La puja por el financiamiento de las universidades nacionales tendrá este viernes una nueva instancia judicial, en simultaneo con una semana marcada por paros y movilizaciones. El juez Martín Cormick, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, convocó para el 21 de agosto al Gobierno nacional, al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y a la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La audiencia se produce luego de que la Justicia ordenara al Estado cumplir con la actualización de salarios y becas prevista por la Ley de Financiamiento Universitario. La medida cautelar promovida por el CIN quedó firme después de que la Corte Suprema rechazara los planteos oficiales para dejarla sin efecto.

El Ejecutivo nacional promulgó la ley, pero sostiene que su aplicación requiere identificar los recursos presupuestarios para financiarla. La disputa derivó en cuatro marchas federales universitarias y en distintas demandas judiciales, que posteriormente fueron unificadas.

La UBA pidió además ampliar el alcance de la discusión. Su reclamo incorpora recursos para hospitales universitarios, gastos de funcionamiento y partidas destinadas a ciencia y tecnología, conceptos que no quedaron incluidos en la sentencia judicial. El CIN, por su parte, insiste en que la cautelar debe cumplirse de inmediato.

El reclamo gremial suma otro componente. Según fuentes universitarias, el Ejecutivo abonó una recomposición salarial del 21,33% correspondiente a junio y prevé otro incremento del 3% en octubre, además de actualizar las becas Manuel Belgrano. Sin embargo, no habría ejecutado el aumento del 20% para gastos de funcionamiento ni los $50.000 millones adicionales para hospitales universitarios incluidos en el acta firmada con los rectores el 10 de junio.

Las federaciones docentes sostienen que todavía existe una recomposición salarial pendiente cercana al 29%, mientras que otros cálculos gremiales ubican el desfase en 31,2%, sin contemplar el retroactivo desde la entrada en vigencia de la ley.

A raíz de la situación, el problema volvió a las aulas esta semana. La Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) convocó a un paro desde el martes 18 hasta el sábado 22 de agosto, con adhesión sujeta a cada cátedra. Las autoridades de la Universidad informaron que las facultades permanecerán abiertas.

A nivel nacional, la FATUN informó un acatamiento del 98% entre los trabajadores nodocentes y anunció abrazos simbólicos a universidades y una movilización al Palacio Sarmiento para este miércoles. Si no obtiene respuestas del Ejecutivo, el gremio prevé un paro de 48 horas para el 27 y 28 de agosto, medida que también fue ratificada por CONADU.

El secretario general de FEDUN, Daniel Ricci, sostuvo que la protesta expresa el reclamo por una ley vigente, una cautelar judicial y un acuerdo con los rectores que, según afirmó, todavía no fueron cumplidos en su totalidad. Desde el Gobierno, en cambio, calificaron el paro como “ilegítimo” y negaron que exista incumplimiento, mientras convocaron a una nueva reunión paritaria para el 1 de septiembre.

La audiencia del viernes reunirá así a las partes en uno de los momentos más delicados de la pugna por el financiamiento universitario. Mientras los gremios preparan nuevas medidas de fuerza, la Justicia deberá escuchar las posiciones del Estado, los rectores y la UBA sobre el alcance efectivo de las obligaciones que quedaron fijadas por la normativa y las resoluciones judiciales.

La organización, integrada por decenas de sindicatos estatales y privados, cuestionó el 2,1% de inflación registrado en julio y sostuvo que no refleja el impacto sobre los hogares. También denunció pérdida de empleo formal, cierre de empresas y un fuerte aumento del endeudamiento familiar.

La Mesa Sindical volvió a cuestionar la medición oficial de la inflación y reclamó una recomposición del 30% para salarios y jubilaciones, al considerar que el índice de 2,1% correspondiente a julio no refleja la pérdida de poder adquisitivo que enfrentan los trabajadores.

El colectivo, integrado por decenas de gremios estatales y privados, sostuvo que el dato difundido por el INDEC resulta insuficiente para representar la evolución de los gastos cotidianos. En su documento mencionó especialmente vivienda, servicios públicos, combustibles, comunicaciones, salud, recreación y alimentos, y afirmó que varios de esos rubros igualaron o superaron el porcentaje general.

La organización acompañó su cuestionamiento con un diagnóstico sobre el empleo. Según las cifras incorporadas al comunicado, desde noviembre de 2023 se perdieron 340.000 puestos de trabajo registrados, principalmente en el ámbito privado, mientras que durante el mismo período cerraron unas 30.000 empresas, en su mayoría pequeñas y medianas.

Para la Mesa Sindical, la contracción del empleo registrado está acompañada por una expansión del monotributismo y del trabajo no registrado. El fenómeno, según su lectura, implica una mayor precarización de las relaciones laborales y una reducción de los ingresos con protección social.

