El Gobierno nacional oficializó incrementos en las tarifas eléctricas y de gas que comenzarán a regir desde el 1° de junio. Las actualizaciones alcanzan a usuarios residenciales, comercios y entidades de bien público, mientras continúan los subsidios focalizados con recortes graduales en las bonificaciones. El impacto será más visible en los sectores de menor consumo debido al fuerte incremento de los cargos fijos.

Las actualizaciones fueron publicadas en el Boletín Oficial mediante distintas resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrge), el organismo surgido tras la unificación de los entes reguladores energéticos. Las medidas impactarán sobre los cuadros tarifarios de las distribuidoras Edenor, Edesur y Metrogas, además de otras compañías del sector.

En electricidad, las resoluciones 25 y 26 fijaron nuevos valores para los usuarios residenciales. En el caso de Edesur, la tarifa variable para los hogares sin subsidios de la categoría R1 quedó establecida en $145,404 por kWh, mientras que Edenor aplicará un valor de $146,551 por kWh.

Para los usuarios alcanzados por el esquema de asistencia estatal, el precio dentro del bloque subsidiado continuará siendo menor. Edesur cobrará $70,513 por kWh y Edenor $71,518 por kWh para los consumos bonificados.

La administración nacional ratificó además la continuidad del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que mantiene cobertura parcial para consumos mensuales de hasta 300 kWh en determinados períodos del año. Sin embargo, el beneficio continuará reduciéndose de manera progresiva durante 2026, en línea con la política de recorte gradual de subsidios impulsada por el Ejecutivo.

A esto se suma una bonificación extraordinaria adicional del 11,97% para los usuarios subsidiados, aunque el porcentaje resulta inferior al aplicado en meses anteriores, consolidando el proceso de disminución paulatina de la asistencia estatal.

Desde la Secretaría de Energía aclararon que cualquier consumo que exceda los límites establecidos será facturado a tarifa plena, sin compensaciones. Las facturas seguirán exhibiendo el aporte estatal bajo la leyenda “Subsidio Estado Nacional”, mecanismo con el que el Gobierno busca transparentar el costo real de la energía.

Uno de los puntos que más preocupación genera entre especialistas y asociaciones de consumidores es el comportamiento de los cargos fijos. Mientras la variación en los componentes variables resulta relativamente moderada, los costos fijos registran incrementos considerablemente más elevados, afectando especialmente a los usuarios de menor consumo.

En Edesur, por ejemplo, el cargo fijo para un usuario residencial R1 ascenderá a $1.629,50 mensuales, con una suba cercana al 4,65%. En Edenor, el mismo concepto trepará a $1.661,69, con un incremento del 4,73%.

La situación también se trasladará al servicio de gas natural. A través de la Resolución 39/2026, el Gobierno aprobó nuevos cuadros tarifarios para Metrogas que alcanzarán tanto a usuarios residenciales como a comercios, clubes de barrio, entidades de bien público y grandes consumidores.

Para los usuarios R1 de la Ciudad de Buenos Aires, el cargo fijo mensual pasará a $4.151,79, mientras que el valor variable quedará en $287,45 por metro cúbico consumido. En el conurbano bonaerense, el cargo fijo ascenderá a $4.794,67.

En este segmento también continuará vigente el esquema de subsidios focalizados. El Ejecutivo decidió prorrogar una bonificación adicional del 25% sobre el consumo alcanzado por asistencia estatal para los hogares de menores ingresos, definidos como aquellos cuyos ingresos mensuales no superen el equivalente a tres Canastas Básicas Totales.

Desde el Gobierno sostienen que el promedio de aumento será del 2,81% para el gas y del 1,50% para la electricidad en el AMBA. Sin embargo, las variaciones finales dependerán del nivel de consumo, la región y la distribuidora correspondiente.

El nuevo ajuste llega en un momento particularmente delicado para el poder adquisitivo. Con salarios que continúan corriendo por detrás de numerosos costos esenciales y una desaceleración inflacionaria que aún no logra traducirse plenamente en alivio cotidiano, las tarifas vuelven a ocupar un lugar central en la estructura de gastos de los hogares argentinos.

La política energética oficial apunta a reducir progresivamente el peso de los subsidios sobre las cuentas públicas. No obstante, la aceleración de los costos fijos y la persistencia de aumentos mensuales generan gran inquietud entre usuarios residenciales, comerciantes y pequeñas entidades sociales, que advierten sobre las dificultades para sostener el pago regular de los servicios básicos.

La desaceleración inflacionaria todavía no alcanza para revertir el deterioro del mercado interno. Durante abril, el consumo masivo volvió a exhibir números negativos y confirmó una tendencia recesiva que se extiende desde hace más de dos años, en un contexto marcado por la pérdida sostenida de capacidad de compra de los salarios y el fuerte incremento de los gastos básicos de los hogares.

De acuerdo con un relevamiento de la consultora Scentia, las ventas registraron una caída interanual del 3,8%, mientras que el acumulado del primer cuatrimestre de 2026 mostró un retroceso del 3,3%. El dato volvió a encender señales de preocupación en distintos sectores económicos, comerciales y sindicales, que observan un consumo cada vez más restringido y concentrado en bienes esenciales.

