Con 59 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones, el Senado insistió en la sanción de la norma que establece la distribución diaria y automática de los Aportes del Tesoro Nacional entre las provincias. Se trata de otra derrota para la Casa Rosada, que deberá enfrentar ahora el debate en Diputados.

En una sesión acalorada, llena de tensión política y con fuerte presencia de gobernadores en los pasillos del Congreso, el Senado de la Nación rechazó este jueves el veto del presidente Javier Milei a la ley que establece la redistribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) hacia las provincias. La votación finalizó con 59 votos afirmativos, 9 negativos y 3 abstenciones, configurando un nuevo traspié legislativo para el Gobierno nacional.

El debate comenzó pasadas las 11 de la mañana, bajo la conducción de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Solo seis senadores de La Libertad Avanza, junto a los cordobeses Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero (PRO), y el formoseño Francisco Paoltroni, se expresaron en contra de la insistencia. Las abstenciones correspondieron al entrerriano Alfredo De Ángeli y a los mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri.

La norma impulsada por los gobernadores incorpora un artículo a la Ley 11.672 (complementaria permanente de presupuesto), para que los recursos distribuidos por el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional —creado por la Ley 23.548 de Coparticipación— se asignen de manera diaria, automática y en igualdad de condiciones a lo previsto en el artículo 6 de dicha norma. De esta manera, esos fondos pasarían a integrarse a la masa coparticipable, limitando la discrecionalidad del Ejecutivo en su manejo.

Durante el debate, el senador pampeano Daniel Bensusán advirtió que “con este nuevo veto el presidente otra vez acusa a las provincias de irresponsables, con una burda mentira, porque Milei y sus secuaces quieren hacer creer que los ATN se usarán en gastos corrientes”.

Por su parte, el radical bonaerense Maximiliano Abad remarcó que “no solo se trata de una ley vetada sino de cómo se concibe el federalismo”. Según sostuvo, el Gobierno prioriza el ajuste fiscal por encima del desarrollo provincial: “Sin provincias fuertes no hay país posible; el federalismo es condición necesaria para el desarrollo argentino”.

En la misma línea, el radical fueguino Pablo Blanco cuestionó que las provincias reciben apenas entre el 26% y el 28% de la recaudación nacional, mientras la Nación concentra el resto: “Encima, se queda con la distribución de los ATN, que reparte según conveniencias políticas”.

La catamarqueña Lucía Corpacci fue más allá al sostener que “votar contra el veto de Milei es votar contra un modus operandi que desconoce al Congreso, al pueblo y a la Constitución Nacional”.

Desde el oficialismo, Francisco Paoltroni, que respaldó al Ejecutivo, pidió reconocer “las muchas cosas que están funcionando bien”, como los sectores minero, hidrocarburífero y ganadero. A la vez, advirtió que la disputa política “conduce a una inestabilidad económica que atenta contra todos”.

Con esta decisión, el Senado remite ahora el tema a la Cámara de Diputados, donde la situación se presenta más difícil para los gobernadores. En esa instancia, cuando la ley se aprobó inicialmente, los votos negativos alcanzaron 90, número suficiente para sostener el veto si se repite la misma correlación de fuerzas.

El rechazo del Senado al veto presidencial sobre los Aportes del Tesoro Nacional constituye un triunfo político para los gobernadores y un nuevo golpe para la estrategia legislativa de Javier Milei. La decisión refleja el malestar de gran parte de la dirigencia política frente al manejo centralizado de los recursos y reaviva la discusión sobre el federalismo fiscal en Argentina. Sin embargo, la pulseada aún no está cerrada: el desenlace final dependerá de lo que suceda en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo y sus aliados podrían inclinar la balanza en favor de sostener el veto.

El Sindicato de Luz y Fuerza cuestionó con dureza el anuncio del Gobierno nacional sobre la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA). Según la organización, la medida implica un retroceso en soberanía energética y tecnológica, encarece el servicio eléctrico y responde a intereses económicos y políticos externos.

El Gobierno nacional confirmó que dará inicio al proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), empresa responsable de la operación de las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. La medida contempla la venta del 44% de las acciones a través de una licitación pública nacional e internacional, mientras que el Estado conservará el 51% del capital accionario y, con ello, el control de la compañía. El esquema incluye además un Programa de Propiedad Participada para que los trabajadores accedan hasta al 5% de las acciones.

