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El secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), Daniel Ricci, mantuvo este martes una reunión con el secretario de Políticas Universitarias (SPU), Oscar Alpa, para avanzar en la negociación paritaria universitaria.

Ricci y Alpa evaluaron el cierre de la paritaria 2022, a la vez que se abordaron el arranque de las negociaciones para el período 2023. En este sentido, el funcionario del ministerio de Educación de la Nación se comprometió a convocar a la máxima brevedad a las dos reuniones.

Desde la FEDUN se manifestaron firmes en el compromiso de que los salarios de los y las compañeros y compañeras docentes universitarios no pierdan contra la inflación.

En diciembre pasado, los gremios de docentes universitarios acordaron una revisión del acuerdo paritario suamndo un incremento del 4% al 13% ya pautado con anterioridad. Además, en ese entendimiento se fijaron subas de 2% para enero, 4% para febrero y 2% para marzo.

En la próxima convocatoria, los representantes sindicales y Educación definirán los puntos a anexar en el cierre de la paritaria 2022 para culminar por encima de la inflación, y determinar los detalles del inicio del nuevo período de negociación colectiva.

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La CGT marchará por el financiamiento de las obras sociales y alerta sobre su continuidad

La central obrera movilizará el jueves 26 de noviembre a la Superintendencia de Servicios de Salud para reclamar recursos que permitan sostener la cobertura de 17 millones de personas. Según la dirigencia sindical, el 90% del Fondo Solidario de Redistribución se destina a prestaciones por discapacidad. La protesta será parte de un plan de acción que continuará en diciembre.

La crisis financiera de las obras sociales sindicales se convirtió en el principal motivo de movilización de la CGT. La conducción resolvió marchar el próximo jueves 26 de noviembre hacia la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) para exigir una respuesta del Gobierno frente al deterioro de los recursos del sistema, una situación que, según advierten los gremios, compromete el funcionamiento de numerosas entidades y la continuidad de las prestaciones médicas para millones de afiliados.

La concentración comenzará a las 15 frente a la sede del organismo, ubicada en Bartolomé Mitre al 400, en la Ciudad de Buenos Aires. La convocatoria fue definida durante una reunión de la mesa chica cegetista en el Sindicato del Seguro, con la participación de los tres integrantes del triunvirato —Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello—, además de Héctor Daer, de Sanidad; Sergio Romero, de la Unión Docentes Argentinos; Sergio Sasia, de la Unión Ferroviaria, y Guillermo Moser, de Luz y Fuerza.

El reclamo involucra a un sistema que, de acuerdo con las estimaciones de la central obrera, brinda cobertura a unos 17 millones de personas. La conducción sindical sostiene que la reducción de los ingresos y las dificultades para acceder a los fondos de compensación profundizaron el desequilibrio financiero de las entidades. Algunas ya habrían restringido prestaciones, mientras que distintos sindicatos recurren a recursos propios para sostener la atención de sus afiliados.

El Fondo Solidario, en el centro de la disputa

Uno de los principales focos del conflicto es el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), integrado por aportes de trabajadores y empleadores. Su función es compensar a las obras sociales por determinados gastos sanitarios, entre ellos tratamientos de alta complejidad, medicamentos de elevado costo y prestaciones específicas.

Según fuentes sindicales, alrededor del 90% de los recursos del fondo se destina actualmente a prestaciones vinculadas con discapacidad. La CGT considera que esa concentración limita la disponibilidad de dinero para afrontar otras obligaciones asistenciales y reclama que los gastos de transporte y educación de las personas con discapacidad sean absorbidos por los ministerios nacionales correspondientes, en lugar de recaer sobre los recursos destinados al financiamiento sanitario.

La dirigencia asegura que mantuvo tres encuentros con el ministro de Salud, Mario Lugones, para plantear la situación, pero afirma que no recibió una propuesta concreta para corregir los desequilibrios. La movilización ante la Superintendencia apunta a obtener una respuesta institucional y abrir una instancia de resolución sobre la distribución de los recursos.

El cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, advirtió que la continuidad de algunas obras sociales y la cobertura de sus afiliados están comprometidas. El dirigente puso el acento en la dimensión del problema: cualquier deterioro del sistema podría repercutir sobre los servicios de salud de millones de personas que dependen de esas entidades.

La presión de los costos y la caída de los aportes

A las dificultades de financiamiento se suma el deterioro de las variables que sostienen económicamente a las obras sociales. La pérdida del poder adquisitivo reduce los salarios sobre los que se calculan los aportes y contribuciones, mientras que los medicamentos, los insumos y las prestaciones médicas registran aumentos que presionan sobre los presupuestos institucionales.

La combinación de menores ingresos y mayores costos restringe la capacidad de respuesta, especialmente en entidades con estructuras financieras más frágiles o con una población afiliada que demanda tratamientos complejos. Para los gremios, el problema excede una discusión contable: puede traducirse en demoras, limitaciones de servicios y mayores dificultades para acceder a la atención.

El conflicto tiene antecedentes en el debate de la reforma laboral. Durante su tratamiento en el Senado, en febrero, el Gobierno aceptó mantener en el 6% la contribución patronal destinada a las obras sociales, en lugar de reducirla al 5%, una modificación que había generado un fuerte rechazo sindical.

Jerónimo cuestionó las políticas oficiales por considerar que debilitan el funcionamiento del sistema solidario de salud y advirtió que, si no aparecen respuestas, la central avanzará con nuevas medidas de presión.

Una protesta por etapas y sin paro general inmediato

La marcha del 26 de noviembre será una de las últimas acciones previstas por la CGT antes de concluir el año. La conducción también analiza realizar, a mediados de diciembre, un cese de actividades de entre dos y cuatro horas, acompañado por asambleas en los lugares de trabajo y con alcance simultáneo en todo el país. La fecha y la duración definitiva todavía deberán ser resueltas por el Consejo Directivo.

La modalidad forma parte de una protesta por etapas, conocida como “a la francesa”, que busca incrementar la presión sobre el Ejecutivo sin convocar, por el momento, a un nuevo paro general. Aunque distintos sectores gremiales reclaman una huelga nacional, el triunvirato mantiene una estrategia gradual y procura sostener la unidad de la central.

El plan de lucha había perdido intensidad durante la visita del papa León XIV, cuando la CGT renovó su propuesta de establecer una mesa de diálogo entre el Gobierno, los empresarios y los trabajadores. La falta de avances en esa instancia y la persistencia de los reclamos sectoriales llevaron a la conducción a recuperar la agenda de movilizaciones.

La disputa también se desarrolla en un escenario de diferencias dentro del movimiento sindical. A comienzos de noviembre, Luis Barrionuevo, titular de UTHGRA, anunció junto con alrededor de 50 organizaciones gremiales una presentación judicial contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por un presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. Esa iniciativa constituye otro frente de presión sobre el Gobierno, aunque por fuera de la convocatoria definida por la conducción cegetista.

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ATE denunció un posible traslado del SAC a 2027 y amenazó con medidas de fuerza

El gremio estatal advirtió que el Gobierno evaluaría trasladar a enero el segundo medio aguinaldo de los empleados públicos nacionales con salarios superiores a $1.500.000. El Ministerio de Economía negó la existencia de esa iniciativa, mientras Rodolfo Aguiar exigió que el pago se concrete antes de las fiestas.

Una nueva controversia salarial enfrenta al Gobierno nacional con la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). El sindicato denunció que el Ministerio de Economía estaría analizando postergar hasta enero de 2027 el pago del segundo Sueldo Anual Complementario (SAC) para una parte de los empleados públicos nacionales, aunque desde el Palacio de Hacienda rechazaron de manera categórica esa posibilidad.