El retroceso se produjo incluso en un contexto de desaceleración de precios. Tras el 3,4% registrado en marzo, la inflación de abril descendió al 2,6%. Sin embargo, la mejora estadística todavía no encuentra correlato en la vida cotidiana de amplios sectores sociales. En comparación con marzo, las ventas volvieron a bajar un 4,7%, reflejando la persistente fragilidad de los ingresos reales.

El fenómeno expone una dinámica cada vez más visible en la economía doméstica: una proporción creciente del salario se destina a cubrir tarifas, alquileres, transporte, servicios y otros compromisos fijos que evolucionaron por encima de los aumentos salariales.

El estudio revela que los canales tradicionales de comercialización continúan atravesando una situación delicada. Supermercados, autoservicios, almacenes barriales, kioscos y mayoristas registraron caídas generalizadas, mientras que el comercio electrónico aparece como el único segmento con crecimiento, aunque todavía con una participación reducida dentro del volumen total de operaciones.

Las compras impulsivas retrocedieron 12% interanual, los productos perecederos cayeron 7,8%, los artículos asociados al desayuno y la merienda descendieron 7,6% y los productos de limpieza del hogar registraron una baja del 5,9%.

Incluso los alimentos básicos y los artículos de higiene personal comenzaron a mostrar retracciones, una señal que distintos analistas interpretan como un indicador del ajuste que atraviesan los hogares frente al encarecimiento del costo de vida.

En simultaneo, otros informes privados coinciden en describir un cuadro de pérdida de ingreso disponible. Un relevamiento de la consultora Equilibra señaló que, durante marzo, el dinero remanente luego de afrontar gastos esenciales volvió a disminuir y quedó 12% por debajo del promedio registrado en 2023.

La combinación entre salarios rezagados, consumo retraído y mayores costos estructurales configura uno de los principales desafíos para la actividad económica. Aunque el Gobierno de Javier Milei sostiene que la estabilización macroeconómica permitirá una recuperación más adelante, los indicadores de ventas continúan mostrando un panorama distante de cualquier reactivación sólida en el corto plazo.

Mientras tanto, la caída del consumo aparece como uno de los termómetros más sensibles de la situación social. Para sectores gremiales, comerciales y productivos, el freno en las ventas no sólo refleja una menor circulación de dinero, sino también el progresivo deterioro de las condiciones materiales de trabajadores, jubilados y amplias franjas de la clase media que ven cada vez más limitada su capacidad de sostener gastos cotidianos.

Después de casi 27 años de presencia ininterrumpida en la provincia, el histórico Hiper Libertad de San Juan cerró este jueves sus puertas de manera definitiva, marcando el final de uno de los ciclos comerciales más representativos del consumo minorista local desde fines de los años noventa.

El establecimiento, emplazado en el cruce de Avenida Circunvalación y Scalabrini Ortiz, comenzó a exhibir desde las primeras horas posteriores al cierre una imagen completamente distinta a la habitual: sectores vacíos, estructuras desmontadas, carros abandonados y amplias superficies cubiertas con paneles metálicos que anticipan el inicio de una profunda transformación interna.

La salida de la firma cordobesa no implica, sin embargo, el cierre del complejo comercial. El tradicional paseo continuará funcionando bajo la denominación Paseo Libertad, debido a que la operación realizada contempló únicamente la transferencia del fondo de comercio del hipermercado, mientras que la administración de la galería permanecerá en manos de los actuales propietarios.

La modificación más significativa llegará con el desembarco de La Anónima, la cadena de origen patagónico que asumirá el control operativo del espacio y que prevé inaugurar formalmente su nueva sucursal durante la primera quincena de junio. Hasta entonces, el inmueble permanecerá cerrado por tareas de adecuación técnica, instalación de sistemas, reorganización logística y abastecimiento integral de mercadería.

La transición representa además un cambio de peso dentro del mapa comercial sanjuanino. Libertad había desembarcado en la provincia el 29 de septiembre de 1999 y, desde entonces, se consolidó como uno de los polos de mayor movimiento de consumidores del Gran San Juan, acompañando la expansión urbana y el crecimiento del sector comercial en las últimas décadas.

El proceso de reconversión también contempla la continuidad laboral de la mayor parte del plantel. Según se confirmó, alrededor de 80 trabajadores conservarán sus puestos bajo la nueva administración, manteniendo además su antigüedad. simultaneamente, un grupo reducido continuará vinculado a la estructura empresarial encargada de la gestión inmobiliaria y comercial del predio.

Durante los próximos días, el espacio atravesará una etapa de reacondicionamiento integral. En el interior ya comenzaron los desmontajes de señalética y mobiliario, mientras que las áreas de cajas y depósitos serán adaptadas al esquema operativo de la nueva firma.

La llegada de La Anónima forma parte de una estrategia nacional de expansión mediante la adquisición de distintas sucursales operadas anteriormente por Libertad en diversos puntos del país. Con más de un siglo de trayectoria y presencia en decenas de ciudades argentinas, la cadena buscará ahora posicionarse en un enclave comercial históricamente relevante para el mercado sanjuanino.

El cierre de Libertad no representa únicamente una modificación empresarial. Para miles de familias sanjuaninas, el hipermercado formó parte de la vida cotidiana durante casi tres décadas y se convirtió en una referencia habitual del consumo, el empleo y la actividad económica urbana. Su despedida deja atrás una postal característica de fines de los noventa y abre una nueva etapa en uno de los centros comerciales más emblemáticos de la provincia.