El IPC de diciembre marcó un 2,8% mensual y cerró el año con una inflación del 31,5%. Un informe del CEPA advierte que los mayores aumentos se concentran en transporte, vivienda y alimentos, rubros clave en el gasto de los trabajadores. El Gobierno sostiene el ancla salarial y cambiaria mientras se profundiza la caída del consumo y del empleo.

La inflación volvió a mostrar señales de aceleración en diciembre, con un Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 2,8% informado por el INDEC, superando el registro del mes previo y llevando la variación anual al 31,5%. Si bien el dato se mantiene por debajo de los niveles de años recientes, continúa ubicándose por encima de referencias históricas como las de 2016 y, sobre todo, evidencia una dinámica regresiva: los mayores aumentos se concentran en consumos básicos populares.

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) pone el foco en este fenómeno y advierte que rubros con fuerte incidencia en el presupuesto de las familias asalariadas crecieron muy por encima del promedio general, profundizando la pérdida de poder adquisitivo en un contexto de salarios deliberadamente contenidos por la política oficial.

El rubro Transporte encabezó las subas, con un incremento mensual del 4,0%, luego de haber registrado otro 3,0% en noviembre. El alza estuvo impulsada principalmente por los aumentos en combustibles y tarifas del transporte público. Desde CEPA remarcan que el precio local de los combustibles se encuentra actualmente un 17,0% por encima de la paridad internacional, lo que presiona de manera directa sobre los costos logísticos y el bolsillo de los trabajadores.

También volvió a destacarse el rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que aumentó 3,4% en diciembre, repitiendo el comportamiento del mes anterior y ubicándose nuevamente por encima del promedio inflacionario. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los usuarios residenciales enfrentaron subas promedio del 3,6% tanto en gas como en electricidad, en línea con la política de liberalización tarifaria que impulsa el Gobierno.

En Comunicación, los aumentos se aceleraron hasta el 3,3%, con ajustes de hasta 3,0% en telefonía móvil, internet y cable aplicados por las principales empresas del sector. El acumulado anual del rubro alcanzó el 35%, superando con holgura el índice general.

El impacto sobre el consumo cotidiano se profundizó aún más con la suba de Alimentos y Bebidas, que registró un aumento del 3,1% mensual. El comportamiento estuvo fuertemente condicionado por la disparada de los precios de la carne vacuna (+11,2% en el segmento minorista), el pollo (+26,9%) y las frutas (+26,7% en el mercado mayorista). Un ejemplo ilustrativo es el del asado, que pasó de $13.304,75 a $15.094,30 por kilo en apenas un mes, lo que representa un aumento del 13,5%.

Otros rubros vinculados al consumo masivo, como Restaurantes y hoteles, también se movieron por encima del promedio, con una suba del 3,2%, reflejando el traslado de costos y la presión inflacionaria generalizada.

El comportamiento de los precios en diciembre confirma una dinámica inflacionaria sostenida por factores estructurales: el impacto rezagado de los aumentos en combustibles, la actualización de tarifas de servicios públicos, los ajustes en transporte y educación, y la fuerte suba de alimentos frescos. Todo ello ocurre en un contexto de estabilidad cambiaria relativa, lo que refuerza la idea de que la inflación actual no responde exclusivamente al dólar.

En este escenario, el Gobierno de Javier Milei profundiza su estrategia de ancla salarial, rechazando la homologación de paritarias por encima del 1% mensual y apostando a la contención de los ingresos como herramienta para moderar los precios. El resultado, según advierten distintos analistas, es una caída persistente del consumo interno, que impacta negativamente en la producción y el empleo.

Al mismo tiempo, y en línea con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, se avanza en la liberación de tarifas de servicios públicos, cuyos incrementos acumulados en el año superaron ampliamente la inflación promedio, reforzando el carácter regresivo del ajuste.

La inflación de diciembre vuelve a dejar en evidencia una economía atravesada por una profunda crisis de ingresos. Aunque los indicadores oficiales muestran una desaceleración respecto de años anteriores, la composición de las subas revela un deterioro creciente de las condiciones de vida de las mayorías, con aumentos concentrados en transporte, vivienda y alimentos.

