En un fallo sin precedentes, la Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo otorgó una cautelar que impide al Gobierno aplicar los 3.155 despidos anunciados en la ex AFIP y Aduana. Esta medida cautelar, solicitada por los gremios AEFIP y SUPARA, garantiza la estabilidad laboral de los empleados de estos organismos.

La sentencia, emitida el 14 de enero, ordena al Poder Ejecutivo Nacional y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) abstenerse de adoptar cualquier medida que vulnere la garantía de estabilidad prevista en los convenios colectivos de trabajo. El juez Gabriel de Vedia argumentó que la medida precautoria de no innovar es necesaria para evitar un daño posible y previsible luego de las acciones iniciadas por el PEN para descalificar a gran parte de los trabajadores.

Este fallo llega en medio de un contexto político y social complejo, con la reestructuración de la ex AFIP y Aduana en curso. De los 20.000 trabajadores que había al inicio de la gestión de Javier Milei, ya se fueron 1.500 el año pasado y se espera que otros 1.500 se vayan en el marco de un nuevo retiro voluntario.

La decisión de la Justicia Laboral plantea interrogantes sobre el futuro de la reestructuración y los despidos anunciados. ¿Cómo reaccionará el Gobierno ante este fallo? ¿Qué implicaciones tendrá esta medida cautelar en la relación entre el Estado y los trabajadores? La respuesta a estas preguntas solo la dará el tiempo.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) presentó un informe que revela una realidad alarmante en la cadena de comercialización de agroalimentos. Los precios de los productos se multiplican por 3,9 desde el productor hasta el consumidor, afectando directamente a los trabajadores rurales, productores y consumidores.

La brecha de precios entre origen y destino afecta directamente a los trabajadores rurales. Con una participación promedio del 21% en el precio final de los productos, los productores reciben ingresos insuficientes para sostener la rentabilidad de sus actividades. Esto se traduce en recortes de personal o precarización laboral, agravado por la competencia desleal que genera la apertura de importaciones.

El Bolsillo de los Consumidores

Por cada peso que recibe el productor, los consumidores pagan $3,9 en promedio. Esta relación es aún más desfavorable en productos como zanahorias, donde la brecha alcanza 10,2 veces. El aumento de precios afecta principalmente a los sectores de menores recursos y más vulnerables, que dedican una mayor proporción de sus ingresos a la compra de alimentos.

Los productores locales enfrentan un panorama complicado. Mientras que los costos de producción, insumos e impuestos siguen en aumento, los precios que obtienen por sus productos en origen son cada vez más bajos. Esto se evidencia en casos como el tomate redondo, donde el precio se multiplicó 8,8 veces desde el campo hasta la góndola.

El informe de CAME expone una realidad que afecta a todos los eslabones de la cadena. Es necesario tomar medidas para reducir la brecha de precios y garantizar una mayor justicia en la comercialización de agroalimentos. Los trabajadores rurales, productores y consumidores merecen una mejor realidad.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM), liderada por Abel Furlán, logró un acuerdo paritario que beneficiará a los trabajadores del sector metalúrgico con un aumento salarial del 12,3% hasta marzo de 2025. Este incremento se aplicará de manera escalonada, retroactiva y acumulativa desde el 1 de noviembre, después de semanas de intensas negociaciones con las cámaras empresarias.

El esquema de aumentos pactado establece subas en cinco tramos: 5,5% en noviembre, 2% en diciembre, 1,8% en enero, 1,5% en febrero y 1% en marzo. Furlán celebró el acuerdo como un avance necesario para los trabajadores, aunque reconoció que no es el aumento ideal. «Seguiremos revisando cada punto en marzo para garantizar que los sueldos no queden atrás», afirmó.

El convenio incluye una cláusula de revisión salarial que será activada el 15 de marzo de 2025, para evaluar el impacto de la inflación sobre los ingresos y determinar la necesidad de nuevas subas. «No se trata solo de un porcentaje; se trata de dignidad y reconocimiento para quienes sostienen el país desde las fábricas», enfatizó Furlán.

El último acuerdo de la UOM, cerrado en agosto de 2024, había establecido un incremento cuatrimestral del 14% con carácter retroactivo. El acta del reciente acuerdo fue firmada con las principales cámaras empresarias del sector metalmecánico, como ADIMRA, AFARTE y CAMIMA, entre otras.

Para los trabajadores, este aumento representa una leve recuperación frente a la pérdida del poder adquisitivo. Sin embargo, el propio gremio reconoce los desafíos que aún enfrentan. «No bajamos los brazos. El 15 de marzo será clave para discutir con firmeza lo que los trabajadores merecen», concluyó Furlán.