Mientras crece el empleo generado por aplicaciones como Uber, Rappi, PedidosYa, Cabify y DiDi, aumentan las advertencias sobre salarios insuficientes, falta de cobertura social y concentración empresarial. La nueva regulación oficial consolida el encuadre de los trabajadores como independientes y abre una nueva disputa judicial.

La expansión del trabajo en plataformas digitales se convirtió en una de las expresiones más visibles de la transformación del mercado laboral argentino. Impulsado por la pérdida de empleo formal y el deterioro de los ingresos, el universo de repartidores y conductores vinculados a aplicaciones ya alcanza a cerca de un millón de personas que obtienen de allí la totalidad o parte de sus recursos mensuales.

Sin embargo, el crecimiento de la actividad no se tradujo en mejores condiciones económicas. Un estudio de la Universidad Nacional de Córdoba revela que el 60% de quienes trabajan mediante plataformas depende de esa tarea como principal fuente de ingresos, mientras que el 68% percibe menos de la mitad de una Canasta Básica Total. Detrás de esos números aparecen jornadas que suelen extenderse entre ocho y doce horas diarias para alcanzar remuneraciones cada vez más ajustadas.

La incorporación constante de nuevos trabajadores agrava el fenómeno. A medida que aumentan los despidos y se reduce la oferta de empleo registrado, más personas recurren a las aplicaciones como alternativa de subsistencia. El resultado es una mayor competencia por una demanda limitada, que distribuye ingresos cada vez menores entre una cantidad en aumneto de repartidores y conductores.

En ese aspecto, el Gobierno nacional avanzó con una regulación que refuerza el modelo vigente. El Decreto 407/2026 designó a la Secretaría de Transporte como autoridad de aplicación para las plataformas digitales y ratificó que conductores y repartidores serán considerados “prestadores independientes”, excluyéndolos expresamente de la Ley de Contrato de Trabajo.

La definición fue cuestionada por especialistas en relaciones laborales. Patricia Sorribas, investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba, sostuvo que la norma adopta sin modificaciones los argumentos promovidos por las propias empresas y consolida un esquema que limita el acceso a derechos laborales básicos, cobertura por accidentes, aportes previsionales y protección social.

La discusión, sin embargo, está lejos de cerrarse. La Suprema Corte de Buenos Aires dejó firme un fallo que reconoce a repartidores de Rappi y PedidosYa como trabajadores en relación de dependencia. La sentencia cuestionó la supuesta autonomía de los colaboradores y concluyó que los algoritmos ejercen mecanismos de control que funcionan como una forma contemporánea de dirección empresarial, al premiar o penalizar la disponibilidad de cada trabajador.

Al mismo tiempo, el negocio avanza hacia una mayor concentración global. Uber presentó una oferta superior a los 10.000 millones de euros para adquirir Delivery Hero, grupo alemán que controla PedidosYa en Argentina y gran parte de América Latina. De concretarse la operación, una porción significativa del mercado regional de reparto y transporte quedaría bajo la órbita de una misma compañía.

Para especialistas y organizaciones de trabajadores, la combinación entre desregulación, concentración empresarial y ausencia de protección social configura uno de los principales desafíos laborales de los próximos años. Mientras las plataformas amplían su presencia en la economía cotidiana, cientos de miles de personas continúan generando ingresos bajo un esquema que la Justicia empieza a revisar y que, para numerosos expertos, mantiene rasgos de dependencia laboral encubierta.

El Gobierno relanza la licitación del Hotel Provincial y apuesta a captar más inversores
Tras el fracaso del proceso realizado en abril, la Provincia prepara una nueva convocatoria para concesionar el emblemático establecimiento por 20 años. El proyecto exige una inversión superior a los $3.360 millones y busca elevar la categoría del hotel para fortalecer la infraestructura turística local.

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte confirmó que en las próximas semanas lanzará una nueva licitación para concesionar el Gran Hotel Provincial, luego de que el proceso realizado en abril quedara desierto por incumplimientos administrativos de las empresas participantes.

La iniciativa apunta a transferir la explotación del establecimiento al capital privado bajo un contrato de 20 años, con el objetivo de modernizar sus instalaciones, mejorar su categoría y ampliar la capacidad de alojamiento frente al crecimiento esperado de la actividad económica y turística en la provincia.

El ministro Guido Romero aseguró que existe interés empresario en el proyecto y adelantó que los oferentes que participaron en la convocatoria anterior manifestaron su intención de volver a competir. No obstante, el Ejecutivo aspira a ampliar la concurrencia y lograr una mayor participación de inversores en esta nueva etapa.

El antecedente inmediato dejó una señal de advertencia para los potenciales postulantes. El llamado realizado el 29 de abril concluyó sin adjudicación luego de que las dos propuestas presentadas fueran rechazadas durante la apertura de sobres por incumplimientos considerados esenciales, entre ellos la ausencia del Certificado de Cumplimiento Fiscal y documentación incompleta exigida por el pliego.

