El Gobierno nacional abrirá este martes la negociación salarial con los trabajadores de la Administración Pública Nacional, en una paritaria que estará marcada por el deterioro de los ingresos y el creciente endeudamiento de los empleados estatales.

La convocatoria reúne a ATE y UPCN a partir de las 14, en la Dirección de Análisis de las Relaciones Laborales del Sector Público, ubicada en 25 de Mayo 633, en la Ciudad de Buenos Aires. Será la primera instancia formal de discusión salarial del año.

ATE llegará a la mesa con un reclamo que incluye una suma fija de $400.000, incrementos porcentuales superiores a la inflación y la ausencia de cualquier límite previo para la negociación. El sindicato también pedirá una cláusula de revisión automática que permita actualizar los haberes ante nuevos aumentos de precios.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, advirtió que el gremio no aceptará una discusión condicionada por topes salariales. Según planteó, para comenzar a recuperar los ingresos perdidos durante la gestión de Javier Milei resulta necesario establecer una secuencia de aumentos que supere la evolución de los precios.

El dirigente estimó que la pérdida del poder adquisitivo de los empleados públicos supera el 44% desde el inicio de la actual administración. A su vez, vinculó el deterioro de los ingresos con el crecimiento del endeudamiento de las familias estatales.

Endeudamiento y pérdida de ingresos

Una encuesta realizada por ATE entre trabajadores de distintas provincias arrojó que el 87% de los empleados públicos tiene deudas vigentes. Dentro de ese universo, el 73% mantiene obligaciones con más de una entidad o acreedor.

Para Aguiar, el fenómeno refleja la necesidad de cubrir con crédito una parte de los gastos que antes podían afrontarse con los ingresos laborales. El sindicato sostiene que los préstamos dejaron de ser una herramienta excepcional para convertirse en un mecanismo utilizado por numerosas familias para sostener el consumo cotidiano.

El reclamo salarial se complementará con una extensa agenda laboral. ATE pretende reabrir los convenios colectivos más postergados, avanzar con la incorporación a planta permanente de trabajadores precarizados y frenar despidos en organismos públicos.

La organización también planteará la reincorporación de quienes fueron desvinculados desde el 10 de diciembre de 2023 y cuestionará la aplicación de la Ley 27.802 en la Administración Pública. A esto suma su rechazo a las normas que, según el gremio, reducen capacidades de los organismos estatales.

Un reclamo que excede la discusión salarial

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), integrado por ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, Conadu y otras organizaciones, incorporó otro dato a la discusión: según su último relevamiento, un trabajador de la Administración Pública habría resignado en promedio $14,9 millones durante la gestión de Milei como consecuencia del deterioro salarial.

El mismo informe calculó en $3.065.161 el ingreso mensual que debería percibir un trabajador para superar el umbral de pobreza.

La paritaria de este martes tendrá así como principal punto de disputa la magnitud de la recomposición y el margen que el Gobierno esté dispuesto a conceder. Para ATE, la negociación deberá partir de la pérdida acumulada y no limitarse a acompañar parcialmente la inflación corriente.

La primera reunión salarial del año marcará, además, el tono de la relación entre el Ejecutivo y los gremios estatales para los próximos meses. La paritaria no se limitará a discutir porcentajes; también abordará empleo, convenios y reincorporaciones con un fuerte reclamo de fondos.

Un informe del Instituto Argentina Grande – (IAG) – revela que el 47,7% de los hogares debió utilizar ahorros, endeudarse o vender bienes para cubrir sus gastos durante el primer trimestre. El doble endeudamiento creció 117,9% desde 2023 y afecta a más de 600.000 familias.

La utilización de ahorros alcanzó al 36,1% de los hogares, equivalente a 3.690.760 familias en las que viven alrededor de 11,1 millones de personas. Se trata del registro más elevado de la última década, con excepción de 2024, y representa un incremento del 18,1% respecto del primer trimestre de 2023.

Pero el endeudamiento adquirió una dimensión todavía mayor. Unos 2,5 millones de hogares contrajeron obligaciones para afrontar gastos corrientes. La deuda bancaria alcanzó a 1.505.803 familias, un 55,9% más que en 2023, mientras que 1.655.833 recurrieron a familiares, amigos o conocidos.

El dato más crítico aparece entre quienes debieron utilizar ambas vías simultáneamente. 603.943 hogares se endeudaron tanto con entidades financieras como con personas de su entorno, un universo que aumentó 117,9% desde el primer trimestre de 2023. En apenas tres años, 326.810 familias ingresaron a esta condición de mayor vulnerabilidad financiera.

