Un informe de la Cámara Comerciantes Unidos de San Juan reveló que las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas registraron una caída interanual del 6,7% durante febrero. El retroceso alcanza a la mayoría de los rubros y confirma un escenario de consumo debilitado que se arrastra desde el año pasado, en un contexto económico que continúa tensionando la actividad comercial.

El dato no aparece aislado. En febrero del año pasado el sector ya había evidenciado una retracción del 3,1%, lo que revela un proceso de debilitamiento del consumo que se ha ido profundizando con el paso de los meses. Para los comerciantes, la persistencia de este escenario refleja un cambio en el comportamiento de los consumidores, cada vez más cautelosos al momento de decidir una compra.

La contracción se distribuye de manera amplia dentro del entramado comercial. De los once rubros analizados, la mayoría registró números negativos, con especial impacto en los sectores vinculados a bienes durables, que suelen resentirse con mayor intensidad cuando el poder adquisitivo se deteriora.

El informe ubica entre los rubros más afectados a muebles y decoración, que registró una caída del 10,2%. Le siguen ferretería y materiales para la construcción (-8,7%), calzados y marroquinería (-8,5%) e indumentaria (-8,1%), segmentos estrechamente asociados al consumo discrecional.

Sin embargo, el retroceso no se limita a ese universo. Incluso sectores ligados a compras cotidianas muestran un desempeño por debajo de lo esperado. Las ventas de electrodomésticos retrocedieron 7,6%, mientras que alimentos y bebidas registraron una baja del 7,2%. También se observaron descensos en juguetería y librerías (-5,6%) y farmacia (-3,1%).

En ese panorama, el único rubro que logró escapar a la tendencia negativa fue el de neumáticos y repuestos, con un crecimiento del 4,5%, un comportamiento que algunos comerciantes vinculan con la necesidad de mantenimiento del parque automotor ante la dificultad de acceder a vehículos nuevos.

Según el relevamiento, el 60% de las operaciones se realizaron al contado, mientras que el 40% restante se concretó mediante tarjeta de crédito, una proporción que muestra un consumo moderado y decisiones de compra más cuidadosas por parte de los clientes.

Más allá de los porcentajes, los comerciantes advierten que la caída del consumo se percibe con claridad en la dinámica diaria de los locales: menor circulación de clientes, compras más espaciadas y decisiones cada vez más selectivas.

La evolución reciente del sector confirma esta fragilidad. Informes previos del comercio local ya habían advertido una desaceleración en la actividad y una reducción de la cantidad de unidades vendidas en distintos momentos del año, reflejando un mercado interno aún condicionado por el poder adquisitivo de los hogares.

La caída registrada en febrero vuelve a poner en evidencia la fragilidad que atraviesa el comercio minorista sanjuanino. Para las PyMES del sector, el problema excede la fotografía de un mes puntual y remite a una dinámica más profunda: un consumo debilitado que restringe la actividad y obliga a replantear estrategias de supervivencia comercial.

En este sentido, el desempeño del mercado interno aparece como la variable central para la recuperación. Mientras el poder adquisitivo continúe bajo presión y las decisiones de compra sigan atravesadas por la cautela, el comercio local seguirá moviéndose en un terreno de incertidumbre. Para muchos pequeños comerciantes, sostener las persianas abiertas ya se ha convertido en el principal desafío de las concicións económicas.

Atrasos en los pagos a odontólogos, ópticas, acompañantes terapéuticos y otros profesionales generaron suspensiones de servicios y fuertes reclamos en distintas provincias. Mientras la conducción del PAMI asegura que mantiene al día los compromisos con médicos y farmacias, prestadores de otras áreas advierten que la situación se volvió crítica y amenaza la continuidad de la atención a millones de jubilados.

