La ofensiva sindical contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei comenzó a tomar una forma más definida. En un gesto político de alto impacto, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, se reunió con el titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, y ambos coincidieron en la necesidad de anticipar las medidas de fuerza y no esperar al debate parlamentario para reaccionar.

El encuentro, realizado en la sede nacional de la UOM, dejó un mensaje claro: el sindicalismo empieza a coordinar una respuesta común, superando fronteras entre centrales y sectores. “No deberíamos esperar hasta el día que se trate la iniciativa en el Congreso para realizar una medida de fuerza, porque podría ser demasiado tarde”, advirtió Aguiar, quien definió el proyecto oficial como una iniciativa que busca “eliminar los sindicatos y construir un nuevo ordenamiento jurídico sin derechos individuales ni colectivos”.

La imagen del encuentro no pasó inadvertida. Aguiar, uno de los principales referentes de la CTA Autónoma, junto a Furlán, líder de uno de los gremios más influyentes de la CGT y del entramado industrial, simbolizó un acercamiento estratégico que se viene consolidando semana tras semana frente al avance del proyecto oficial.

Hacia un plan de acción amplio y coordinado

La articulación sindical no se limitó a ese encuentro. En las últimas horas, Aguiar también se reunió con Daniel Yofra, secretario general de la Federación de Trabajadores Aceiteros (FTCIODyARA), para avanzar en la posibilidad de un paro conjunto el mismo día en que la reforma laboral sea tratada en el Congreso.

Ambos dirigentes coincidieron en que “la única alternativa para frenar el proyecto es la calle” y denunciaron que la iniciativa oficial busca perpetuar el fraude laboral y profundizar la precarización tanto en el sector público como en el privado. “Estamos dispuestos a llevar adelante una huelga general ese día, tanto desde ATE como desde Aceiteros”, afirmó Yofra, quien llamó a que las centrales sindicales confluyan en una medida contundente acompañada por una masiva movilización.

Aguiar fue tajante al rechazar cualquier negociación parcial. “No nos podemos conformar con el mal menor. Esta contrarreforma laboral se tiene que caer completa”, sostuvo. Además, cuestionó el origen del texto legal, al que atribuyó a estudios jurídicos ligados a las patronales, y negó que pueda generar empleo genuino. “La creación de empleo no depende de una ley, depende de la economía. Y la política económica del Gobierno destruyó durante dos años el empleo formal en la Argentina”, afirmó.

Impacto en el Estado y advertencia federal

El dirigente estatal también alertó sobre las consecuencias directas de la reforma en organismos clave del Estado, como PAMI, ANSES, el Hospital Garrahan, Vialidad Nacional, Belgrano Cargas, Intercargo, Nucleoeléctrica Argentina, YCRT, DGI y Aduana, entre otros, donde —según advirtió— se profundizaría la precarización y el vaciamiento.

Al mismo tiempo, ATE evalúa convocar a un plenario federal de delegados para definir una medida de fuerza nacional, con especial énfasis en movilizaciones en las provincias cuyos gobernadores avalen el proyecto. Aguiar fue especialmente crítico con los mandatarios que negocian con el Ejecutivo nacional y el ministro del Interior, Diego Santilli. “Pretenden ocupar el lugar de las representaciones sindicales y nos están utilizando al movimiento obrero”, denunció.

“Tenemos que empezar a pensar seriamente en movilizar en las provincias. No puede ser que por un accionar contrario a los intereses de la sociedad no paguen ningún costo político”, advirtió.

La confluencia entre ATE, la UOM, Aceiteros y otros gremios marca un salto cualitativo en la resistencia sindical frente a la reforma laboral. Con diferencias tácticas aún presentes, el denominador común es claro: anticipar el conflicto, unificar fuerzas y llevar la disputa a la calle antes de que el Congreso sancione una ley considerada regresiva.

El sindicalismo comienza así a dejar atrás respuestas fragmentadas y a ensayar una estrategia común, en un escenario donde la reforma laboral aparece como el principal eje de confrontación social y política del primer trimestre del año.

El exministro de Trabajo Carlos Tomada cuestionó con dureza el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno, denunció presiones sobre los gobernadores para garantizar su aprobación y llamó a una movilización anticipada y federal para frenar una iniciativa que, según afirmó, implica un retroceso histórico en materia de derechos laborales.

El debate por la reforma laboral volvió a tensarse tras las declaraciones del exministro de Trabajo Carlos Tomada, quien lanzó una severa advertencia sobre el método político que —según sostuvo— el Gobierno nacional estaría utilizando para garantizar la aprobación del proyecto en el Congreso. “Estamos cada vez más cerca de tener una segunda Banelco”, afirmó, en alusión directa al escándalo de sobornos que marcó la aprobación de la reforma laboral del año 2000.

En diálogo con Futurock, Tomada sostuvo que la iniciativa impulsada por la administración de Javier Milei no solo carece de beneficios para los trabajadores, sino que se apoya en diagnósticos falsos sobre el mercado laboral argentino. A su entender, el debate público aún no refleja la magnitud del retroceso que implicaría la reforma y reclamó una mayor tarea de información y concientización social sobre el contenido real del proyecto.

“No hay un solo artículo que beneficie a los trabajadores”, afirmó el exfuncionario, y agregó que el paquete de medidas propuesto retrotrae a la Argentina a principios del siglo XX, desandando décadas de conquistas laborales. En ese sentido, rechazó de plano el argumento oficial que vincula la flexibilización de derechos con la modernización productiva o la incorporación de tecnología.

Críticas al discurso antisindical y respaldo empresario incipiente

Tomada también cuestionó el discurso instalado desde hace décadas contra el sindicalismo y los convenios colectivos, al que definió como una construcción ideológica del neoliberalismo. “Durante años se le lavó la cabeza a la gente y hoy llegamos al absurdo de escuchar que el pan aumenta porque no se hizo la reforma laboral”, ironizó.

