La agenda oficial de la visita de León XIV confirmó para el 9 de noviembre un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina. La CGT prevé además una reunión reservada con dirigentes de su mesa chica y busca ampliar la convocatoria a organizaciones sindicales, movimientos sociales y referentes empresariales.

Según el cronograma oficial difundido este lunes, el encuentro ampliado se llevará a cabo el 9 de noviembre a las 16:10 en un auditorio de la Universidad Católica Argentina (UCA).

La central obrera trabaja, además, sobre una instancia previa de carácter reservado con dirigentes de su mesa chica. La intención es trasladar a León XIV las principales preocupaciones del sindicalismo sobre la realidad económica y social argentina y plantear una visión centrada en la producción, el empleo y la inclusión, según anticiparon fuentes gremiales.

La convocatoria posterior tendrá una dimensión considerablemente mayor. Desde la CGT pretenden que participen alrededor de 300 representantes y que la composición no quede limitada a la conducción de la central. La intención expresada por dirigentes cegetistas es que estén representadas distintas expresiones del movimiento obrero y que puedan incorporarse la UTEP y las CTA, además de otros actores vinculados con el mundo laboral.

El programa oficial del Vaticano no identifica individualmente a las organizaciones participantes, sino que establece para las 16.10 un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la UCA. La definición de los asistentes y la organización concreta de la convocatoria quedarán, por lo tanto, sujetas a las gestiones previas entre los distintos actores.

Un diálogo que comenzó en Roma

La reunión en Buenos Aires tendrá como antecedente inmediato el encuentro que Cristian Jerónimo, co-secretario general de la CGT, y Gerardo Martínez, secretario de Relaciones Internacionales de la central y titular de la UOCRA, mantuvieron con León XIV en el Vaticano el 12 de septiembre.

La delegación sindical presentó allí un diagnóstico sobre la realidad laboral y social argentina y abordó, entre otros asuntos, la evolución del empleo, los ingresos y el impacto de la inteligencia artificial sobre el mercado de trabajo. La audiencia se produjo en el marco del Encuentro Sinodal Fratelli Tutti, que reunió a dirigentes sindicales, empresarios, referentes sociales y representantes de la Iglesia.

Ese contacto en Roma fue también el punto de partida para avanzar sobre la convocatoria argentina. Desde la CGT señalaron que la organización del encuentro ampliado quedó en manos del Vaticano y que la central procurará que la participación sea lo más amplia posible.

La posibilidad de incorporar representantes empresarios agrega otra dimensión a la iniciativa. Dentro de las conversaciones aparece el denominado G6, integrado por las principales entidades empresariales y financieras del país. De concretarse esa participación, el encuentro podría reunir en un mismo ámbito a representantes sindicales y empresarios, aunque la composición definitiva todavía no fue oficializada.

El planteo adquiere relevancia porque la agenda de León XIV contempla una jornada específicamente dedicada al trabajo dentro de una visita que se extenderá del 8 al 11 de noviembre y que incluirá Buenos Aires, Córdoba y Luján. El lunes 9, antes del encuentro en la UCA, el pontífice visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y celebrará una misa en el Monumento de los Españoles.

La presencia del mundo sindical en la agenda papal se produce, además, mientras la CGT mantiene diferencias con las políticas impulsadas por el Gobierno nacional y prepara nuevas acciones gremiales. La central deberá ahora definir la representación que llevará a la UCA y los planteos que buscará instalar ante León XIV, en una jornada que reunirá a trabajadores, dirigentes sindicales y otros referentes de la realidad productiva y laboral argentina.

El mercado laboral argentino cerró el segundo trimestre con un aumento de la desocupación y un nuevo avance de la informalidad. Según los datos publicados por el INDEC, la tasa de desempleo llegó al 7,9%, dos décimas por encima del trimestre anterior y 0,3 puntos más que en igual período de 2025.

La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) relevó 31 aglomerados urbanos y registró alrededor de 1,16 millones de desocupados dentro de esa muestra. Proyectado al conjunto del país, el dato representa aproximadamente 1,73 millones de personas sin trabajo. Al mismo tiempo, la tasa de actividad alcanzó el 48,9% y la de empleo se ubicó en 45%.

El mapa territorial mostró diferencias marcadas. La región Pampeana presentó la mayor tasa de desocupación, con 9,7%, mientras que Gran Rosario encabezó el registro entre los aglomerados relevados, con 11,5%. Le siguieron Gran Córdoba, con 10,5%, y Mar del Plata, con 9,9%.

También quedaron por encima del promedio nacional Bahía Blanca-Cerri, con 9,7%; Gran La Plata, con 8,7%; Gran Santa Fe, con 8,6%; y San Nicolás-Villa Constitución, con 8,4%. En el otro extremo, el Noroeste registró una tasa regional de 4,3%, mientras Cuyo llegó al 5,9%.

Una brecha marcada entre las grandes ciudades

El tamaño de los centros urbanos también aparece asociado a diferencias en el desempleo. Los aglomerados de 500.000 habitantes o más registraron una tasa de 8,3%, frente al 6% de aquellos con menor población.

Dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires, el promedio fue de 8,2%, aunque con una diferencia considerable entre sus dos jurisdicciones: los partidos del Gran Buenos Aires alcanzaron el 8,8%, mientras que la Ciudad de Buenos Aires registró 5,6%.