A este cuadro se suma la controversia en torno a la metodología de medición del INDEC, cada vez más cuestionada por sindicatos y centros de estudio, que señalan una brecha creciente entre los datos oficiales y otras mediciones locales. Si bien el organismo anticipó cambios en sus mecanismos a partir de este año, aún no hay definiciones concretas. Mientras tanto, la combinación de salarios pisados, tarifas liberadas y consumo deprimido configura un escenario económico frágil, con costos sociales que se acumulan mes a mes y ponen en duda la sostenibilidad del actual esquema antiinflacionario.

El Indec informó que la inflación de diciembre fue del 2,8% y que el 2025 cerró con un alza acumulada del 31,5%, el registro anual más bajo desde 2017. Aunque el dato consolida la desaceleración, persisten tensiones en rubros clave como transporte, energía y servicios.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió este martes 12 de enero los datos oficiales de inflación correspondientes a diciembre de 2025. Según el informe, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba mensual del 2,8%, lo que llevó la inflación acumulada del año al 31,5%. Se trata del nivel anual más bajo de los últimos ocho años, de acuerdo con las estadísticas oficiales.

El dato de diciembre confirmó la tendencia de desaceleración que se venía observando durante el segundo semestre, aunque sin lograr aún perforar el umbral del 2% mensual. El cierre del año se dio en un contexto marcado por factores estacionales y por la continuidad del proceso de recomposición de precios relativos, especialmente en sectores regulados.

Los rubros que más subieron

De acuerdo con el Indec, la división que registró el mayor aumento mensual fue Transporte, con una suba del 4,0%, impulsada por ajustes en tarifas y combustibles. Le siguió Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que avanzó un 3,4%, reflejando el impacto de los incrementos en servicios públicos.

En términos de incidencia sobre el índice general, Alimentos y bebidas no alcohólicas volvió a ser el rubro con mayor peso en la variación mensual en varias regiones del país, una señal que mantiene la presión sobre el costo de vida de los hogares, especialmente de los sectores de menores ingresos.

En contraste, las divisiones que mostraron menores incrementos en diciembre fueron Prendas de vestir y calzado (1,1%) y Educación (0,4%), esta última con una variación contenida tras los fuertes ajustes registrados durante el ciclo lectivo.

Regulados al frente y núcleo resistente

Al observar las categorías del índice, los precios Regulados encabezaron los aumentos del mes con una suba del 3,3%, seguidos por el IPC núcleo, que avanzó un 3,0%, y los precios Estacionales, que registraron un incremento más moderado del 0,6%.

El comportamiento del IPC núcleo —que excluye precios estacionales y regulados— muestra que, pese a la desaceleración general, la inercia inflacionaria sigue presente en la economía y dificulta una baja más pronunciada y sostenida del índice mensual.

Comparaciones y perspectivas

El cierre inflacionario de 2025 marca una fuerte desaceleración respecto de los años previos. En 2024, el IPC había alcanzado el 117,8%, mientras que en 2023 —último año del gobierno de Alberto Fernández— la inflación trepó al 211,4%. La comparación interanual refuerza el cambio de régimen inflacionario, aunque con costos visibles en actividad, consumo y poder adquisitivo.

De cara a 2026, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) proyecta una inflación anual del 20,5%. Para enero, sin embargo, las consultoras privadas anticipan que el índice volvería a ubicarse por encima del 2% mensual. Según esas estimaciones, para alcanzar una inflación de un solo dígito anual todavía habría que esperar, al menos, hasta 2028.

La inflación de 2025 cerró en su nivel más bajo en ocho años y consolidó una clara desaceleración respecto de los picos recientes. Sin embargo, el dato de diciembre deja en evidencia que el proceso aún enfrenta límites estructurales: los precios regulados, los servicios y el núcleo inflacionario continúan presionando y retrasan una baja más profunda.

