Los hogares argentinos comenzaron noviembre con nuevos aumentos en los servicios de electricidad y gas. Los cuadros tarifarios establecen una suba del 3,57% para la luz en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y del 2,17% para el gas natural en todo el país, aunque la aplicación de descuentos mantiene diferencias importantes entre los usuarios.

El ajuste eléctrico no alcanza directamente a las provincias, donde los valores son determinados por los respectivos entes reguladores. En el AMBA, el incremento podría representar hasta $1.700 adicionales en las facturas, aunque las estimaciones de la Secretaría de Energía ubican el impacto promedio en torno de los $1.150 para tres de cada cuatro usuarios.

La actualización mensual de la electricidad responde a una fórmula que contempla la evolución de los precios mayoristas (IPIM) y del índice de precios al consumidor (IPC). Desde la Secretaría de Energía atribuyeron el aumento de noviembre al encarecimiento de los costos mayoristas, asociado —según explicaron— a los efectos de la guerra en Medio Oriente.

En materia de subsidios, el Gobierno resolvió mantener en 200 kWh mensuales el consumo base bonificable, pese a que el cronograma original contemplaba una reducción a 150 kWh entre septiembre y noviembre. Para los hogares incorporados al régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), continúa una bonificación general del 50%, más un descuento extraordinario del 25%. En conjunto, el beneficio alcanza al 75% del valor de la energía comprendida en el consumo subsidiado.

Para el gas natural también se prorrogó el esquema de descuentos. La bonificación general del 50%, que debía dejar de aplicarse según el cronograma inicial, se mantiene durante noviembre y se suma a un beneficio extraordinario del 24,25%. De esta manera, los usuarios que reúnen las condiciones del programa conservan una reducción total del 74,25%.

Los incrementos se incorporan así a las facturas de noviembre, con un impacto que dependerá de la jurisdicción, el consumo y la condición de cada hogar dentro del régimen de asistencia. La continuidad de las bonificaciones atenúa el costo para los beneficiarios, aunque no modifica el ajuste de los valores tarifarios de referencia.

El proceso de liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) ingresó en una etapa decisiva. Un memorándum firmado el 30 de octubre por su administrador, Gonzalo Secchi, instruyó el inicio de las acciones administrativas para cerrar numerosas dependencias y establecimientos en todo el país, con fecha prevista para el cese de sus operaciones el próximo 30 de noviembre.

La disposición comprende delegaciones de coordinación y provinciales, delegaciones auxiliares, centros de atención al afiliado, auditorías regionales y centros médicos propios. En distintas dependencias, además, comenzaron a llegar notificaciones de despido dirigidas a trabajadores cuyos puestos quedarían alcanzados por la reorganización. La cantidad definitiva de cesantías todavía no fue precisada oficialmente, aunque las estimaciones difundidas anticipan un impacto de cientos de empleos.

El documento establece excepciones para determinadas sedes. Entre las delegaciones que continuarían funcionando figuran las de Tierra del Fuego, AMBA, Neuquén, Santa Cruz, Chubut, Misiones, Salta, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Mar del Plata, Puerto Belgrano y Córdoba. También se exceptúa de la clausura a la Policlínica General Actis y a la Auditoría de Facturación de Prestaciones de Buenos Aires.

La instrucción lleva la firma de Secchi, abogado, contador público y licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires, quien asumió como administrador del organismo el 24 de septiembre, mediante la Resolución 671/2026 del Ministerio de Defensa, en reemplazo del coronel mayor retirado Ariel Guzmán.

La medida se inscribe en la disolución del IOSFA dispuesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia 88/2026, cuya modificación fue publicada el 28 de octubre mediante el DNU 1286/2026. La reorganización contempla la creación de dos entidades: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG).

La última modificación normativa estableció que la transferencia de trabajadores a la nueva OSFA no será automática: su directorio deberá identificar los puestos necesarios y seleccionar al personal que considere indispensable. Quienes no sean incorporados quedarán sujetos a las medidas que disponga el administrador, de acuerdo con el régimen laboral aplicable.

