El Gobierno nacional homologó el acuerdo de la Rama 21 siderúrgica firmado por la UOM y las empresas el 13 de agosto. El entendimiento contempla una mejora del 12%, sumas extraordinarias de hasta $1,6 millones y la incorporación de los porcentajes al salario básico desde enero de 2027.

La Secretaría de Trabajo de la Nación, encabezada por Julio Cordero, homologó el acuerdo salarial alcanzado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) con las empresas siderúrgicas correspondientes a la Rama 21 del Convenio Colectivo 260/75.

El entendimiento había sido alcanzado el 13 de agosto, por lo que la aprobación administrativa llegó apenas 13 días después. La rapidez del trámite contrasta con una negociación que permaneció abierta durante aproximadamente dos años sin alcanzar un acuerdo definitivo.

El convenio establece un incremento total del 12%, instrumentado mediante sumas no remunerativas. El primer 6% se aplicará durante agosto, septiembre y octubre, mientras que el segundo 6%, no acumulativo, regirá durante noviembre y diciembre.

Los porcentajes acordados pasarán a integrar los salarios básicos de convenio desde el 1° de enero de 2027, conforme a las condiciones fijadas en el entendimiento.

Bono extraordinario

La negociación también contempla una compensación extraordinaria para los trabajadores. Los empleados propios de las compañías siderúrgicas recibirán una suma de $1.600.000, mientras que para quienes pertenecen a empresas contratistas se estableció un monto equivalente al 80%, de $1.280.000.

El pacto fue alcanzado por la comisión paritaria de la UOM designada por el interventor judicial del sindicato, Alberto Biglieri, junto con representantes de las compañías del rubro.

El cierre de una negociación extensa

La resolución puso fin a una prolongada disputa salarial que había atravesado distintas instancias de negociación. El proceso se reactivó con la conformación de una mesa de delegados paritarios, en medio de la intervención judicial del gremio y el desplazamiento de Abel Furlán.

La decisión de la autoridad laboral formaliza así un acuerdo largamente esperado por los trabajadores siderúrgicos y establece el esquema de ingresos que regirá hasta comienzos de 2027.

La Junta Electoral de la Unión Tranviarios Automotor oficializó las cuatro listas que competirán en los comicios nacionales de octubre. Roberto Fernández buscará continuar al frente del gremio, mientras que Maximiliano Escriba, Alberto Patiño y Claudio Gómez disputarán la conducción.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) tendrá cuatro listas en competencia para las elecciones nacionales del 7 y 8 de octubre de 2026, en las que los afiliados elegirán a la conducción que estará al frente del sindicato durante los próximos cuatro años.

La Junta Electoral oficializó este miércoles las agrupaciones que cumplieron con los requisitos estatutarios y legales, luego de analizar los avales, candidaturas y documentación presentada por cada espacio.

Las listas habilitadas son la Celeste y Blanca, encabezada por el actual secretario general Roberto Fernández; la Negra, que lleva como candidato a Maximiliano Escriba; la Marrón, liderada por Alberto Patiño; y la Bordó, con Claudio Gómez como postulante.

La oficialización cierra una etapa marcada por cuestionamientos de distintos espacios opositores sobre las condiciones de participación y el desarrollo del proceso electoral.

Finalmente, las cuatro agrupaciones que acreditaron los avales y la documentación requerida quedaron habilitadas para disputar los comicios.

De acuerdo con la resolución de la Junta Electoral, el procedimiento se desarrolló conforme a las disposiciones del Estatuto de la UTA y de la Ley de Asociaciones Sindicales, con la correspondiente verificación de los requisitos exigidos a cada lista.

La elección se realizará durante dos jornadas, 7 y 8 de octubre, y definirá la conducción nacional de uno de los principales sindicatos del transporte argentino. La lista ganadora asumirá el 2 de enero de 2027 y ejercerá un mandato de cuatro años.

