Desde el Congreso Nacional de Delegados de la UOM, Martín Solazzo advirtió sobre la pérdida del poder adquisitivo, la destrucción de empleo industrial y las restricciones en las negociaciones paritarias. Con un diagnóstico crítico, el sector definió un plan de acción que podría derivar en medidas de fuerza de mayor alcance.

El movimiento metalúrgico atraviesa una etapa de definiciones, marcada por el deterioro salarial, la contracción del empleo y el endurecimiento de las posiciones gremiales. Así lo expresó Martín Solazzo, referente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en San Juan, tras su participación en el Congreso Nacional de Delegados realizado en Mar del Plata, instancia clave donde se delinean las principales decisiones del gremio a nivel país.

El encuentro, que reúne a representantes de todas las seccionales, constituye el máximo órgano deliberativo de la organización. Allí se aprueban balances, se fijan lineamientos y se establecen las estrategias que regirán la acción gremial. En esta oportunidad, el eje dominante giró en torno a la pérdida de ingresos y a las dificultades para sostener negociaciones paritarias sin condicionamientos.

“Las paritarias hoy no están alcanzando ni siquiera los índices de inflación”, sostuvo Solazzo, quien además cuestionó la injerencia del Gobierno nacional en la definición de los porcentajes de aumento. Según explicó, existen limitaciones que impiden discutir libremente las recomposiciones salariales, lo que termina consolidando un atraso sostenido en los haberes. “Seguimos perdiendo puntos mes a mes, y eso impacta directamente en la calidad de vida”, advirtió.

El diagnóstico fue compartido por delegados de todo el país y reforzado por la participación del Frente de Sindicatos Unidos, un espacio que nuclea a más de 140 organizaciones. Durante el congreso, sus representantes expusieron un estudio que estima el ingreso necesario para sostener condiciones de vida adecuadas. La cifra, ajustada por la inflación reciente, ubica ese piso por encima de los 2,8 millones de pesos mensuales.

El planteo excede la discusión técnica sobre sueldos. Desde el sector sostienen que el ingreso mínimo debe superar la canasta básica y contemplar no solo la alimentación, sino también el acceso a servicios, educación, transporte y recreación. “No se puede aceptar que un trabajador formal no llegue a fin de mes”, enfatizó el dirigente, en línea con el consenso alcanzado durante el encuentro.

La situación del empleo industrial constituye otro de los puntos críticos. Según datos compartidos en el congreso, el sector metalúrgico perdió más de 30.000 puestos de trabajo en los últimos meses, una cifra que refleja el impacto de la caída de la actividad. Para el sindicalista sanjuanino, este fenómeno tiene consecuencias profundas, ya que detrás de cada desvinculación hay familias que quedan sin sustento y sin alternativas de reinserción.

“La industria es uno de los pilares del trabajo registrado, y cuando se la debilita, el impacto es inmediato”. En ese sentido, expresó que la falta de oportunidades laborales agrava la situación de quienes pierden su empleo, ya que no encuentran opciones en otros sectores. “El problema no es solo perder el trabajo, sino no tener dónde volver a insertarse”, remarcó.

Ante este cuadro, el congreso aprobó un plan de acción que abarca el período 2026-2030. La iniciativa, impulsada por el cuerpo de delegados y respaldada por la conducción nacional, establece una hoja de ruta que contempla desde instancias de negociación hasta la posibilidad de medidas de fuerza de mayor intensidad. Entre las opciones mencionadas figura la convocatoria a paros por tiempo indeterminado en caso de no obtener respuestas satisfactorias.

“La decisión es clara: hasta acá llegamos”, sintetizó Solazzo, al describir el ánimo predominante entre los delegados. La consigna apunta a evitar que el costo del ajuste recaiga nuevamente sobre los trabajadores y a rechazar iniciativas que impliquen retrocesos en materia de derechos laborales.

El congreso también dejó en evidencia la búsqueda de mayor articulación entre organizaciones sindicales. La participación del Frente de Sindicatos Unidos reflejó la intención de construir una estrategia común frente a los desafíos actuales. Para el representante metalúrgico, la unidad resulta imprescindible para enfrentar un escenario adverso. “Esto no lo puede resolver un solo gremio; hace falta un trabajo conjunto”, señaló.

En este aspecto, la agenda gremial se vincula con la convocatoria de la CGT a una movilización nacional el 30 de abril, en la antesala del Día del Trabajador. La UOM confirmó su participación y llamó a los afiliados a sumarse. “Es fundamental que los trabajadores acompañen; el sindicato es la herramienta que tienen para defender sus derechos”, destacando la necesidad de mayor involucramiento, concluyó Solazzo.

El panorama que surge del Congreso Nacional de Delegados de la UOM refleja una realidad compleja para el sector industrial. La pérdida de poder adquisitivo, la caída del empleo y las limitaciones en la negociación salarial configuran un cuadro que exige respuestas urgentes.

En este contexto, el gremio metalúrgico avanza hacia una estrategia más firme, con la posibilidad de profundizar las medidas de fuerza si no se producen cambios. La evolución de las paritarias, la recuperación de la actividad industrial y el grado de cohesión sindical serán factores determinantes para definir el rumbo de un conflicto que, lejos de atenuarse, muestra señales de intensificación.

El Sindicato Jerárquico Minero ASIJEMIN informa que la Justicia Nacional del Trabajo dictó una medida en procura de la cautelar solicitada, que suspende la aplicación de artículos centrales de la Ley de Modernización Laboral N.º 27.802.

