La Unión Tranviarios Automotor (UTA) endureció su cuestionamiento a las empresas de transporte y reclamó una intervención estatal en las negociaciones paritarias. La conducción nacional, encabezada por Roberto Fernández, denunció que las ofertas salariales se presentan bajo una lógica de imposición —«es esto o nada»— y advirtió que los trabajadores no aceptarán remuneraciones inferiores a los niveles necesarios para sostener una vida digna.

En el documento titulado Dignidad en los salarios, el sindicato comparó el trato de algunas patronales con el de «anacrónicos patrones de estancia» y cuestionó que los choferes sean colocados ante una disyuntiva entre conservar el empleo o aceptar ingresos insuficientes. Para la organización, ese mecanismo desvirtúa la negociación colectiva y convierte el diálogo paritario en una instancia extorsiva.

«Queremos trabajar, pero nuestro salario debe ser superior a lo que llaman línea de pobreza o salario de subsistencia», sostuvo la UTA. El gremio advirtió que una remuneración que no alcance para cubrir las necesidades básicas compromete la dignidad de quienes prestan un servicio esencial y puede derivar en formas de precarización que calificó como una «versión moderna de la esclavitud».

La conducción sindical respaldó su planteo en normas internacionales incorporadas a la legislación argentina. Citó el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que reconocen el derecho a una remuneración equitativa y a condiciones de existencia compatibles con la dignidad humana. Ambos instrumentos tienen jerarquía constitucional a partir del artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.

El reclamo también apuntó al Estado. La UTA pidió que la autoridad laboral utilice sus atribuciones para impedir que las negociaciones se desarrollen en condiciones que, según denunció, favorecen a las cámaras empresarias. La expresión «cancha inclinada» sintetizó la objeción del sindicato a una intervención oficial que considera insuficiente para equilibrar el poder de negociación entre empleadores y trabajadores.

El pronunciamiento concluyó con una advertencia sobre las consecuencias de mantener salarios por debajo de los umbrales de subsistencia: «Sin salarios dignos no se garantiza la paz social». La definición deja planteado que la discusión paritaria del transporte excede la actualización de los haberes y vuelve a colocar en primer plano el papel del Estado en la protección del salario y la negociación colectiva.

Trece empresas ya firmaron sus contratos y esta semana se prevé completar otros 13. El programa comprende 2.240 viviendas en los 19 departamentos y una inversión anunciada de $322.000 millones. Las inscripciones para los sorteos se habilitarán cuando cada emprendimiento alcance entre el 10% y el 20% de ejecución.

La construcción de los 30 barrios anunciados por el Gobierno de San Juan comenzó a traducirse en contratos y preparativos sobre los terrenos. El ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, confirmó que 13 empresas constructoras formalizaron sus acuerdos la semana pasada y anticipó que esta semana se avanzará con otros 13 emprendimientos. El programa prevé levantar 2.240 viviendas, con una inversión estimada en $322.000 millones.

La adjudicación no será inmediata. La administración provincial resolvió que los sorteos del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) se habiliten cuando cada complejo registre entre un 10% y un 20% de avance físico. La condición apunta a vincular la convocatoria con obras efectivamente iniciadas y evitar que las familias participen por proyectos que todavía no tienen ejecución comprobable.

Perea explicó que la intención es que la adjudicación tenga como respaldo un desarrollo visible en los terrenos. De los 30 barrios previstos, cuatro estarán destinados a convenios con organizaciones gremiales; las restantes unidades se asignarán mediante sorteos públicos. Los plazos de construcción estimados oscilan entre 12 y 18 meses, aunque todavía no hay fechas definidas para la apertura de inscripciones.

Angaco y Chimbas, entre las próximas entregas

Mientras se activan los nuevos contratos, la Provincia prepara la finalización de complejos que ya estaban en marcha. Angaco y Chimbas aparecen entre los departamentos con posibilidades más cercanas de recibir viviendas.