El Observatorio del Salario de la Junta Interna de ATE en el INDEC estimó que un hogar compuesto por dos adultos y dos hijos necesitó $2.558.677 durante julio para cubrir consumos mínimos. El informe advierte que el poder adquisitivo del salario testigo perdió alrededor del 30% desde diciembre de 2023 y reclama una recomposición urgente.

El cálculo surge de una canasta que destinó $876.365 a alimentos y otros $1.682.312 a bienes y servicios básicos. El relevamiento fue presentado este miércoles 26 de agosto y vinculó el deterioro de los ingresos con la evolución de los precios, la caída del consumo y el creciente endeudamiento de los hogares.

Raúl Llaneza, secretario general de la Junta Interna de ATE en el INDEC, sostuvo que los resultados muestran que el ajuste continúa trasladándose sobre las familias. Según el dirigente, cuando los ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades esenciales, los hogares recurren al crédito para completar sus gastos mensuales.

El dato salarial se conoce después de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrara una variación del 2,1% en julio, frente al 1,9% de junio. La inflación acumulada durante los primeros siete meses de 2026 alcanzó el 19,3%, mientras que la comparación interanual llegó al 33,8%.

El Observatorio tomó como referencia un salario correspondiente al SINEP Nivel D, Grado 0 para medir la evolución del poder adquisitivo. De acuerdo con sus cálculos, ese ingreso perdió aproximadamente 30% de su capacidad de compra desde diciembre de 2023.

Para recuperar el poder adquisitivo que tenía en noviembre de 2023, el salario utilizado como referencia debería recibir, según el informe, una recomposición inmediata del 42%.

La pérdida se vuelve todavía más pronunciada al ampliar el período de comparación. El estudio señala que un salario de $10.191 correspondiente a diciembre de 2015 debería ubicarse actualmente en torno a $1.782.225 para conservar su capacidad de compra. Sin embargo, el ingreso de referencia alcanza apenas $756.396, lo que representa una pérdida de poder adquisitivo calculada en 57,3%.

Endeudamiento y salarios insuficientes

El informe cuestionó además la interpretación oficial que atribuye el endeudamiento de las familias a decisiones individuales desvinculadas del nivel de ingresos. Para ATE, la expansión del crédito entre los hogares responde en buena medida a la necesidad de cubrir gastos cotidianos que los salarios ya no logran afrontar.

“Cuando el salario no alcanza para cubrir las necesidades básicas, las familias recurren al crédito para llegar a fin de mes”, afirmó Llaneza.

El diagnóstico incorpora así tres variables que, según el Observatorio, evolucionan de manera simultánea: inflación, pérdida salarial y mayor utilización del crédito para financiar el consumo corriente.

El documento también examinó las condiciones laborales dentro del Estado nacional y puso el foco en la precarización de los vínculos contractuales. El relevamiento señaló una informalidad laboral del 44,2% y cuestionó la falta de concursos periódicos y la continuidad de modalidades de contratación que, según ATE, afectan la estabilidad y las condiciones de ingreso al empleo público.

Entre los puntos abordados también aparece la situación de los monotributistas comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo y el reclamo para preservar las condiciones laborales establecidas en esa normativa.

Reclamo por el INDEC y una nueva paritaria

El Observatorio reclamó, además, preservar la independencia técnica del INDEC frente a los gobiernos de turno y avanzar con una actualización metodológica del IPC. La organización sindical considera que la credibilidad de las estadísticas oficiales requiere autonomía institucional y criterios técnicos sostenidos en el tiempo.

En materia laboral, ATE reclama la reapertura de la paritaria estatal, una recomposición salarial urgente y el pago de un bono de emergencia. También plantea la necesidad de implementar mecanismos de crédito accesible y con tasas más bajas para reducir el peso financiero que enfrentan los hogares endeudados.

El reporte vuelve a colocar el poder adquisitivo en el centro de la discusión salarial. Mientras la inflación continúa acumulando variaciones mensuales y una familia tipo requiere ingresos superiores a los $2,5 millones para cubrir sus consumos mínimos, los salarios utilizados como referencia por el Observatorio permanecen por debajo de los niveles necesarios para recuperar el poder de compra perdido en los últimos años.