diez encuestados afirmaron que su situación económica empeoró durante el último año; seis de cada diez debieron reducir gastos habituales y cuatro de cada diez admitieron haber disminuido incluso el consumo de alimentos. A ello se suma que más de la mitad de los hogares recurrió al endeudamiento con familiares, amigos o prestamistas informales para afrontar los gastos cotidianos.

Pese a ese panorama, el trabajo concluye que Javier Milei conserva el 58% de los votos obtenidos entre ese segmento etario en las elecciones presidenciales de 2023. Entre quienes dejaron de respaldarlo, apenas un 16% manifiesta intención de votar al peronismo, mientras que la mayoría se distribuye entre el voto en blanco, la indecisión o la desvinculación de la participación electoral.

El peronismo, por su parte, mantiene el apoyo del 76% de quienes lo acompañaron en los últimos comicios presidenciales, aunque también registra pérdidas sin que esos votantes migren de manera clara hacia otra fuerza política. Para el estudio, esta conducta refleja un distanciamiento de la política y no un pase de votos entre partidos.

La investigación también identifica un cambio cultural entre los jóvenes consultados. Según los testimonios relevados, predomina la convicción de que el progreso depende casi exclusivamente del esfuerzo individual y no de la acción del Estado, los partidos políticos o las organizaciones sociales. Esa percepción fortalece formas de trabajo informal y de autoempleo como respuesta cotidiana a las dificultades económicas.

En simultaneo, el informe destaca que durante el primer año de gestión de La Libertad Avanza las partidas destinadas específicamente a políticas para jóvenes, como las becas Progresar y los programas vinculados al ex Potenciar Trabajo, registraron una caída real del 39,8%, mientras que las transferencias orientadas a la niñez, a través de la Asignación Universal por Hijo y el Plan Alimentar, aumentaron un 13,8%.

La indagación incorpora además datos laborales elaborados por la consultora Empiria, que muestran una disminución interanual del empleo del 8% entre los varones jóvenes y del 4% entre las mujeres de ese grupo etario. En ese escenario, la informalidad y el trabajo independiente aparecen cada vez más naturalizados como principal alternativa de inserción laboral.

Los investigadores sostienen que la pérdida de influencia del peronismo en estos territorios también responde a una crisis de representación. Para buena parte de los jóvenes consultados, conceptos como justicia social, Estado presente o salario digno dejaron de asociarse con experiencias concretas dentro de sus comunidades, mientras que las redes sociales se consolidaron como el principal canal de información política, un ámbito donde La Libertad Avanza logró construir una presencia especialmente competitiva.

El informe del CIAS plantea que el respaldo al oficialismo convive con un profundo malestar económico y social, pero advierte que ese descontento todavía no encontró una expresión política capaz de canalizarlo. Mientras la estabilidad macroeconómica continúe siendo valorada por una parte importante de estos jóvenes como un bien prioritario frente a la incertidumbre, el oficialismo conservará un caudal de adhesión condicionado, marcado por la vulnerabilidad social y la ausencia de expectativas de ascenso.

El anteproyecto del Gobierno nacional para reformar la Ley 17.565 reavivó la discusión sobre la comercialización de medicamentos. Mientras la iniciativa busca ampliar los canales de venta y flexibilizar la actividad farmacéutica, el Colegio de Farmacéuticos de San Juan sostiene que la normativa provincial preserva el control sanitario y limita la aplicación de esos cambios dentro de la jurisdicción.

La propuesta del Gobierno nacional para modificar la Ley 17.565, que regula el ejercicio de la actividad farmacéutica desde 1967, encendió las alarmas entre los profesionales del sector. El proyecto contempla una profunda desregulación del mercado, con la posibilidad de comercializar medicamentos de venta libre fuera de las farmacias, habilitar la venta por plataformas digitales y flexibilizar distintos requisitos para el funcionamiento de estos establecimientos.

En San Juan, sin embargo, el impacto de esas modificaciones encuentra un límite en la legislación provincial. El presidente del Colegio de Farmacéuticos, Esteban Maldonado, explicó que la provincia conserva el poder de policía sanitaria, facultad que le permite establecer las condiciones bajo las cuales pueden dispensarse drogas y especialidades medicinales. En ese sentido, recordó que la reglamentación vigente dispone que la comercialización al público solo puede realizarse en farmacias habilitadas y considera ilegal cualquier otra modalidad.

El dirigente manifestó alarma por los cambios previstos en los artículos 1 y 9 de la Ley 17.565. A su entender, la iniciativa parte de una concepción equivocada al equiparar los medicamentos de venta libre con productos de consumo masivo. «No son sustancias inocuas», advirtió, al señalar que una mayor disponibilidad fuera del ámbito farmacéutico incrementaría los riesgos de automedicación, sobreconsumo, errores en la dosificación y circulación de productos sin las condiciones adecuadas de conservación.

La reforma también incorpora la posibilidad de que los medicamentos sin receta puedan liquidarse en comercios no especializados, como supermercados o kioscos, además de habilitar la comercialización por internet con entrega a domicilio. En este punto, propone digitalizar recetas y registros, permitir que las farmacias adopten cualquier figura jurídica y eliminar diversas exigencias administrativas relacionadas con horarios y habilitaciones. Incluso contempla que determinadas droguerías puedan vender directamente al público bajo ciertas condiciones.