El alcance de los cierres abre, además, interrogantes sobre la atención de los afiliados, especialmente en las localidades donde las dependencias que dejarán de operar constituyen puntos de acceso a consultas, auditorías y prestaciones médicas. Aunque el decreto establece un período de transición y contempla la continuidad de determinados tratamientos que no puedan interrumpirse, la reducción de la red territorial plantea dudas sobre cómo se garantizará la cobertura cotidiana.

Con el 30 de noviembre como fecha fijada para el cierre de las dependencias alcanzadas, la liquidación del IOSFA comienza a traducirse en consecuencias concretas para sus trabajadores y beneficiarios. La reorganización no solo definirá qué estructura institucional reemplazará a la obra social, sino también qué personal conservará sus puestos y cómo se sostendrá la atención sanitaria de quienes dependen de ella.

La pérdida salarial, la violencia en las escuelas y la falta de condiciones adecuadas para enseñar confluyeron en una protesta nacional que tuvo como detonante el asesinato de Nancy Estela Godoy, directora suplente de una escuela rural de Corrientes. El paro de 24 horas convocado por CTERA expuso una crisis que excede el reclamo de justicia por el crimen y alcanza las condiciones laborales y el deterioro de los ingresos docentes.

Un cálculo elaborado mediante la plataforma DatoPuro estimó que, entre fines de 2024 y agosto de 2026, el poder adquisitivo de los salarios docentes cayó un 23,7%. La pérdida acumulada llegó a $4.810.568,16, una cifra equivalente a 4,1 salarios de referencia. El dato refleja el impacto de la inflación sobre los ingresos y la distancia entre las remuneraciones y el costo efectivo de vida.

El reclamo adquirió mayor gravedad tras conocerse las condiciones en las que trabajaba Godoy. La docente había advertido en agosto a las autoridades correntinas sobre el deterioro de la Escuela Rural N.º 626, ubicada en el paraje El Malezal: bancos rotos, paredes descascaradas, sanitarios obstruidos y residuos acumulados. Debido a las condiciones del establecimiento, no podía permanecer allí durante la noche y debía trasladarse a caballo durante unas tres horas hasta la vivienda de una vecina.

La conmoción por el crimen se sumó a otro episodio de violencia ocurrido en San Nicolás de los Arroyos, donde una profesora terminó hospitalizada después de ser golpeada y arrastrada por una alumna, tras pedirle que dejara de utilizar el teléfono celular durante la clase. Ambos hechos reforzaron la advertencia gremial sobre la desprotección que enfrentan quienes trabajan en las aulas.

Durante la movilización en el Obelisco y frente a la Casa de Corrientes, la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, reclamó justicia y cuestionó el debilitamiento de las políticas públicas destinadas a la educación. «No hay presupuesto para la educación», afirmó, al señalar que el debate presupuestario se desarrolla sin paritaria nacional docente ni fondos específicos para el área.

Alesso también mencionó los 129 femicidios registrados en lo que va del año, según las cifras citadas durante la protesta, y vinculó la situación con la reducción de políticas estatales de protección. La conducción sindical reclamó garantías para el ejercicio de la docencia, especialmente en establecimientos rurales, donde las distancias, la infraestructura deficiente y la escasez de recursos agravan la exposición de los trabajadores.

Desde Junín, la secretaria general de UDOCBA, Cecilia Paolizzi, describió un deterioro que, a su juicio, también alcanza el reconocimiento social de la profesión. Advirtió sobre las agresiones de alumnos y familiares, además de las decisiones gubernamentales que afectan al magisterio. «El docente tiene que ser cuidado, con buenos salarios y con medidas que lo protejan», sostuvo.

La protesta dejó expuesta una convergencia de reclamos que compromete tanto las condiciones materiales de las escuelas como la autoridad y la integridad de quienes enseñan. La recomposición de los ingresos, la prevención de la violencia y la garantía de establecimientos seguros quedaron planteadas como obligaciones centrales para el Estado.