La Asociación Bancaria anunció un paro nacional para el 13 de mayo en las últimas horas de atención al público, en rechazo a despidos y al cierre de dependencias en el Banco Central y el Banco Hipotecario. El sindicato advierte sobre el impacto laboral y territorial de las medidas.

La conducción de la Asociación Bancaria, liderada por Sergio Palazzo, resolvió intensificar su plan de acción gremial con una nueva medida de fuerza de alcance nacional. El paro, previsto para el miércoles 13 de mayo durante las últimas tres horas de atención al público, se inscribe en una disputa que suma episodios y que tiene como eje decisiones adoptadas en el Banco Central de la República Argentina y en el Banco Hipotecario.

La organización sindical sostiene que las medidas implementadas por ambas entidades responden a un proceso de reducción de estructuras que compromete fuentes de trabajo y altera el funcionamiento del sistema financiero en distintas regiones. En el caso del Banco Central, el foco está puesto en la decisión de cerrar 12 de las 21 tesorerías regionales, una reconfiguración que, según el gremio, pone en riesgo al menos 32 puestos laborales y afecta la operatoria en el interior del país.

Desde la entidad gremial subrayan que la eliminación de estas dependencias no sólo implica una pérdida de empleo, sino también una modificación en la capilaridad del sistema financiero, con posibles consecuencias para economías locales que dependen de estos circuitos. En ese sentido, advierten que la centralización de funciones podría debilitar la presencia institucional en plazas alejadas de los grandes centros urbanos.

El conflicto no es nuevo. El pasado 27 de abril, La Bancaria llevó adelante un paro de 24 horas como señal de protesta y, posteriormente, participó en instancias formales de negociación en el ámbito de la Secretaría de Trabajo. Sin embargo, las conversaciones no lograron acercar posiciones. Según el sindicato, las autoridades mantuvieron una postura inflexible, lo que derivó en la profundización de las medidas gremiales y en la declaración de un estado de alerta y movilización en todo el territorio.

En este punto, la situación en el Banco Hipotecario suma otro frente de presión. El gremio denuncia despidos que considera injustificados y un proceso sostenido de cierre de sucursales. Estas decisiones, afirman, repercuten tanto en los trabajadores como en los usuarios del sistema, al reducir la cobertura y el acceso a servicios financieros en distintas localidades.

La conducción sindical plantea que no aceptará políticas de ajuste que impliquen recortes de personal o deterioro en las condiciones laborales. En esa línea, exige garantías de continuidad para los empleados afectados y reclama la apertura de instancias de diálogo con respuestas concretas.

Un informe impulsado por sectores técnicos, sindicales y asociaciones de usuarios señala que cerca del 75% de la red vial nacional se encuentra en estado regular o malo. La advertencia pone el foco en la seguridad, la inversión pública y el rol del Estado.

La infraestructura vial argentina atraviesa uno de los momentos más delicados de las últimas décadas. Un relevamiento difundido por organizaciones vinculadas al sector advierte que aproximadamente tres de cada cuatro rutas nacionales presentan condiciones deficientes, un registro que enciende señales de alarma en torno a la seguridad de quienes transitan a diario por estos corredores estratégicos.

El diagnóstico, respaldado por trabajadores, especialistas y asociaciones de usuarios, atribuye el deterioro a la interrupción de obras y a la reducción de tareas de conservación básica. Según sostienen, la falta de intervención sostenida aceleró el desgaste de la red, afectando tanto la transitabilidad como los estándares de seguridad. La consecuencia inmediata —advierten— es una mayor exposición a siniestros, especialmente en tramos donde el deterioro del pavimento, la señalización insuficiente y la ausencia de mantenimiento configuran un riesgo permanente.

En este punto, se conformó un espacio multisectorial que reúne a empleados de Vialidad Nacional, técnicos de organismos vinculados al transporte y la seguridad vial, junto a familiares de víctimas y usuarios autoconvocados. El objetivo es visibilizar la situación y promover un abordaje integral que permita revertir el cuadro actual. La iniciativa incluye la participación de trabajadores de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, entre otros actores con injerencia directa en la materia.

Desde estos sectores también surgieron cuestionamientos a la expansión de esquemas de concesión mediante peajes. Si bien reconocen la necesidad de financiamiento, plantean que este modelo no resuelve los problemas estructurales de la red y puede profundizar desigualdades territoriales. En particular, advierten que la lógica de rentabilidad podría relegar tramos menos transitados pero igualmente esenciales para la conectividad regional, consolidando un sistema fragmentado y con cobertura desigual.