Según la información que el gremio asegura haber recibido en distintas dependencias estatales, la eventual modificación alcanzaría a los trabajadores que perciben remuneraciones superiores a $1.500.000. ATE estimó que el monto involucrado rondaría el billón de pesos y advirtió que el desplazamiento de esa obligación permitiría reducir los desembolsos previstos para diciembre, trasladándolos al ejercicio fiscal siguiente.

La denuncia fue desmentida por el Ministerio de Economía. Consultados sobre la versión sindical, voceros de la cartera que conduce Luis Caputo afirmaron que era «completamente falsa». En la misma línea, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, rechazó cualquier posibilidad de interrumpir o demorar obligaciones esenciales del Estado y aseguró: «Nunca se dejó ni se va a dejar de pagar salarios, jubilaciones, asistencia social o cualquier gasto relevante en tiempo y forma».

Pese a la respuesta oficial, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, responsabilizó al presidente Javier Milei y al titular de Economía por la iniciativa que, según el sindicato, estaría bajo evaluación. El dirigente cuestionó que el calendario de pagos salariales pudiera utilizarse como una herramienta para mejorar el resultado fiscal de diciembre y sostuvo que los trabajadores no deben financiar el ajuste mediante la postergación de ingresos.

«Quieren dejar a la gente sin aguinaldo para que les cierre un asiento contable. La perversidad de Milei y Caputo no tiene límites», expresó Aguiar. Además, reclamó que el SAC se liquide íntegramente antes de las celebraciones de fin de año y advirtió que la organización podría avanzar con medidas de fuerza, incluidas ocupaciones de organismos públicos.

El sindicato vinculó la supuesta iniciativa con la política de equilibrio fiscal que impulsa el Ejecutivo y con los compromisos asumidos ante el Fondo Monetario Internacional. En sus estimaciones, ATE proyectó que el déficit primario de diciembre podría superar los $3,6 billones, mientras que el resultado financiero negativo excedería los $4,1 billones. Bajo esa interpretación, diferir parte de los aguinaldos permitiría aliviar las erogaciones del último mes del año, aunque la existencia de ese mecanismo no fue confirmada por las autoridades económicas.

El reclamo también tiene una dimensión concreta para los hogares. El segundo aguinaldo constituye un ingreso relevante para afrontar compromisos financieros, alquileres, deudas y gastos familiares, especialmente durante diciembre, cuando se concentran las compras y obligaciones vinculadas con Navidad y Año Nuevo. Una eventual acreditación en enero alteraría la planificación económica de los trabajadores alcanzados.

En términos normativos, el artículo 122 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que la segunda cuota del SAC debe abonarse con vencimiento el 18 de diciembre, mientras que la primera tiene como fecha límite el 30 de junio. Cada cuota equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto durante el semestre correspondiente.

Sin embargo, el régimen del empleo público nacional contempla distintos encuadramientos laborales y no todos los vínculos se encuentran necesariamente sujetos de manera directa a las disposiciones generales de esa ley. Por ello, cualquier discusión sobre los plazos aplicables debe considerar las normas específicas de cada régimen.

ATE sostuvo que el pago del aguinaldo suele concretarse entre el 18 y el 23 de diciembre y cuestionó cualquier intento de modificar ese cronograma. «El Sueldo Anual Complementario es un derecho, no una limosna», afirmó Aguiar, al insistir en que los trabajadores necesitan previsibilidad sobre la percepción de sus ingresos.

Por ahora, la polémica permanece planteada entre la denuncia gremial y el desmentido oficial. No existe, según la información difundida, una decisión gubernamental confirmada que disponga trasladar el pago a enero. La evolución del conflicto dependerá de que el Ministerio de Economía ratifique el cronograma habitual y de que ATE pueda precisar los elementos que, según afirma, sustentan su advertencia.

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Las prepagas deberán volver a pedir autorización para aumentar sus cuotas

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió restablecer la intervención del Estado en la actualización de las cuotas de las empresas de medicina prepaga. En un fallo que modifica el esquema de regulación de la medicina privada, declaró inconstitucionales los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023 y dispuso que la Superintendencia de Servicios de Salud recupere sus atribuciones para fiscalizar, revisar y autorizar los aumentos.

