La CGT acompañó la protesta convocada por la Unión de Empleados Judiciales de la Nación frente al Palacio de Tribunales en rechazo al traspaso del fuero laboral nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, previsto en el proyecto de reforma laboral. Los gremios advierten que la medida es inconstitucional y que podría restringir el acceso efectivo de los trabajadores a la Justicia.

El debate por la reforma laboral sumó un nuevo frente de conflicto: la eventual eliminación del fuero laboral nacional y su transferencia a la Ciudad de Buenos Aires. La discusión, que trasciende el plano técnico, abrió un capítulo de alta sensibilidad institucional y sindical. Este martes, frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, judiciales y dirigentes gremiales escenificaron su rechazo con una movilización y un paro parcial de actividades desde las 11.

La CGT, a través de un pronunciamiento público, fue categórica: “No al traspaso de la Justicia Laboral Nacional”. En el mismo mensaje sostuvo que ese fuero constituye “una herramienta clave para garantizar el acceso efectivo a los derechos de las y los trabajadores” y que su fragmentación implicaría debilitar la tutela judicial en materia laboral. La central subrayó que defender la competencia nacional es resguardar el equilibrio en las relaciones de trabajo.

Un punto sensible de la reforma

El traspaso está contemplado en el proyecto de reforma laboral actualmente en discusión en el Congreso. Desde el sindicalismo judicial sostienen que los artículos vinculados a esta modificación fueron incorporados sin debate suficiente y que su alcance podría alterar de manera estructural el esquema judicial vigente.

El secretario general de la UEJN, Julio Piumato —quien además se desempeña como secretario de Derechos Humanos de la CGT— calificó la iniciativa como “la liquidación del fuero del trabajo” y la consideró “totalmente inconstitucional”. En su diagnóstico, no se trata de una simple reasignación administrativa, sino de “la punta de lanza para seguir con el desguace de la justicia nacional”, con potencial impacto sobre otros fueros, como el comercial.

“Nunca en la historia judicial argentina se cerró un fuero nacional”, remarcó el dirigente, al advertir que la medida implicaría avanzar hacia un esquema “totalmente unitario”, en tensión con el carácter federal del país. La afirmación busca situar el conflicto en una dimensión institucional más amplia, que excede la coyuntura laboral.

Simultáneamente a la reclamación, desde el lunes permanece ocupado el edificio de Diagonal Norte 760, sede de la Justicia del Trabajo, como parte del plan de lucha del gremio. El dato no es menor: la ocupación simboliza la defensa física de un ámbito que los trabajadores consideran amenazado.

“No va a haber lugar donde reclamar”

La secretaria general adjunta de la UEJN, Maia Volcovinsky, explicó que el núcleo de la preocupación radica en la eventual pérdida de un ámbito especializado para canalizar reclamos laborales. “Si liquidamos de un soplido la Justicia del Trabajo, no va a haber lugar donde los trabajadores puedan reclamar por la inconstitucionalidad de los artículos que se van a votar este viernes”, sostuvo.

Su advertencia combina dos dimensiones. Por un lado, la tutela judicial efectiva: el fuero laboral ha sido históricamente un espacio específico para dirimir conflictos entre empleados y empleadores bajo criterios protectores. Por otro, el impacto interno: cerca de 1.600 trabajadores judiciales podrían ver afectadas sus funciones de manera progresiva, lo que genera —según describió— un clima de incertidumbre y angustia.

Desde el sector sindical se argumenta que el cambio de jurisdicción podría diluir la especialización y fragmentar criterios jurisprudenciales, debilitando la posición de los trabajadores frente a litigios complejos. Quienes defienden el traspaso, en cambio, sostienen que se trata de una adecuación institucional en línea con el proceso de autonomía porteña. La controversia, en definitiva, expone visiones contrapuestas sobre el alcance de la reforma y sobre el modelo de administración de justicia.

Más que una discusión técnica

El conflicto revela que la reforma laboral no se agota en la regulación de contratos o indemnizaciones. También pone en cuestión el andamiaje institucional que garantiza su aplicación. El fuero laboral ha sido, desde su creación, un pilar en la arquitectura de protección del trabajo en la Argentina. Alterar su competencia implica redefinir no solo circuitos administrativos, sino también equilibrios históricos entre capital y trabajo.