La crisis financiera que atraviesan diversos prestadores vinculados al sistema de salud de los jubilados comenzó a traducirse en un problema tangible para los afiliados. Atrasos en los pagos y demoras acumuladas en honorarios y prestaciones están generando suspensiones de servicios en distintos puntos del país y encendieron una alarma creciente en torno al funcionamiento del PAMI, la obra social que brinda cobertura a millones de adultos mayores.

Los reclamos se multiplicaron en diversas jurisdicciones. En la ciudad de Junín, en la provincia de Buenos Aires, odontólogos vinculados al programa suspendieron la atención a afiliados del PAMI como medida de protesta ante la falta de cobro. Situaciones similares comenzaron a registrarse en otras regiones, donde los prestadores advierten que la continuidad de los servicios se vuelve cada vez más difícil de sostener.

La presión se intensificó en las últimas horas luego de que se denunciara la interrupción de prestaciones médicas en cuatro provincias del sur del país: Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa. Según el Sindicato de Trabajadores Pasivos, la medida afecta consultas, estudios, prácticas ambulatorias y cirugías programadas, aunque los servicios de guardia y las urgencias continúan funcionando para evitar situaciones de riesgo.

En el centro de las críticas aparece la conducción del organismo encabezado por Esteban Leguizamo. Prestadores y organizaciones sectoriales sostienen que la demora en los pagos y el desfasaje de aranceles generaron una ecuación económica inviable para numerosos profesionales que dependen de estas prestaciones.

“Es imposible sostener el servicio en estas condiciones”, coinciden distintos referentes del sector, que advierten que los atrasos impactan directamente en la capacidad de los centros de atención para pagar salarios, afrontar costos operativos y mantener la estructura necesaria para seguir prestando servicios.

La discapacidad, otro frente en conflicto

La crisis también atraviesa al sistema de prestaciones destinadas a personas con discapacidad. Este jueves, organizaciones nucleadas en el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad convocaron a una movilización frente al Ministerio de Salud de la Nación para denunciar la situación.

La protesta contará con el acompañamiento del Sindicato de Choferes Particulares y apunta a visibilizar las deudas acumuladas en distintos programas vinculados al sistema de atención, entre ellos el programa Incluir Salud y el propio PAMI.

En diálogo con Radio Up, el coordinador del foro, Pablo Molero, describió el escenario como “muy grave” desde el punto de vista económico-financiero para quienes prestan servicios vinculados a discapacidad en todo el país.

Según explicó, numerosos prestadores aún no percibieron pagos correspondientes a prestaciones facturadas desde octubre del año pasado. En algunos casos, noviembre tampoco fue abonado, mientras que diciembre se habría cancelado solo parcialmente. “Hay muchos prestadores que no han cobrado absolutamente nada desde octubre”, advirtió.

La problemática se agrava por los plazos habituales de pago que manejan otras entidades del sistema de salud. Mientras el programa Incluir Salud acumula meses de deuda, obras sociales y empresas de medicina prepaga suelen cancelar prestaciones con demoras que oscilan entre los 60 y los 90 días. En ese marco, sostener centros de día, terapias o servicios de transporte especializado se vuelve cada vez más complejo.

Molero también señaló que, según los datos que manejan las organizaciones, el programa Incluir Salud habría dejado sin ejecutar cerca de 30.000 millones de pesos durante el último año, recursos que posteriormente fueron devueltos a rentas generales del Estado. “Ese dinero podría haberse utilizado para pagar prestaciones que ya estaban facturadas”, cuestionó.

La protesta reunirá a transportistas, profesionales de la salud y responsables de centros especializados que reclaman por deudas acumuladas de distintos organismos, entre ellos PAMI, Incluir Salud y el IAPOS, además de denunciar el atraso en los aranceles y el riesgo que enfrentan numerosos tratamientos.

En un presente cargado por tensiones judiciales y fiscales, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió sostener el paro y suspender la fecha 9 del Torneo Apertura 2026. La jornada fue reprogramada para el fin de semana del 3 de mayo, lo que obligará a comprimir las instancias decisivas en pocas semanas y profundiza el impacto económico sobre miles de trabajadores vinculados a la actividad.

