Las próximas dos semanas se perfilan como un período de alta conflictividad social en Argentina, con una serie de protestas sindicales que ponen en jaque la estabilidad del gobierno de Javier Milei. Desde la conmemoración del 24 de marzo hasta el tercer paro general, la Confederación General del Trabajo (CGT) y otros sectores gremiales intensifican su presión contra las políticas económicas y laborales del Ejecutivo.

El 24 de marzo, en el marco del Día de la Memoria, la CGT se movilizó con una fuerte presencia de su dirigencia. Si bien esta fecha tiene un significado histórico vinculado a los derechos humanos, la protesta adquirió un tinte marcadamente político y sindical. Desde ese punto de partida, la central obrera estructuró un cronograma de manifestaciones que culminará con un nuevo paro general el 10 de abril.

El detonante inmediato de esta escalada de protestas fue la represión ejercida contra jubilados y manifestantes en las últimas semanas, además del intento gubernamental de imponer límites a las negociaciones paritarias. El descontento sindical se profundizó ante la negativa del gobierno de habilitar “paritarias libres”, un reclamo central de los sindicatos en un contexto de alta inflación y deterioro del poder adquisitivo.

En este escenario, la CGT busca fortalecer su base territorial mediante un plenario de regionales, liderado por Abel Furlán, secretario del Interior. La intención es que la protesta tenga un alcance federal y sume el respaldo de las distintas seccionales del país. En paralelo, las dos fracciones de la CTA y los movimientos sociales nucleados en la UTEP confirmaron su adhesión a la movilización del 9 de abril y al paro general del 10.

El gobierno minimiza la protesta, pero la tensión crece

Desde el oficialismo, la estrategia apunta a restar relevancia a la movilización sindical. Mientras la CGT eleva el tono contra las políticas libertarias, el gobierno busca desactivar la protesta con llamados al diálogo. Guillermo Francos, jefe de Gabinete, será el encargado de convocar a dirigentes gremiales para intentar descomprimir la situación. Sin embargo, los sindicatos se mantienen firmes en su postura y rechazan cualquier tipo de acuerdo que implique restricciones a la negociación salarial.

La protesta no se limita al ámbito sindical tradicional. El sector de la salud también se encuentra en estado de alerta debido a los recortes en el Ministerio de Salud, que dejaron sin empleo a más de 1.400 trabajadores. En respuesta, la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan anunció un “abrazo simbólico” a la institución, denunciando la crisis que atraviesa el principal centro pediátrico del país.

Norma Lezana, secretaria general de la APyT, advirtió que el ajuste está provocando una alarmante fuga de profesionales, lo que pone en riesgo la calidad de la atención. Este conflicto, sumado a la precarización laboral denunciada por los trabajadores de la salud, podría derivar en nuevas medidas de fuerza a lo largo del año.

En este clima de confrontación, el desenlace del conflicto dependerá de la capacidad del Ejecutivo para negociar sin imponer condiciones intransigentes y de la solidez del movimiento sindical para sostener su ofensiva. Lo que está en juego no es solo la estabilidad de la administración Milei, sino también el rumbo de la política laboral y económica en un contexto de crisis profunda.

En el marco del 49º aniversario del golpe de estado cívico militar que tuvo lugar en Argentina, cientos de miles de personas se movilizaron en Buenos Aires para recordar y honrar a las víctimas del Terrorismo de Estado. La marcha, que se dirigió hacia la Plaza de Mayo, fue un llamado a la memoria y a la justicia, y un rechazo al negacionismo del Gobierno nacional.

La multitudinaria convocatoria contó con la participación de organizaciones sociales, agrupaciones políticas, organismos de derechos humanos y ciudadanos. El acto central, que se llevó a cabo en la Plaza de Mayo, comenzó a las 16 horas y contó con la presencia de destacadas figuras, como Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, y Adolfo Pérez Esquivel, Nobel de la Paz.

En su discurso, Estela de Carlotto destacó la importancia de la lucha por la memoria y la justicia, y denunció el negacionismo del Gobierno nacional. «Este año es un 24 muy especial», dijo, y celebró que «está la plaza llena de gente que está protestando, luchando, haciendo todo lo que el espíritu de argentinos tenemos».

La marcha y el acto también sirvieron para denunciar el plan económico del Gobierno nacional y para destacar las condenas a más de 1.200 genocidas, los 139 nietos recuperados y exigir la aparición de los cuerpos de los desaparecidos. Además, se rechazó el vaciamiento de los sitios de la memoria.

Cientos de sanjuaninos marcharon por las calles del microcentro de la provincia para conmemorar el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, en un acto que contó con la participación de organismos de Derechos Humanos, organizaciones políticas y sociales»

En el marco del Día del Nunca Más, San Juan se unió para recordar y honrar a las víctimas de la última dictadura militar. La marcha, que contó con una gran convocatoria, comenzó en la Plaza 25 de Mayo y recorrió las calles del centro sanjuanino, hasta llegar al Parque de Mayo, donde se realizó el acto central.

La manifestación estuvo liderada por organismos de Derechos Humanos, como HIJOS San Juan, y contó con la presencia de organizaciones políticas, sociales y universitarias. Los manifestantes llevaron consignas como «Nunca Más», «Son 30.000» y «Nunca Más es Nunca Más», y expresaron su rechazo a las políticas negacionistas del Gobierno Nacional.

En el acto, se leyó una lista con los nombres de los desaparecidos en la provincia, y se escucharon palabras de los referentes de HIJOS San Juan, como Gabriel Farias. La marcha y el acto fueron un llamado a la memoria y a la lucha por la verdad y la justicia, y un recordatorio de que la fecha del 24 de marzo no debe ser tomada como un feriado nacional más, sino como un día de lucha y reflexión.