A la vez, valoró que algunos sectores del empresariado hayan comenzado a expresar reparos frente al proyecto, en referencia a la postura reciente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Si bien consideró que esas críticas “se quedan cortas”, señaló que representan un dato político relevante y podrían abrir el camino para que otras cámaras empresariales expongan los riesgos económicos y sociales de la iniciativa oficial.

Presión a los gobernadores y llamado a una movilización federal

Uno de los ejes centrales de la advertencia de Tomada estuvo puesto en el plano político. Según afirmó, el Gobierno estaría presionando a los gobernadores mediante condicionamientos fiscales y acuerdos discrecionales para que ordenen a sus legisladores votar a favor de la reforma.

“La extorsión forma parte del método de construcción de poder de este Gobierno”, sostuvo, y propuso reorientar las protestas hacia las provincias. “Tenemos que volver a movilizarnos, pero dejemos tranquilas a la Plaza de Mayo y la del Congreso. Hay que ir a las provincias para que los gobernadores dejen de presionar a sus legisladores a cambio de beneficios del Gobierno nacional”, planteó.

Finalmente, llamó a retomar la movilización social de manera inmediata y sostenida, con el objetivo de advertir a la sociedad sobre las consecuencias de la reforma. “Tenemos que tomar la calle desde ahora para informar que esto es un retroceso del que va a costar mucho salir”, alertó.

La referencia histórica: qué fue la Ley Banelco

La mención a la “Ley Banelco” remite a la reforma laboral aprobada en abril de 2000, durante el gobierno de Fernando de la Rúa, que quedó marcada por denuncias de sobornos a senadores para garantizar su sanción. El nombre surgió tras las declaraciones de Hugo Moyano, quien aseguró que el entonces ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, le habría dicho: “Para los senadores tengo la Banelco”.

Aquella ley amplió el período de prueba, debilitó la ultraactividad de los convenios colectivos, habilitó convenios por empresa y modificó mecanismos de negociación laboral. El escándalo político derivó en la renuncia del vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez y marcó el principio del fin del gobierno de la Alianza. La norma fue derogada en 2004, aunque algunos de sus efectos nunca se revirtieron por completo.

La discusión en torno al Impuesto a las Ganancias volvió a encenderse tras la difusión de un duro documento de la Mesa Sindical, espacio que nuclea a más de sesenta sindicatos de alcance nacional. Allí, las organizaciones advirtieron que la política oficial de actualización de escalas y mínimos no imponibles se apoya en una “inflación maquillada” que termina ampliando de manera significativa el universo de trabajadores alcanzados por el tributo.

Según el pronunciamiento gremial, el “dibujo sobre la inflación real” no solo impacta sobre los sectores de menores ingresos, sino que “tiene un efecto depredador sobre los salarios superiores al promedio”, incorporando a trabajadores de ingresos medios a un impuesto que, remarcan, continúa tratando al salario como si fuera una ganancia.

El documento hace referencia a la comunicación oficial del Gobierno sobre los pisos salariales y escalas que regirán durante el primer semestre de 2026, tanto para trabajadores en relación de dependencia como para jubilados y pensionados. De acuerdo con lo anunciado por la administración libertaria, los montos se ajustarán un 14,3% a partir de enero, porcentaje que los gremios consideran ampliamente insuficiente frente al aumento real del costo de vida.

Nuevos pisos y más trabajadores alcanzados

Con esa actualización, el piso mínimo para comenzar a pagar Ganancias será de $2.490.000 de salario de bolsillo para un trabajador soltero. En tanto, los umbrales se elevan a $2.692.700 para un soltero con un hijo, $2.896.500 para un soltero con dos hijos, $2.894.000 para un casado sin hijos, $3.232.000 para un casado con un hijo y $3.302.100 para un casado con dos hijos.

Sin embargo, la Mesa Sindical advirtió que el impacto real del impuesto no se limita a esos pisos formales. “Como en el pago del impuesto juega la famosa tablita, todo trabajador que tenga una ganancia neta acumulada superior a $2.030.000 durante el primer semestre será gravado con alícuotas que van del 9% al 35%, según su nivel de ingreso”, detallaron.

Este esquema, sostienen, provocará que más de dos millones de trabajadores y trabajadoras queden alcanzados por Ganancias, ampliando de manera sustancial la base contributiva sobre los salarios.

Salarios medios y canasta familiar

El documento también pone el foco en la creciente cercanía entre los salarios medios y el umbral de pobreza. Según los gremios, la canasta familiar alcanzó los $1.300.000 en diciembre de 2025 y continúa en ascenso, lo que achica peligrosamente la distancia entre quienes apenas logran cubrir sus necesidades básicas y aquellos que comienzan a tributar Ganancias.

“Es notorio que la brecha entre quienes menos ganan y los sueldos medios es cada vez más estrecha”, advierten, y subrayan que esta política fiscal profundiza la regresividad del sistema impositivo, descargando el ajuste sobre el ingreso del trabajo.

En su cierre, la Mesa Sindical sostiene que esta actualización “sigue tomando al salario como ganancia cuando, a todas luces, su poder de compra es cada vez más limitado”. Lejos de tratarse de un debate técnico, el documento plantea que la política impositiva actual consolida una “vida mínima” que impacta de manera profunda y generalizada en el conjunto de los trabajadores.

“Unirnos para mejorar nuestros salarios y cambiar la matriz impositiva es una necesidad cada vez más evidente”, concluye el texto, dejando planteado un escenario de creciente conflictividad si no se revisa el esquema tributario aplicado sobre los ingresos laborales.