El mercado automotor argentino profundizó su retroceso en agosto, mientras el de motocicletas volvió a marcar un fuerte crecimiento. La diferencia entre ambos registros expone un cambio en las decisiones de los hogares: los vehículos de mayor precio pierden compradores, mientras las motos ganan terreno por su menor costo, las posibilidades de financiación y su utilidad para trasladarse y generar ingresos.

Según los datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), durante agosto se patentaron 44.415 autos, un 19,1% menos que en igual mes de 2025. Fue el quinto descenso interanual consecutivo y llevó la caída acumulada entre enero y agosto al 13,3%.

La contracción alcanzó a todas las categorías. Los patentamientos de automóviles retrocedieron 18,6%, los comerciales livianos 21,1% y los camiones 25,6%. Al mismo tiempo, los vehículos importados ampliaron su participación y ya representan el 70% de las unidades patentadas.

El avance de las importaciones coincide con una menor utilización de las plantas automotrices nacionales. En junio, la capacidad instalada de la industria cayó al 45,5%, un indicador que refleja el menor aprovechamiento de las instalaciones fabriles. Entre las marcas que ganan participación aparece la china BYD, que escaló hasta el noveno puesto del ranking de ventas, aunque todavía con un volumen reducido respecto de los principales fabricantes.

El comportamiento de las motos fue diametralmente distinto. En agosto se patentaron 73.566 unidades, un 34,2% más que durante el mismo mes del año pasado. El acumulado de los primeros ocho meses alcanzó 586.650 motocicletas, con una expansión interanual del 41,2%.

El crecimiento no responde solamente a una decisión de consumo. Las concesionarias vinculan buena parte de la demanda con el reparto mediante aplicaciones, que convirtió a las motos de baja cilindrada en una herramienta para obtener ingresos. A esto se suma el costo del transporte público, que lleva a algunos trabajadores a optar por financiar un vehículo propio para reducir el gasto cotidiano en movilidad.

La diferencia productiva también es significativa. Mientras el mercado automotor incrementó su dependencia de unidades importadas, menos del 4% de las motos comercializadas proviene del exterior, según los datos consignados para agosto. La expansión de las dos ruedas, por lo tanto, mantiene una fuerte vinculación con la fabricación nacional.

El contraste entre ambos mercados ofrece una fotografía de las prioridades de consumo de los hogares argentinos. El automóvil, con un costo de acceso y mantenimiento considerablemente mayor, encuentra mayores dificultades para sostener su demanda; la motocicleta, en cambio, combina una inversión inicial más baja, menores gastos de uso y una utilidad creciente para el trabajo y el traslado diario.

Más que una simple diferencia estadística, los patentamientos muestran cómo la movilidad se adapta a una economía en la que el precio de los bienes, el costo del transporte y la necesidad de generar ingresos pesan cada vez más en las decisiones de compra.

Los senadores nacionales tendrán un nuevo aumento en sus dietas y pasarán a percibir $13.115.760 brutos mensuales a partir de enero de 2027, cuando cobren la remuneración correspondiente a diciembre. La suba surge del acuerdo salarial alcanzado entre los gremios que representan al personal del Congreso y las autoridades de ambas cámaras.

La remuneración bruta actual de los integrantes de la Cámara alta ronda los $12,26 millones, por lo que la actualización representa unos $856.000 adicionales por mes. El incremento no fue definido mediante una nueva votación específica sobre las dietas, sino que deriva del mecanismo que desde 2024 vincula los ingresos de los legisladores con la evolución salarial del personal legislativo.

El último acuerdo paritario, firmado por UPCN, ATE y la Asociación del Personal Legislativo (APL), estableció cuatro aumentos consecutivos: 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre. La recomposición acumulada alcanza aproximadamente el 6,98%.

