El Ministerio de Desregulación prepara una profunda reforma que termine con la autarquía de varias dependencias, que quedarán bajo la órbita de Economía. Los trabajadores de Vialidad Nacional rechazaron la posibilidad de cierre por decreto del organismo, mientras que se especula que la mayoría de las medidas se vuelvan realidad mediante decretos antes del vencimiento de las facultades delegadas.

La gestión libertaria apura un nuevo proceso de desguace del Estado nacional, con el objetivo de configurar un nuevo organigrama público con una fuerte retracción. El Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger, trabaja contrarreloj para implementar las medidas antes del 8 de julio, fecha en que vencen las facultades delegadas que permiten este tipo de medidas.

Se espera que el gobierno avance con el cierre o la transformación de muchas dependencias, incluyendo Vialidad Nacional, el INTA y el INTI, que podrían quedar bajo la órbita de la Secretaría de Producción o Agricultura. Esto generaría despidos masivos, que se sumarían a los más de 52 mil producidos desde que Javier Milei asumió la presidencia.

Los gremios advierten que los cambios generarán despidos masivos, especialmente en áreas como Recursos Humanos y Sistemas, que podrían ser absorbidas por otras entidades. Los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) anunciaron una medida de fuerza, que fue levantada luego de que las autoridades llamaran a una mesa de discusión.

El balance realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) estableció que desde que Milei llegó a la Casa Rosada hasta mayo de 2025, la dotación de personal del Estado nacional se redujo en 52.340 puestos de trabajo, lo que implica una caída del 15,2%.

El análisis por empresa muestra que el caso más significativo en términos absolutos es el del Correo Argentino, que encabeza el listado con 4.945 despidos. Le siguen la Operadora Ferroviaria S. E., con 2.293 cesantías, y Aerolíneas Argentinas, con 1.780 despidos, mientras que el Banco Nación registra 1.689 desvinculaciones. En términos proporcionales, “el recorte más drástico se dio en la ex Télam, donde se despidió a cerca del 80  por ciento del personal”. Le sigue ENARSA Patagonia, y luego los casos de Educar S.A. y Contenidos Públicos S.E., que también presentan reducciones especialmente significativas.

La situación de los jubilados en Argentina es alarmante. Según el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, el reajuste de julio fue del 1,5%, pero seis millones de beneficiarios que cobran el bono recibieron apenas un 0,8%. Esto significa que el aumento real fue de apenas $4.000, que no alcanza ni para un café. Semino fue contundente al describir lo que padecen los jubilados a diario: «Estamos en el momento de mayor morbilidad del año, cuando más se enferma la gente mayor, y con estos ingresos no se puede ni calefaccionar la casa».

Deterioro del poder adquisitivo

Desde que asumió el gobierno de Javier Milei, los jubilados con la mínima perdieron 13 puntos frente a la inflación, según cifras del INDEC. Durante 2024, la inflación fue del 118% y los haberes aumentaron apenas un 105%. La pérdida de poder adquisitivo viene de arrastre desde 2013, lo que agrava la situación de los jubilados.

Frente a este panorama, Semino exigió una asistencia estatal urgente: «El Estado tiene que garantizar comida, medicamentos y techo. Ya no se trata solo de ingresos, sino de supervivencia». La situación es grave y los jubilados no solo sufren, sino que también se mueren. El país no puede seguir dándole la espalda a sus mayores.

En medio de temperaturas extremas y una creciente demanda residencial, el gobierno prorrogó por otras 24 horas la suspensión del expendio de GNC en estaciones de servicio. La decisión pone en evidencia la fragilidad estructural del sistema de distribución de gas en la Argentina y reactiva viejos fantasmas sobre la falta de previsión energética.

La Argentina transita una de las semanas más frías del año con una consecuencia que ya se vuelve habitual: la suspensión en la venta de Gas Natural Comprimido (GNC) para automóviles. La medida, que inicialmente se aplicó durante la jornada del miércoles, fue extendida 48 horas más y ahora se mantendrá vigente al menos hasta el viernes. La decisión fue oficializada por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) y Ecogas, a través de un comunicado difundido por la Asociación de Expendedores de Combustibles, y responde a la necesidad de asegurar el suministro doméstico en contextos de altísima demanda térmica.

La suspensión, que afecta a estaciones de servicio de distintas regiones —con epicentro en Mendoza, Cuyo y la zona Centro— expone, una vez más, los límites del sistema energético nacional para responder a contingencias previsibles como una ola de frío. Si bien el abastecimiento domiciliario es prioritario frente al automotor, la reiteración de estos episodios revela no solo una crisis coyuntural, sino también una planificación deficitaria que arrastra décadas de desinversión, falta de infraestructura y decisiones erráticas.

Según detallaron fuentes del organismo regulador, el Comité de Emergencia del sector sesionará nuevamente este viernes para monitorear el estado del sistema y resolver si se reactiva o no la provisión de GNC. El análisis técnico incluye la evaluación de parámetros de presión, reservas disponibles y capacidad de transporte en la red troncal. Sin embargo, mientras se aguardan definiciones, miles de estaciones de servicio operan con restricciones, generando no solo malestar en los usuarios, sino también un perjuicio económico para el sector minorista del combustible.

La situación, lejos de ser inédita, pone de relieve un patrón recurrente en la política energética nacional: escasa previsibilidad, reacciones sobre la marcha y dependencia de eventos climáticos. No se trata únicamente de una crisis por bajas temperaturas, sino de un síntoma de un sistema estructuralmente tensionado. La prioridad del suministro hogareño, aunque comprensible desde lo social, desnuda la incapacidad para sostener de manera equilibrada una matriz que incluya a la industria, el transporte y los usuarios residenciales.

El epicentro del problema vuelve a ubicarse en el cuello de botella que representa la insuficiencia del transporte desde las principales cuencas gasíferas hasta los centros de mayor consumo. A pesar de los avances en obras como el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, cuya primera etapa ya está operativa, los beneficios plenos de esa infraestructura aún no se traducen en una mejora tangible para el sistema en su conjunto. Las restricciones, por lo tanto, persisten y tensionan la relación entre los actores del mercado.

Mientras tanto, el malestar se expande. Organizaciones como la Confederación de Expendedores de Combustibles y la Asociación Mendocina de Expendedores de Naftas y Afines, expresaron su preocupación por las consecuencias comerciales del parate. A su vez, el transporte público y privado que depende del GNC para operar encuentra dificultades para sostener la actividad diaria, en una coyuntura ya golpeada por la recesión y la merma del consumo.

La extensión del corte de GNC no es solo una decisión técnica; es también un reflejo político de las prioridades en la gestión del recurso. Mientras el invierno recién comienza, la falta de previsión y una estrategia energética integral siguen siendo asignaturas pendientes. En un país con vastas reservas de gas, que exporta excedentes en ciertos momentos del año, la paradoja de quedarse sin suministro en pleno invierno resulta inadmisible.

La prolongación del corte en la venta de GNC desnuda una realidad incómoda: la vulnerabilidad de un sistema energético que no logra articular de manera eficaz la oferta con la demanda. La ola polar actual no hizo más que acelerar una crisis que venía latente. Es hora de que las autoridades, más allá del cortoplacismo, diseñen una política de largo alcance que ponga fin a los parches estacionales y garantice la soberanía energética. Porque si el frío es pasajero, la falta de planificación, lamentablemente, no lo es.