CTERA denunció que el proyecto del oficialismo implicará un recorte superior a los $4 billones en aportes que financiaban el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Advirtió sobre pérdida de derechos laborales, desfinanciamiento educativo y un retroceso estructural del sistema público.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) volvió a encender las alarmas frente al avance del proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei. Según denunció la entidad, la iniciativa no solo profundiza la precarización del empleo, sino que además consolida un ajuste de magnitud histórica sobre la educación pública, con un impacto directo en el salario docente y en el financiamiento del sistema educativo.

Uno de los ejes centrales del cuestionamiento es la eliminación definitiva del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), un mecanismo clave mediante el cual el Estado nacional complementaba los salarios para reducir las brechas entre provincias. De acuerdo con estimaciones del Instituto Marina Vilte, perteneciente a CTERA, la reforma laboral implicaría que el Estado deje de aportar más de 4,1 billones de pesos, cifra equivalente a la deuda acumulada que la Nación mantiene con los docentes de todo el país tras la supresión del fondo.

Desde el gremio subrayaron que esos recursos no solo permitirían saldar compromisos salariales, sino también recomponer programas estratégicos que fueron desmantelados durante el ajuste, como Conectar Igualdad, obras de infraestructura escolar y políticas de fortalecimiento del sistema educativo. En ese sentido, advirtieron que la reforma laboral se articula con el proyecto oficial de “Libertad Educativa”, al que calificaron como una estrategia para subordinar derechos sociales a las lógicas del mercado.

CTERA también alertó sobre el deterioro del financiamiento educativo: en 2025, la inversión conjunta en educación apenas alcanzó el 4,1% del PBI, muy por debajo del 6% establecido por la Ley de Educación Nacional. Para la organización, la reforma laboral no es un hecho aislado, sino parte de un modelo de desfinanciamiento deliberado de la educación pública.

Derechos laborales en retroceso

En el plano estrictamente laboral, la conducción del gremio —encabezada por Sonia Alesso— exhortó a los legisladores de todos los bloques a impedir el tratamiento del proyecto en el Congreso, al considerar que su objetivo es “destruir derechos conquistados históricamente para favorecer intereses patronales”. Según CTERA, el discurso oficial de “modernización laboral” encubre una avanzada de precarización estructural que debilita la protección del trabajo y vacía de contenido principios básicos como la justicia social.

La entidad rechazó cualquier intento de reforma parcial y reclamó el archivo completo de la iniciativa, al sostener que su espíritu resulta incompatible con un modelo de desarrollo con inclusión.

Números duros del ajuste

Otro de los puntos críticos señalados por CTERA es el impacto fiscal negativo de la reforma. El documento advierte que el Gobierno subestima deliberadamente el costo que tendrá la reducción de contribuciones patronales y otros recortes impositivos incluidos en el proyecto.

En particular, el artículo 163 propone reducir los aportes patronales del sector comercio y servicios del 20,4% al 17,4%, y del 18% al 15% para el resto de los empleadores privados. Esta sola modificación implicaría una pérdida equivalente al 0,462% del PBI, afectando directamente los recursos destinados a la seguridad social y al sistema previsional administrado por la ANSES. Si se suman otras rebajas, como en el Impuesto a las Ganancias y los aportes a obras sociales, el costo fiscal total ascendería al 1,278% del PBI.

Impacto cotidiano en los trabajadores

Finalmente, CTERA enumeró los aspectos más regresivos de la reforma en la vida diaria de los trabajadores:
Precarización de las condiciones laborales, con flexibilización de vacaciones, jornadas y eliminación de recargos por horas extras.

Fin del régimen tradicional de indemnizaciones, reemplazado por fondos financiados con aportes de los propios trabajadores.

Restricciones al derecho a la protesta, con límites a las huelgas, asambleas y acciones gremiales, y penalización de la organización sindical.

Para CTERA, la reforma laboral constituye un punto de inflexión que combina ajuste fiscal, transferencia de recursos y pérdida de derechos, con la educación pública entre las principales víctimas. El gremio advirtió que, de avanzar el proyecto, se consolidará un modelo que debilita el salario docente, erosiona la equidad federal y compromete el futuro del sistema educativo argentino.

El conflicto laboral que enfrenta a la empresa de seguridad privada Hunter Security con 130 trabajadores despedidos ingresará la próxima semana en una instancia determinante. El martes 3 de febrero, la Subsecretaría de Trabajo de San Juan volverá a convocar a las partes en el marco de una conciliación obligatoria que ya suma varias audiencias sin avances sustanciales.

Desde la Unión Personal de Seguridad República Argentina (UPSRA) sostienen que la empresa continúa sin presentar la documentación necesaria que acredite el pago efectivo de las indemnizaciones correspondientes. Según el gremio, esta será la cuarta audiencia consecutiva en la que Hunter Security llega sin respuestas concretas, prolongando la incertidumbre de los trabajadores afectados.

El origen del conflicto se remonta a la licitación del servicio de seguridad del Hospital Guillermo Rawson, donde Hunter perdió la prestación frente a una nueva firma adjudicataria. Como consecuencia directa de ese cambio contractual, los 130 empleados que cumplían funciones en el centro de salud fueron desvinculados.

