En espejo a la ofensiva del Gobierno nacional, la CGT anunció una gira federal para reunirse con gobernadores y bloquear la reforma laboral impulsada por el oficialismo. La central sindical busca capitalizar el malestar provincial y consolidar un frente político que frene los cambios en el Congreso.

La Confederación General del Trabajo (CGT) decidió salir al territorio para disputar el respaldo político de los gobernadores frente al avance del proyecto de reforma laboral que impulsa el Ejecutivo nacional. Casi como una réplica directa a la gira que encabeza el ministro del Interior, Diego Santilli, la central obrera anunció que iniciará una serie de reuniones con mandatarios provinciales con el objetivo de reunir los votos necesarios para bloquear la iniciativa en el Congreso.

La gira sindical estará encabezada por el triunvirato que conduce la CGT, integrado por Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello. El objetivo, según señalaron desde la conducción cegetista, es “fortalecer las demandas de los trabajadores” y construir un frente común con los gobernadores para frenar un proyecto que, advierten, implica un retroceso en derechos laborales históricos.

La primera escala del recorrido será Santiago del Estero, donde los dirigentes sindicales se reunirán con el gobernador Elías Suárez. Luego, la agenda incluye encuentros en Tucumán, Jujuy y Córdoba, para finalmente trasladarse a distintas provincias de la Patagonia. Si bien la fecha exacta de inicio aún no fue confirmada, la CGT ya avanza en la coordinación política y logística del periplo.

El cálculo político de la CGT

En la central obrera consideran que el escenario posterior a la aprobación del Presupuesto 2026 abre una ventana de oportunidad. La lectura sindical es que muchos gobernadores buscarán evitar nuevos focos de conflicto social y gremial en sus distritos, lo que podría traducirse en una mayor predisposición a rechazar o, al menos, dilatar la reforma laboral.

El proyecto del oficialismo está previsto para ser tratado en sesiones extraordinarias a partir del 2 de febrero, y el rol de los mandatarios provinciales aparece como decisivo. En ese marco, la relación histórica entre los sindicatos y los ejecutivos provinciales vuelve a adquirir centralidad en la dinámica legislativa.

Dificultades y señales desde el oficialismo

En el propio Gobierno reconocen las dificultades para reunir los votos necesarios que garanticen la aprobación de la reforma laboral. Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, admitió en las últimas horas que el oficialismo está dispuesto a aceptar modificaciones en el texto del proyecto y dejó abierta la puerta a un eventual diálogo con la CGT.

Sin embargo, dentro del sindicalismo esas señales son recibidas con desconfianza. La trayectoria y el discurso marcadamente antisindical de Bullrich limitan cualquier expectativa de acercamiento real. Aunque la exministra de Seguridad sostiene que la reforma apunta a fomentar el emprendedurismo y facilitar la creación de empleo, en la CGT prevalece una mirada cautelosa y crítica.

El pedido de Bullrich de construir un respaldo parlamentario amplio fue interpretado en sectores gremiales como un repliegue táctico del oficialismo, condicionado por la resistencia política y social que genera la iniciativa.

Santilli, el interlocutor posible

Mientras tanto, el ministro del Interior, Diego Santilli, continúa con su propia ofensiva territorial. Esta semana viajó a Chaco para reunirse con el gobernador Leandro Zdero, tras haber visitado Chubut y mantener un encuentro con Ignacio Torres en el contexto de los incendios que afectan a la Patagonia.

Este martes, Santilli recibirá en Casa Rosada al gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, quien, pese al gesto institucional, ya adelantó que no acompañará modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo y reiterará sus reclamos por los fondos adeudados por la Nación en concepto de cajas jubilatorias.

La agenda del ministro continuará el miércoles con un nuevo viaje a Chubut, donde recorrerá las zonas afectadas por el fuego junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el jueves se trasladará a Mendoza para reunirse con el gobernador Alfredo Cornejo, uno de los aliados clave del oficialismo.

Además, en la lista de gobernadores que el Gobierno busca sumar figuran Raúl Jalil (Catamarca), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Marcelo Orrego (San Juan).

La Confederación General del Trabajo confirmó un paro nacional con movilización para el martes 10 de febrero, en coincidencia con el debate de la reforma laboral en el Senado. La central sindical denuncia un retroceso en derechos adquiridos y cuestiona la falta de diálogo del Gobierno con las organizaciones gremiales. La medida de fuerza tendrá alcance federal y prevé movilizaciones en las principales ciudades del país, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires, donde las columnas sindicales confluirán frente al Congreso.

El anuncio se produjo luego de la masiva movilización del pasado 18 de diciembre en Plaza de Mayo y marca una nueva escalada en el conflicto entre el Ejecutivo y el movimiento obrero organizado. Desde la central sindical advirtieron que la iniciativa oficial representa un avance sobre derechos laborales históricos y una profundización de la precarización del empleo.

“Esperamos que el 10 de febrero volvamos a estar en la calle, con un paro y movilización en todo el país”, afirmó el secretario gremial de la CGT, Osvaldo Lobato, al ratificar la convocatoria. En la misma línea, el secretario general Jorge Sola sostuvo que el proyecto “constituye un ataque directo a los derechos individuales y colectivos de los trabajadores” y reclamó la apertura de instancias de negociación reales con los gremios.

La huelga impactará de lleno en sectores clave de la actividad económica y social. Se verán afectados el transporte público, la administración pública, los bancos, la recolección de residuos, la construcción y buena parte de la actividad industrial, entre otros rubros. La medida anticipa una jornada de fuerte conflictividad social y alto nivel de adhesión sindical.