La licitación original establecía condiciones económicas y operativas de considerable exigencia. El presupuesto oficial ascendía a $3.360 millones, mientras que el canon mensual mínimo se fijaba en $14 millones, con actualización trimestral según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Además, el adjudicatario debía ejecutar un plan de inversión destinado a elevar la categoría del establecimiento hasta alcanzar la distinción de “3 estrellas superior”, una condición considerada estratégica para mejorar la oferta hotelera en el microcentro sanjuanino.

El esquema también contemplaba incentivos para facilitar el inicio de la explotación. Durante los primeros seis meses de concesión, el operador podía abonar el 50% del canon previsto, siempre que cumpliera con las obras comprometidas en el proyecto de reconversión.

Uno de los aspectos más valorados dentro de la evaluación técnica era el denominado “Beneficio Social del Proyecto”, que otorgaba hasta 20 puntos sobre un total de 100 a las propuestas capaces de demostrar mayor impacto económico y laboral. El criterio incluía compromisos vinculados a la generación y sostenimiento de puestos de trabajo, además de garantías sobre el cumplimiento de obligaciones salariales durante toda la vigencia del contrato.

Mientras avanza la preparación del nuevo llamado, la Provincia continúa con tareas de acondicionamiento del edificio. Desde que el hotel volvió a la órbita estatal en 2025, se ejecutaron trabajos de mantenimiento, mejoras eléctricas, pintura y adecuaciones técnicas destinadas a dejar el inmueble en condiciones operativas para su futura concesión.

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. Las autoridades resolvieron cerrar el próximo lunes la sede central del organismo, suspender todas las actividades presenciales y disponer que la totalidad del personal desempeñe sus tareas bajo la modalidad remota, una decisión que profundizó la incertidumbre en medio de versiones sobre una reestructuración que podría afectar a más de 700 trabajadores.

La medida fue comunicada internamente y contempla la prohibición de ingreso a las instalaciones ubicadas en el partido bonaerense de San Martín. Hasta el momento, la conducción del organismo no difundió explicaciones públicas sobre las razones que motivaron una resolución de carácter excepcional, adoptada además en una semana marcada por la creciente conflictividad interna.

El cierre se produce pocas horas después de que la Multisectorial del INTI anunciara una jornada de protesta para denunciar el ajuste sobre el organismo y advertir sobre las consecuencias de una eventual reducción de personal. La coincidencia temporal alimentó las críticas de trabajadores y representantes gremiales, que interpretaron la decisión como una respuesta preventiva frente a la movilización prevista para el inicio de la semana.

El malestar escaló durante las últimas semanas a partir de distintas versiones que señalan que el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado avanza en un proceso de reorganización que podría implicar la desvinculación de más de 700 empleados. De confirmarse, el recorte alcanzaría a cerca de un tercio de la planta laboral y se convertiría en una de las mayores reducciones de personal registradas en organismos científicos y tecnológicos desde el inicio de la actual gestión.

El posible ajuste no despertó preocupación únicamente entre los trabajadores. Directores, subgerentes y responsables de distintas áreas técnicas difundieron recientemente un documento en el que expresaron su rechazo a una reducción de esa magnitud y advirtieron sobre sus consecuencias operativas. En el texto sostuvieron que una disminución masiva de recursos humanos podría afectar funciones críticas y comprometer la capacidad de respuesta del organismo en áreas consideradas vitales.

La inquietud encuentra sustento en el papel que desempeña el instituto dentro del entramado productivo nacional. Creado hace más de seis décadas, el INTI constituye uno de los principales organismos de asistencia tecnológica del país. Su labor abarca desde el desarrollo de procesos industriales y la transferencia de conocimiento a empresas hasta tareas de certificación, metrología, normalización y control de calidad.

El organismo interviene además en actividades vinculadas a alimentos, equipamiento médico, seguridad industrial, sistemas de medición, energías renovables y validación tecnológica de productos que llegan al mercado. Buena parte de esas funciones son utilizadas tanto por pequeñas y medianas empresas como por grandes compañías, organismos públicos y entidades científicas.

Desde la representación gremial sostienen que una reducción significativa de personal podría afectar servicios esenciales para el aparato productivo y debilitar capacidades construidas durante décadas. Por esa razón, la discusión comenzó a exceder el plano estrictamente laboral para instalar interrogantes sobre el futuro de las políticas de desarrollo tecnológico e innovación industrial.

La decisión de cerrar temporalmente las instalaciones profundizó además la incertidumbre sobre los pasos que seguirá la conducción del organismo durante los próximos días. Trabajadores de distintas áreas convocaron asambleas para analizar la situación y evaluar posibles medidas de respuesta frente a un escenario que, aseguran, carece de precisiones oficiales sobre el alcance definitivo de la reestructuración.

Mientras tanto, el conflicto ya trascendió las fronteras del instituto y comenzó a instalarse en el debate público. Lo que inicialmente apareció como una discusión sobre reducción de gastos y reorganización administrativa generó un debate más amplio acerca del rol que tendrán los organismos científicos y tecnológicos dentro del rediseño del Estado impulsado por el Gobierno nacional.