En ese marco, la presencia de la CGT junto a los judiciales no es un gesto menor. Supone una señal de alineamiento en un momento en que el movimiento obrero debate estrategias frente al Gobierno y evalúa el alcance de las transformaciones en curso.

La movilización frente al Palacio de Tribunales sintetiza una disputa que combina derecho, política e institucionalidad. Para los gremios, el traspaso del fuero laboral constituye un retroceso que compromete el acceso a la Justicia y debilita la protección de los trabajadores.

Para el oficialismo, forma parte de un rediseño más amplio del sistema laboral y judicial.
El desenlace parlamentario definirá el rumbo inmediato. Pero el debate ya dejó una certeza: cualquier modificación del fuero del trabajo impacta en el corazón del sistema de garantías laborales. En esa intersección entre reforma y tutela judicial se juega algo más que una cuestión de competencias; se dirime el alcance real de los derechos en el mundo del trabajo.

Docentes, nodocentes, rectores y organizaciones estudiantiles se movilizarán a la Cámara de Diputados para rechazar el proyecto impulsado por el presidente Javier Milei que modifica la Ley de Financiamiento Universitario. El sector denuncia que la propuesta es insuficiente, busca eludir fallos judiciales y consolida lo que califican como la mayor pérdida salarial del sistema en décadas.

El conflicto entre el Gobierno nacional y el sistema universitario escaló a un nuevo punto de tensión. Este martes, un frente que reúne a autoridades académicas, gremios docentes, personal nodocente y centros de estudiantes se concentrará en la Cámara de Diputados para exigir el cumplimiento de la ley vigente de financiamiento y frenar la iniciativa oficial que pretende reemplazarla.

La norma actual fue aprobada por el Congreso el año pasado y ratificada tras un veto presidencial. Sin embargo, su aplicación plena continúa demorada. En ese punto, la presentación de un nuevo proyecto por parte del Ejecutivo —que ingresó por mesa de entradas la semana pasada— encendió las alarmas en el sector, que interpreta la movida como un intento de reformular el esquema presupuestario sin saldar las obligaciones pendientes.

Un proyecto bajo cuestionamiento

El texto oficial propone un mecanismo de actualización condicionado: la recomposición de partidas se activaría únicamente si el índice de inflación anual supera el 14,3 por ciento.

También contempla una asignación específica de 80 mil millones de pesos para hospitales universitarios y un esquema de incrementos salariales escalonados del 4,1 por ciento en marzo, julio y septiembre.

Desde el Consejo Interuniversitario Nacional, que nuclea a los rectores de las universidades públicas, advirtieron que la propuesta “no resuelve el bache presupuestario de 2024” y que cualquier debate debe partir del cumplimiento efectivo de la ley ya sancionada. En el mismo sentido, remarcaron que existe una medida cautelar favorable a las casas de estudio cuya apelación por parte del Gobierno agrega incertidumbre jurídica.

Para los gremios, la discusión excede la técnica presupuestaria. Consideran que el nuevo proyecto dilata la ejecución de la normativa vigente y consolida un esquema de financiamiento por debajo de las necesidades reales del sistema.

Paro y estado de alerta

En el último plenario de la CONADU Histórica se resolvió mantener el “estado de alerta, movilización y sesión permanente”. La federación definió un paro de 48 horas al inicio del tratamiento en comisión del proyecto y acciones de visibilización en todo el país. La decisión apunta a sostener presión política y a evitar que el debate avance sin consenso del sector.

El Frente Sindical de Universidades Nacionales, que integra a distintas organizaciones docentes y nodocentes, también reclamó la reapertura inmediata de la paritaria sectorial.

Desde la Federación de Docentes de las Universidades sostuvieron que los salarios acumulan una caída del 51,4 por ciento desde el inicio de la actual gestión, lo que describen como “la mayor pérdida salarial de la historia” en el ámbito universitario.