En Cuyo, donde se encuentra San Juan, la tasa regional fue de 5,9%. Gran Mendoza llegó al 8,1%, mientras Gran San Juan registró 3,2%, de acuerdo con la información difundida a partir de los datos de la EPH.

La informalidad alcanzó al 45% de los ocupados

El otro dato relevante del informe aparece en la calidad de los puestos de trabajo. La informalidad laboral alcanzó el 45% durante el segundo trimestre, con un incremento de 1,8 puntos porcentuales respecto de igual período de 2025.

La evolución desde fines de 2023 muestra además una modificación en la composición del empleo: mientras la ocupación no registrada incorporó 780.600 personas, el empleo registrado perdió 631.300 puestos en ese período. En términos relativos, la ocupación registrada acumuló una reducción cercana al 4,7%, según el análisis de los datos oficiales.

Entre los trabajadores informales también ganó participación el cuentapropismo. En el segundo trimestre, los trabajadores por cuenta propia representaron el 37,6% de los informales, frente al 34,3% un año antes, de acuerdo con el procesamiento de los datos de la EPH.

El informe deja así dos indicadores que avanzaron simultáneamente: una mayor proporción de personas que buscan empleo sin conseguirlo y un crecimiento del empleo no registrado entre quienes sí tienen una ocupación. La combinación de ambos datos permite observar no sólo la cantidad de puestos disponibles, sino también la composición y las condiciones de nuevas contrataciones que se generan en las distintas regiones del país.

La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocó una decisión de primera instancia y ordenó al Ministerio de Capital Humano emitir en cinco días una certificación provisoria de las autoridades elegidas el 29 de diciembre de 2025. La medida cautelar también consideró el impacto de la demora sobre trámites sindicales y acuerdos paritarios.

La disputa por la conducción nacional de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) sumó una definición judicial que obliga al Gobierno a avanzar con el reconocimiento administrativo de las autoridades surgidas de las elecciones de diciembre. La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó al Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, emitir en un plazo de cinco días una certificación provisoria.

Los comicios se realizaron el 29 de diciembre de 2025, luego de una extensa disputa interna y de anteriores actuaciones judiciales vinculadas al proceso electoral. La Lista Celeste “17 de Octubre”, encabezada por Luis Barrionuevo, fue proclamada por la Junta Electoral Central con 121.334 votos positivos. Al día siguiente, el 30 de diciembre, se inició ante la autoridad laboral el trámite para obtener la certificación de las autoridades, pero no hubo respuesta administrativa durante los meses posteriores.

El planteo llegó nuevamente a los tribunales mediante una acción de amparo promovida por Barrionuevo. La Cámara revocó ahora el rechazo de primera instancia y consideró que estaban reunidos los requisitos para dictar una medida cautelar, en particular ante las consecuencias que la falta de certificación estaba produciendo sobre el funcionamiento de la organización sindical.

Uno de los elementos centrales de la resolución es que, según el tribunal, no se observaban decisiones que afectaran la regularidad de los comicios del 29 de diciembre. La Cámara también señaló que la autoridad administrativa tiene entre sus funciones mantener los registros correspondientes a las asociaciones sindicales y sus autoridades.

La ausencia de una certificación vigente había comenzado a generar obstáculos concretos. Entre ellos, el fallo menciona una observación vinculada con la rúbrica de libros de UTHGRA, debido a que la Comisión Directiva figuraba con mandato vencido desde el 14 de diciembre de 2025. Para la Cámara, la demora excedía una cuestión meramente formal porque comprometía el funcionamiento institucional de la entidad.

La Justicia también puso el foco en los acuerdos paritarios suscriptos y ratificados por las partes que permanecían sin homologación. En su análisis, el perjuicio derivado de la falta de reconocimiento no recaía únicamente sobre la estructura del sindicato, sino que podía proyectarse sobre los salarios de los trabajadores comprendidos en esas negociaciones.

El recurso pendiente y el argumento de la Cámara

La primera instancia había rechazado la cautelar porque permanecía pendiente un recurso de inconstitucionalidad presentado ante el Tribunal Superior de Justicia contra una resolución anterior de la propia Sala VI.

La Cámara adoptó una interpretación diferente. Señaló que la sola presentación de ese recurso no tenía efecto suspensivo y recordó que la resolución del 17 de diciembre de 2025 ya había sido ejecutada: las elecciones se realizaron, la Junta Electoral proclamó a las autoridades y el sindicato inició posteriormente el trámite administrativo para obtener la certificación.

En ese sentido, los camaristas consideraron que supeditar la certificación a una resolución favorable del recurso pendiente implicaría incorporar una exigencia que no correspondía para el dictado de la medida cautelar. La documentación presentada por el propio Estado ante la Justicia, además, daba cuenta de que el proceso electoral había sido reanudado y concluido.

Una medida provisoria que no resuelve la disputa de fondo

La Cámara estableció expresamente los límites de su decisión. La certificación ordenada tiene carácter provisorio, mutable y revocable y no implica una definición definitiva sobre la procedencia de la acción de amparo.

Por esa razón, si el recurso judicial todavía pendiente tuviera posteriormente un resultado que modificara el cuadro jurídico, la certificación podría quedar sin efecto. La Sala VI buscó así preservar la discusión de fondo mientras evita que la falta de reconocimiento administrativo continúe paralizando cuestiones vinculadas con la conducción del sindicato.