La Asociación de Viñateros Independientes alertó sobre un escenario crítico para la próxima vendimia. La ausencia de precios, el exceso de oferta y la falta de intervención estatal colocan al productor en una situación de extrema fragilidad, en un contexto de caída del consumo y dificultades para exportar.

La vitivinicultura sanjuanina atraviesa un momento de profunda incertidumbre a pocas semanas del inicio de la vendimia. Desde la Asociación de Viñateros Independientes, su presidente Juan José Ramos describió un panorama marcado por la ausencia total de precios de referencia, la concentración del mercado comprador y un sobrestock que condiciona toda la cadena productiva.

Según explicó, no existen hasta el momento valores definidos para la uva ni acuerdos formales con bodegas o mosteras, una situación que deja a miles de productores sin herramientas para planificar la cosecha. “Son pocas las empresas que compran y muchos los que ofrecemos, por lo que no tenemos poder de negociación”, afirmó.

Ramos vinculó esta situación con la política económica de libre mercado, que excluye al Estado de cualquier rol regulador en la fijación de precios. En ese marco, el productor queda expuesto a un esquema de fuerte asimetría, donde la oferta atomizada enfrenta a un número reducido de compradores con alta capacidad de concentración.

El dirigente fue categórico al definir el presente como “el peor año de la historia de la vitivinicultura”, y apuntó directamente contra decisiones del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) que, lejos de aliviar el escenario, habrían profundizado el problema. Entre ellas, mencionó la anticipación de la fecha de liberación de vinos, que incrementó el excedente disponible en el mercado.

“Cuando la liberación era en junio ya había sobrestock; al adelantarla a marzo, el excedente es aún mayor”, explicó, subrayando que el exceso de vino presiona a la baja los precios y condiciona toda la cadena.

La crisis, advirtió, no se limita a los viñateros. También alcanza a bodegas y mosteras, con casos de empresas de relevancia nacional que han entrado en cesación de pagos. En San Juan, el impacto es similar al del resto del país, aunque con algunos matices: la producción de uva de mesa y uva para pasa, que cuenta con valores diferenciados, actúa como un amortiguador parcial.

Sin embargo, el núcleo del problema persiste. En la provincia, solo una cuarta parte de la uva se destina a vino y cerca del 50% a mosto, un segmento que también enfrenta severas dificultades. “Las mosteras dicen que no pueden pagar más por el atraso cambiario y porque hay excedente de mosto del año pasado. Son pocas empresas y los precios que ofrecen no superan los de hace dos años”, señaló Ramos.

Impacto económico

En este contexto, muchos productores se verán obligados a entregar la uva sin precio definido, bajo distintas modalidades contractuales. Con un valor del mosto por debajo de los $300 por litro, el precio estimado de la uva ronda los $150, un nivel inferior incluso al de dos años atrás, pese al aumento generalizado de costos.

Respecto a las líneas de crédito impulsadas por el Gobierno, Ramos reconoció que cuentan con tasas subsidiadas, pero advirtió que resultan poco viables si el producto no recupera valor. “Aunque haya meses de gracia, los intereses empiezan a correr a los 30 días y después se hace muy complicado cumplir”, explicó.

El presidente de la Asociación de Viñateros Independientes resumió la coyuntura como un “combo difícil”: un dólar atrasado que limita la competitividad exportadora, un mercado interno deprimido por la pérdida del poder adquisitivo y un sistema de liberación de vinos que amplifica los excedentes.

“Aunque la cosecha no será abundante, el productor apenas va a cubrir los costos de cosecha y acarreo. Así es muy difícil sobrevivir, pagar impuestos y seguir trabajando”, concluyó Ramos, poniendo en evidencia una crisis que amenaza no solo la rentabilidad, sino la continuidad misma de la vitivinicultura en San Juan y en el país.

El gasto mensual en alimentos y bebidas para una familia tipo volvió a incrementarse en diciembre y mostró diferencias marcadas entre provincias. San Juan encabezó las subas, mientras que la Patagonia se consolidó como la región más cara del país. Sin embargo, el impacto real sobre los hogares no depende solo de los precios, sino también del nivel salarial.

Durante diciembre, completar el changuito del supermercado demandó cerca de $900.000 para un hogar tipo compuesto por dos adultos y dos menores. El dato surge del último informe Changuito Federal, elaborado por la consultora Analytica, que relevó el costo de una compra mensual estándar de alimentos y bebidas en los principales supermercados online del país.

El estudio registró un incremento promedio de entre 2,6% y 3,9% según la región, reflejando una dinámica inflacionaria que, si bien muestra cierta desaceleración a nivel nacional, continúa golpeando con distinta intensidad a las economías provinciales.

En ese contexto, San Juan se ubicó como la provincia con mayor aumento mensual, con una suba del 3,9%, seguida por Salta (3,7%), el interior de la provincia de Buenos Aires (3,5%) y Corrientes (3,3%). También se destacaron San Luis y Catamarca (3,1%), mientras que Jujuy y La Rioja mostraron incrementos del 3%. En el extremo opuesto, Formosa presentó la menor variación, con apenas 1,3%.

Para garantizar la comparación entre distritos, el relevamiento utilizó idénticas marcas y tamaños de envases, evitando distorsiones asociadas a cambios en la calidad o composición del consumo. El objetivo, según explican desde Analytica, es reflejar una compra típica de clase media bajo condiciones homogéneas.