En Angaco, el Gobierno espera avanzar con la segunda etapa de Malvinas Nos Une, que contempla alrededor de 70 casas. En Chimbas, resta una nueva entrega del barrio Panaderos y Pasteleros, después de las 69 unidades adjudicadas durante octubre. El ministro indicó que todavía se analiza cuál de los dos emprendimientos estará primero en condiciones de ser entregado.

Procrear: la continuidad depende del financiamiento

La recuperación de los complejos habitacionales del antiguo Procrear constituye otro de los asuntos pendientes. Según Perea, la documentación necesaria ya fue presentada y ahora resta definir con el gobernador y el Ministerio de Hacienda el esquema de financiamiento para retomar los trabajos.

Uno de los desarrollos es La Ramada, que registra cerca de un 60% de ejecución. Aunque la Provincia busca completar las construcciones, aún no cuenta con un cronograma confirmado.

También permanece sin definición el destino del predio de La Nave, ubicado sobre calle Rivadavia, antes de Salta, en Capital. La Provincia tomó posesión del inmueble, donde el proyecto original apenas había alcanzado un 5% de avance. Entre las alternativas figura un emprendimiento habitacional, pero la decisión todavía debe ser evaluada por las autoridades.

La política de vivienda de San Juan combina así la apertura de nuevos frentes, la conclusión de complejos próximos a entregarse y la búsqueda de recursos para recuperar obras paralizadas. Para las familias inscriptas o interesadas, la referencia inmediata será el avance verificable de cada barrio: de ese requisito dependerá el calendario de los próximos sorteos.

El Ejecutivo provincial presentó una nueva propuesta de actualización salarial para los docentes, con dos incrementos consecutivos del 1,5% en el valor índice para noviembre y diciembre. La oferta quedó bajo evaluación de UDAP, UDA y AMET, que llevarán los términos del entendimiento a sus respectivas bases y fijaron el miércoles 4 de noviembre como fecha para responder.

La propuesta surgió durante la primera sesión de la tercera negociación paritaria de 2026, desarrollada este lunes 2 en el Ministerio de Educación. El esquema establece una suba del 1,5% en noviembre, calculada sobre el valor índice de octubre, y otro incremento del mismo porcentaje en diciembre, tomando como referencia el índice actualizado del mes anterior.

La alternativa llegó después del rechazo sindical a un planteo inicial del Ejecutivo, que contemplaba un aumento único del 3% en diciembre sobre el valor índice de octubre. Los representantes gremiales consideraron insuficiente esa fórmula y plantearon diferencias entre la evolución de los precios y el poder adquisitivo de los salarios. También señalaron que los haberes docentes se encuentran por debajo de la línea de pobreza y reclamaron respuestas sobre once puntos pendientes de la negociación anterior.

Tras un cuarto intermedio, el Gobierno reformuló su oferta y distribuyó el incremento en dos actualizaciones mensuales. La modificación permitió retomar el diálogo, aunque no implicó un acuerdo: el acta dejó constancia de que los sindicatos analizarán la propuesta antes de fijar una posición definitiva.

El Gobierno defendió su política salarial

Durante el encuentro, los funcionarios provinciales repasaron los aumentos otorgados desde el inicio de la gestión y sostuvieron que, según los cálculos oficiales, las mejoras salariales docentes superaron la inflación y las actualizaciones concedidas en otras jurisdicciones. También señalaron las restricciones económicas nacionales y el esfuerzo presupuestario destinado a sostener los ingresos del magisterio.

La representación gubernamental estuvo integrada por el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez; y la ministra de Educación, Silvia Fuentes. Por las organizaciones sindicales participaron los representantes de UDAP, UDA y AMET.

La respuesta de este miércoles será determinante para establecer si la propuesta permite cerrar la negociación salarial de fin de año o si las partes deberán continuar buscando una fórmula de entendimiento.