A la vez, el Gobierno nacional confirmó el corrimiento del tratamiento de la reforma laboral en la Cámara alta para el 10 de febrero, con el argumento de buscar mayores consensos parlamentarios antes de su votación. Sin embargo, desde la CGT aseguran que no existe voluntad política de diálogo con el sindicalismo.

“El Gobierno impide una reforma laboral consensuada porque rechaza sentarse a negociar con las organizaciones de los trabajadores”, denunció el cosecretario general de la central, Cristian Jerónimo, quien remarcó que el proyecto oficialista debilita los mecanismos de negociación colectiva y altera el equilibrio entre capital y trabajo.

Con una inflación que golpea el consumo cotidiano y un tope salarial fijado por el Gobierno, los sindicatos encaran las paritarias con un clima de creciente malestar. Reclaman negociaciones libres, advierten sobre la pérdida del poder adquisitivo y anticipan un año de fuerte conflictividad laboral.

Aunque los índices oficiales buscan mostrar una desaceleración de la inflación, en la vida cotidiana de los trabajadores el deterioro del poder adquisitivo sigue siendo evidente. Los precios continúan en alza y los salarios corren desde atrás, un escenario que marca el pulso de las negociaciones paritarias que comenzarán a intensificarse en las próximas semanas.

En ese contexto, los gremios llegarán a las mesas de negociación con un reclamo común: rechazar el techo salarial del 1% mensual que impulsa el Gobierno nacional y exigir paritarias sin condicionamientos. “Reclamamos que las paritarias sean libres y reflejen la situación económica real de cada sector”, sintetizó un dirigente de la CGT, al expresar el clima interno del sindicalismo.

Desde la central obrera cuestionan la distancia entre los datos oficiales y la realidad económica. “En enero de 2025 el dólar oficial estaba en 1.032 pesos y hoy ronda los 1.495. Esa suba del 44,9% en un año es la verdadera inflación del gobierno de Javier Milei”, señaló un referente sindical, que consideró que el ancla salarial se convirtió en una herramienta de ajuste sobre los ingresos del trabajo.

Además, los gremios denuncian que el margen de negociación se encuentra virtualmente intervenido. “Quien condiciona las paritarias no es la Secretaría de Trabajo, sino el Ministerio de Economía, que no homologa acuerdos por encima del 1%”, advirtieron desde la CGT. Esa situación obligó a los sindicatos a recurrir a mecanismos alternativos, como sumas fijas no remunerativas, bonos extraordinarios y esquemas mixtos para evitar una mayor licuación salarial.

Gremios con acuerdos vigentes y revisiones próximas

Algunos de los sindicatos más numerosos ya cuentan con acuerdos firmados con anterioridad. Camioneros, conducido por Hugo Moyano, activó una cláusula gatillo que permitió una recomposición del 4,7% en los salarios, junto con el pago de un bono total de 840.000 pesos en cuatro tramos, de los cuales ya se abonó la primera cuota. Para febrero está prevista una suba adicional del 1%.

En el caso de los Empleados de Comercio, el gremio que lidera Armando Cavalieri cerró un acuerdo vigente hasta marzo. El esquema contempla el pago de una suma no remunerativa de 100.000 pesos durante el primer trimestre, que se incorporará al salario básico en abril, cuando se retomen las negociaciones con las cámaras empresarias.

La Asociación Bancaria mantiene desde hace años un sistema de actualización mensual atado a la inflación informada por el INDEC. Actualmente, el salario básico del sector supera los 2 millones de pesos y tendrá una nueva actualización en los próximos días. Para marzo, el gremio que conduce Sergio Palazzo prevé una discusión de fondo con las entidades públicas y privadas para redefinir la estrategia salarial.

Conflictos abiertos y advertencias de huelga

Otros sectores ya muestran señales de mayor confrontación. La Federación Aceitera y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) San Lorenzo, lograron recientemente un salario básico de 2.344.000 pesos tras una serie de protestas que paralizaron la actividad. Su titular, Daniel Yofra, fue categórico: “Si no hay respuestas, vamos a recurrir a las huelgas, porque es nuestra herramienta”.

La Unión de Trabajadores de Carga y Descarga se prepara para discutir salarios partiendo de un piso de 1.300.000 pesos, mientras que en el convenio de Mercado Libre los ingresos promedio superan los 2.200.000. Su secretario general, Daniel Vila, alertó que la preocupación central “no es sólo la paritaria, sino la fuerte caída de la producción y el impacto en la economía doméstica”.

Sectores con conflicto latente

En el transporte, la UTA logró un básico de 1.682.000 pesos, pero arrastra tensiones por atrasos salariales y amenazas empresarias de pagar el aguinaldo en cuotas. El gremio reclama una nueva recomposición, mientras que las cámaras condicionan cualquier mejora a un aumento del boleto o una actualización de los subsidios.

La construcción también se encamina a una negociación compleja. La UOCRA y la UECARA reabrirán las paritarias tras haber actualizado salarios hasta enero. El reclamo incluirá una compensación por la pérdida del poder adquisitivo y una mejora salarial, en un sector golpeado por la paralización de la obra pública y la destrucción de puestos de trabajo.

En la industria automotriz, SMATA sostiene su esquema de negociación trimestral con actualización automática. Los salarios básicos oscilan entre 816.000 y 1.633.000 pesos según categoría, pero el gremio enfrenta un escenario adverso: caída de la producción nacional, mayor ingreso de autos importados y suspensiones en varias terminales.

Con salarios en retroceso, un techo paritario impuesto desde el Poder Ejecutivo y una inflación que sigue erosionando el ingreso real, los sindicatos anticipan una puja distributiva más intensa y no descartan medidas de fuerza si el Gobierno persiste en limitar las negociaciones. En ese marco, las paritarias vuelven a ocupar un lugar central en el debate económico y social, como termómetro del conflicto entre ajuste fiscal y derechos laborales.