Otro de los ejes de preocupación es el debilitamiento de organismos públicos clave. Referentes sindicales sostienen que la reducción de capacidades operativas y técnicas limita la posibilidad de planificar, ejecutar y controlar políticas viales de largo alcance. Esta situación, afirman, impacta de manera directa en la prevención de accidentes y en la calidad de los servicios asociados al transporte.

La problemática será expuesta este jueves 7 de mayo a las 12 en la sede del Sindicato de Empleados Viales Nacionales (SEVINA), en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, junto a representantes sindicales y organizaciones del sector, presentará un diagnóstico detallado y un conjunto de propuestas orientadas a atender la emergencia. Bajo la consigna “en defensa de la vida”, los convocantes buscarán instalar el tema en la agenda pública y reclamar definiciones concretas.

Más allá de las diferencias en torno a los modelos de gestión, existe un consenso amplio respecto de la necesidad de intervenir con urgencia. La red vial no solo es un componente esencial para la circulación de bienes y personas, sino también un factor determinante en la reducción de la siniestralidad. Su estado, por lo tanto, trasciende la discusión técnica y se inscribe en el terreno de las políticas públicas prioritarias.

Un informe advierte que desde fines de 2023 más de 740 mil personas dejaron de contar con medicina privada. El aumento de cuotas por encima de la inflación y la pérdida de empleo formal reconfiguran el acceso a la salud, mientras hospitales públicos alertan por falta de financiamiento.

De acuerdo con un relevamiento del Instituto Argentina Grande (IAG), unas 742.000 personas dejaron de contar con servicios de medicina prepaga, obra social o esquemas similares desde diciembre de 2023, en un proceso vinculado al fuerte encarecimiento de las cuotas y al deterioro del empleo registrado.

El informe señala que la proporción de la población con algún tipo de cobertura descendió del 67,5% en el segundo trimestre de 2023 al 65,4% en el mismo período de 2025. En términos absolutos, ese retroceso se traduce en un incremento significativo de quienes dependen exclusivamente del sistema público: el universo pasó de 9,55 millones a más de 10,29 millones de personas.

Uno de los factores determinantes de esta dinámica es la evolución de los costos en la medicina privada. Según el IAG, las cuotas de las prepagas acumularon un incremento del 417% desde fines de 2023, tras la desregulación de precios impulsada por el Gobierno nacional a través del DNU 70/2023. En el mismo lapso, la inflación alcanzó el 293%, lo que evidencia un desfasaje considerable entre los aumentos del sector y la capacidad de pago de los usuarios.

Este desajuste impacta de manera directa en los hogares. Con ingresos que no acompañan la escalada de las cuotas, muchas familias optaron por reducir coberturas o directamente abandonarlas. A este cuadro se suma la pérdida de más de 200 mil empleos registrados desde noviembre de 2023, un dato que incide de forma directa en la caída de afiliaciones a obras sociales vinculadas al trabajo formal.

El resultado es una presión creciente sobre el sistema público, que absorbe la demanda de quienes quedan fuera del circuito privado. Sin embargo, ese mismo sistema enfrenta restricciones severas. Autoridades de hospitales dependientes de la Universidad de Buenos Aires advirtieron recientemente que podrían sostener la atención apenas por 45 días más ante la falta de transferencias de fondos por parte del Estado nacional.

Desde el Hospital de Clínicas, su director Marcelo Melo describió un panorama crítico: sin recursos suficientes y con costos en insumos y medicamentos sujetos a variaciones constantes —muchos de ellos atados al dólar—, las instituciones se ven obligadas a destinar todos sus ingresos a gastos urgentes. “En un mes y medio no sabemos si vamos a poder seguir prestando atención”, señaló, al tiempo que graficó la magnitud del problema al mencionar que los costos hospitalarios pueden multiplicarse varias veces respecto de los valores habituales en la economía doméstica.

En este cuadro, el debate sobre el rol del Estado en la salud adquiere una centralidad renovada. El informe del IAG cuestiona la reducción de la intervención pública y advierte que, lejos de aliviar la carga sobre el sistema estatal, la dinámica actual amplía su responsabilidad al incorporar a un número creciente de pacientes sin cobertura privada.