La Marcha Federal Universitaria y por la Salud Pública se realizará hoy frente al Congreso Nacional, con la adhesión de gremios de la CGT y las CTAs, en rechazo a los vetos presidenciales que impactan en la educación pública y la salud infantil. La movilización busca presionar a los legisladores a rechazar el veto presidencial y defender la educación y la salud pública.

La gran moivilización es una respuesta directa al veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada recientemente por el Congreso. El veto generó un paro total en las universidades nacionales y acciones coordinadas con trabajadores de la salud, como los del Hospital Garrahan, quienes ven amenazados sus presupuestos y condiciones laborales.

Los gremios universitarios, liderados por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, llamaron a un paro nacional de 24 horas y prometen una movilización masiva para presionar a los legisladores a rechazar el veto presidencial. La Confederación General del Trabajo (CGT) y las Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTAs) expresaron su adhesión plena a la movilización, sumándose a la concentración frente al Congreso.

En este contexto, la marcha incorpora fuertemente reclamos por la salud pública, con trabajadores del Hospital Garrahan como protagonistas. La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Garrahan ha unificado su lucha con la comunidad universitaria, declarando que «el Garrahan y la universidad pública son una sola causa». Esta unificación de reclamos generó un frente amplio que incluye sindicatos, movimientos sociales, organizaciones políticas y la comunidad universitaria, con el objetivo de defender la educación y la salud pública ante las políticas de ajuste gubernamental. La jornada de hoy promete ser un punto clave, con expectativa en el debate congresal que podría revertir los vetos de Milei.

El Gobierno anunció que venderá el 44% de Nucleoeléctrica Argentina S.A. mediante licitación nacional e internacional. El Estado mantendrá el 51% y destinará un 5% a los trabajadores. Aunque el Ejecutivo defiende la medida como un paso para financiar proyectos estratégicos, surgen críticas por la cesión de participación en una empresa rentable y clave para la soberanía energética.

El Gobierno nacional confirmó este martes que avanzará con la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la empresa que administra las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. La decisión se enmarca dentro de la Ley Bases de 2024 y fue oficializada en paralelo a la presentación del Presupuesto 2026.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que el proceso consistirá en la venta del 44% de las acciones a través de una licitación nacional e internacional, mientras que un 5% será destinado a los trabajadores mediante un programa de propiedad participada. De esta manera, el Estado conservará el 51% accionario para garantizar la mayoría. Actualmente, la participación está distribuida entre el Ministerio de Economía (79%), la Comisión Nacional de Energía Atómica (20%) y Energía Argentina (ENARSA).

La resolución llega en un momento en que Nucleoeléctrica exhibe resultados financieros positivos. En el primer semestre de 2025 obtuvo un resultado operativo superior a $103.267 millones, y durante el primer trimestre registró un superávit financiero de $17.234 millones. Para este año, el Ministerio de Economía proyecta un resultado económico favorable de $23.389 millones y una inversión de $239.000 millones en obras estratégicas. Entre ellas se encuentran la extensión de vida de Atucha I, prevista para 2027, y la construcción del Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II (ASECG II).

El Ejecutivo justifica la apertura al capital privado como un paso para “promover la inversión en el sector nuclear” y financiar el primer reactor modular argentino, además de extender la vida útil de las centrales y relanzar la minería de uranio. “Cabe recordar que todas las empresas públicas están sometidas a un proceso de irremediable privatización”, sostuvo Adorni. Desde la Casa Rosada remarcan que NASA ya no depende de aportes estatales: mientras en 2023 recibió transferencias por unos u$s 2 millones, en 2024 no necesitó asistencia del Tesoro.

En cuanto a la valuación de la compañía, estimaciones realizadas en 2024 ubican su valor entre u$s 560 millones y u$s 1.000 millones, cifra que marcará el piso y techo de la licitación.

La decisión genera cuestionamientos en distintos sectores. Para los gremios, la privatización parcial implica “ceder soberanía energética a intereses privados”. Académicos especializados en energía nuclear señalan que, más allá de los balances, el valor estratégico de NASA radica en su capacidad técnica, el know-how acumulado y su rol en la investigación. Desde la oposición acusan al Gobierno de “vender una empresa superavitaria” en lugar de discutir un modelo energético de largo plazo.

La privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina expone el dilema entre la necesidad de inversión para sostener proyectos estratégicos y el resguardo de un sector clave para la soberanía nacional. Para el Gobierno, la medida es una señal de confianza hacia el mercado y una vía para potenciar la autosustentabilidad del sistema nuclear. Para críticos y opositores, significa abrir la puerta a la pérdida de control sobre un activo que no representa déficit y que concentra conocimientos estratégicos únicos.

El desenlace dependerá de cómo se concrete la licitación y de si el ingreso de capital privado logra traducirse en nuevas obras y desarrollos, o si la operación quedará en la historia como un paso más dentro de un plan de privatizaciones sin consenso social ni político.

El mandatario argentino participó de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) en Asunción, donde afirmó que los sueldos se cuadruplicaron desde diciembre de 2023 y que millones de personas dejaron la pobreza. Las estadísticas oficiales y los gremios desmienten esos datos.

El presidente Javier Milei volvió a colocarse en el centro de la escena internacional con un discurso cargado de definiciones ideológicas en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) realizada en Asunción, Paraguay. Ante un auditorio afín, el mandatario argentino defendió su plan económico, justificó el ajuste fiscal y lanzó afirmaciones que generaron controversia en el plano local.

“Cuando nosotros llegamos, los salarios estaban en torno a los 300 dólares. Hoy están en torno a los 1.100, 1.200 dólares”, aseguró Milei, presentando su gestión como un punto de inflexión en materia de ingresos. El jefe de Estado vinculó ese supuesto avance a lo que describió como un modelo basado en la libertad económica y criterios morales, que —según sus palabras— permitirá convertir a la Argentina en “el país más libre del mundo”.

El mandatario también sorprendió con otra declaración: afirmó que 12 millones de argentinos salieron de la pobreza y que 6 millones “empezaron a comer cuando antes no comían”. No obstante, no aportó estadísticas oficiales ni fuentes que respalden esa información.

Las expresiones fueron rápidamente cuestionadas en Buenos Aires. Sindicatos y organizaciones de trabajadores advirtieron que el poder adquisitivo se encuentra en retroceso, golpeado por la inflación persistente y la demora en las paritarias. En la misma línea, analistas económicos remarcaron que el cálculo de Milei desconoce los datos de organismos oficiales que muestran una pérdida de ingresos reales en la mayoría de los sectores.

El presidente eligió una vez más un tono confrontativo: descartó cualquier vía intermedia en materia de reformas y sostuvo que “no hay lugar para grises”. A su entender, las terceras vías resultan “inconducentes” y solo mantienen abierta la posibilidad de un retorno al pasado que su administración busca desterrar. El mensaje, en clave política, buscó además recomponer la iniciativa tras la derrota electoral sufrida en la provincia de Buenos Aires, que encendió las alarmas en el oficialismo.

La exposición de Milei en la CPAC de Asunción volvió a poner en evidencia la distancia entre su relato y los indicadores económicos que marcan el pulso de la realidad argentina. Mientras el presidente habla de prosperidad, crecimiento de salarios y reducción drástica de la pobreza, sindicatos y economistas insisten en que los ingresos se deterioran y la desigualdad se profundiza. El discurso ideológico y moral que busca proyectar hacia el mundo se enfrenta, puertas adentro, con un clima social complejo y con cifras que todavía no acompañan su optimismo.