La determinación se adoptó este mediodía en el predio de Ezeiza, donde los 30 presidentes de los clubes de la Liga Profesional de Fútbol deliberaron sobre la posibilidad de levantar la medida. Tras el encuentro, optaron por ratificar la suspensión de la jornada prevista para este fin de semana.

El mensaje fue claro: en medio del conflicto abierto con la Justicia y el Gobierno, la conducción del fútbol argentino decidió sostener una postura unificada. La reprogramación oficial establece que la fecha 9 del Torneo Apertura 2026 se disputará el fin de semana del 3 de mayo.

Los octavos de final quedaron fijados para el domingo 10; los cuartos, para el miércoles 13; las semifinales, el domingo 17; y la final, el domingo 24 de mayo.

El nuevo esquema condensa en apenas tres semanas la fase decisiva del campeonato, con exigencias deportivas y logísticas significativas para los planteles y las instituciones.

Alternativas en evaluación y calendario en tensión

Además de la reprogramación ya comunicada, la AFA habría notificado a los clubes tres posibles fechas alternativas para recuperar la jornada suspendida: 18 de marzo, 22 de abril o 13 de mayo. Cada entidad deberá expresar su preferencia para avanzar en la definición final del calendario.

Este abanico de opciones revela la complejidad de encajar compromisos locales e internacionales en una agenda ya ajustada. La reestructuración no solo afecta la planificación deportiva, sino también la negociación de derechos televisivos, la organización de operativos de seguridad y la logística de traslados.

El trasfondo judicial

La reunión fue convocada por el presidente de la AFA, Claudio Tapia, luego de que la Justicia citara a declaración indagatoria a autoridades de la entidad en el marco de una causa por presuntas irregularidades fiscales.

Desde la conducción rechazaron las acusaciones y sostuvieron que “no existe deuda exigible” y que los pagos observados “fueron realizados de manera voluntaria antes de sus respectivos vencimientos”. Según señalaron, ese planteo ya fue presentado y el expediente se encuentra a resolución de la Cámara de Apelaciones.

En esa línea, apuntaron contra la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a la que acusaron de intentar convertir obligaciones aún no vencidas “en la base de un supuesto delito penal tributario”. El conflicto, por lo tanto, trasciende el plano deportivo y se inscribe en una disputa institucional de mayor alcance.

El efecto en la economía del fútbol

Más allá del expediente judicial, la suspensión del fútbol profesional genera consecuencias inmediatas en una extensa cadena laboral. Cada fecha moviliza a trabajadores de seguridad, boleterías, mantenimiento, gastronomía, transporte, prensa y servicios tercerizados. Para muchos de ellos, el ingreso depende directamente de la realización de los partidos.

La paralización temporal implica, en los hechos, una merma en ingresos para miles de familias. El fútbol argentino no es solo espectáculo y competencia: constituye una industria que articula empleo formal e informal, consumo y circulación económica en cada ciudad sede.

La decisión de sostener el paro, entonces, se proyecta más allá de la circunstancia judicial, Instala interrogantes sobre la estabilidad institucional del deporte más convocante del país y sobre la capacidad del sistema para absorber presiones políticas sin trasladar costos a su base laboral.

La ratificación del paro por parte de la AFA confirma que el conflicto con la Justicia ingresó en una punto de endurecimiento. La fecha 9 reprogramada para mayo es apenas la expresión visible de una puja que combina poder institucional, discusión fiscal y gobernanza del fútbol argentino.

Mientras los dirigentes defienden su posición en los tribunales, el campeonato se reordena a contrarreloj y la industria que gira en torno a cada partido enfrenta días de incertidumbre. El calendario comprimido puede resolver la urgencia competitiva; la disputa de fondo, en cambio, seguirá marcando el pulso político del fútbol nacional.