El Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 7 decretó la quiebra de la tradicional cadena de electrodomésticos luego de que fracasara el concurso preventivo iniciado en 2021 y no prosperara el proceso de salvataje. La empresa, que llegó a tener más de 300 sucursales y 5.000 empleados en todo el país, había quedado reducida a apenas tres locales y menos de veinte trabajadores.

La Justicia comercial decretó la quiebra de la histórica cadena de electrodomésticos Garbarino, poniendo punto final a un prolongado proceso judicial que se extendió durante más de cuatro años y que buscaba evitar la desaparición de una de las marcas más emblemáticas del comercio minorista argentino.

La decisión fue adoptada por el juez Fernando D’Alessandro, titular del Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 7, luego de que fracasara el mecanismo de salvataje previsto en la legislación concursal. Ese procedimiento, conocido como “cramdown”, habilita a inversores externos a presentar propuestas para hacerse cargo de una compañía en crisis y continuar con su explotación.

El concurso preventivo había sido iniciado en 2021, en medio de una profunda crisis financiera que ya había derivado en cierres de sucursales, atrasos salariales y conflictos con proveedores.

Sin embargo, durante el proceso la empresa no logró reunir las mayorías necesarias entre los acreedores para aprobar un acuerdo de reestructuración que permitiera sostener la actividad.

La etapa de salvataje tampoco ofreció una salida concreta. Según consta en la resolución firmada el 4 de marzo, la única firma que se había inscripto en el registro de interesados, la sociedad financiera Vlinder, nunca presentó una propuesta formal para reestructurar la compañía. Ante la ausencia de ofertas y la falta de consensos entre las partes, el magistrado resolvió aplicar los artículos correspondientes de la Ley de Concursos y Quiebras y declarar la apertura del proceso falencial.

Con la quiebra ya formalizada, la empresa queda desapoderada de la administración de sus bienes, que pasan a manos de la sindicatura designada por el tribunal. A partir de ahora comenzará la etapa de identificación, inventario y eventual liquidación de los activos disponibles con el objetivo de intentar cubrir —en la medida de lo posible— las deudas acumuladas con bancos, proveedores y exempleados.

La resolución judicial también dispuso la intervención de los últimos locales vinculados a la compañía. Entre ellos figuran sucursales ubicadas sobre la avenida Cabildo, en el barrio porteño de Belgrano; en la calle Uruguay, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires; y un outlet en el barrio de Almagro. La sindicatura quedó facultada para realizar inventarios e incluso solicitar el auxilio de la fuerza pública para asegurar los bienes existentes en esos establecimientos.

El ocaso de un gigante del retail

La decisión judicial marca el final de una empresa que durante décadas fue sinónimo de consumo masivo y financiación de electrodomésticos en Argentina. Fundada en 1951, Garbarino llegó a consolidar una red de más de 300 sucursales en todo el país y a emplear a cerca de 5.000 trabajadores, convirtiéndose en uno de los principales actores del mercado minorista de tecnología y artículos para el hogar.

Sin embargo, el deterioro financiero acumulado durante los últimos años, sumado a la caída del consumo, la transformación del comercio hacia el canal digital y los reiterados conflictos con acreedores y proveedores, terminaron erosionando su estructura operativa.

Atrasos en los pagos a odontólogos, ópticas, acompañantes terapéuticos y otros profesionales generaron suspensiones de servicios y fuertes reclamos en distintas provincias. Mientras la conducción del PAMI asegura que mantiene al día los compromisos con médicos y farmacias, prestadores de otras áreas advierten que la situación se volvió crítica y amenaza la continuidad de la atención a millones de jubilados.

La crisis financiera que atraviesan diversos prestadores vinculados al sistema de salud de los jubilados comenzó a traducirse en un problema tangible para los afiliados. Atrasos en los pagos y demoras acumuladas en honorarios y prestaciones están generando suspensiones de servicios en distintos puntos del país y encendieron una alarma creciente en torno al funcionamiento del PAMI, la obra social que brinda cobertura a millones de adultos mayores.

Los reclamos se multiplicaron en diversas jurisdicciones. En la ciudad de Junín, en la provincia de Buenos Aires, odontólogos vinculados al programa suspendieron la atención a afiliados del PAMI como medida de protesta ante la falta de cobro. Situaciones similares comenzaron a registrarse en otras regiones, donde los prestadores advierten que la continuidad de los servicios se vuelve cada vez más difícil de sostener.

La presión se intensificó en las últimas horas luego de que se denunciara la interrupción de prestaciones médicas en cuatro provincias del sur del país: Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa. Según el Sindicato de Trabajadores Pasivos, la medida afecta consultas, estudios, prácticas ambulatorias y cirugías programadas, aunque los servicios de guardia y las urgencias continúan funcionando para evitar situaciones de riesgo.

En el centro de las críticas aparece la conducción del organismo encabezado por Esteban Leguizamo. Prestadores y organizaciones sectoriales sostienen que la demora en los pagos y el desfasaje de aranceles generaron una ecuación económica inviable para numerosos profesionales que dependen de estas prestaciones.

“Es imposible sostener el servicio en estas condiciones”, coinciden distintos referentes del sector, que advierten que los atrasos impactan directamente en la capacidad de los centros de atención para pagar salarios, afrontar costos operativos y mantener la estructura necesaria para seguir prestando servicios.

La discapacidad, otro frente en conflicto

La crisis también atraviesa al sistema de prestaciones destinadas a personas con discapacidad. Este jueves, organizaciones nucleadas en el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad convocaron a una movilización frente al Ministerio de Salud de la Nación para denunciar la situación.

La protesta contará con el acompañamiento del Sindicato de Choferes Particulares y apunta a visibilizar las deudas acumuladas en distintos programas vinculados al sistema de atención, entre ellos el programa Incluir Salud y el propio PAMI.