Más allá de las variaciones mensuales, el informe vuelve a confirmar una tendencia estructural: la Patagonia continúa siendo la región más cara del país. En diciembre, Santa Cruz encabezó el ranking con un costo total de $890.350, seguida por Chubut ($876.576), Río Negro ($863.809), Tierra del Fuego ($860.986) y Neuquén ($840.602).

Sin embargo, el estudio introduce una advertencia clave para el análisis económico: un changuito más barato no necesariamente implica un mayor poder adquisitivo. En el NEA, por ejemplo, el costo de la canasta representa el 29,1% del ingreso conjunto de dos salarios promedio, mientras que en la Patagonia —aun con precios más elevados— el esfuerzo relativo es significativamente menor, del 15,6%.

Esta aparente contradicción se explica por las fuertes diferencias salariales entre regiones. Las provincias del sur cuentan con ingresos promedio más altos, lo que amortigua el impacto del mayor costo de vida. Santa Cruz aparece como un caso emblemático: combina la canasta más cara del país con uno de los salarios privados registrados más elevados, solo superado por Neuquén.

El relevamiento de diciembre vuelve a poner en evidencia que el debate sobre el costo de vida no puede limitarse a la evolución de los precios. Las asimetrías regionales, tanto en el valor del changuito como en los niveles de ingreso, configuran realidades muy distintas para las familias argentinas.

Mientras algunas provincias enfrentan subas más moderadas pero con salarios rezagados, otras absorben precios más altos gracias a ingresos superiores. En ese delicado equilibrio entre precios, salarios y consumo cotidiano se juega, mes a mes, la verdadera dimensión del poder adquisitivo en la Argentina.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, recibió al ministro del Interior, Diego Santilli, y adelantó su acompañamiento a la reforma laboral que se debatirá en el Senado el 11 de febrero. En un gesto político clave para la Casa Rosada, el mandatario peronista habló de modernizar normas obsoletas y condicionó su respaldo a una agenda de obras e inversiones para la provincia.

En el marco de la gira federal que impulsa el Gobierno para asegurar los votos necesarios en el Congreso, el ministro del Interior, Diego Santilli, se reunió este lunes en Salta con el gobernador Gustavo Sáenz, quien anticipó su respaldo al proyecto de reforma laboral que impulsa el Ejecutivo.

El encuentro se llevó a cabo en la Casa de Gobierno salteña y fue calificado como “muy positivo” por ambas partes. Allí coincidieron en la necesidad de avanzar en consensos políticos que permitan la aprobación de la iniciativa, que será tratada en el Senado el próximo 11 de febrero.

“Ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y promover inversiones para las provincias y para la Argentina”, afirmó Santilli, quien desde hace dos semanas recorre distintas jurisdicciones en busca de apoyos. Antes de arribar a Salta, el ministro ya había visitado Chubut, Chaco, Mendoza y San Juan, y tiene previsto continuar por Neuquén y Entre Ríos.

Posición política

Sáenz, uno de los principales aliados del Gobierno nacional por fuera de la estructura de La Libertad Avanza, se mostró dispuesto a acompañar el proyecto y a facilitar el diálogo legislativo. “No hay que tenerle miedo al cambio ni a avanzar. Son leyes viejas que hay que ir cambiando”, sostuvo el mandatario, en una definición que marcó distancia con sectores del peronismo que rechazan la reforma.

“Tenemos voluntad de diálogo, de no obstruir y de acompañar”, agregó, al tiempo que planteó la necesidad de una modernización de la legislación laboral que permita dinamizar el empleo y mejorar las condiciones para la inversión privada en las provincias.

Desde el entorno del ministro remarcaron que, con el respaldo de Sáenz, ya son cuatro los gobernadores que manifestaron su predisposición a acompañar el tratamiento de la ley, lo que representa un respaldo político relevante en la antesala del debate parlamentario.

La letra chica del apoyo

El acompañamiento del gobernador salteño no fue gratuito. Simultáneamente con el apoyo a la reforma laboral, Sáenz puso sobre la mesa una agenda de reclamos estructurales para la provincia, vinculados principalmente a la obra pública y a la infraestructura estratégica.

Entre los pedidos al Gobierno nacional, mencionó el avance y finalización de rutas clave, como las RN 9/34 y 51, los puentes sobre el río Vaqueros, además de plantas depuradoras en la zona sur de la capital salteña y en Cafayate, la escuela Tesla de General Güemes y la Ciudad Judicial de Orán.

“Defender a Salta es poner sobre la mesa lo que nuestra gente necesita”, afirmó Sáenz, y sostuvo que se trata de proyectos que buscan “cambiar la matriz productiva y turística de la provincia” y saldar “una deuda histórica de la Nación con el Norte Argentino”.

El tablero nacional

La estrategia del Gobierno apunta a cerrar acuerdos directos con los gobernadores, conscientes de que los mandatarios provinciales conservan influencia decisiva sobre los votos en el Senado. En el caso de Salta, la Casa Rosada cuenta con el antecedente favorable del voto afirmativo de la senadora Flavia Royón al Presupuesto 2026.

Además de Sáenz, el oficialismo busca sumar el respaldo de otros gobernadores peronistas del norte, como Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), quienes ya han aportado votos clave en iniciativas anteriores.

La gira de Santilli continuará en Neuquén, donde será recibido por Rolando Figueroa, quien anticipó reclamos vinculados a la coparticipación del impuesto a los combustibles y al pago de la deuda del ANSES con la caja previsional provincial, estimada en más de 200 millones de dólares. Luego, el ministro viajará a Entre Ríos, gobernada por el aliado Rogelio Frigerio.