El juez Martín Cormick rechazó el planteo del Poder Ejecutivo contra la intimación anterior y volvió a otorgarle cinco días para cumplir con la medida cautelar vinculada a la Ley 27.795. La resolución alcanza la actualización de salarios docentes y no docentes y la recomposición de las becas estudiantiles.

El juez federal en lo Contencioso Administrativo Martín Cormick volvió a intimar este miércoles al Gobierno nacional para que cumpla con la medida cautelar que ordena aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. El magistrado rechazó el planteo presentado por el Poder Ejecutivo contra la intimación anterior y fijó nuevamente un plazo de cinco días para acreditar el cumplimiento.

La resolución establece que el Estado deberá avanzar con la actualización de los salarios de docentes y no docentes de las universidades nacionales y con la recomposición de los programas de becas estudiantiles. En caso de persistir la demora, Cormick advirtió que podrá aplicar astreintes, es decir, multas económicas por cada día de incumplimiento.

El nuevo pronunciamiento se produjo después de que el Gobierno cuestionara la intimación dictada el 22 de septiembre y sostuviera que ya había cumplido con las obligaciones alcanzadas por la cautelar. El Ejecutivo acompañó documentación para respaldar esa posición y pidió dejar sin efecto la posibilidad de aplicar sanciones.

Cormick mantuvo, sin embargo, el criterio de que el cumplimiento acreditado hasta ahora no resulta integral. La cautelar original había sido dictada en diciembre de 2025 a partir de una presentación impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y posteriormente fue confirmada por la Cámara de Apelaciones. El recurso extraordinario presentado ante la Corte Suprema tampoco modificó su vigencia.

El conflicto judicial se concentra particularmente en los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. Mientras el primero establece mecanismos de actualización para los ingresos del personal docente y no docente, el segundo contempla la recomposición de los programas de asistencia estudiantil. El reclamo universitario también incluye la recuperación del poder adquisitivo perdido por los salarios desde diciembre de 2023.

El debate coincide con el litigio salarial entre las universidades nacionales y los gremios. Mientras el Ejecutivo afirma haber respondido a los reclamos y cuestiona el fallo judicial que ve insuficiente su postura, la disputa sigue abierta y bajo un nuevo límite de tiempo impuesto por la Justicia.

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) confirmó un paro nacional de 24 horas para este viernes 2 de octubre, en una nueva escalada de su plan de lucha. La medida alcanzará a los tribunales de todo el país y estará precedida este jueves por una jornada de cese de tareas y movilización en el Fuero Nacional del Trabajo.

El reclamo sindical reúne tres demandas: recuperación salarial, respuestas ante los problemas de la obra social y rechazo al traspaso de competencias de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires. El secretario general de la UEJN, Julio Piumato, ratificó la continuidad de las protestas y sostuvo que el gremio defenderá tanto las condiciones laborales de sus afiliados como la estructura de la Justicia Nacional.

La protesta de este jueves tendrá como epicentro la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, donde los trabajadores realizarán un cese de actividades y una movilización. La UEJN reclama a los camaristas que asuman una posición activa frente al proceso de transferencia del fuero.

El conflicto por la Justicia Laboral también se juega en los tribunales. En marzo, el Juzgado Nacional del Trabajo N°30 frenó temporalmente el acuerdo de transferencia entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires (anexo de la Ley 27.802). Sin embargo, esta decisión fue revocada por el fuero Contencioso Administrativo Federal, al determinar que la disputa debía resolverse en su propia jurisdicción.

La UEJN sostiene que el traspaso genera interrogantes sobre la continuidad y las condiciones laborales de los trabajadores del fuero. El sindicato también extendió su rechazo a otras áreas de la Justicia Nacional y menciona al fuero Penal y al de Menores entre las competencias que pretende preservar bajo jurisdicción nacional.

En simultaneo, Piumato viene denunciando una pérdida del poder adquisitivo de los empleados judiciales. En septiembre, el dirigente había estimado en 24,7% la caída salarial acumulada desde el inicio de la actual gestión nacional, una cifra que forma parte de los argumentos gremiales para reclamar una recomposición.

El gremio informó que presentó un importante número de denuncias ante la Subsecretaría de Trabajo y señaló problemas de registración, pagos, baños y provisión de agua potable. Los controles se realizan durante todo el año junto con el Renatre y a partir de denuncias de trabajadores.

La UATRE profundizó los monitoreos sobre las condiciones laborales en establecimientos agrícolas de San Juan y aseguró que durante este año se realizaron más de 45 denuncias ante la Subsecretaría de Trabajo por distintas irregularidades.

El secretario general del gremio en la provincia, Miguel Ángel Agüero, explicó que las inspecciones se realizan durante todo el año, tanto de manera sorpresiva como a partir de denuncias recibidas por UATRE o el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre).

Según el dirigente, los principales reclamos están relacionados con trabajo no registrado, inconvenientes en el pago de salarios y condiciones deficientes de higiene y seguridad. En algunos casos, también señaló la participación de cuadrilleros que intermedian en la contratación de trabajadores y que, de acuerdo con las denuncias recibidas por el sindicato, retendrían parte de los valores correspondientes a la cosecha.

Las condiciones sanitarias constituyen otro de los puntos observados. Agüero afirmó que el gremio encontró deficiencias en una proporción significativa de los establecimientos relevados, principalmente por insuficiencia de baños químicos y falta de agua potable en cantidad adecuada para jornadas laborales prolongadas.

Los operativos se desarrollan en coordinación con el Renatre y la Subsecretaría de Trabajo, organismos ante los cuales se presentan pedidos de inspección, reclamos por pagos y solicitudes de audiencias de conciliación. Cuando las irregularidades no son subsanadas, pueden derivar en actuaciones y sanciones administrativas.

Los operativos adquieren especial relevancia durante las temporadas de cosecha, cuando aumenta la contratación de mano de obra. Agüero aseguró que la recolección de ajo comenzó casi un mes antes de lo habitual y ya moviliza trabajadores de la horticultura en departamentos como Pocito, Rawson y Sarmiento.

El dirigente también destacó la participación femenina en las tareas agrícolas y estimó que las mujeres representan alrededor del 40% de la mano de obra rural en la provincia, con una presencia particularmente marcada en las producciones olivícola y hortícola.

El relevamiento coloca las condiciones de contratación y seguridad en el campo como uno de los puntos centrales de la agenda laboral rural sanjuanina, especialmente durante los períodos de mayor demanda de trabajadores.