El gobernador Marcelo Orrego anticipó que el próximo año hídrico podría presentar volúmenes de agua similares a los registrados hace cuatro décadas y confirmó que conducirá personalmente el Comité de Crisis. La provincia prepara obras y controles ante un deshielo que podría marcar un fuerte contraste con los años de sequía.

Después de varios años signados por la escasez, San Juan se prepara para un cambio drástico en sus condiciones hídricas. El pimer mandatrio provincial advirtió que el siguiente ciclo podría registrar un caudal extraordinario en el río San Juan y confirmó que asumirá personalmente la conducción del Comité de Crisis que coordinará las acciones preventivas.

La preocupación está vinculada con la acumulación de nieve en la Cordillera durante el invierno y con el volumen que podría transformarse en escurrimiento durante el deshielo. El pronóstico hídrico definitivo para la temporada 2026-2027 será determinante para establecer con mayor precisión cuánto recurso llegará a los principales cauces provinciales.

Orrego sostuvo que la magnitud esperada podría remontarse a niveles que San Juan no registra desde la década de 1980. Por ese motivo, la preparación involucrará a organismos de seguridad, Defensa Civil, Infraestructura, Hidráulica y otras dependencias provinciales.

“Yo voy a estar adelante de ese comité”, afirmó el mandatario, quien anticipó que el objetivo será coordinar las intervenciones necesarias para reducir los posibles efectos derivados de un volumen excepcional de agua. También reconoció que, aun con las medidas preventivas, podrían producirse consecuencias debido a la magnitud del fenómeno.

Los antecedentes que explican la advertencia

Los registros históricos del Departamento de Hidráulica permiten dimensionar la referencia realizada por el gobernador. Durante los años ’80, el río San Juan atravesó varios ciclos de abundancia muy superiores a los volúmenes observados en la última década.

En la temporada 1982-83, el derrame alcanzó los 3.793 hectómetros cúbicos (hm³). Dos años después llegó a 3.621 hm³, mientras que el máximo de aquella década se produjo en 1987-88, con 4.664 hm³.

La diferencia con los años recientes resulta significativa. Entre 2019-20 y 2021-22, el río registró apenas 636, 609 y 536 hm³, respectivamente. La recuperación posterior llevó el derrame a 1.010 hm³ en 2022-23 y a 1.061 hm³ durante 2023-24.

El contraste volvió a ser pronunciado en el ciclo 2025-26. Aunque inicialmente se había estimado un derrame cercano a 950 hm³, la proyección fue revisada a medida que avanzó la temporada y en julio se calculó un cierre de entre 630 y 640 hm³. El período hídrico concluirá el 30 de septiembre.

Si se compara esa estimación con los 4.664 hm³ registrados en 1987-88, la diferencia supera ampliamente los siete veces. El desafío, por lo tanto, no está relacionado solamente con disponer de más agua después de años secos, sino también con administrar eventuales excedentes de manera segura.

Más infraestructura para afrontar un escenario diferente

San Juan cuenta actualmente con una capacidad de regulación que no existía en la década de 1980. El sistema del río San Juan incorporó, además de la presa de Quebrada de Ullum —inaugurada en 1980—, los diques Los Caracoles y Punta Negra, mientras que el sistema provincial también dispone de infraestructura como Cuesta del Viento.

En este sentido, la Provincia licitó trabajos de mantenimiento por $1.061,8 millones destinados a Ullum, Punta Negra, Los Caracoles y Cuesta del Viento, con una duración prevista de un año.

La combinación entre una mayor acumulación nívea y una infraestructura de regulación más desarrollada coloca a San Juan ante un desafío distinto al de los últimos años. La prioridad oficial será conocer con precisión el volumen disponible y anticipar las maniobras necesarias antes de que comience el período de mayor deshielo.

La definición del pronóstico 2026-2027 marcará el próximo punto de referencia. Hasta entonces, la Provincia profundizará la preparación institucional para un ciclo que podría modificar de manera sustancial la administración del recurso hídrico después de años de caudales excepcionalmente bajos.

Un informe del Instituto Argentina Grande – (IAG) – revela que el 47,7% de los hogares debió utilizar ahorros, endeudarse o vender bienes para cubrir sus gastos durante el primer trimestre. El doble endeudamiento creció 117,9% desde 2023 y afecta a más de 600.000 familias.

La utilización de ahorros alcanzó al 36,1% de los hogares, equivalente a 3.690.760 familias en las que viven alrededor de 11,1 millones de personas. Se trata del registro más elevado de la última década, con excepción de 2024, y representa un incremento del 18,1% respecto del primer trimestre de 2023.

Pero el endeudamiento adquirió una dimensión todavía mayor. Unos 2,5 millones de hogares contrajeron obligaciones para afrontar gastos corrientes. La deuda bancaria alcanzó a 1.505.803 familias, un 55,9% más que en 2023, mientras que 1.655.833 recurrieron a familiares, amigos o conocidos.

