Sindicatos, organizaciones estudiantiles y movimientos sociales movilizaron por el centro sanjuanino en rechazo al proyecto de Reforma Laboral que se debate en el Congreso. Anunciaron medidas de fuerza inmediatas y advirtieron que el conflicto podría extenderse durante todo el cuatrimestre universitario.

En una postal que combinó banderas gremiales, pancartas estudiantiles y columnas de organizaciones sociales, cientos de sanjuaninos colmaron el microcentro capitalino para manifestar su oposición al proyecto de Reforma Laboral impulsado por el gobierno nacional.

La concentración tuvo como epicentro la Plaza 25 de Mayo y formó parte de una jornada de protesta replicada en distintos puntos del país.

La marcha, que se desplegó en un clima de firmeza y alta participación, buscó enviar un mensaje directo a los senadores que analizaban la iniciativa en el Congreso. Los organizadores remarcaron que no se trata de una reacción aislada, sino de la expresión territorial de un frente amplio que considera la propuesta oficial como un retroceso en materia de derechos adquiridos.

Entre los referentes sindicales que tomaron la palabra se destacó Carlos Ordoñez, de Viales Nacionales, quien apeló a la tradición histórica del movimiento obrero. “La unión hace la fuerza y la calle es el ámbito donde se han defendido siempre las conquistas laborales”, afirmó, al tiempo que rechazó cualquier modificación que implique —según su interpretación— una regresión normativa.

Desde el ámbito universitario, la advertencia fue aún más concreta. Guadalupe Aguiar, dirigente de SIDUNJ, confirmó la convocatoria a paro para la jornada y su continuidad el lunes próximo. En su intervención, vinculó el rechazo a la reforma con el cuestionamiento al proyecto de “libertad educativa”, al que calificó como perjudicial para el sistema público. El sector docente, sostuvo, se mantiene en estado de alerta y movilización.

El frente universitario suma otro foco de tensión. Edith Liquitay, representante de ADICUS en la Universidad Nacional de San Juan, advirtió que el inicio del cuatrimestre podría verse seriamente afectado. “Habrá paro sin asistencia a los lugares de trabajo y este cuatrimestre completo va a estar atravesado por el conflicto”, anticipó. El reclamo central gira en torno a la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya ejecución —según denuncian— no avanza al ritmo esperado.

La presencia de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) reforzó el perfil industrial de la protesta. El gremio ratificó su adhesión a la jornada nacional y acompañó la convocatoria local, consolidando una foto de unidad entre sectores estatales, privados y académicos.

En el diagnóstico compartido por los organizadores, la convocatoria superó las expectativas y consolidó un bloque de resistencia que promete sostener la presión en las próximas semanas.

La hoja de ruta incluye paros, movilizaciones y posibles acciones coordinadas a nivel federal si el proyecto avanza en el Senado.

Más allá del número de asistentes, el dato político que dejó la jornada fue la articulación entre actores diversos bajo una consigna común: la defensa de la estabilidad laboral y del entramado normativo vigente. En una provincia donde la actividad pública y la universidad tienen peso específico en la economía local, el conflicto adquiere una dimensión que trasciende lo sectorial.

La escena, por lo tanto, no se agota en una marcha puntual. Configura el preludio de un escenario de mayor tensión social si el Congreso convierte en ley una reforma que, para amplios sectores sindicales y académicos, representa una amenaza directa a la seguridad jurídica y a la protección del trabajo. En San Juan, al menos, la calle ya marcó posición.

La cuarta sesión de la paritaria docente 2026 en San Juan concluyó sin acuerdo. En un contexto atravesado por la medida de fuerza nacional impulsada por Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), el Ejecutivo provincial y los sindicatos resolvieron pasar a un cuarto intermedio hasta el 4 de marzo para continuar las negociaciones salariales.

El encuentro, realizado este viernes 27 de febrero, reunió a las autoridades del Ejecutivo con representantes de Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP), Unión Docentes Argentinos (UDA) y Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET). Tras varias horas de deliberación, las partes acordaron retomar el diálogo el próximo 4 de marzo, dejando abierta la discusión en medio de la tensión nacional.

Un diálogo condicionado por el contexto nacional

El punto de inflexión fue la adhesión de los gremios locales a la medida de fuerza dispuesta por CTERA. La confirmación de la huelga nacional introdujo un elemento político y operativo que impacta directamente en el inicio de clases y en la dinámica de la negociación provincial.

Frente a este escenario, el Ejecutivo propuso formalmente pasar a un cuarto intermedio. La decisión, presentada como un mecanismo para “continuar trabajando” en la búsqueda de consensos, refleja tanto la complejidad del momento como la necesidad de evitar una ruptura abrupta del diálogo.

La mesa estuvo presidida por el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y la ministra de Educación, Silvia Fuentes, acompañados por el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, y otros funcionarios del área.
Por el sector sindical participaron Patricia Quiroga (UDAP), Karina Navarro (UDA) y Daniel Quiroga (AMET), junto a sus respectivos equipos técnicos. Si bien no trascendieron detalles específicos de la propuesta oficial ni de las contrapropuestas gremiales, el clima posterior a la reunión dejó en claro que las diferencias persisten.

El trasfondo de la discusión combina variables fiscales y expectativas salariales. La Provincia busca encuadrar la oferta dentro de sus márgenes presupuestarios, mientras que los sindicatos reclaman recomposiciones que compensen la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación.