Para Maldonado, el principal problema no radica únicamente en ampliar los puntos de venta, sino en debilitar el rol sanitario del farmacéutico. Consideró que el medicamento debe ser tratado como un bien vinculado a la salud pública y no como una mercancía sometida exclusivamente a las reglas del mercado. También cuestionó la ausencia de garantías sobre la trazabilidad y conservación de los productos cuando quedan fuera del circuito profesional, donde existen controles permanentes sobre temperatura, almacenamiento y autenticidad.

Otro de los aspectos que genera objeciones es la modificación de la figura del director técnico. El proyecto permitiría que un mismo profesional asuma esa responsabilidad en más de una farmacia. Para el titular del Colegio, esa posibilidad resulta incompatible con las obligaciones que impone la función, ya que la responsabilidad legal permanece intacta aun cuando la presencia física del farmacéutico no pueda garantizarse en todos los establecimientos bajo su supervisión.

Las plataformas digitales constituyen otro foco de inquietud. Maldonado advirtió que una operatoria centralizada podría facilitar el envío de medicamentos desde otras jurisdicciones hacia San Juan, dificultando la aplicación de las normas provinciales y el control efectivo sobre la comercialización. A ello se suma el riesgo de que el consumidor adquiera fármacos sin el asesoramiento profesional necesario para un uso seguro y racional.

Rentabilidad en descenso y nuevos desafíos para las farmacias

El debate regulatorio coincide con un momento de fuerte presión económica sobre las farmacias. Según explicó Maldonado, la mayor parte de las dispensas se realiza mediante obras sociales, un sistema que ofrece márgenes de rentabilidad reducidos y plazos de cobro que oscilan entre 60 y 90 días, lo que complica el sostenimiento financiero de los establecimientos.

Frente a ese panorama, muchas farmacias ampliaron su oferta con productos de perfumería, higiene, limpieza e incluso alimentos para generar ingresos que compensen la escasa rentabilidad de la venta de medicamentos. Esa diversificación, sostuvo, resulta indispensable para mantener abiertas las puertas sin resignar la función sanitaria que cumplen dentro del sistema de salud.

Mientras el Gobierno nacional impulsa una transformación profunda del régimen farmacéutico, en San Juan el marco legal vigente aparece como una herramienta para preservar el modelo de dispensación bajo supervisión profesional. El resultado de la discusión marcará los límites de la reforma y la puja entre el libre mercado y la autoridad local de fiscalización, clave para el colegio profesional en la defensa de los usuarios.

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado con datos del Banco Central, reveló que la irregularidad en el pago de créditos alcanzó el 7,6% en mayo, el valor más alto de los últimos veinte años. El deterioro afecta a 5,8 millones de personas

El crecimiento del endeudamiento de las familias argentinas alcanzó un nuevo punto crítico. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), basado en estadísticas del Banco Central, 5,8 millones de personas mantienen deudas impagas, mientras que el índice de irregularidad del crédito escaló al 7,6%, el registro más elevado de las últimas dos décadas.

El estudio advierte que el deterioro se profundizó durante 19 meses consecutivos y evidencia la vulnerabilidad de la economía doméstica frente a sus compromisos financieros y tarifas. La situación es especialmente delicada entre los hogares, donde la mora llegó al 12,3%, muy por encima del 3% registrado entre las empresas.

El análisis atribuye esta evolución a la pérdida del poder adquisitivo y al uso cada vez más frecuente del crédito para afrontar gastos cotidianos. Los préstamos personales y las tarjetas de crédito concentran cerca de tres cuartas partes de la cartera irregular, convirtiéndose en los instrumentos donde más se evidencia el deterioro de la capacidad de pago.

Las cifras muestran un incremento acelerado del incumplimiento. En los préstamos personales, la mora pasó del 3,3% al 14,9% entre octubre de 2024 y abril de 2026. En las tarjetas de crédito, el indicador creció del 1,6% al 12,5% durante el mismo período, evidenciando el creciente recurso al financiamiento para sostener el consumo.

La situación resulta aún más compleja fuera del sistema bancario tradicional. Entre las billeteras virtuales y otros prestamistas no bancarios, la morosidad prácticamente se cuadruplicó en un año y medio, al pasar del 7,3% al 29,6%, superando incluso los niveles registrados durante la pandemia.

De las 20,9 millones de personas que poseen algún tipo de financiamiento, casi seis millones presentan atrasos en sus obligaciones. El informe señala además que 3,4 millones mantienen deudas exclusivamente con plataformas digitales, un fenómeno que se consolidó a medida que muchas familias encontraron mayores restricciones para acceder al crédito bancario y recurrieron a alternativas con costos financieros más elevados.

Los jóvenes aparecen entre los grupos más comprometidos. El relevamiento indica que cuatro de cada diez personas de entre 18 y 34 años registran algún grado de mora, porcentaje que asciende al 40,9% entre quienes tienen hasta 24 años, reflejando la creciente fragilidad económica de los trabajadores que recién ingresan al mercado laboral.

El deterioro también comenzó a trasladarse al entramado productivo. La construcción exhibe el mayor nivel de irregularidad en el pago de sus obligaciones crediticias, seguida por los rubros de alojamiento y gastronomía, servicios administrativos y comercio, actividades particularmente sensibles a la evolución del consumo interno.