El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), el Municipio de Capital y la Unión Vecinal del barrio Frondizi iniciaron un operativo conjunto para regularizar la situación dominial de unas 500 viviendas. La iniciativa contempla asesoramiento personalizado, visitas domiciliarias y acompañamiento integral para que las familias puedan obtener el título de propiedad después de casi 30 años de espera.

La regularización dominial de unas 500 viviendas del barrio Frondizi comenzó a tomar impulso con un trabajo coordinado con una iniciativa que busca resolver un reclamo sostenido durante décadas y otorgar seguridad jurídica a cientos de familias.

El operativo se puso en marcha con una reunión informativa realizada en la Escuela Arturo Frondizi, donde técnicos del IPV explicaron el procedimiento administrativo, los requisitos documentales y las etapas que deberán cumplir los adjudicatarios para acceder a la escritura definitiva de sus inmuebles.

La iniciativa continuará con un amplio despliegue territorial. Equipos técnicos recorrerán el barrio casa por casa para relevar la situación de cada grupo familiar, informar sobre la documentación necesaria y brindar orientación personalizada. Posteriormente, se habilitarán jornadas de atención en la sede de la Unión Vecinal, donde los interesados podrán presentar la documentación requerida y resolver consultas específicas.

Desde el IPV señalaron que cada expediente será evaluado de manera individual debido a las particularidades jurídicas y administrativas que presenta cada vivienda. El organismo garantizó que el acompañamiento se mantendrá hasta completar la escrituración definitiva, procurando reducir demoras y facilitar la regularización de cada caso.

La obtención del título de propiedad representa mucho más que un trámite administrativo. La escritura constituye el instrumento legal que acredita la titularidad del inmueble, brinda seguridad jurídica, facilita el acceso al crédito, incrementa el valor patrimonial de la vivienda y permite transmitir el bien mediante herencia o venta con plena validez legal.

En Argentina, la regularización dominial se ha convertido en una política pública de relevancia para consolidar el derecho a la vivienda y fortalecer la integración urbana. Diversos programas impulsados por provincias y municipios buscan resolver situaciones de ocupación histórica o adjudicaciones que, pese al transcurso de los años, nunca concluyeron con la entrega del título de propiedad.

Los medicamentos registraron en junio un incremento del 2,9%, un punto porcentual por encima de la inflación general del 1,9% informada por el INDEC. El Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos alertó sobre la desprotección del sector ante la suba incesante de precios, lo cual compromete el acceso a los tratamientos de los adultos mayores, pacientes con enfermedades prolongadas y familias de ingresos medios.

Aunque la inflación general volvió a desacelerarse durante junio y se ubicó en el 1,9%, el costo de los medicamentos mantuvo una dinámica muy superior al promedio de la economía. Según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), los remedios aumentaron 2,9% en el mes, es decir, un punto porcentual más que el Índice de Precios al Consumidor, equivalente a una variación 53% superior a la inflación general.

El comportamiento de los precios consolida una tendencia que ya se había observado en mayo. En ese mes, mientras el IPC nacional fue del 2,1%, los medicamentos registraron un incremento del 2,6%, confirmando dos meses consecutivos con aumentos por encima del promedio de la economía y profundizando la pérdida de poder adquisitivo de quienes requieren tratamientos permanentes.

Desde el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB), su secretario general, Marcelo Peretta, sostuvo que la evolución de los precios refleja la inexistencia de una política farmacéutica destinada a garantizar el acceso a los medicamentos. El dirigente afirmó que el hecho de que los remedios aumenten sistemáticamente por encima de la inflación constituye una evidencia de la falta de mecanismos eficaces para moderar los valores que pagan los pacientes.

Peretta aclaró que el gremio no propone la gratuidad generalizada de los fármacos, sino una política que permita reducir los precios de venta al público. Según planteó, el problema no radica en que los tratamientos tengan un costo, sino en que ese costo resulta cada vez más difícil de afrontar para amplios sectores de la población.

Las críticas también alcanzaron a las medidas de desregulación impulsadas por el Gobierno nacional. Para el referente sindical, la autorización de nuevas modalidades de comercialización, entre ellas la venta online y otros mecanismos por fuera del circuito tradicional de farmacias, no logró generar mayor competencia ni reducir los precios, mientras que incrementó los riesgos asociados a la automedicación y debilitó los controles sanitarios.

La evolución del mercado farmacéutico adquiere especial relevancia porque los remedios representan uno de los componentes de mayor peso en el gasto de los hogares con adultos mayores y pacientes que padecen enfermedades crónicas. En muchos casos, los tratamientos requieren compras mensuales permanentes, por lo que aumentos superiores a la inflación terminan erosionando con mayor intensidad jubilaciones, salarios y prestaciones sociales.

A ello se suma la reducción de distintas coberturas y modificaciones en programas públicos de asistencia farmacéutica implementadas durante el último año, factores que trasladaron una mayor proporción del costo de los tratamientos al bolsillo de los pacientes. Diversas entidades sanitarias advierten que el alza sostenida en el precio de los remedios provoca que los pacientes interrumpan sus tratamientos, afectando gravemente la salud pública.

Según el INDEC, la inflación acumuló 13,5% en el primer semestre de 2026, mientras que la variación interanual alcanzó 34,2%, consolidando una desaceleración respecto de los registros de años anteriores. Sin embargo, la evolución de los medicamentos continúa mostrando una dinámica diferente, con incrementos que permanecen por encima del promedio general y reabren el debate sobre la regulación del mercado farmacéutico, la formación de precios y el equilibrio entre rentabilidad empresaria, acceso a los tratamientos y sostenibilidad del sistema de salud.

El comportamiento del rubro será uno de los indicadores más observados durante el segundo semestre. Si la brecha entre la inflación y el precio de los medicamentos persiste, el acceso a los tratamientos volverá a instalarse como uno de los principales desafíos de la política sanitaria, con consecuencias económicas y sociales que exceden al sistema de salud y alcanzan de lleno al poder adquisitivo de millones de argentinos.

El Ejecutivo sanjuanino solicitó hace más de un mes que la entidad financiera implemente un programa especial para renegociar préstamos vencidos. La iniciativa busca contener el incremento de la morosidad entre empleados públicos, jubilados y pequeñas empresas, en un presente marcado por la pérdida del poder adquisitivo y el encarecimiento del crédito.

El deterioro de la capacidad de pago de miles de familias y pequeñas empresas encendió una señal de alerta en el Gobierno de San Juan. Frente al aumento de la morosidad registrado durante los últimos meses, la administración provincial solicitó al Banco San Juan la implementación de un programa extraordinario de refinanciación destinado a clientes que mantienen créditos vencidos y experimentan serios inconvenientes para honrar sus compromisos de pago.

La gestión fue presentada hace aproximadamente un mes y medio y continúa bajo análisis de la entidad bancaria, que hasta el momento no comunicó una resolución. La expectativa oficial es que el banco diseñe un mecanismo de regularización con nuevos plazos, menores exigencias financieras y cuotas compatibles con la capacidad de pago de los deudores, evitando que los intereses punitorios profundicen el deterioro patrimonial de familias y empresas.

Fuentes vinculadas a las conversaciones señalaron que uno de los argumentos planteados por la Provincia es que otras entidades financieras de participación pública ya desarrollaron programas de refinanciación para asistir a clientes con préstamos en mora, mientras que el Banco San Juan todavía no avanzó con una herramienta de características similares.

El Gobierno considera que una refinanciación permitiría evitar un deterioro aún mayor de la cartera crediticia, reducir la litigiosidad y brindar un margen de recuperación tanto para los deudores como para la propia entidad financiera.