La resolución, emitida por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N.º 63, ordena no aplicar un conjunto de disposiciones cuestionadas en el marco de una acción de amparo promovida por la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN), con el patrocinio de los abogados Mario Fabián D’Alessandro y León Darío Piasek.

Por su carácter general, la medida alcanza y protege directamente a los trabajadores jerárquicos mineros nucleados en ASIJEMIN. En particular, comprende los artículos 1, 3, 4, 16, 17, 20, 31, 32, 33, 36, 37, 41, 42, 51, 58 a 77, 79, 82, 83, 84, 88, 89, 90 a 93, 101, 103, 131, 136, 137, 138, 139, 142, 143 y 144 de dicha ley y concordantes, que introducen modificaciones en condiciones de contratación, períodos de prueba, despidos, indemnizaciones, responsabilidades empresarias y derechos colectivos.

Con esta decisión, la Justicia laboral garantiza la no aplicación de estos artículos, resguardando a los trabajadores jerárquicos mineros, profesionales y técnicos frente a medidas que implican una mayor flexibilización laboral, con impacto directo en la estabilidad del empleo, los salarios y los derechos adquiridos.

Asimismo, los artículos cuestionados vulneran garantías fundamentales consagradas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en el Convenio N.º 87 de la Organización Internacional del Trabajo, particularmente en lo referido a la libertad sindical, el derecho de huelga, la organización, la acción colectiva y la negociación colectiva.

El Secretario General de ASIJEMIN, Marcelo Mena Muñoz, afirmó: “Se trata de un logro muy importante que protege de manera concreta a los trabajadores jerárquicos mineros nucleados en ASIJEMIN y garantiza la continuidad de las fuentes laborales”.

ASIJEMIN celebra esta medida cautelar como resultado del trabajo, la organización y la firme defensa de los derechos de los trabajadores jerárquicos mineros en cada yacimiento del país. Este avance refuerza el compromiso del sindicato con la unidad, el empleo de calidad y la defensa permanente de los derechos laborales en toda la Argentina.

El paro nacional convocado por la Federación de Docentes de las Universidades exhibió un nivel de adhesión cercano a la totalidad en las casas de estudio públicas. El reclamo salarial, tras 17 meses de deterioro continuo, se combina con la exigencia de cumplimiento de la ley de financiamiento y abre la puerta a una nueva marcha de alcance nacional.

La protesta docente adquirió este viernes una dimensión contundente en todo el país. Facultades sin actividad, aulas vacías y una amplia agenda de clases abiertas, movilizaciones y acciones públicas reflejaron la profundidad de un conflicto que ya impacta en la vida académica cotidiana. La medida de fuerza, impulsada por la Federación de Docentes de las Universidades, puso en evidencia un malestar extendido que atraviesa a la totalidad del sistema universitario estatal.

El eje del reclamo se concentra en la sostenida pérdida del poder adquisitivo. Desde el sector advierten que los ingresos acumulan 17 meses de retroceso frente a la inflación, con una merma superior al 40% desde noviembre de 2023. La situación, sostienen, empuja a un número creciente de docentes a diversificar sus fuentes laborales o directamente abandonar la actividad académica, lo que compromete la calidad educativa y la continuidad de cátedras.

El secretario general de FEDUN, Daniel Ricci, describió un panorama límite: “El nivel de adhesión es altísimo porque la realidad es insostenible. Para recuperar lo perdido se necesita una recomposición que supere el 50%”. Sus declaraciones sintetizan el consenso interno de un sector que advierte sobre el deterioro estructural del sistema si no hay respuestas inmediatas.

A la cuestión salarial se suma un frente institucional de alta sensibilidad. El gremio exige la implementación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y ratificada tras el veto presidencial. El plazo fijado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal para su cumplimiento ya expiró sin avances concretos, lo que intensifica la presión sobre el Poder Ejecutivo.

Desde la organización remarcan que la vigencia de una norma sancionada por el Parlamento no admite dilaciones. En ese sentido, subrayan que la actualización de haberes y la transferencia de recursos a las universidades constituyen obligaciones indelegables para el Estado nacional.

El conflicto universitario se inscribe en un cuadro más amplio de recomposición de ingresos en el sector público, aunque presenta particularidades que lo vuelven especialmente sensible. La formación de profesionales, la producción científica y el sostenimiento de la educación superior gratuita dependen en gran medida de la estabilidad del cuerpo docente. La prolongación de la pérdida salarial erosiona no solo las condiciones laborales, sino también la capacidad del sistema para retener talento y garantizar estándares académicos.

La ausencia de una convocatoria a paritarias profundiza la incertidumbre y deja al conflicto en una instancia de resolución abierta. En ese sentido, la masividad de la medida de fuerza funciona como una señal política que trasciende lo sectorial y se proyecta hacia el debate público sobre el financiamiento educativo.

Sin definiciones oficiales ni avances en la negociación, la situación se orienta hacia una mayor confrontación. La Federación de Docentes de las Universidades ya anticipó que, de persistir la falta de respuestas, impulsará una marcha nacional universitaria en la segunda semana de mayo. La disputa, lejos de cerrarse, ingresa en una etapa decisiva en la que se pondrá a prueba la capacidad del Gobierno para desactivar un conflicto que amenaza con profundizarse y extender sus efectos sobre todo el sistema educativo superior.