La red de supermercados atraviesa una de las crisis más profundas de las últimas dos décadas, con una caída abrupta del consumo que en algunos distritos supera el 30% interanual y presiona a las empresas a reducir estructuras de forma acelerada. El grupo chileno Cencosud —propietario de Vea, Jumbo, Disco y Easy— lidera un ajuste de alcance nacional, con más de 200 despidos desde febrero y un mapa de cierres que crece semana a semana. Sobre ese escenario, la posible salida de Carrefour de la Argentina amplifica la incertidumbre: 24.000 trabajadores dependen del resultado de una negociación todavía sin garantías laborales.

En Tucumán, la baja de persianas de tres sucursales de Vea dejó 55 familias sin ingresos. En Mendoza, el cierre de Vea Guaymallén afectó a 14 trabajadores. En el conurbano, las clausuras en Castelar, Moreno y San Pedro elevaron la cifra a cerca de 110 cesantías en apenas dos meses. A esto se suma el cierre del Easy de La Tablada —55 puestos menos— y la alarma que circula en grupos internos sobre posibles ajustes en Necochea, Hurlingham y La Plata, aunque la empresa intenta transmitir calma y desmentir cierres inminentes.

El Sindicato de Empleados de Comercio señala un “déficit operativo sostenido” como argumento empresarial para reconfigurar la red y fortalecer solo las marcas más rentables, como Jumbo y Disco. Sin embargo, para el sindicalismo mercantil la ecuación es más amplia: la recesión, la pérdida de poder adquisitivo y la caída del volumen vendido explican buena parte de la crisis que se despliega de norte a sur del país.

San Juan: un epicentro silencioso del ajuste

En San Juan, Cencosud ya avanzó con un cierre que generó fuerte preocupación gremial: la sucursal de Vea en Villa Krause, estratégica para la zona de Rawson, bajó sus persianas dejando a decenas de trabajadores en estado de vulnerabilidad laboral. La empresa ofreció reubicaciones parciales y negociaciones particulares, pero el impacto fue inmediato, no solo por los puestos perdidos sino por el rol del supermercado en el abastecimiento de un área densamente poblada.

En paralelo, Hipermercado Libertad abrió en la provincia un capítulo especialmente conflictivo: ofreció salidas voluntarias a 80 empleados, pero ninguna fue aceptada. El motivo es contundente: los montos ofrecidos representaban apenas el 40% de la indemnización legal, una cifra que el SEC San Juan rechazó de plano. “No existe incentivo que pueda considerarse voluntario cuando no se respeta la ley”, señalaron desde el gremio. La cadena, que estudia una transición hacia un formato de menor escala, deberá reconfigurar su propuesta si pretende avanzar sin conflicto abierto.

El panorama provincial se completa con un diagnóstico que preocupa a cámaras empresarias y sindicatos por igual: la caída del consumo golpea fuerte en los supermercados locales y en los comercios medianos, con una contracción que ya afecta a proveedores regionales de alimentos, bebidas y productos frescos. Para el SEC San Juan, el riesgo es que la combinación de recesión y reestructuración empresarial produzca “un efecto dominó” en el mercado laboral provincial.

Crisis en Misiones y el avance de los retiros voluntarios

En Posadas, Hipermercado Libertad inició un plan de retiros voluntarios que ya fue aceptado por al menos 20 trabajadores en una reestructuración que modifica su formato “hiper” hacia uno más pequeño. Misiones atraviesa un derrumbe del empleo mercantil: más de 6.800 puestos perdidos en el último año, según el gremio local. La caída de ventas genera cierres cotidianos de comercios y profundiza la fragilidad laboral en toda la cadena de consumo.

El factor Carrefour: 24.000 empleos en vilo

La posible venta de Carrefour —con ofertas de Chango Más, Coto, Cencosud y un grupo adicional— instaló un nivel de alerta sin precedentes. FAECYS exige una mesa de diálogo urgente para garantizar la continuidad de convenios, condiciones laborales y estabilidad general de los 24.000 trabajadores involucrados.

En Mar del Plata, el SECZA reiteró ante la empresa un acuerdo internacional firmado con UNI Global Unión, en el que Carrefour reconoce obligaciones de transparencia, comunicación previa y resguardo del empleo. “Son 240 familias que sostuvieron el crecimiento de la empresa por años”, expresó el gremio marplatense, que anticipa acciones coordinadas con otras delegaciones si no hay garantías concretas.

El temor en todo el país es uniforme: una operación de compra sin compromiso de absorción puede derivar en miles de despidos silenciosos encubiertos bajo reestructuraciones o cierres escalonados.

El comercio minorista atraviesa un verdadero terremoto. La combinación de recesión, caída histórica del consumo y crisis estructural del sector empuja a las principales cadenas a un ajuste profundo con consecuencias laborales directas. Cencosud avanza en cierres y despidos, Libertad reconfigura su estructura y Carrefour encara un proceso de venta que mantiene en vilo a 24.000 familias.

