La Subsecretaría de Trabajo de San Juan dictó la conciliación obligatoria tras la acción de la UTA y ordenó a los choferes levantar la medida de fuerza y retomar la prestación del transporte público de pasajeros. La audiencia entre el gremio, las empresas y las autoridades fue convocada para este jueves a las 11.30.

La resolución establece que las partes deben retrotraer el conflicto al estado anterior al inicio de la protesta, por lo que las empresas deberán restablecer las frecuencias mientras se desarrolla la instancia de negociación. La medida alcanza al transporte urbano e interurbano de la provincia.

Esta intervención laboral se produjo después de una jornada en la que el cese del servicio afectó a miles de usuarios que debían trasladarse hacia sus trabajos, escuelas y otros destinos. La protesta había sido iniciada por los conductores en reclamo del pago de diferencias salariales correspondientes a la nueva escala acordada.

Según se pudo conocer, la nueva audiencia quedó fijada para este jueves 8 de octubre a las 11.30. Allí deberán participar representantes de la UTA, las empresas prestatarias y la autoridad laboral provincial, con el objetivo de encontrar una salida al reclamo que derivó en la paralización del servicio.

La autoridad laboral también objetó la falta de una notificación formal y oportuna del paro. Previo al dictado de la conciliación obligatoria, el Ejecutivo provincial ya había advertido que la alteración de las frecuencias daría lugar a sanciones.

En este sentido, la UTA sostiene que el reclamo salarial venía siendo planteado desde hacía semanas y cuestiona que las empresas y las autoridades no hubieran convocado previamente una instancia de diálogo para resolver las diferencias pendientes.

La conciliación obligatoria modifica ahora el escenario inmediato del conflicto: el paro debe quedar suspendido y comienza un período de negociación formal. Durante ese proceso, las partes deberán cumplir las disposiciones fijadas por Trabajo y procurar un acuerdo sobre las sumas salariales reclamadas.

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) profundizó su plan de lucha y convocó a un paro nacional de 24 horas para este viernes 9 de octubre, luego de las jornadas de protesta realizadas en tribunales de todo el país y de la movilización del Fuero Nacional del Trabajo frente a la Cámara de Apelaciones. El gremio reclama una recomposición del 10% desde septiembre, la incorporación de representantes sindicales a la Obra Social del Poder Judicial y rechaza modificaciones sobre la estructura de la Justicia Nacional.

En materia salarial, la UEJN presentó una nota al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, en la que solicitó un incremento del 10% retroactivo al 1° de septiembre. La UEJN sostiene que los haberes acumulan una pérdida de poder adquisitivo desde diciembre de 2023 y reclama una actualización que permita comenzar a recuperar esa diferencia.

La conducción sindical recordó además que durante reuniones mantenidas a comienzos de año la Presidencia de la Corte había planteado la posibilidad de avanzar con una recomposición durante el segundo semestre. Por eso, reclamó que se instrumenten las partidas necesarias para concretar el incremento.

El conflicto también alcanza a la obra social. La UEJN cuestiona que, transcurridos casi diez meses, todavía no se haya resuelto la designación de sus representantes en el directorio de la OSPJN. El gremio reclama que la Corte defina la terna presentada y garantice la representación de los trabajadores en el organismo encargado de administrar su cobertura de salud.

El tercer punto está relacionado con la estructura de la Justicia Nacional. El sindicato rechazó cualquier modificación que implique el traspaso de competencias o el desplazamiento de fueros nacionales y reivindicó el carácter federal de la administración de justicia. En ese sentido, consideró que recientes decisiones judiciales constituyen antecedentes para preservar las competencias actualmente vigentes.

La UEJN sostuvo que las jornadas de protesta realizadas en los últimos días expresaron un alto nivel de adhesión y ratificó la continuidad de sus medidas. El paro del viernes será, de esta manera, una nueva instancia de presión sobre la Corte y el Gobierno en una disputa que combina recomposición salarial, representación institucional y defensa de la estructura judicial nacional.

Miles de usuarios quedaron afectados este miércoles en San Juan por una medida de fuerza de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que comenzó durante la madrugada en reclamo por la demora en el pago de un aumento salarial acordado para los trabajadores del transporte.

La protesta alcanza a servicios urbanos e interurbanos y se instrumenta mediante retenciones en distintos momentos de la jornada. Por ese motivo, la circulación de colectivos no quedó suspendida de manera permanente, aunque la salida de unidades se vio interrumpida en diferentes empresas y franjas horarias.

La demanda está concentrada en la acreditación del incremento salarial que los trabajadores consideran ya acordado. Los choferes sostienen que fueron informados en reiteradas oportunidades sobre fechas de pago que finalmente no se cumplieron.

En la empresa El Triunfo, uno de los delegados de la UTA, expresó el malestar de los conductores y cuestionó la modalidad con la que, según afirmó, se vienen cancelando los compromisos salariales. “Ya van muchas veces que nos vienen y nos dicen ‘sí, salgamos y ya le vamos a pagar’, y te la pagan en dos o tres cuotas”, señaló.

La falta de una respuesta concreta llevó a los trabajadores a resolver la interrupción del servicio hasta obtener certezas sobre la cancelación del incremento. En algunos casos, las unidades directamente no fueron retiradas de las bases durante las primeras horas del día.

El gremio aguardaba una convocatoria que permitiera reunir a representantes de las empresas y autoridades para encontrar una salida. Hasta el momento, los trabajadores aseguraban no haber recibido una propuesta formal que permitiera levantar las retenciones.

La UTA dejó abierta la posibilidad de prolongar la protesta si el pago reclamado no se concreta. La continuidad del servicio, por lo tanto, quedó atada a la evolución de las negociaciones y a la acreditación efectiva de las sumas adeudadas.