Otra señal del deterioro aparece en la venta de bienes. Casi un millón de hogares —el 9,8% del total— tuvo que desprenderse de pertenencias para cubrir sus necesidades. La cantidad creció 35,4% frente a 2023, con unos 261.000 hogares adicionales obligados a utilizar sus bienes como fuente de ingresos.

Mujeres y adultos mayores, entre los más afectados

La presión sobre los ingresos tampoco se distribuye de manera uniforme. En los hogares encabezados por mujeres, la necesidad de recurrir a mecanismos extraordinarios aumentó 6,4 puntos porcentuales desde 2023, el doble del incremento registrado entre aquellos con jefatura masculina.

Los adultos mayores también enfrentan un deterioro significativo. El informe señala que el 41% de los hogares encabezados por personas de 66 años o más tuvo que recurrir a alguna de estas alternativas, 7,1 puntos por encima del registro de 2023. La combinación de menores ingresos previsionales y mayores gastos en salud y medicamentos empuja a parte de este grupo a buscar nuevamente ingresos laborales.

Entre los hogares encabezados por personas de 51 a 65 años, la proporción llega al 49,8%, el nivel más elevado de todos los grupos etarios relevados.

La presión también alcanza a los hogares de ingresos medios: 51,9% no consigue cubrir sus gastos mensuales con los salarios. Allí, el recurso más utilizado es el ahorro, al que apela el 40,3%, mientras que el endeudamiento bancario alcanza al 18,8%. En las familias de menores ingresos, en cambio, predomina el recurso a familiares y conocidos, utilizado por el 20,4%.

La pérdida salarial detrás del endeudamiento

El IAG vincula este deterioro con la pérdida del poder de compra. Según sus cálculos, durante el primer trimestre el salario real de los trabajadores privados registrados se encontraba 5,4% por debajo de 2023. La pérdida llega al 14,8% entre los empleados públicos provinciales y al 38,2% entre los trabajadores de la administración pública nacional.

La sucesión de datos muestra una transformación en la economía cotidiana de millones de familias: cuando el ingreso laboral deja de alcanzar, primero aparecen los ahorros, luego el crédito y, en los casos más extremos, la venta de bienes. El crecimiento simultáneo de esas alternativas refleja una capacidad de respuesta familiar cada vez más limitada frente al costo de vida.

Los docentes universitarios volverán a paralizar sus actividades durante 48 horas, el jueves 27 y viernes 28 de agosto, en una nueva protesta contra la política salarial del Gobierno nacional y por el financiamiento de las universidades públicas. La medida fue convocada por los gremios nucleados en la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y contará con la adhesión de distintas organizaciones, entre ellas FEDUBA.

La huelga se produce en medio de la disputa por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya vigencia quedó ratificada por el Congreso después del veto presidencial. Las organizaciones sindicales y las universidades sostienen que el Poder Ejecutivo todavía no transfirió la totalidad de los recursos previstos por la normativa, pese a los pronunciamientos judiciales que ordenaron avanzar con su cumplimiento.

El reclamo no se limita al funcionamiento cotidiano de las casas de estudio. Los fondos cuestionados también comprenden partidas vinculadas con salarios, becas e investigación, mientras las universidades advierten sobre las dificultades crecientes para sostener sus servicios y programas académicos.

A ese conflicto presupuestario se suma el deterioro de los ingresos docentes. Los gremios cuestionan que las actualizaciones salariales aplicadas durante los últimos meses hayan sido insuficientes frente a la inflación y, en varios casos, definidas sin un acuerdo paritario integral.

Según las estimaciones sindicales, desde diciembre de 2023 los trabajadores universitarios acumularon una pérdida cercana al 30% de su poder adquisitivo. Para recuperar el nivel salarial de entonces, sostienen que sería necesario un incremento superior al 50% sobre los haberes actuales.

La caída de las remuneraciones también repercute sobre las universidades como espacios de formación e investigación. Las organizaciones gremiales advierten que los bajos ingresos dificultan la retención de docentes, científicos y profesionales con posgrados, en un momento en que las instituciones compiten con el mercado privado y con oportunidades laborales en el exterior.

La protesta del 27 y 28 de agosto podría, además, no ser una medida aislada. Los sindicatos anticiparon que evaluarán nuevas acciones si no aparecen respuestas concretas tanto para recomponer los salarios como para garantizar los recursos establecidos por la legislación vigente.

Con una nueva instancia de negociación todavía pendiente, el conflicto universitario vuelve a concentrarse en dos reclamos que avanzan en paralelo: recuperar los ingresos perdidos y asegurar el financiamiento que permita sostener el funcionamiento de las universidades públicas.