En diálogo con Radio Up, el coordinador del foro, Pablo Molero, describió el escenario como “muy grave” desde el punto de vista económico-financiero para quienes prestan servicios vinculados a discapacidad en todo el país.

Según explicó, numerosos prestadores aún no percibieron pagos correspondientes a prestaciones facturadas desde octubre del año pasado. En algunos casos, noviembre tampoco fue abonado, mientras que diciembre se habría cancelado solo parcialmente. “Hay muchos prestadores que no han cobrado absolutamente nada desde octubre”, advirtió.

La problemática se agrava por los plazos habituales de pago que manejan otras entidades del sistema de salud. Mientras el programa Incluir Salud acumula meses de deuda, obras sociales y empresas de medicina prepaga suelen cancelar prestaciones con demoras que oscilan entre los 60 y los 90 días. En ese marco, sostener centros de día, terapias o servicios de transporte especializado se vuelve cada vez más complejo.

Molero también señaló que, según los datos que manejan las organizaciones, el programa Incluir Salud habría dejado sin ejecutar cerca de 30.000 millones de pesos durante el último año, recursos que posteriormente fueron devueltos a rentas generales del Estado. “Ese dinero podría haberse utilizado para pagar prestaciones que ya estaban facturadas”, cuestionó.

La protesta reunirá a transportistas, profesionales de la salud y responsables de centros especializados que reclaman por deudas acumuladas de distintos organismos, entre ellos PAMI, Incluir Salud y el IAPOS, además de denunciar el atraso en los aranceles y el riesgo que enfrentan numerosos tratamientos.

En un presente cargado por tensiones judiciales y fiscales, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió sostener el paro y suspender la fecha 9 del Torneo Apertura 2026. La jornada fue reprogramada para el fin de semana del 3 de mayo, lo que obligará a comprimir las instancias decisivas en pocas semanas y profundiza el impacto económico sobre miles de trabajadores vinculados a la actividad.

La determinación se adoptó este mediodía en el predio de Ezeiza, donde los 30 presidentes de los clubes de la Liga Profesional de Fútbol deliberaron sobre la posibilidad de levantar la medida. Tras el encuentro, optaron por ratificar la suspensión de la jornada prevista para este fin de semana.

El mensaje fue claro: en medio del conflicto abierto con la Justicia y el Gobierno, la conducción del fútbol argentino decidió sostener una postura unificada. La reprogramación oficial establece que la fecha 9 del Torneo Apertura 2026 se disputará el fin de semana del 3 de mayo.

Los octavos de final quedaron fijados para el domingo 10; los cuartos, para el miércoles 13; las semifinales, el domingo 17; y la final, el domingo 24 de mayo.

El nuevo esquema condensa en apenas tres semanas la fase decisiva del campeonato, con exigencias deportivas y logísticas significativas para los planteles y las instituciones.

Alternativas en evaluación y calendario en tensión

Además de la reprogramación ya comunicada, la AFA habría notificado a los clubes tres posibles fechas alternativas para recuperar la jornada suspendida: 18 de marzo, 22 de abril o 13 de mayo. Cada entidad deberá expresar su preferencia para avanzar en la definición final del calendario.

Este abanico de opciones revela la complejidad de encajar compromisos locales e internacionales en una agenda ya ajustada. La reestructuración no solo afecta la planificación deportiva, sino también la negociación de derechos televisivos, la organización de operativos de seguridad y la logística de traslados.

El trasfondo judicial

La reunión fue convocada por el presidente de la AFA, Claudio Tapia, luego de que la Justicia citara a declaración indagatoria a autoridades de la entidad en el marco de una causa por presuntas irregularidades fiscales.

Desde la conducción rechazaron las acusaciones y sostuvieron que “no existe deuda exigible” y que los pagos observados “fueron realizados de manera voluntaria antes de sus respectivos vencimientos”. Según señalaron, ese planteo ya fue presentado y el expediente se encuentra a resolución de la Cámara de Apelaciones.

En esa línea, apuntaron contra la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a la que acusaron de intentar convertir obligaciones aún no vencidas “en la base de un supuesto delito penal tributario”. El conflicto, por lo tanto, trasciende el plano deportivo y se inscribe en una disputa institucional de mayor alcance.

El efecto en la economía del fútbol

Más allá del expediente judicial, la suspensión del fútbol profesional genera consecuencias inmediatas en una extensa cadena laboral. Cada fecha moviliza a trabajadores de seguridad, boleterías, mantenimiento, gastronomía, transporte, prensa y servicios tercerizados. Para muchos de ellos, el ingreso depende directamente de la realización de los partidos.

La paralización temporal implica, en los hechos, una merma en ingresos para miles de familias. El fútbol argentino no es solo espectáculo y competencia: constituye una industria que articula empleo formal e informal, consumo y circulación económica en cada ciudad sede.

La decisión de sostener el paro, entonces, se proyecta más allá de la circunstancia judicial, Instala interrogantes sobre la estabilidad institucional del deporte más convocante del país y sobre la capacidad del sistema para absorber presiones políticas sin trasladar costos a su base laboral.

La ratificación del paro por parte de la AFA confirma que el conflicto con la Justicia ingresó en una punto de endurecimiento. La fecha 9 reprogramada para mayo es apenas la expresión visible de una puja que combina poder institucional, discusión fiscal y gobernanza del fútbol argentino.

Mientras los dirigentes defienden su posición en los tribunales, el campeonato se reordena a contrarreloj y la industria que gira en torno a cada partido enfrenta días de incertidumbre. El calendario comprimido puede resolver la urgencia competitiva; la disputa de fondo, en cambio, seguirá marcando el pulso político del fútbol nacional.