Uno de los puntos centrales de la disputa gira en torno al encuadre legal de los despidos. De acuerdo con UPSRA, la empresa notificó las cesantías invocando el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que habilita el pago de indemnizaciones reducidas en situaciones de crisis económica o fuerza mayor. Sin embargo, el sindicato rechaza de plano esa argumentación y denuncia que no existen pruebas que justifiquen la aplicación de ese artículo.

En este sentido, el gremio exige que se aplique el artículo 245, que establece el pago de la indemnización completa, conforme a lo previsto por la legislación laboral y el convenio colectivo del sector. Además, advierte sobre un escenario de precarización salarial previa y señala que el conflicto podría escalar si no hay una respuesta concreta en la próxima audiencia.

Las autoridades del organismo confirmaron la continuidad del ajuste: prevén la salida de 1.300 trabajadores mediante retiros voluntarios y avanzan con un plan inmobiliario que incluye la venta de más de 47 mil hectáreas destinadas a investigación y desarrollo.

La agenda de ajuste del Gobierno nacional sobre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) no se detiene con el inicio de 2026. En una reunión mantenida entre la nueva conducción del gremio APINTA y las máximas autoridades del organismo, el Ejecutivo ratificó su decisión de profundizar el recorte de personal y avanzar con el remate de una porción significativa de las tierras destinadas históricamente a investigación científica y transferencia tecnológica.

El mensaje fue transmitido de manera directa por el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, al secretario general saliente de APINTA, Mario Romero, quien confirmó que el rumbo del organismo no sufrió modificaciones pese al cambio de año. “La agenda de las autoridades del INTA y del gobierno viene siendo la misma y va a ser la misma en este año, con respecto a reducción de estructuras y retiro voluntario”, sostuvo el dirigente sindical.

Un nuevo retiro voluntario desde marzo

Según lo informado en el encuentro, las autoridades prevén lanzar un nuevo plan de retiros voluntarios a partir de marzo, iniciativa que será tratada formalmente el próximo 29 de enero en una reunión del Consejo Directivo del organismo. La propuesta, de acuerdo con versiones anticipadas por el medio especializado Bichos de Campo, contemplaría una compensación de 1,1 sueldos por año trabajado para quienes opten por dejar la institución.

Bronzovich estuvo acompañado en la reunión por el vicepresidente del INTA, Carlos Vera; el coordinador de Recursos Humanos, Sebastián Ibarra; y el gerente de dictámenes jurídicos, Martín Navarro. Además de repasar la situación institucional, el encuentro sirvió para presentar formalmente a Pablo García, nuevo secretario general de APINTA.

Romero advirtió que, más allá del formato voluntario, el gremio mantiene una postura firme de rechazo. “Nuestra posición es negativa, no estamos de acuerdo y esto se lo manifestamos a las autoridades”, remarcó en un mensaje enviado a los delegados de todo el país.

El objetivo oficial: achicar drásticamente la planta

El plan de ajuste tiene un objetivo concreto: reducir la dotación del INTA a unos 4.500 empleados. Al inicio de la actual gestión, el organismo contaba con aproximadamente 6.300 trabajadores. Hoy la planta se ubica en torno a los 5.800, tras jubilaciones anticipadas, no renovación de becas, renuncias motivadas por la parálisis de proyectos y un primer retiro voluntario implementado en 2024, al que solo se acogieron unos 300 empleados.

Para el gremio, estas cifras evidencian un deterioro progresivo del sistema científico-tecnológico vinculado al agro. “Hay gente que se va cansada del manoseo institucional y de la falta de condiciones para investigar”, advierten desde APINTA.

El plan inmobiliario: venta de tierras estratégicas

En paralelo al ajuste laboral, el Gobierno impulsa un plan de venta de activos inmobiliarios que genera fuerte preocupación en la comunidad científica. La iniciativa contempla el remate de unas 47.500 hectáreas, casi la mitad de las 101.500 hectáreas que posee el INTA en todo el país, actualmente destinadas a estaciones experimentales, ensayos productivos y tareas de extensión rural.

Desde el oficialismo, esas tierras son calificadas como “en desuso”, una definición que el gremio y especialistas del sector rechazan de plano. Para APINTA, se trata de activos estratégicos cuyo valor no puede medirse únicamente en términos inmobiliarios, sino por su aporte a la soberanía tecnológica y productiva.

Este capítulo del plan aparece además vinculado a la figura del empresario Eduardo Elsztain, uno de los principales referentes del negocio inmobiliario en la Argentina y cercano al presidente Javier Milei. En ese marco, el nombramiento de Nicolás Pakgojz, hombre de confianza de Elsztain, al frente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), encendió alarmas en el sector. Según trascendió, ya se iniciaron tareas de medición y relevamiento de las tierras del INTA con vistas a su eventual remate.

Reestructuración y conflicto latente

Además de los retiros voluntarios, las autoridades plantearon una reorganización interna del organismo, con reducción de cargos jerárquicos y una estandarización de las estructuras de los Centros Regionales. “Hablan de que todos tengan más o menos la misma estructura”, explicó Romero, lo que en la práctica implicaría una poda adicional de funciones y responsabilidades.

El conflicto, lejos de cerrarse, promete escalar en los próximos meses. Para APINTA, la ofensiva oficial no solo pone en riesgo cientos de puestos de trabajo, sino que compromete el rol histórico del INTA como pilar del desarrollo agropecuario y científico del país.