Los docentes de las universidades nacionales inician este miércoles 30 de septiembre un paro de 72 horas, que se extenderá hasta el viernes 2 de octubre, en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario 27.795 y de una recomposición salarial que los gremios ubican en el 33,4%. La medida fue definida por CONADU y CONADU Histórica y tendrá alcance nacional.

La huelga se lleva a cabo el mismo día en que vence el plazo fijado por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, para que el Poder Ejecutivo acredite el cumplimiento de una medida cautelar vinculada con los artículos 5 y 6 de la norma. La resolución estableció cinco días para avanzar con la aplicación de las disposiciones y contempló la posibilidad de imponer multas diarias ante una eventual demora.

El reclamo sindical apunta a que la actualización salarial pendiente alcance el 33,4% sobre los últimos haberes percibidos, a lo que debería incorporarse posteriormente la evolución del Índice de Precios al Consumidor, según la interpretación sostenida por las organizaciones docentes. El porcentaje forma parte del reclamo gremial y de la aplicación que los sindicatos exigen de la medida judicial.

La controversia se agudizó luego de que las representaciones gremiales desestimaran el incremento del 3% propuesto por el Gobierno. CONADU y CONADU Histórica argumentan que dicho porcentaje resulta insuficiente para revertir el deterioro salarial acumulado, por lo que ratifican la exigencia de la actualización fijada por ley.

El conflicto no quedará limitado a las 72 horas de huelga. La protesta se inscribe en el camino hacia la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el 15 de octubre, que reunirá a organizaciones docentes, nodocentes, estudiantiles y universitarias.

En distintas universidades ya se anunciaron medidas complementarias. En Rosario y Córdoba, los gremios COAD y ADIUC mantienen jornadas de protesta de mayor extensión, mientras que en la UBA se prevén acciones de visibilización durante la semana.

La pugna por los sueldos forma parte de una discusión mayor sobre los fondos para las universidades. Así, el reclamo actual va más allá de las paritarias: los sindicatos exigen la aplicación real de la Ley 27.795 de octubre de 2025, que pauta los salarios de docentes y nodocentes y el aumento de las becas.

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) confirmó un paro nacional de 24 horas para este viernes 2 de octubre, en una nueva escalada de su plan de lucha. La medida alcanzará a los tribunales de todo el país y estará precedida este jueves por una jornada de cese de tareas y movilización en el Fuero Nacional del Trabajo.

El reclamo sindical reúne tres demandas: recuperación salarial, respuestas ante los problemas de la obra social y rechazo al traspaso de competencias de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires. El secretario general de la UEJN, Julio Piumato, ratificó la continuidad de las protestas y sostuvo que el gremio defenderá tanto las condiciones laborales de sus afiliados como la estructura de la Justicia Nacional.

La protesta de este jueves tendrá como epicentro la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, donde los trabajadores realizarán un cese de actividades y una movilización. La UEJN reclama a los camaristas que asuman una posición activa frente al proceso de transferencia del fuero.

El conflicto por la Justicia Laboral también se juega en los tribunales. En marzo, el Juzgado Nacional del Trabajo N°30 frenó temporalmente el acuerdo de transferencia entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires (anexo de la Ley 27.802). Sin embargo, esta decisión fue revocada por el fuero Contencioso Administrativo Federal, al determinar que la disputa debía resolverse en su propia jurisdicción.

La UEJN sostiene que el traspaso genera interrogantes sobre la continuidad y las condiciones laborales de los trabajadores del fuero. El sindicato también extendió su rechazo a otras áreas de la Justicia Nacional y menciona al fuero Penal y al de Menores entre las competencias que pretende preservar bajo jurisdicción nacional.

En simultaneo, Piumato viene denunciando una pérdida del poder adquisitivo de los empleados judiciales. En septiembre, el dirigente había estimado en 24,7% la caída salarial acumulada desde el inicio de la actual gestión nacional, una cifra que forma parte de los argumentos gremiales para reclamar una recomposición.

La CGT volverá a las calles en octubre, pero por ahora no avanzará con un nuevo paro general contra el Gobierno de Javier Milei. La central obrera resolvió movilizar el jueves 8 de octubre, a las 15.30, frente a la Secretaría de Industria, en defensa de la producción nacional como principal consigna.

La decisión fue adoptada este martes durante una reunión ampliada de la mesa chica efectuada en la sede de la UOCRA, con la participación de más de 30 organizaciones. Allí estuvieron los integrantes del triunvirato, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, junto con Gerardo Martínez, Héctor Daer, Hugo Moyano, Andrés Rodríguez y otros dirigentes de la conducción sindical.

La concentración tendrá como consigna “Las Malvinas son argentinas, la industria nacional también” y buscará incorporar a las organizaciones sindicales de las ramas productivas, además de cámaras empresarias y otros actores vinculados con la producción. La CGT puso especialmente el foco en industria, construcción y comercio, por su incidencia sobre el empleo.

Andrés Rodríguez, secretario general de UPCN, sostuvo que la central pretende colocar en la agenda los problemas de las actividades productivas y afirmó que esos rubros atraviesan un fuerte deterioro. Sus declaraciones forman parte del diagnóstico sindical sobre el rumbo económico y no constituyen, por sí mismas, una medición independiente sobre la evolución de cada rama.

La segunda fecha quedó fijada para el 15 de octubre, cuando la CGT acompañará la quinta Marcha Federal Universitaria. La movilización reunirá a organizaciones docentes, nodocentes, estudiantes y otras entidades vinculadas con la educación superior, además de las dos CTA.

La definición también marca una diferencia respecto de las centrales CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores, que ya resolvieron avanzar hacia un paro nacional a fines de octubre. La CGT mantiene abierto el diálogo con esas organizaciones, pero decidió por ahora sostener una agenda propia de movilizaciones.

En el plano provincial, el encuentro tuvo participación de Eduardo Cabello, secretario general de la CGT San Juan y dirigente de la UOCRA, quien formó parte de la reunión nacional en la que se resolvieron las próximas medidas. La marcha del 8 será en la Ciudad de Buenos Aires y no contempla, por el momento, una convocatoria nacional simultánea en las provincias.