La Asociación Gremial de Computación cuestionó con dureza el DNU 941/2025 y advirtió sobre riesgos institucionales ante la posible incorporación de herramientas de Palantir Technologies en áreas sensibles del Estado.

El debate sobre el control de los datos personales y su vínculo con el poder estatal sumó un nuevo capítulo tras el pronunciamiento de la Asociación Gremial de Computación. En un documento de fuerte tono político y conceptual, la organización advirtió que el DNU 941/2025 podría habilitar un cambio profundo en la arquitectura de inteligencia del país, con implicancias que exceden lo tecnológico.

El eje del planteo se centra en la posible incorporación de soluciones desarrolladas por Palantir Technologies, firma estadounidense especializada en análisis masivo de información y vinculada a organismos de defensa y seguridad internacional. Según el gremio, no se trata únicamente de una contratación de software, sino de la adopción de un modelo que integra datos, algoritmos predictivos y automatización en la toma de decisiones.

La empresa fue fundada por Peter Thiel y es conducida por Alex Karp, figuras que concentran parte de las críticas del documento sindical. La AGC cuestiona tanto el historial de la compañía en escenarios internacionales como las definiciones públicas de sus directivos, a quienes atribuye una visión extrema sobre el uso de la tecnología en seguridad y defensa.

En el plano normativo, el DNU introduce modificaciones sustanciales en la estructura de inteligencia nacional. Entre ellas, la creación de nuevos organismos, la centralización de bases de datos y la adopción de herramientas de análisis predictivo orientadas a la prevención. Para el gremio, ese diseño requiere sistemas capaces de procesar grandes volúmenes de información en tiempo real, una capacidad que coincide con la oferta tecnológica de firmas como Palantir.

El punto más sensible del planteo se vincula con el impacto potencial en los procesos democráticos. La AGC advierte que el cruce de bases de datos, combinado con técnicas de segmentación y predicción, podría derivar en mecanismos de influencia sobre el comportamiento electoral. La preocupación no es abstracta: remite a experiencias internacionales donde el uso intensivo de datos personales modificó estrategias políticas y campañas.

El comunicado también introduce una discusión más amplia sobre la soberanía digital. En un escenario donde la infraestructura tecnológica depende crecientemente de empresas privadas globales, la capacidad de los Estados para controlar su propia información aparece condicionada. La pregunta de fondo es quién administra, procesa y resguarda los datos de la ciudadanía.

Desde el Gobierno, el enfoque oficial sostiene que la modernización del sistema de inteligencia busca mejorar la eficiencia y anticipar riesgos en un entorno global cada vez más complejo. Sin embargo, las críticas apuntan a la falta de debate público y a la ausencia de controles institucionales robustos sobre herramientas que, por su naturaleza, operan en áreas sensibles.

La Asociación Bancaria convocó a un paro de 24 horas en los tesoros regionales del Banco Central de la República Argentina. La medida, en rechazo al cierre de 12 dependencias, impactará en la distribución de dinero en todo el país.

El sistema financiero enfrenta una interrupción sensible en uno de sus engranajes menos visibles pero decisivos: la logística de efectivo. La decisión de la Asociación Bancaria de paralizar durante 24 horas los tesoros regionales del Banco Central de la República Argentina introduce un factor de incertidumbre en la provisión de dinero a entidades financieras y cajeros automáticos.

La medida, prevista para el 27 de abril, surge como respuesta al cierre de 12 dependencias en el interior del país, una decisión oficial que, según el gremio, pone en riesgo al menos 32 puestos de trabajo. El conflicto se gestó tras una serie de asambleas encabezadas por Sergio Palazzo, quien ratificó el estado de alerta y advirtió sobre un deterioro en las condiciones laborales dentro del organismo.

El alcance de la protesta no es menor. Los 21 tesoros regionales constituyen nodos estratégicos para el movimiento de caudales, desde donde se organiza la distribución de billetes hacia bancos comerciales, redes de cajeros y otros puntos de acceso al efectivo. La paralización de estas áreas puede derivar en demoras en la reposición de dinero, con efectos directos sobre usuarios y operaciones cotidianas.

Desde el sindicato, además, señalaron que el conflicto no se limita a los cierres anunciados. Denuncian un estancamiento en las instancias de negociación y advierten sobre situaciones de presión hacia los trabajadores afectados. En ese sentido, el reclamo se orienta a garantizar la estabilidad laboral y preservar la estructura operativa del organismo.

La disputa se inscribe en una política más amplia de reducción del gasto público impulsada por el gobierno de Javier Milei, que incluye reestructuraciones en distintos organismos estatales. En el caso del Banco Central, la reorganización de sus dependencias plantea un interrogante sobre el impacto en funciones críticas que, aunque poco visibles, resultan esenciales para el funcionamiento del sistema financiero.

El gremio no descarta una escalada del conflicto. La posibilidad de extender las medidas a entidades bancarias públicas y privadas aparece como una alternativa si no se abren canales de diálogo efectivos. Esa eventual ampliación modificaría el alcance del reclamo y podría trasladar sus efectos a un nivel más amplio del sistema.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dejó sin efecto la cautelar que frenaba parte de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. La decisión restituye la vigencia de los artículos cuestionados mientras se analiza el fondo del caso.

La disputa judicial por la reforma laboral sumó un giro determinante. La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió otorgar efecto suspensivo al recurso presentado por el Estado nacional, lo que implica que la medida cautelar que había frenado la aplicación de una parte sustancial de la ley pierde vigencia de manera inmediata.

El fallo, firmado por los jueces María Dora González y Víctor Arturo Pesino, modifica el encuadre inicial del expediente y redefine el escenario jurídico. Hasta ahora, la cautelar dictada por el juez Enrique Ojeda mantenía suspendidos 83 artículos de la norma. Con la nueva resolución, esos puntos vuelven a regir mientras el tribunal analiza la cuestión de fondo.

El eje de la decisión radica en la interpretación de la Ley 26.854, que regula las medidas cautelares contra el Estado. Según el tribunal, cuando una resolución judicial suspende los efectos de una ley sancionada por el Congreso, la apelación debe tramitar con efecto suspensivo, salvo situaciones excepcionales vinculadas a derechos de especial protección. En este caso, los camaristas consideraron que no se verificaban esas condiciones.

La causa, iniciada por la Confederación General del Trabajo de la República Argentina, cuestiona aspectos centrales de la Ley 27.802. El planteo sindical apunta a modificaciones en el régimen de indemnizaciones, cambios en las condiciones de contratación, ajustes en la jornada laboral y alteraciones en la representación gremial. Desde esa perspectiva, la central obrera sostiene que la norma implica un retroceso en derechos laborales consolidados.

En primera instancia, el magistrado había considerado acreditados los requisitos para dictar la cautelar, en particular la verosimilitud del derecho invocado y el riesgo de daño irreparable. Esa evaluación fue ahora revisada en términos procesales por la Cámara, que no ingresó aún en el análisis de fondo, pero sí redefinió el alcance de la medida.

Por su parte, el Estado nacional —a través de la Procuración del Tesoro— cuestionó tanto la procedencia de la cautelar como la legitimación de la CGT para impulsar la acción. Además, sostuvo que no existía un caso concreto que justificara la suspensión de una ley aprobada por el Congreso, argumento que encontró eco en la decisión de la Sala VIII.

La estrategia oficial incluye, además, un recurso extraordinario por “per saltum” ante la Corte Suprema, con el objetivo de acelerar una definición definitiva. De este modo, el conflicto transita simultáneamente distintos niveles del sistema judicial, lo que anticipa una resolución de alto impacto institucional.