San Juan, lejos de ser un caso menor, se ha convertido en un punto sensible del mapa: el cierre en Villa Krause y las ofertas de retiros por debajo de la ley en Libertad revelan una fragilidad que podría extenderse si no se articulan políticas activas de protección laboral. El sindicalismo mercantil, en estado de alerta nacional, se prepara para una escalada de conflictos en un escenario donde —una vez más— los trabajadores se transforman en la principal variable de ajuste.

El secretario general del Sindicato de Estaciones de Servicio de la provincia de San Juan y referente regional de Cuyo, Víctor Menéndez, analizó la renovación de autoridades en la CGT y advirtió sobre las reformas laborales, previsionales e impositivas que impulsa el Gobierno nacional. Afirmó que el movimiento obrero está dispuesto a debatir modernizaciones, pero “sin ceder derechos que costaron décadas de lucha”.

En diálogo con Mundo Laboral SJ, el dirigente Víctor Menéndez expresó su apoyo al nuevo triunvirato de la CGT para el período 2025-2029, integrado por Jorge Sola (Sindicato del Seguro), Cristian Jerónimo (Sindicato del Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros) —quienes fueron elegidos en el congreso de la central obrera el 5 de noviembre.

Menéndez subrayó que esta conducción tripartita representa un equilibrio necesario en un momento complejo y consideró que la unidad sindical será clave: “Más de dos mil congresales participaron del congreso para elegir esta conducción colegiada… en esta época tan difícil, la unidad es clave para defender los derechos de los trabajadores ante los cambios que se avecinan”.

Reforma laboral, previsional e impositiva

El dirigente gremial aseguró que el movimiento obrero “observa con preocupación” los proyectos que el Gobierno nocional impulsa bajo presión de organismos internacionales, como una reforma laboral, una previsional e impositiva.

“Nos preocupa una agenda influenciada por el Fondo Monetario Internacional y la Reserva Federal de Estados Unidos. Las reformas que exigen implican retrocesos muy profundos si no se discuten con responsabilidad y consenso”.

Menéndez aclaró que no se oponen a la modernización del trabajo —“no tenemos miedo a la informática, a la inteligencia artificial, a la robotización” — pero enfatizó: “No vamos a permitir cercenar derechos adquiridos. Esas conquistas costaron lágrimas, sudor y sangre. No las vamos a regalar”.

Rechazó además de plano algunas propuestas de flexibilización: jornada de 12 horas, vacaciones fraccionadas, indemnización en cuotas. “Estas cosas no vamos a permitir que pasen. No estamos dispuestos a negociar la dignidad del trabajador”.

El representante sindical afirmó que la CGT y las organizaciones gremiales están “preparadas para el diálogo, sí, pero también para la lucha, para las movilizaciones, para acudir a la justicia laboral si el Gobierno actúa por decreto o DNU”.

“Si se avanza sin consulta, iremos a la justicia. No se va a entregar ni rifar lo que tanto costó”.

Modernización y convenios colectivos

Además de la resistencia, Menéndez abordó el tema de los convenios colectivos: “Estamos abiertos a actualizar los convenios colectivos de trabajo, a adaptarnos a los tiempos que corren, sí — pero no a que eso signifique perder lo que somos”.

Tal como explicó, cada día el mundo del trabajo cambia: tecnología, formación profesional, nuevas tareas. “Sí queremos actualizarnos, pero sin perder estabilidad, sin precarizar.”
Llamó a que la modernización se haga “desde la mesa de trabajo” y “desde el representante de los trabajadores”, y no vía mandatos que arrasan con derechos.

Gestión gremial y agenda interna

Menéndez también detalló la intensa agenda sindical de fin de año en la región de Cuyo:

Informó sobre una cena-gala que reunió a más de 500 personas para premiar el campeonato de fútbol entre delegados y afiliados en San Juan y Mendoza.

Anunció que el día 17 de noviembre, Día del Empleado de Estaciones de Servicio y Lavadero, inaugurarán once edificios propios en la provincia de San Luis: un salón multiuso, 12 consultorios, oficina gremial, depósito, todo construido sin recurrir a bancos, con financiación del propio sindicato.

“Hemos comprado un terreno de 2.000 metros en el centro de San Luis y construido una obra espectacular para nuestros compañeros”, indicó.
En cuanto al salario, adelantó que el año cerrará con negociación: “El último acuerdo del año finaliza en noviembre y en diciembre arrancamos la nueva paritaria para cubrir diciembre, enero y febrero, de modo que los compañeros puedan afrontar lo que viene”.

EL sindicalista sintetizó: “Estamos juntos con todos los afiliados de Cuyo, con una agenda de entrega, de contacto, de fortalecimiento de nuestra estructura gremial… pero también con la certeza de que se vienen tiempos difíciles”.

El mensaje de Víctor Menéndez resume el espíritu del sindicalismo argentino en un momento de tensiones económicas y sociales: unidad para resistir retrocesos, apertura al diálogo para adaptarse al futuro.