El dato más crítico aparece entre quienes debieron utilizar ambas vías simultáneamente. 603.943 hogares se endeudaron tanto con entidades financieras como con personas de su entorno, un universo que aumentó 117,9% desde el primer trimestre de 2023. En apenas tres años, 326.810 familias ingresaron a esta condición de mayor vulnerabilidad financiera.

Otra señal del deterioro aparece en la venta de bienes. Casi un millón de hogares —el 9,8% del total— tuvo que desprenderse de pertenencias para cubrir sus necesidades. La cantidad creció 35,4% frente a 2023, con unos 261.000 hogares adicionales obligados a utilizar sus bienes como fuente de ingresos.

Mujeres y adultos mayores, entre los más afectados

La presión sobre los ingresos tampoco se distribuye de manera uniforme. En los hogares encabezados por mujeres, la necesidad de recurrir a mecanismos extraordinarios aumentó 6,4 puntos porcentuales desde 2023, el doble del incremento registrado entre aquellos con jefatura masculina.

Los adultos mayores también enfrentan un deterioro significativo. El informe señala que el 41% de los hogares encabezados por personas de 66 años o más tuvo que recurrir a alguna de estas alternativas, 7,1 puntos por encima del registro de 2023. La combinación de menores ingresos previsionales y mayores gastos en salud y medicamentos empuja a parte de este grupo a buscar nuevamente ingresos laborales.

Entre los hogares encabezados por personas de 51 a 65 años, la proporción llega al 49,8%, el nivel más elevado de todos los grupos etarios relevados.

La presión también alcanza a los hogares de ingresos medios: 51,9% no consigue cubrir sus gastos mensuales con los salarios. Allí, el recurso más utilizado es el ahorro, al que apela el 40,3%, mientras que el endeudamiento bancario alcanza al 18,8%. En las familias de menores ingresos, en cambio, predomina el recurso a familiares y conocidos, utilizado por el 20,4%.

La pérdida salarial detrás del endeudamiento

El IAG vincula este deterioro con la pérdida del poder de compra. Según sus cálculos, durante el primer trimestre el salario real de los trabajadores privados registrados se encontraba 5,4% por debajo de 2023. La pérdida llega al 14,8% entre los empleados públicos provinciales y al 38,2% entre los trabajadores de la administración pública nacional.

La sucesión de datos muestra una transformación en la economía cotidiana de millones de familias: cuando el ingreso laboral deja de alcanzar, primero aparecen los ahorros, luego el crédito y, en los casos más extremos, la venta de bienes. El crecimiento simultáneo de esas alternativas refleja una capacidad de respuesta familiar cada vez más limitada frente al costo de vida.

Los docentes universitarios volverán a paralizar sus actividades durante 48 horas, el jueves 27 y viernes 28 de agosto, en una nueva protesta contra la política salarial del Gobierno nacional y por el financiamiento de las universidades públicas. La medida fue convocada por los gremios nucleados en la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y contará con la adhesión de distintas organizaciones, entre ellas FEDUBA.

La huelga se produce en medio de la disputa por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya vigencia quedó ratificada por el Congreso después del veto presidencial. Las organizaciones sindicales y las universidades sostienen que el Poder Ejecutivo todavía no transfirió la totalidad de los recursos previstos por la normativa, pese a los pronunciamientos judiciales que ordenaron avanzar con su cumplimiento.

El reclamo no se limita al funcionamiento cotidiano de las casas de estudio. Los fondos cuestionados también comprenden partidas vinculadas con salarios, becas e investigación, mientras las universidades advierten sobre las dificultades crecientes para sostener sus servicios y programas académicos.

A ese conflicto presupuestario se suma el deterioro de los ingresos docentes. Los gremios cuestionan que las actualizaciones salariales aplicadas durante los últimos meses hayan sido insuficientes frente a la inflación y, en varios casos, definidas sin un acuerdo paritario integral.

Según las estimaciones sindicales, desde diciembre de 2023 los trabajadores universitarios acumularon una pérdida cercana al 30% de su poder adquisitivo. Para recuperar el nivel salarial de entonces, sostienen que sería necesario un incremento superior al 50% sobre los haberes actuales.

La caída de las remuneraciones también repercute sobre las universidades como espacios de formación e investigación. Las organizaciones gremiales advierten que los bajos ingresos dificultan la retención de docentes, científicos y profesionales con posgrados, en un momento en que las instituciones compiten con el mercado privado y con oportunidades laborales en el exterior.

La protesta del 27 y 28 de agosto podría, además, no ser una medida aislada. Los sindicatos anticiparon que evaluarán nuevas acciones si no aparecen respuestas concretas tanto para recomponer los salarios como para garantizar los recursos establecidos por la legislación vigente.

Con una nueva instancia de negociación todavía pendiente, el conflicto universitario vuelve a concentrarse en dos reclamos que avanzan en paralelo: recuperar los ingresos perdidos y asegurar el financiamiento que permita sostener el funcionamiento de las universidades públicas.