Mientras el Gobierno celebra el sendero descendente del IPC, el desafío pendiente sigue siendo trasladar esa desaceleración a una mejora tangible en el poder adquisitivo y en el consumo. La inflación cede, pero el alivio en el bolsillo todavía no llega con la misma intensidad.

La pérdida del poder adquisitivo golpea de lleno en el tiempo libre. Un informe privado revela que el 46% de las trabajadoras y trabajadores en Argentina no se tomó vacaciones en el último año, principalmente por motivos económicos, en un contexto de ingresos deteriorados, inflación persistente y creciente desgaste laboral.

Las vacaciones, históricamente concebidas como un derecho asociado a la salud física y mental de los trabajadores, comienzan a desaparecer del horizonte de amplios sectores de la población ocupada. Así lo confirma el estudio Vacaciones 3.0, elaborado por la consultora Bumeran para Jobint, que muestra un dato contundente: casi la mitad de los trabajadores argentinos no pudo tomarse descanso durante el último año.

Según el relevamiento, el 46% de las personas encuestadas no se tomó vacaciones, y dentro de ese grupo, el 56% explicó que la principal razón fue la falta de recursos económicos. El informe expone con claridad cómo la caída del poder adquisitivo obliga a resignar incluso aquello que debería ser una pausa mínima garantizada por el sistema laboral.

“Existe una brecha clara en el acceso al descanso: mientras el 54% logró pausar sus tareas, el 46% no pudo hacerlo. Y esa brecha tiene raíces mayoritariamente financieras”, explicó Federico Barni, CEO de Bumeran en Jobint, al presentar los resultados del estudio.

La persistencia de la inflación, los salarios que no logran recomponerse al ritmo del costo de vida y el encarecimiento del turismo interno y externo conforman un combo que vuelve inviables las vacaciones para millones de familias. En muchos casos, el dinero destinado al descanso se redirecciona a cubrir gastos básicos como alimentos, alquiler, transporte o servicios.

Cambian las prioridades: menos vacaciones, más tiempo libre

Uno de los datos más reveladores del informe es el cambio en las preferencias de los trabajadores frente a este escenario. El 29% manifestó que, ante la imposibilidad de viajar o tomarse vacaciones, preferiría una reducción de la jornada laboral antes que días formales de descanso. La respuesta refleja una adaptación forzada: si no hay dinero para vacacionar, al menos se busca recuperar algo de tiempo personal en la rutina diaria.

En la misma línea, el estudio indagó qué beneficios valorarían más los trabajadores por sobre las vacaciones tradicionales. El 44% priorizó un mejor salario, el 21% eligió la posibilidad de trabajar de manera remota y el 15% se inclinó por incentivos económicos adicionales. El descanso, así, queda subordinado a la necesidad urgente de recomponer ingresos.

Viajes más cortos y destinos más cercanos

Entre quienes sí lograron tomarse vacaciones, el patrón de consumo también muestra señales de ajuste. El 24% eligió la Costa Atlántica bonaerense, una opción relativamente cercana y tradicional, mientras que el 22% viajó a otros destinos, con el Caribe como alternativa destacada. Brasil concentró el 16% de las preferencias, aunque en muchos casos con estadías más cortas o modalidades más económicas.

La elección de destinos evidencia una búsqueda de equilibrio entre descanso y presupuesto, en un contexto donde incluso salir unos pocos días implica un esfuerzo financiero considerable.

La imposibilidad de tomarse vacaciones no es un fenómeno aislado, sino un síntoma más del deterioro del mercado laboral argentino. A la pérdida del poder adquisitivo se suman altos niveles de estrés, sobrecarga y burnout, configurando un escenario donde el descanso deja de ser un derecho efectivo para convertirse en un privilegio.

En un país donde el trabajo ya no garantiza bienestar ni previsibilidad, la renuncia al descanso anual expone una crisis más profunda: la de un modelo económico que obliga a los trabajadores a sacrificar su salud y su tiempo libre para llegar a fin de mes. Las vacaciones, lejos de ser un lujo, funcionan como un termómetro social que hoy marca alerta.