El reclamo incluye el pago de deudas acumuladas, la recomposición urgente de ingresos y la convocatoria a negociaciones formales. En este aspecto, se impulsa la realización de asambleas en facultades y escuelas para fortalecer la organización interna y coordinar medidas con otros sectores del movimiento sindical.

Autonomía, presupuesto y conflicto político

La movilización adquiere un significado que trasciende lo estrictamente presupuestario. En juego está la autonomía universitaria y el modelo de financiamiento público de la educación superior. Mientras el oficialismo sostiene la necesidad de ordenar el gasto y establecer criterios de actualización más acotados, la comunidad académica advierte que la restricción de recursos compromete la calidad educativa, la investigación y el funcionamiento cotidiano de las instituciones.

La disputa por la Ley de Financiamiento Universitario devela un conflicto estructural  entre el ajuste fiscal y la sostenibilidad del sistema público de educación superior. El conflicto no se limita a cifras: involucra el alcance de derechos, la estabilidad laboral de miles de trabajadores y la capacidad del Estado para sostener un entramado académico clave para el desarrollo nacional.

En el corto plazo, el debate legislativo marcará el rumbo del financiamiento. En el plano más profundo, la movilización universitaria pone en escena una pregunta central: qué lugar ocupará la educación pública en la arquitectura de prioridades de la Argentina que se está redefiniendo.

En la antesala del debate en el Senado, la conducción cegetista analizará el nuevo escenario político tras la derrota legislativa y anticipa un viraje estratégico: sin nuevas medidas de fuerza en el corto plazo, la central buscará impugnar los artículos que considere inconstitucionales y hacer pagar el costo político a los senadores que respalden la iniciativa oficial.

En estado de alerta frente al inminente tratamiento de la reforma laboral en la Cámara alta, la conducción de la Confederación General del Trabajo convocó para el miércoles a una reunión de su mesa chica que, puertas adentro, ya es leída como definitoria. El encuentro se realizará en la antesala de una semana decisiva en el Congreso, con el debate previsto para el viernes y un oficialismo que, según admiten en el propio sindicalismo, contaría con los votos necesarios para avanzar.

El diagnóstico interno es claro: el escenario político y social no ofrece hoy las condiciones para reeditar un paro general o una movilización masiva. “No hay clima para una nueva medida de fuerza”, deslizaron fuentes gremiales, en alusión a un contexto económico adverso, fatiga social y un mapa sindical que exhibe tensiones internas. La evaluación predominante es evitar un desgaste adicional en la calle y preservar capital político para una batalla de más largo aliento.

Lejos de la confrontación inmediata, la estrategia que gana consenso es trasladar el conflicto al plano judicial. La CGT analiza presentar acciones de inconstitucionalidad si la norma es sancionada, especialmente contra aquellos artículos que, a su entender, podrían restringir el derecho de huelga o alterar garantías básicas del orden laboral. En ese esquema, el foco estará puesto en cuestionar la razonabilidad y proporcionalidad de las eventuales limitaciones, así como en defender estándares constitucionales y convenios internacionales vigentes.

El giro táctico no implica resignación política. En la central obrera anticipan que trabajarán para que los senadores que acompañen el proyecto asuman el costo de su voto. La idea es instalar públicamente la discusión sobre las consecuencias de la reforma en términos de estabilidad laboral, negociación colectiva y conflictividad futura, con la mirada puesta también en el calendario electoral.

La decisión de evitar nuevas medidas de acción directa refleja una lectura pragmática del momento. Tras una serie de derrotas parlamentarias y con un oficialismo que logró ordenar alianzas circunstanciales, la CGT opta por replegarse tácticamente, reducir la exposición y preparar una ofensiva jurídica que podría extenderse en el tiempo. La apuesta es que el Poder Judicial se convierta en el nuevo escenario de disputa, en una pulseada que ya no se librará en la calle sino en los tribunales.

En ese cambio de escenario, la central obrera busca preservar cohesión interna y administrar fuerzas. La reforma laboral, aun antes de su eventual sanción, ya redefinió el tablero sindical: menos épica callejera y más litigio estratégico. Una señal de época que evidencia tanto las limitaciones del presente como la voluntad de sostener la disputa por otros carriles institucionales.