La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El pronunciamiento cuestiona las modificaciones introducidas por el decreto del presidente Javier Milei, que habían eliminado las facultades de la autoridad de aplicación para controlar la razonabilidad de los valores cobrados por las compañías y supervisar sus actualizaciones.

En los fundamentos, los magistrados consideraron que el Poder Ejecutivo no presentó argumentos suficientes para justificar la supresión de esos controles mediante un decreto de necesidad y urgencia. El tribunal sostuvo que la invocación de una emergencia económica y social no resulta suficiente, por sí sola, para habilitar una modificación de esa naturaleza sin demostrar las circunstancias excepcionales que impiden recurrir al trámite legislativo ordinario.

El Tribunal supremo también señaló que el Gobierno no acreditó una relación concreta entre la crisis económica y sanitaria alegada y la eliminación de las facultades estatales. Tampoco encontró una explicación que permitiera establecer de qué manera la liberación de los mecanismos de fiscalización contribuiría a superar la emergencia invocada. En ese sentido, recordó que el uso de los DNU constituye una atribución excepcional del Poder Ejecutivo y no puede sustituir discrecionalmente la intervención del Congreso.

El origen del reclamo judicial

El expediente se inició a partir de una demanda presentada por María del Carmen Bobbio contra Swiss Medical. La afiliada cuestionó un incremento del 110% aplicado sobre su cuota entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. En su presentación sostuvo que, de haberse mantenido el mecanismo de actualización previsto por la resolución 2577/2022 del Ministerio de Salud, el aumento correspondiente habría sido del 6,26%.

En primera instancia, el amparo fue rechazado. Sin embargo, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revocó esa decisión, declaró la inconstitucionalidad de los artículos cuestionados y dispuso que los incrementos se limitaran a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). También ordenó que el Estado recuperara las facultades de control sobre los valores de los planes.

Tanto el Estado nacional como Swiss Medical apelaron la resolución. Al intervenir, la Corte confirmó la inconstitucionalidad de las disposiciones del DNU, pero modificó parcialmente el alcance de lo resuelto por la Cámara: dejó sin efecto el límite que vinculaba los aumentos exclusivamente con el IPC. De esta manera, el máximo tribunal restituyó las competencias regulatorias de la autoridad de aplicación, sin establecer un porcentaje uniforme para las futuras actualizaciones.

Qué cambia para los afiliados

Con el nuevo criterio, las empresas de medicina prepaga deberán someter sus modificaciones tarifarias al control de la Superintendencia de Servicios de Salud. El organismo tendrá que evaluar los fundamentos de cada incremento y verificar que respondan a variaciones en la estructura de costos y a cálculos actuariales razonables, conforme a las atribuciones previstas en la legislación vigente.

La decisión representa un cambio relevante respecto del esquema de libre actualización que había comenzado a regir tras la entrada en vigor del DNU 70/2023. Sin embargo, no implica una reducción automática de las cuotas actuales ni determina que los futuros aumentos deban acompañar exclusivamente la inflación. La magnitud de los ajustes quedará sujeta a la revisión administrativa y a los criterios de razonabilidad que deberá aplicar el organismo de control.

El fallo también puede adquirir relevancia para otros reclamos judiciales promovidos por afiliados que cuestionaron los incrementos aplicados desde fines de 2023. Su alcance, no obstante, deberá analizarse en función de cada expediente y de las condiciones particulares de los contratos involucrados.

La resolución de la Corte reabre así la discusión sobre el equilibrio entre la libertad de fijación de precios de las empresas, la sustentabilidad económica del sistema de salud privado y la protección de los usuarios. Al recuperar la fiscalización estatal, el máximo tribunal devuelve al organismo regulador una responsabilidad central: controlar que las actualizaciones de las cuotas tengan fundamentos verificables y no queden exclusivamente sujetas a las decisiones comerciales de las compañías.

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