La negociación como equilibrio delicado

La paritaria docente no es solo una instancia administrativa: constituye un espacio donde convergen demandas laborales, prioridades presupuestarias y señales políticas. En un año signado por ajustes en distintos niveles del Estado, el margen de maniobra resulta acotado.

La cuarta sesión paritaria 2026 cerró sin acuerdo, pero no sin diálogo. El pase a cuarto intermedio hasta el 4 de marzo mantiene abierta la posibilidad de entendimiento en un clima atravesado por la conflictividad nacional.

Para el Gobierno de San Juan, el reto consiste en compatibilizar sostenibilidad fiscal con respuesta salarial; para los gremios, en sostener la presión sin clausurar la vía negociadora. El desenlace de la próxima reunión será decisivo no solo para los ingresos docentes, sino también para la estabilidad del inicio del ciclo lectivo. En un ambiente de tirantez cruzada, la negociación educativa vuelve a colocarse en el centro de la agenda pública provincial.

En medio del tramo final del tratamiento legislativo de la reforma laboral, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) profundizó su postura de confrontación y confirmó su participación en la jornada nacional de protesta convocada para este viernes frente al Congreso, con réplicas en distintas provincias. En San Juan, la concentración se realizará a las 18 en Plaza 25 de Mayo, desde donde partirá la movilización.

Martín Solazzo, titular de la UOM sanjuanina, ratificó la adhesión del gremio a la convocatoria impulsada por el frente sindical que integran distintas organizaciones, entre ellas las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y sindicatos universitarios.

“Hemos decidido movilizar para visibilizar nuestra oposición. Consideramos que esta ley implica un retroceso profundo para el conjunto de los trabajadores”, afirmó.

La protesta se produce en un escenario sindical fragmentado. Mientras sectores combativos sostienen la necesidad de mantener la presión callejera, la Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió no acompañar la movilización y concentrar su estrategia en el plano judicial. La central obrera anunció que el lunes presentará en Tribunales un planteo de inconstitucionalidad contra la norma, una jugada que replica la ofensiva iniciada a fines de 2023 frente al DNU 70/2023.

Para la conducción metalúrgica sanjuanina, ambas vías no son excluyentes. “Es correcto que se avance judicialmente, pero no podemos dejar de manifestarnos. Hay que expresar en la calle el rechazo a una reforma que entendemos perjudicial”, señaló Solazzo. El dirigente admitió que el oficialismo cuenta con los votos necesarios para avanzar en el Senado, pero subrayó que el plan de acción “no termina con esta votación”.

Tensiones y estrategias en el mapa sindical

El contraste entre la postura de la CGT y la del frente sindical revela una discusión de fondo sobre la eficacia de las herramientas de presión. La conducción cegetista, que ya realizó un paro general semanas atrás, considera que el margen político para frenar la reforma en el Congreso es limitado y apuesta a que la Justicia pueda revisar aspectos sensibles del texto.

En cambio, los gremios que impulsan la movilización sostienen que la protesta pública continúa siendo un instrumento indispensable para acumular fuerza social y sostener la legitimidad del reclamo. En ese marco, la UOM —históricamente alineada con posiciones de peso dentro del movimiento obrero— optó por acompañar la manifestación y reforzar su presencia territorial.

La movilización en San Juan, según adelantó Solazzo, buscará ser “ordenada y pacífica”, pero contundente en su mensaje político: demostrar que el rechazo no se limita a la Capital Federal y que el malestar alcanza a las provincias.

Elecciones internas en un contexto desafiante

El conflicto nacional coincide con un momento clave para la vida institucional del sindicato. El próximo 2 de marzo comenzarán las elecciones en las 54 seccionales del país. En San Juan habrá lista única, fruto de un acuerdo interno que evitó la competencia, aunque el proceso electoral se desarrollará con normalidad.

La votación se extenderá durante varios días debido a la dispersión geográfica de talleres y empresas. Además de la urna fija en la sede gremial, cuatro urnas móviles recorrerán los establecimientos para garantizar la participación de los afiliados.

El dato no es menor: la renovación de autoridades se produce en un escenario económico complejo, con tensiones salariales y retracción de la actividad industrial, lo que agrega presión a la conducción local. La legitimidad que surja de las urnas será un respaldo clave para afrontar un período que, según el propio Solazzo, anticipa “una lucha prolongada”.

La movilización convocada por la UOM en San Juan sintetiza el momento que atraviesa el sindicalismo argentino: estrategias divergentes frente a un mismo diagnóstico crítico.

Mientras la CGT apuesta a la revisión judicial de la reforma laboral, sectores como el metalúrgico insisten en sostener la protesta en las calles como señal política y mecanismo de cohesión interna.

En ese cruce de tácticas se juega no sólo la suerte de una ley, sino también el perfil que adoptará el movimiento obrero frente a un ciclo de transformaciones estructurales. Con elecciones en marcha y una reforma que promete reconfigurar el vínculo entre capital y trabajo, la dirigencia sindical enfrenta el desafío de combinar unidad, representatividad y capacidad de incidencia real en un escenario que redefine equilibrios históricos.

El desenlace legislativo puede estar próximo; la disputa por su impacto social y jurídico, en cambio, recién comienza.