El anuncio desató una inmediata reacción sindical. Desde el Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate, con representación en las centrales nucleares, expresaron un rechazo categórico. “Nucleoeléctrica es una empresa de interés estratégico para la Argentina, construida con el esfuerzo del pueblo. Significa soberanía energética, científica y tecnológica, pilares fundamentales del desarrollo industrial y productivo”, afirmaron.

Para el gremio, la decisión del Ejecutivo es un “claro guiño a intereses económicos y políticos externos” y forma parte de un plan para “desmantelar el Plan Nuclear Argentino”. En un comunicado, la organización advirtió que la privatización pone en riesgo cientos de puestos de trabajo y la seguridad operativa de las plantas, al tiempo que “transforma un derecho esencial en un negocio más, encareciendo el servicio eléctrico, degradando su calidad y beneficiando a privados que solo buscan maximizar sus ganancias”.

El sindicato también apeló a la memoria histórica al recordar las consecuencias de las privatizaciones de la década del 90: pérdida de soberanía, flexibilización laboral y deterioro de servicios públicos. “No olvidamos la complicidad de sectores del sindicalismo empresarial que facilitaron la entrega del país y fueron los únicos beneficiarios de esas políticas”, subrayaron.

Finalmente, Luz y Fuerza concluyó con un mensaje enfático: “La soberanía no se negocia. Lo público es de todos y debemos defenderlo por el bien de toda la Nación”.

La privatización parcial de Nucleoeléctrica abre un frente de conflicto político y sindical que promete intensificarse. Mientras el Gobierno argumenta que busca atraer inversiones y modernizar el sector, Luz y Fuerza denuncia un intento de convertir un servicio esencial en un negocio privado, con impacto directo en tarifas, calidad del suministro y soberanía nacional. La disputa anticipa un nuevo capítulo en la tensión entre el oficialismo y el movimiento obrero frente al rumbo de la política energética argentina.

La Cámara de Diputados reunió los dos tercios necesarios para insistir con la Ley de Financiamiento Universitario y la Emergencia Pediátrica, desoyendo el veto del presidente Javier Milei. Con 174 votos afirmativos, la oposición alcanzó la mayoría especial de dos tercios y le propinó un nuevo revés al Ejecutivo, en un contexto de fuerte tensión social y presupuestaria.

La Federación de Docentes de las Universidades Nacionales (FEDUN), que conduce Daniel Ricci, celebró el resultado y lo calificó como un “día histórico”. En un comunicado, el gremio remarcó que la decisión de los legisladores reflejó la voluntad popular expresada en la “marcha federal multitudinaria” en defensa de la educación pública realizada días atrás.

“El financiamiento universitario es clave no solo para garantizar el funcionamiento de las instituciones, que hoy atraviesan un ajuste inconmensurable, sino también para recomponer los salarios de sus trabajadores”, sostuvo la entidad.

Ricci, expresó que el triunfo en Diputados representa un paso fundamental, aunque advirtió que el proceso legislativo aún no terminó: “La lucha continúa. Ahora esperamos que el Senado insista con la Ley y rechace definitivamente el veto presidencial”.

El proyecto, impulsado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA), ya había sido aprobado por el Congreso, pero vetado por el Poder Ejecutivo. La decisión de Diputados no solo recompone las expectativas del sistema universitario, sino que también marca un quiebre en la agenda del Gobierno, que esta misma semana presentó el Presupuesto 2026 con fuertes recortes en educación y salud.

En paralelo, la ley de emergencia pediátrica también obtuvo la insistencia de la Cámara Baja, lo que extiende la pulseada política al Senado. Allí se definirá si los vetos de Milei son rechazados en forma definitiva, consolidando un triunfo opositor de amplio alcance.

El rechazo de los vetos presidenciales en Diputados se transformó en un símbolo de resistencia frente al ajuste impulsado por Javier Milei. Para el movimiento universitario, la media sanción de insistencia no solo representa una conquista coyuntural, sino un respaldo social y político que trasciende las aulas. El Senado será el escenario decisivo, pero el mensaje ya quedó claro: la educación pública cuenta con una defensa activa que une a docentes, estudiantes y legisladores frente a los intentos de desfinanciarla.