La CGT —y en particular las organizaciones de base como la de estaciones de servicio en Cuyo— vuelve a ocupar un rol central en la disputa por el modelo laboral que se viene. Mientras muchos sectores plantean acelerar reformas, el sindicalismo plantea un freno claro: modernizar sí, pero no a costa de perder lo que se ha ganado.
En definitiva: los trabajadores exigen ser parte del proceso de cambio, no figurantes de una reforma decidida por otros.

Los gremios nucleados en CONADU y CONADU Histórica resolvieron un nuevo paro nacional de 72 horas, entre el 12 y el 14 de noviembre, en reclamo de la convocatoria a paritarias y del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. El conflicto se agrava ante la falta de respuestas del Gobierno nacional y el deterioro del poder adquisitivo de los docentes. Las federaciones anticipan que, sin avances concretos, peligran las mesas de examen y el inicio de clases del año próximo.

El conflicto entre los docentes universitarios y el Gobierno nacional entró en una fase crítica. Con salarios rezagados, presupuesto desactualizado y una ley de financiamiento incumplida, el malestar del sector se profundiza. Esta semana, las federaciones CONADU y CONADU Histórica resolvieron un paro nacional de 72 horas —los días 12, 13 y 14 de noviembre— como parte de un reclamo que combina demandas salariales, legales e institucionales, en defensa del sistema universitario público.

“Hace más de un año que el Gobierno no convoca a paritarias. Debería haberlo hecho en septiembre del año pasado y seguimos sin respuestas”, expresó Jaime Barcelona, secretario general de ADICUS, en diálogo con Mundo Laboral San Juan.
El dirigente confirmó que la medida se cumple sin asistencia a los lugares de trabajo y que, al mismo tiempo, los gremios impulsarán una consulta popular nacional para definir los próximos pasos del plan de lucha.

“Queremos conocer la posición de los docentes sobre la posibilidad de afectar las mesas de examen de diciembre o no iniciar el ciclo lectivo 2026. El escenario es cada vez más extremo y los salarios, cada vez más insuficientes”, explicó Barcelona.

Salarios en retroceso y financiamiento en suspenso

La raíz del conflicto no es nueva, pero se ha profundizado con el paso de los meses. Los docentes universitarios acumulan una pérdida del poder adquisitivo superior al 35% respecto de la inflación acumulada del último año, mientras los incrementos otorgados por decreto quedaron muy por debajo de los precios.

A ello se suma la falta de actualización del presupuesto universitario, que mantiene a las instituciones funcionando con partidas reconducidas, sin previsión real de gastos frente a los incrementos de energía, insumos y servicios básicos.

La Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en 2023, establecía un mecanismo progresivo para garantizar recursos mínimos y previsibilidad a las universidades públicas. Sin embargo, según denuncian las federaciones, su aplicación fue suspendida o ignorada por el actual Ejecutivo, dejando al sistema en una situación de fragilidad económica y operativa.

Barcelona fue categórico: “El Gobierno ha tomado a la universidad como un enemigo político. No hay diálogo ni voluntad de cumplir la ley. Y mientras tanto, el salario docente sigue por debajo de la línea de pobreza”.

Un sistema en alerta y un horizonte incierto

La presión se traslada también al interior de las universidades. Muchos rectores manifestaron preocupación por la sostenibilidad de la actividad académica y la continuidad del calendario lectivo. En varias casas de estudio ya se evalúan ajustes en programas de extensión, reducción de horas cátedra y suspensión de actividades presenciales por falta de recursos para cubrir gastos operativos.

En ese marco, la consulta nacional que impulsan los gremios busca definir la intensidad del conflicto en la última etapa del año. La posibilidad de no tomar mesas de examen en diciembre o de no iniciar el ciclo lectivo 2026 figura entre las opciones que los docentes deberán considerar.
“Estamos ante una situación límite. Si no hay respuestas, la continuidad del sistema universitario público está en riesgo”, insistió el titular de Adicus.

Ausencia de respuestas y desgaste institucional

Las federaciones docentes también criticaron la falta de avances en el plano judicial. “La Justicia no ha dado curso a las medidas cautelares presentadas para exigir al Estado el cumplimiento de la ley. Esa inacción judicial, sumada a la indiferencia política, deja al movimiento sindical sin herramientas institucionales para resolver el conflicto”, explicó Barcelona.

Mientras tanto, el Ministerio de Educación mantiene silencio público y no ha convocado a ninguna mesa de diálogo formal. La situación, advierten los gremios, podría derivar en una paralización prolongada del sistema universitario, con consecuencias directas sobre el cierre del año académico y el inicio del próximo ciclo.

El paro de 72 horas que se inició el 12 de noviembre trasciende la coyuntura salarial. Representa, para los gremios, un punto de inflexión en la defensa de la universidad pública argentina, que enfrenta una combinación inédita de desfinanciamiento, pérdida de poder adquisitivo y desinterés gubernamental.

El conflicto pone de relieve un debate más profundo: cuál será el lugar de la educación superior en el modelo de país que se está configurando.

Si no se convoca a paritarias ni se cumple con la Ley de Financiamiento Universitario, el riesgo no solo es la suspensión de clases, sino la erosión sostenida de uno de los pilares históricos del desarrollo y la movilidad social en la Argentina.