El endeudamiento de los hogares constituye el tercer componente de su diagnóstico. El colectivo gremial señaló que existen unos 20 millones de deudores con distintos niveles de irregularidad y que alrededor de 6 millones de personas no logran afrontar regularmente sus compromisos.

La organización puso el foco especialmente en quienes recurren a billeteras virtuales y mecanismos de crédito de proximidad para cubrir gastos corrientes. Según planteó, el crecimiento de la morosidad está acompañado por tasas de interés cada vez más elevadas, lo que profundiza las dificultades para cancelar las obligaciones.

Con la consigna “primero nos mienten, después nos endeudan, después nos despiden”, los sindicatos sintetizaron su crítica a la política económica del Gobierno de Javier Milei. En su documento sostuvieron que la evolución de los precios provocó una pérdida salarial que estiman en torno al 30%.

El reclamo quedó condensado en tres propuestas: un aumento del 30% para salarios y jubilaciones, una emergencia laboral para frenar los despidos y una moratoria destinada a las deudas familiares.

El documento lleva la firma de organizaciones de distintas ramas, entre ellas gremios estatales, docentes, de salud, judiciales, energéticos, gráficos y de la actividad privada. La amplitud de las adhesiones refuerza la intención de construir una posición sindical común frente a la evolución de los ingresos, el empleo registrado y el endeudamiento de los hogares.

El planteo instala así tres demandas centrales en la agenda gremial: recuperar poder adquisitivo, preservar los puestos registrados y aliviar las obligaciones financieras de las familias. La respuesta oficial frente a esos reclamos será uno de los factores que marcarán la relación entre el Gobierno y las organizaciones sindicales durante los próximos meses.

Los docentes de las universidades nacionales volverán a parar desde este martes 18 hasta el sábado 22 de agosto para reclamar al Gobierno de Javier Milei la aplicación integral de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso pero todavía incumplida, según denuncian las organizaciones gremiales.

La medida tendrá su principal expresión en la Universidad de Buenos Aires, donde la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) convocó a cinco jornadas de huelga. El alcance efectivo de la protesta dependerá de las decisiones adoptadas por cada cátedra y de las asambleas de trabajadores.

Aunque las facultades permanecerán abiertas y conservarán la atención administrativa, el dictado de clases y otras tareas académicas quedarán condicionados por el nivel de adhesión.

La protesta también cuenta con el respaldo de federaciones docentes que resolvieron mantener el conflicto hasta obtener respuestas concretas del Poder Ejecutivo.

La demanda central está vinculada con la recomposición de los ingresos. Los gremios sostienen que, al cobrar los salarios correspondientes a julio durante agosto, volvieron a comprobar que no fueron incorporados los incrementos que, según su interpretación, establece la Ley de Financiamiento Universitario. La deuda salarial calculada por las organizaciones asciende al 31,2%, a lo que agregan los montos retroactivos acumulados desde la entrada en vigencia de la norma.

La discusión no se limita a los haberes. Las entidades universitarias también reclaman una actualización de los recursos destinados a hospitales universitarios y becas, dos componentes que consideran determinantes para sostener prestaciones, investigación y permanencia de estudiantes con menores ingresos.

Desde la Conadu Histórica resolvieron mantener la convocatoria nacional y anticiparon que, si el Gobierno no modifica su posición, podrían avanzar hacia una huelga por tiempo indeterminado y una nueva marcha federal universitaria. De esta manera, el conflicto podría pasar de jornadas aisladas de protesta a una medida de mayor duración durante las próximas semanas.

AGD-UBA, por su parte, cuestionó la propuesta salarial formulada durante las negociaciones paritarias. La organización sostiene que el ofrecimiento representa menos de la mitad de la recomposición que reclama en función de la legislación vigente y advierte que aceptarlo permitiría postergar nuevamente el cumplimiento de la norma.

El reclamo gremial también se apoya en una medida cautelar dictada por la Justicia en favor de la actualización de los salarios universitarios. Para las organizaciones, ese pronunciamiento todavía no se tradujo en una recomposición efectiva de los ingresos, por lo que cuestionaron al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y a algunas federaciones por valorar positivamente las decisiones judiciales sin que, según afirman, exista una aplicación concreta de sus efectos.

El enfrentamiento combina así tres demandas: recuperación del poder adquisitivo perdido, actualización de los recursos destinados al funcionamiento universitario y cumplimiento efectivo de las disposiciones aprobadas por el Congreso. La respuesta oficial será determinante para definir si las medidas se mantienen como paros sucesivos o avanzan hacia una protesta de mayor duración.