Cómo funciona el mecanismo

El denominado “enganche” fue establecido por el Senado en abril de 2024. La resolución 8/24 determinó que cada senador recibe una estructura de 2.500 módulos por dieta, 1.000 por gastos de representación y 500 por desarraigo, además de un aguinaldo, conocido como “dieta 13”.

Con la nueva actualización, el valor del módulo llegará a $3.278,94. De ese modo, las variaciones negociadas para los empleados del Congreso repercuten sobre las remuneraciones de los legisladores sin necesidad de establecer una actualización independiente para las dietas.

El nuevo incremento se suma al acuerdo anterior, que había dispuesto una mejora acumulada del 6,64% entre junio, julio y agosto. La sucesión de aumentos volvió a colocar bajo discusión el sistema de actualización automática.

El mecanismo ya había generado cuestionamientos dentro del propio ámbito político. Algunos legisladores habían anticipado su decisión de no aceptar las subas derivadas del “enganche”, una posición que vuelve a cobrar relevancia cada vez que una negociación salarial del Congreso modifica el valor de los módulos.

La propuesta oficial de un aumento del 3% para septiembre fue considerada insuficiente por las federaciones docentes y nodocentes, que reclaman una recomposición del 31,2% acumulado hasta julio, más la actualización correspondiente a agosto. La protesta será este miércoles y el jueves definirán nuevas medidas.

La distancia entre ambas posiciones quedó expuesta durante la reunión paritaria. Mientras el Ejecutivo llevó una recomposición del 3%, los gremios reclaman que se aplique la Ley de Financiamiento Universitario y se reconozca una recomposición salarial que, según sus cálculos, alcanza el 31,2% hasta julio, a lo que debe añadirse la inflación correspondiente a agosto.

La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), CONADU Histórica y las restantes organizaciones que integran el Frente Sindical de Universidades Nacionales cuestionaron que la propuesta oficial no contemple la pérdida acumulada. También denunciaron que el Gobierno volvió a postergar el cumplimiento de la ley y de la medida cautelar judicial que ordenó recomponer los ingresos de los trabajadores universitarios.

Daniel Ricci, secretario general de FEDUN, sostuvo que la oferta «continúa desconociendo la pérdida salarial acumulada» y reclamó el cumplimiento inmediato de la legislación vigente.

Desde CONADU Histórica, Francisca Staiti señaló que el 3% ofrecido se encuentra muy lejos del 31,2% que, según la organización, se adeuda hasta julio por aplicación de la cautelar.

El reclamo sindical no se limita a los salarios. Las federaciones también exigen la implementación efectiva del Convenio Colectivo de Trabajo, la actualización de las becas estudiantiles, mayores recursos para las universidades y fondos destinados a los hospitales universitarios.

Entre los compromisos pendientes figura además la apertura de una mesa de negociación para el sistema de preuniversitarios y la discusión del nomenclador salarial y de los adicionales por posgrados. Esos puntos habían quedado asentados en el acta paritaria del 10 de junio, pero, según las organizaciones gremiales, todavía no tuvieron una respuesta concreta.

Cabe añadir que la controversia salarial se mantiene activa, mientras continúa el litigio judicial por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. El juez federal Martín Cormick rechazó el pedido del Gobierno para levantar la medida cautelar y sostuvo que el Estado no había demostrado que los acuerdos alcanzados hubieran reparado el deterioro salarial señalado en la causa. El Ejecutivo deberá presentar documentación sobre los avances en el cumplimiento de esa resolución.

Para las federaciones, la negativa oficial a reconocer la recomposición reclamada profundiza un conflicto que lleva más de 300 días desde el incumplimiento que denuncian respecto de la ley. «La deuda salarial se paga», sostuvo CONADU Histórica al convocar a la nueva jornada de protesta.

El paro de este miércoles será acompañado por docentes y nodocentes de distintas universidades del país. En San Juan, la medida alcanzará a la comunidad universitaria a través de las organizaciones que adhieran a la convocatoria nacional.